Las bajas no justificadas y las enfermedades cortas les costarán dinero a los funcionarios

Murcia.

La Comunidad pretende reducir el absentismo laboral, que afecta cada día a unos 4.000 empleados públicos y le supone una factura de cien millones de euros.

 

«El castigo del resfriado». Es el apelativo que ayer acuñó el dirigente de CC OO Pedro Manuel Vicente para referirse a las medidas contra el absentismo laboral incluidas por el nuevo plan de reequilibrio financiero de la Comunidad Autónoma y que centraron buena parte de las críticas sindicales durante la Mesa General de la Función Pública, reunida por la tarde en la sede de la Dirección de Función Pública.

 

Estas medidas incluyen recortes salariales para los funcionarios que sufran enfermedades de corta duración y también multas económicas para los que no justifiquen sus bajas. El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, las defendió por la necesidad de «reducir el excesivo absentismo laboral» que soporta la Comunidad Autónoma.

 

Según las cifras facilitadas por el propio Bernal, la Administración regional soporta una tasa de absentismo laboral del 7,8%, lo que significa que unos 4.000 funcionarios se encuentran de baja cada día. El coste de esta situación para las arcas regionales es de unos cien millones de euros al año.«Somos conscientes de que la inmensa mayoría de estas bajas están justificadas y de que los empleados públicos son también en su inmensa mayoría cumplidores, pero debemos establecer medidas disuasorias para reducir el elevado coste que supone para la Comunidad», explicó Bernal a la salida de la reunión con los sindicatos, en la que le acompañó el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca.

 

Estas medidas, aplicables a los aproximadamente 55.000 empleados de la Comunidad Autónoma, implican una penalización para las enfermedades de corta duración, de modo que los funcionarios con una baja de hasta tres días solo percibirán el 40% de sus retribuciones; hasta 15 días cobrarán el 70%; el 80% si la baja dura hasta 41 días, y el 100% si la incapacidad laboral es de más duración.

 

Con ello, el vicepresidente económico resaltó que «se protegen situaciones como las bajas por maternidad, los accidentes de trabajo graves y las enfermedades crónicas», puesto que sus afectados no sufrirán ninguna merma en sus retribuciones mientras dure la baja.

 

La Consejería establece además una multa económica para las bajas no justificadas, que oscilará desde los 95 a los 45 euros, a descontar en la nómina del empleado, en función del grupo profesional al que pertenezca.Los sindicatos no comparten la argumentación del Ejecutivo.

 

 «Quieren hacer pagar a justos por pecadores, porque dicen que un 10% de los empleados acumulan muchas bajas, y quieren penalizar la incapacidad laboral», indicó Pedro Manuel Vicente, de CC OO.El Gobierno regional espera ahorrar 12,5 millones de euros este año y 25 millones en 2013 con estas medidas contra el absentismo laboral, y que son solo una parte del paquete de políticas sobre recursos humanos que figuran en el plan de reequilibrio financiero aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado viernes.

 

El conjunto de estas políticas representan un recorte de 102 millones de euros en el capítulo de personal de los 623 millones que comprenden el plan de reequilibrio, y fue el tema de la discusión que durante tres horas mantuvieron ayer los consejeros Bernal y Sotoca con los representantes de los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y Cemsatse en la reunión de la Mesa General de la Función Pública de la Comunidad Autónoma.

 

Reducción de interinos

 

Los representantes sindicales rechazaron de forma unánime todas las medidas, entre ellas la reducción en un tercio de la jornada y las retribuciones de los interinos contratados en servicios no esenciales, lo que afectará a cientos de ellos que no trabajen en la educación y la sanidad.

 

Con ello el Ejecutivo espera ahorrar 10 millones este año y 30 más el próximo.El vicepresidente Bernal subrayó que la medida en recursos humanos de mayor impacto, como es la ampliación de la jornada a las 37,5 horas, ya está implantada, y precisó que estas políticas tienen como finalidad «no tocar las retribuciones fijas de los funcionarios».


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