La rebaja salarial por enfermedad choca contra la Ley de Presupuestos

La reducción de sueldo a los empleados públicos de la Junta por darse de baja, posibilidad ya planteada a los sindicatos, obligaría al Gobierno de José Antonio Monago a contar con los votos de IU o del PSOE ya que solo podría hacerse reformando la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, un texto que reconoce a los 45.000 empleados de la Administración autonómica el derecho a percibir la totalidad de la nómina.

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, reveló anteayer que esa medida está en estudio para su posterior aplicación, como instrumento para luchar contra el absentismo laboral en los centros de trabajo públicos.

Con el precedente ya aplicado en País Vasco y Madrid, se trataría de reducir la aportación que la Junta hace en este caso para complementar el subsidio que la Seguridad Social paga en caso de enfermedad. Actualmente los empleados de la Junta reciben de ésta un suplemento desde el primer día de la baja, un derecho establecido en la Ley de Presupuestos extremeños aprobada el pasado 17 de enero.

 

El artículo 25 dispone que todo el personal de la Junta acogido al régimen general de la Seguridad Social en situación de incapacidad temporal percibirá un importe fijo igual a la diferencia entre la cuantía del subsidio (que aporta la Seguridad Social) y las retribuciones fijas y periódicas que tuviera el funcionario.

 

Por ley desde 2009

 

Ese beneficio viene recogido desde 2005 en el convenio colectivo del personal laboral autonómico, pero se aplicó también de hecho al personal funcionario, y empezó a ser incluido en la Ley de Presupuestos en 2009 ya para ambos.

 

Por tanto se necesita otra ley para revocarlo, que es el procedimiento escogido por el País Vasco, en el artículo 11 de su ley presupuestaria de 30 de diciembre pasado, que suspendió la mejora en el subsidio de la incapacidad temporal, y posteriormente el 3 de febrero, mediante un decreto, aplicó una nueva regulación que en la práctica supone un recorte.

 

Una normativa que se aplica desde el pasado 6 de febrero y que los sindicatos están estudiando recurrir ya que «no es la forma de acabar con el absentismo», protesta a este diario Pablo Sáez de Jáuregui, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO en Euskadi.

 

También en Madrid, y a partir del próximo 1 de marzo, los empleados del Gobierno que preside Esperanza Aguirre van a ver reducida su retribución desde el momento que se den de baja por enfermedad común. La medida, incluida desde principios de año en la Ley de Presupuestos, se ha desarrollado mediante una instrucción reciente contra la que UGT va a recurrir en proceso contencioso administrativo.

 

«Supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo pactadas, y rotas ahora de forma unilateral», declara a HOY Santiago Tamame, secretario regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Madrid, y que sostiene que aquella comunidad es «el laboratorio de ensayo de las ideas que salen de la sede central del PP en la
 calle Génova».

 

La Junta informó ayer que la Dirección General de Función Pública está haciendo un estudio sobre el absentismo laboral en Extremadura, un estudio que incluirá al personal
de Educación y del SES ya que las medidas, «de tomarse, se aplicarán a todos los empleados públicos». Una vez que el estudio quede terminado lo conocerán en primer lugar las centrales sindicales.

 

Los sindicatos de la Administración autonómica, que están lógicamente en contra, no esperan que el recorte, si al final se concreta, se aplique en este año. Ni el PSOE, ni tampoco Izquierda Unida, están dispuestos a apoyar en el Parlamento extremeño una reforma legal que fuera en ese sentido.


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