El Gobierno prevé no abonar los tres primeros meses de baja de los funcionarios

El Ejecutivo pretende frenar el absentismo laboral en las Administraciones Públicas, según el Programa Nacional de Reformas de 2012 enviado a Bruselas.

El Gobierno quiere poner en marcha este año un  plan para atajar la "elevada" tasa de absentismo entre los funcionarios  que prevé que los empleados públicos no cobren la totalidad de su  salario durante los tres primeros meses de baja por incapacidad  temporal, según recoge el 'Programa Nacional de Reformas 2012' enviado por  el Ejecutivo a Bruselas que anticipa que a lo largo de este año "se  reformarán las condiciones de acceso y permanencia en la situación de  incapacidad temporal de los funcionarios civiles del Estado".

 

Entre las medidas que se prevén está la "modificación de la  plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando  las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de  desempeñar con normalidad su trabajo". Además, el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se  realizará en días en lugar de meses para "reflejar con exactitud la  situación real de la enfermedad".

 

Por otra parte, no se abonarán los subsidios en caso de  incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán  los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por parte de  los afectados.

 

El Gobierno afirma que el objetivo de esta reforma es "reducir los  problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las  contingencias relativamente comunes, que se traducen en una elevada tasa  de absentismo entre los empleados públicos". En su opinión, este absentismo "repercute directamente en la  productividad de la Administración Pública no sólo a consecuencia de las  ausencias, sino también debido a sus efectos negativos sobre la  motivación de los empleados que acuden a su centro de trabajo y sobre el  desempeño de labores por éstos que normalmente no son de su  competencia".

 

Asimismo, el Ejecutivo considera que el absentismo contribuye "a  aumentar la interinidad en el empleo público, lo que también puede  repercutir en la productividad del trabajo".

 

El Gobierno también argumenta que "dado que las situaciones de  ausencia se remuneran, el absentismo produce un perjuicio directo a las  arcas públicas de imposible justificación, con los consiguientes costes  para el conjunto de la sociedad".

 

Por todo ello, afirma que promoverá durante 2012 una reforma del  Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del  Estado que actúen en casa uno de estos frentes.

 

En concreto, cree que medir la duración de la baja en meses "puede  contribuir a no reflejar con exactitud la situación real de la  enfermedad".

 

También considera que "no existen mecanismos de control adecuados  que vinculen efectivamente el pago de subsidios a partir del cuarto mes  de baja a la situación real de incapacidad del empleado".

 

Y por último, el Gobierno indica que orientará su reforma "a  evitar que se produzcan dilaciones indebidas por parte de los organismos  intervinientes en la eficacia de las situaciones de incapacidad  temporal, que pueden perjudicar injustificadamente a los empleados  públicos".


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