La Junta estudiará rebajar el salario a empleados públicos que estén de baja

La Junta de Extremadura va a estudiar la posibilidad de reducir el salario a los empleados públicos que estén de baja, una medida que ya han implantado otras comunidades autónomas como Madrid o País Vasco. El objetivo es el de rebajar el gasto que se destina a cubrir el sueldo de estos trabajadores mientras no pueden desarrollar su labor profesional como consecuencia de una incapacidad temporal, reducir el absentismo laboral y acabar con las bajas reiteradas de corta duración.

 

Desde la Consejería de Administración Pública reconocen que la medida "está en la agenda del ejecutivo extremeño, de momento, como aspecto a estudiar y analizar". De hecho, subrayan que con los Presupuestos regionales recién aprobados, se garantiza para este año que el Ejecutivo autonómico "seguirá complementando las retribuciones del trabajador de baja para llegar al 100% de su salario". Es decir, de implementarse la medida, sería de cara a los próximos ejercicios económicos.

 

La idea base es reducir los complementos salariales de los empleados públicos que estén de baja por enfermedad o accidente no laborales. Pero estas fuentes precisan que no hay mucho más concretado más allá de este postulado general. Desde la Consejería de Administración Pública también precisan que, en cualquier caso, antes de contemplarse la aprobación de esta medida en Extremadura, "se pondría encima de la Mesa de la Función Pública" para debatirla y negociarla con los sindicatos. "Siempre respetaremos el preceptivo diálogo social. Es imprescindible antes de tomar cualquier decisión", explican.

 

Hasta ahora los trabajadores del sector público perciben un complemento equivalente al 100% de su salario mientras se encuentran de baja por enfermedad común o accidente laboral. Lo paga el gobierno regional o la Seguridad Social, en función del régimen al que pertenecen. Pero Madrid y País Vasco han decidido poner coto a esa situación, y desde enero sus empleados públicos ya no reciben la totalidad del sueldo si no pueden ir a trabajar. Así, el Ejecutivo madrileño solo abona al personal laboral el 60% de la base reguladora en las bajas de cuatro a 20 días y el 75% a partir de vigésimo primer día. Por su parte, los funcionarios ven reducido su salario a partir de los tres meses de baja, cobrando solo el 75%.

 

EL MODELO VASCO En el País Vasco el sistema es diferente. Cada empleado percibe solo el 50% del complemento durante los tres primeros días si es la primera baja del año; y el 40%, si es la segunda. Para bajas posteriores, solo se aplica descuento a partir del cuarto día sin ir a trabajar. Así, en las bajas de cuatro a 44 días de duración el Ejecutivo de Patxi López paga el complemento hasta alcanzar el 85% de la retribución, y solo en los casos de mayor duración (a partir de 45 días), el 100% del salario. Se excluyen de estos recortes las bajas por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia, hospitalización, intervención quirúrgica y accidente laboral.

 

La Junta de Extremadura no detalla cuántos días de baja tuvo su plantilla el año pasado. En el País Vasco fueron 50.000 bajas dentro de una plantilla de 67.000 trabajadores. Una de cada tres eran de corta duración y repetidas, las más difíciles de justificar.

 

Pero antes de optar por esta medida la Consejería de Administración Pública quiere explorar otras posibilidades. Actualmente está estudiando si la plantilla se ajusta a las necesidades reales de la región. A partir de los resultados que obtenga de este análisis sobre la idoneidad de sus empleados, se planteará una reorganización y se revisará la carga de trabajo. Una de las primeras decisiones que podrían llegar es el aumento de la jornada laboral (de las 35 actuales a las 37,5 que tienen la Administración del Estado y la mayoría de las comunidades autónomas). En este caso, estas fuentes confirman que se está realizando ya un estudio sobre el ahorro o el gasto que supondría su implantación.

 

El pasado 13 de enero el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó un plan para evaluar y reorganizar su plantilla. Para ello ha encargado auditorías de personal e impulsará medidas como el teletrabajo. El objetivo: optimizar los recursos humanos con los que cuenta la Administración regional.

 


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