Resumen de Prensa Semanal

Semana 10

04/03/2013 al 10/03/2013

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El crédito se abre a pymes con proyectos y exportadoras

eleconomista.es, 04/03/2013

Cubierto el saneamiento del 'ladrillo' y con la apertura de los mercados, la banca se prepara para prestar de forma selectiva: la prioridad son empresas que salen fuera y ponen en marcha nuevas iniciativas.

 

La sequía casi absoluta del crédito toca a su fin. La banca se dispone a empezar a inyectar financiación a la economía, pero no de forma masiva ni general, sino en operaciones selectivas y dirigidas fundamentalmente hacia las pequeñas y medianas empresas (pymes) con proyectos nuevos en ciernes y, sobre todo, a las que planeen salir al exterior.

 

El Gobierno ha arrancado el compromiso de las entidades de nutrir un fondo con 10.000 millones de euros para prestar a las pymes dentro del pack de fórmulas ideado. El Ejecutivo pone el acento en las pymes porque son el verdadero motor de la economía y capaces de generar empleo cuando el país encamine la recuperación.

 

Pero la estrategia del sector trasciende a la llamada "oficial" al encontrarse las mismas entidades persuadidas de la oportunidad de negocio en financiar a pymes solventes ahora que todos los expertos confían en que la economía toque suelo pronto y retome la senda de crecimiento paulatino a final de año.

 

Planes de entidades

Algunas entidades han destapado parte de sus cartas. El Sabadell tiene 2.000 millones disponibles para prestar a empresas solo en el primer semestre. Banco Popular destinará hasta 3.500 millones e, incluso, va a reforzar su red especialiazada en dar servicios a empresas. Y Bankia da, incluso, un paso más: ha preconcedido 3.100 millones a compañías ya clientes, dentro de su estrategia de dirigir el 84% de la financiación a empresas, y en tres años prevé prestar 44.000 millones. Solo con los planes inmediatos de esas pocas entidades se movilizan 8.600 millones.

 

Los grandes no han detallado sus líneas, pero van adelantados en estrategia. El Santander, por ejemplo, hizo bandera ya en 2012 de una iniciativa similar con una línea 4.000 millones de la que se beneficiaron 8.000 pymes y 5.000 exportadores. La mayoría colaboran además en líneas ICO, que serán reforzadas, y mantienen acuerdos con organismos para proveer liquidez al mismo tipo de cliente. Bankinter, por ejemplo, rubricó recientemente un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para habilitar 400 millones y el Sabadell tiene otro con 200 millones.

 

La preferencia por el nicho de pymes y exportadoras se fundamenta en la realidad de la actividad. España era una economía muy cerrada hasta el año 2007 o 2008, con las empresas volcadas en el mercado doméstico, y menos del 20% se dedicaban seriamente al negocio internacional. Hoy, quizá un 60-70%, engorda su factura fuera, detalla un banquero.

 

La contracción del consumo doméstico y las expectativas de una recuperación lenta empujan a las empresas a cruzar las fronteras hacia mercados más prometedores. Se estima que el 35-40% hacen negocio en otros países de manera regular y hasta el 60% ocasionalmente. Tanto es así que se confía el inicio de la recuperación en el tirón exterior, que ya marcó record en 2012 (la exportación ascendió a 222.643,9 millones de euros, un 3,8% más).

 

El fenómeno ha sido creciente con el agravamiento económico pero el crédito de la banca estaba obstruido por la problemática de la misma industria financiera. Con el mercado interbancario cerrado desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008 y la imposibilidad de emitir deuda a precios razonables, el grueso de los recursos levantados por las entidades ha tenido por destino amortizar las ingentes emisiones de deuda que vencían cada año.

 

La losa del ladrillo quedó atrás

Los nuevos requerimientos en capital y saneamiento han jugado también contra del crédito. La banca ha tenido que destinar más de 150.000 millones entre 2008 y 2012 a sanear las exposición inmobiliaria y recapitalizarse. Un tercer desincentivo es una morosidad desbocada y en cifras nunca vistas -el 10,40% en 2012- con cierres continuos de empresas y tasas de desempleo superiores al 25%.

 

El escenario cambia ahora. A las expectativas de recuperación económica se une el hecho de que la banca concluyó en 2012 el saneamiento inmobiliario y comienza a captar fondos en los mercados, que ya no necesita tanto para cubrir sus refinanciaciones a precios más razonables, tras relajarse la prima de riesgo. Hay confianza en volver a disponer de más recursos para prestar. Sin embargo, esta facilidad no implica que dejará de contraerse el crédito porque la tendencia de las empresas es a desendeudarse y las familias son reacias aún a pedir financiación.

El paro marco nuevo récord en febrero y sobrepasa los 5 millones

europapress.es, 04/03/2013

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 59.444 desempleados en febrero, un 1,2% respecto a enero, lo que situó la cifra total de parados en más de cinco millones de personas, nuevo récord del registro. Asimismo, la Seguridad Social ha perdido 28.961 afiliados en el segundo mes de 2013.

 

Concretamente, el desempleo alcanzó al cierre de febrero 5.040.222 personas, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, según informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Pese a ello, la subida del desempleo en febrero de este año es la menor en este mes desde 2008, cuando el desempleo aumentó en 53.406 desempleados. Empleo ha destacado que el paro se ha incrementado una media de 94.00 personas en los meses de febrero de los últimos años de crisis económica, un 37% menos de lo que ha subido en este mes de 2013.

 

Desde febrero de 2012, el desempleo ha subido en 328.124 personas, un 6,96%. Según los datos de Empleo, el paro subió en febrero en ambos sexos, pero algo más entre los hombres, con 30.796 desempleadas más (+1,2%), frente a un repunte del paro femenino de 28.648 mujeres (+1,1%), situándose el total de mujeres en paro en 2.536.596 y el de varones, en 2.503.626.

 

Por sectores, en los servicios se registraron 39.788 desempleados más (+1,3%); en el colectivo sin empleo anterior hubo 8.711 nuevos parados (+2,4%); la agricultura sumó 7.987 (+3,9%); la industria añadió 1.581 (+0,29%), y la construcción experimentó un crecimiento de 1.377 (+0,18%).

 

Por edades, el repunte del desempleo en febrero se concentró sobre los mayores de 25 años, con 43.418 parados más (+0,9%), mientras que entre los menores de 25 años el desempleo aumentó en 16.026 personas, un 3,4% más. La población extranjera elevó su número de parados al registrar 5.591 desempleados más que en enero (+0,9%).

 

En febrero, el paro subió en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares, donde el desempleo bajó en 1.562 personas. Entre los aumentos, los más significativos se los anotaron Andalucía, con 22.722 desempleados más, y Madrid (+8.120 parados).

 

En cuanto a la contratación, en febrero se registraron un total de 949.844 contratos, un 4% menos que en febrero de 2012. De ellos, 91.584 eran indefinidos, 9.065 de carácter formativo y 949.844 fueron otro tipo de contratos de carácter temporal.

 

La Seguridad Social pierde 28.961 afiliados

La Seguridad Social registró en febrero un descenso medio de 28.691 afiliados respecto a enero, un 0,18%, con lo que el total de ocupados se situó en 16.150.747 cotizantes al finalizar el mes.

 

El descenso de febrero es inferior al del año pasado, cuando la afiliación bajó en 61.156 personas. Con esta disminución de la afiliación en febrero, el sistema encadena siete meses consecutivos de pérdida de ocupados.

 

Todos los regímenes perdieron ocupados, a excepción del Régimen del Mar, que ganó 992 cotizantes (+1,7%). El mayor descenso se lo anotó el Régimen General, que perdió 18.521 cotizantes (-0,14%), hasta situar su total de afiliados en 13.089.436 personas.

 

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) dijo adiós a 11.118 afiliados (-0,37%), lo que situó su número de cotizantes en 2.997.806 ocupados. Es el octavo mes consecutivo en el que el RETA pierde afiliados. Asimismo, el Régimen del Carbón perdió 44 ocupados en febrero (-0,97%), hasta un total de 4.470 afiliados.

 

Dentro del Régimen General, la evolución de la afiliación fue dispar. El mayor descenso lo experimentó el comercio (-29.880 afiliados, -1,4%), seguido de las actividades sanitarias y servicios sociales (-9.604 ocupados, -0,7%), y de las actividades administrativas (-1.175 afiliados, -0,1%).

 

Por el contrario, los mayores incrementos se los anotaron educación, con 12.373 nuevos afiliados (+1,79%); hostelería, con 6.673 cotizantes más (+0,77%), y administración pública, con 5.040 nuevos ocupados (+0,5%).

 

La caída de la afiliación en febrero afectó a ambos sexos, aunque más a los varones. En concreto, en el segundo mes del año se perdieron 22.009 afiliados varones (-0,2%), frente a un descenso de la afiliación femenina de 6.682 ocupadas (-0,08%). Por su parte, el número de afiliados extranjeros se redujo en febrero en 3.964 trabajadores (-0,2%), encadenando siete meses de descensos.

 

El gasto en prestaciones por desempleo sube un 2,6% en enero

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo ascendieron a 2.777 millones de euros el pasado mes de enero, lo que representa un aumento del 2,6% respecto a igual mes de 2012.

 

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 928,4 euros, lo que supone un incremento de 7 euros (+0,8%) sobre el mismo mes del año anterior.

 

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en enero los 864,6 euros, con un descenso de 1,8 euros sobre el mismo mes de 2012 (-0,2%).

 

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Empleo ha publicado este lunes las cifras del gasto en desempleo de enero y los datos de paro de febrero.

 

El número de solicitudes de prestaciones ascendió en enero a 1.061.364, lo que representa un crecimiento del 14% respecto a igual mes del ejercicio anterior.

 

De acuerdo con los datos del Ministerio, en el primer mes de 2013 se tramitaron en total 1.008.214 altas, un 15,8% más que en enero de 2012. El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de 2,5 días, medio día más que en el mismo mes de 2012.

 

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de enero ascendieron a 3.062.396, un 1,7% más que en el mismo mes del año anterior. La cobertura total del sistema de protección por desempleo se situó en el 64,46%, frente al 69,13% de un año atrás, lo que supone un descenso de la cobertura del 6,7%.

 

Empleo ve con 'prudencia' la desaceleración del paro

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha resaltado que se mantiene "un mes más" la tendencia de ralentización del aumento del paro registrado, pues desde el repunte internanual del 13% que se alcanzó en mayo de 2012 se ha pasado a menos del 7% en febrero de 2013.

 

Además, ha afirmado que la evolución del PIB en el último trimestre de 2012, cuando cayó un 1,9% en tasa interanual, hace ver los próximos meses "con toda la prudencia".

 

En rueda de prensa para valorar los datos del paro del mes de febrero, cuando se han superado por primera vez los cinco millones de parados registrados, Hidalgo ha recalcado que la tasa de aumento del desempleo se ha situado por debajo del 7%, en un mes tradicionalmente "difícil" por su componente estacional y en plena recesión, frente al 18% del mes de mayo.

 

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha asegurado que aunque la caída de la afiliación al sistema en febrero "no puede tener una valoración optimista", al menos se ven "tendencias esperanzadoras" en algunas variables. En todo caso, ha valorado en términos positivos que se haya desacelerado la caída de la afiliación, si bien esto "no se puede considerar un cambio de tendencia".

 

Por último, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha admitido que estos datos "no son buenos", pero ha descartado replantear la reforma laboral, mostrándose convencido de que sus efectos se sentirán "en los próximos meses".

 

"Los datos de febrero no son buenos", ha dicho a la prensa a su llegada al Eurogrupo, aunque ha destacado que hay que tener en cuenta el impacto de la "estacionalidad". Guindos ha dicho que la prioridad es asistir a los "más de cinco millones de parados" y en particular a los jóvenes para facilitar que puedan encontrar trabajo.

 

Báñez escucha a varios sectores económicos antes de endurecer el retiro anticipado

cincodias.com, 05/03/2013

La nueva legislación entrará en vigor el 1 de abril

El automovil exige repetar los acuerdos actuales si se quieren mantener las inversiones comprometidas

Antes, los responsables de la Seguridad Social están apurando reuniones y escuchando a varios sectores económicos antes de aprobar esta nueva legislación, clave en la negociación de los procesos de ajuste de empleo.

 

Durante este mes de marzo el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un real decreto ley que endurecerá las condiciones de acceso y las cuantías de las pensiones de las jubilaciones anticipadas y las parciales, con el objetivo de que entre en vigor el mismo 1 de abril.

 

El texto de este decreto está prácticamente cerrado, si bien desde la secretaría de Estado de la Seguridad Social aseguraron ayer que sus responsables se están reuniendo estos días “con varios sectores económicos” que les han solicitado entrevistas para conocer cómo va a ser la nueva normativa y trasladarles sus demandas particulares por si tuvieran cabida en el nuevo texto.

 

Es el caso, por ejemplo, del sector del automóvil que ha pedido que la nueva ley respete los acuerdos de jubilaciones anticipadas y parciales establecidos antes del 1 de abril en los convenios o pactos de empresa porque, de lo contrario, podrían no llevarse a cabo varias inversiones ya comprometidas por grandes empresas del motor.

 

Además, el diseño de estas modalidades de jubilación es clave para los procesos de ajuste de empleo que ya están realizando o han anunciado grandes empresas de diferentes sectores como la hostelería (Orizonia), el transporte (Iberia, Aena), la construcción (FCC) y un importante número de entidades financieras. Ayer mismo, Santander y Banesto presentaron, entre las propuestas de integración de estas dos entidades, un proceso de prejubilaciones a partir de los 58 años (en Madrid a partir de los 55), con el 70% del salario bruto.

 

Aunque, precisamente la Banca está entre los sectores que no se han puesto en contacto con Empleo para conocer la próxima legislación en materia de retiro anticipado. De hecho, este sector era el único que ya se financiaba casi la totalidad de sus prejubilaciones antes de que éstas se endurecieran el verano pasado, con la obligatoriedad para las empresas de más de 100 trabajadores de costear las prestaciones y subsidios por desempleo de sus prejubilados.

 

Jornada parcial

Dicho esto, los sectores que han acudido a Empleo han podido escuchar de sus responsables sus planes para que la jubilación anticipada forzosa se retrase progresivamente a los 63 años (ahora fijada en 61) de forma pareja al retraso de la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027.

 

Este es uno de los aspectos clave para que las compañías utilicen estas jubilaciones en las negociaciones de los expedientes de regulación de empleo, ya que cuanto más tarde se jubile anticipadamente un trabajador, más caro le sale a la compañía que debe pagar sus cotizaciones hasta entonces, su protección por desempleo y la parte del salario que pacte con los sindicatos.

 

Igualmente, el uso de la jubilación parcial –que requiere un contrato de relevo que sustituya al jubilado en su jornada reducida– en los ERE tras la inminente reforma será también menos atractiva, ya que su edad de acceso pasará también gradualmente de los 61 años a los 63 o 65 en 2027, según se haya cotizado 36 o 33 años, respectivamente. Además, la reducción de la jornada del jubilado parcial será menor, pasando del actual 75% como máximo (85% si el trabajador relevista es fijo) a una horquilla entre el 25% y el 50% como máximo (75% si el relevista es indefinido). La nueva ley también encarece esta modalidad a la empresa, que debe cotizar por el trabajador como si estuviera a jornada completa.

 

Así son los distintos tipos de jubilaciones y cómo cambiarán sus condiciones

La reforma de las jubilaciones que aprobará el Gobierno este mes ¿modifica el acceso a la jubilación ordinaria?

R No. Solo cambia las condiciones de acceso de las jubilaciones parciales y las anticipadas, así como sus cuantías.

 

P ¿Cómo cambiará la jubilación anticipada?

R El real decreto que prepara el Gobierno activa por un lado la reforma de esta modalidad de retiro incluida en la reforma de las pensiones aprobada en 2011 y que quedó en suspenso entre el pasado 1 de enero y el 31 de marzo próximo;y por otra parte endurece algo más este tipo de jubliación. Así el texto de 2011 establecía dos tipos de jubilación anticipada: la forzosa (cuando proviene de un despido) y la voluntaria (cuando es una opción del trabajador). En ambos casos la pasada reforma ya endurecía uno de los requisitos de acceso, ampliando a 33 años cotizados los exigidos para jubilarse anticipadamente, si bien esta exigencia aún no ha estado en vigor. Pues bien, el decreto que aprobará el Gobierno en breve y que entrará en vigor el 1 de abril mantendrá este requisito. Además, endurecerá la edad de acceso incluida en esta reforma que eran 61 años para la jubilación anticipada forzosa y 63 años para la voluntaria. En ambos casos se pasará a 63 y 65, respectivamente, de forma progresiva y en paralelo al retraso de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años en 2027. Los coeficientes penalizadores, que quedaban fijados en un recorte de la pensión de entre un 6,5% (si había cotizado más de 38,5 años) y un 7,5% (si había cotizado menos de esa cantidad) por cada año que le restara al trabajador para cumplir la edad legal de retiro también cambian y se hacen más exigentes. Así, el último borrador de la futura ley fija estos coeficientes para la jubilación parcial forzosa en el 6% anual (si se han cotizado más de 44,5 años);un 6,5% si lo cotizado está entre 41,5 y 44,5 años; 7%, si se ha cotizado entre 38,5 y 41,5 años; y un 7,5%, con un mínimo de 38,5 años cotizados. En el caso del retiro anticipado voluntario, los coeficientes serán aún más duros: el 8%.

 

P ¿Qué cambios prevé el Gobierno para la jubilación parcial?

R Se recorta a entre un 25% y un 50% el máximo de jornada que el jubilado parcial se podrá reducir (hasta un 75% si el trabajador con el contrato de relevo es indefinido). La base de cotización del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% de la del jubilado en activo. Trabajador y empresa deberán cotizar igual que si el jubilado trabajara a jornada completa.

 

 

El Gobierno permitirá crear empresas con un solo euro de capital social

cincodias.com, 05/03/2013

La nueva norma permitirá ir aportando el capital poco a poco

El Ejecutivo quiere incentivar todas las vías de financiación extrabancarias

 

Objetivo: generar actividad y empleo. Esa es la máxima con la que una comisión interministerial trabaja desde hace semanas para tener listo antes de Semana Santa el anteproyecto de ley de apoyo al emprendedor. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, primero y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría después, confirmaron que será una de las reformas que se ponga en marcha antes, vistas las escalofriantes cifras de paro.

 

Además, fuentes cercanas al proyecto admiten que desde Bruselas se ha insistido al Ejecutivo español para que agilice los trámites que siguen siendo necesarios para constituir una empresa. España es el 150 país del mundo donde es más fácil iniciar una actividad empresarial, o lo que es lo mismo, que se encuentra en el furgón de cola de esa clasificación. Con la futura ley de emprendedores se quiere poner fin a esa situación. Así, a partir de su entrada en vigor se podrá constituir una sociedad con un euro de capital social, algo que ahora no es posible con la regulación española y, sin embargo, sí funciona en otros países.

 

Mientras que en España el capital social mínimo que se requiere para crear una sociedad limitada es de 3.000 euros, la UE permite la constitución de empresas con solo un euro con ciertas cautelas. Fuentes cercanas al proyecto explican a CincoDías que esos límites consistirán en que los propietarios de la empresa no puedan repartir dividendo ni conceder créditos a terceros mientras la compañía no esté convenientemente capitalizada. “Se trata de facilitar la creación de empresas y que el no disponer de dinero no sea un impedimento. Por eso, se permitirá que cualquier empresario pueda ponerse en marcha con un euro y después vaya desembolsando el capital social restante poco a poco, ya que existen datos que confirman que los primeros cinco años de actividad es cuando existe más riesgo de fracaso”, explican las mismas fuentes. Unida a esta nueva exigencia, la ley tratará de reducir todas las licencias administrativas que después hacen falta, una vez constituida la sociedad, para poder desarrollar la actividad.

 

La ley de unidad de mercado ha tratado ya de poner cierto orden para que una misma actividad no deba ser autorizada en cada una de las 17 comunidades autónomas, pero lo cierto es que muchos expertos coinciden en que de muy poco sirve que se permita la creación de empresas online sin apenas trabas, si después la concesión de licencias se eterniza en el tiempo y es muy cara. El anteproyecto de ley apostará por la sustitución progresiva de esas licencias por meras declaraciones de responsabilidad de los nuevos empresarios. Este mecanismo, no obstante, también tiene sus peros, ya que obliga a las administraciones a poner en marcha servicios de inspección muy potentes.

 

Una vez creada la nueva empresa, ¿cuál es el problema que más preocupa y al que deben enfrentarse los emprendedores? Las asociaciones de autónomos lo tienen claro: la financiación.

 

Ingresos futuros

La futura ley también tiene previsto actuar sobre ello. De hecho, contempla un impulso a las entidades de capital riesgo, la sociedades de garantía recíproca e incluso prevé la creación de fondos de capital riesgo mixtos público-privados.

 

Además de los incentivos y exenciones fiscales que tiene previsto incluir la ley para el inicio de la actividad emprendedora, el Gobierno pretende generar un mercado de pagarés donde las pequeñas y medianas empresas puedan obtener financiación, a través de pequeñas emisiones de deuda, ahora que los canales tradicionales de crédito se encuentran todavía cerrados para la inmensa mayoría. No ha prosperado, en cambio, la idea de generar un portal administrativo controlado y regulado donde las pymes que quieran vender su negocio pudieran ofrecerse a sus potenciales compradores.

 

Sí parece haber gustado, y mucho, una propuesta realizada por los registradores de la propiedad. Se trata de avanzar hacia una ley de garantías mobiliarias. “Es pasar de la hipoteca inmobiliaria a la mobiliaria, donde las garantías no tienen nada que ver con viviendas, suelo o cualquier otra clase de inmueble, sino con ingresos futuros, licencias, o subvenciones, entre otros”, explican fuentes de los registradores. En el sector del taxi, por ejemplo, comienzan a suscribirse créditos donde la garantía que aporta el titular es solo la licencia, lo cual le permite no tener que aportar su casa, que probablemente ya estará hipotecada. Pero es que se puede hacer casi con todo. Los agricultores pueden aportar como garantías las cosechas futuras, los farmacéuticos, su licencia o los clubes de fútbol los ingresos por venta de camisetas. Los defensores de este sistema han remitido su propuesta al Ejecutivo y ésta ha tenido tanto éxito que el Gobierno ya ha pedido más información. Todo con tal de que quien tenga una idea, pueda llevarla a efecto.

 

 

Disminuye la prestación de miles de parados por el recorte de julio

cincodias.com, 05/03/2013

En enero y febrero unos 15.000 parados han visto recortada su ayuda contributiva

El gasto en esta prestación crece un 4,2% frente a una caída del 12% exigida en el año para cumplir el presupuesto

 

Cuando los responsables de empleo elaboraron los Presupuestos de 2013 calcularon que el coste de las prestaciones contributivas por desempleo (más de la mitad de este capítulo de gasto) caería un 1,8% respecto a lo presupuestado inicialmente en 2012 (y un descenso de más del 12% respecto a lo gastado realmente el pasado ejercicio).

 

Para ello, el Gobierno incluyó un recorte de la prestación por desempleo contributiva en el decreto de recortes del pasado mes de julio. Se mantendría la cuantía de esta prestación durante los seis primeros meses de cobro (que es equivalente al 70% de la base reguladora del parado) pero se reduciría el porcentaje que cobraría desde el séptimo mes, pasando del 60% al 50% de dicha base.

 

Este decreto entró en vigor el 15 de julio por lo que todos aquellos parados a los que les fuera reconocida la prestación desde esa fecha, empezaron a notar este recorte de veinte puntos porcentuales en la cuantía de su prestación a partir del 15 de enero.

 

Según los datos de beneficiarios de la estadística de Empleo, el número medio de nuevas altas mensuales de la prestación contributiva entre julio de 2012 y enero de 2013 se acercó a 20.000. Así, si se tiene en cuenta que fuentes de Empleo calculan que este recorte sólo afectará al 55% de los nuevos parados –bien porque aún con este recorte superan la prestación máxima;porque tengan la mínima o no tengan derecho a cobrar más de seis meses–, en los dos primeros meses de 2013, unos 15.000 parados han visto recortada su prestación por la medida.

 

Un ahorro simbólico

El Gobierno no facilitó el ahorro previsto con esta medida, pero los expertos lo han cifrado en pocos cientos de millones, lo que puede calificarse de simbólico si se tiene en cuenta que el pasado año se gastaron más de 16.000 millones en la prestación contributiva. Aún es pronto para evaluar su impacto, ya que solo se dispone de la nómina de prestaciones de enero. Pero en ese mes, el gasto en prestación contributiva ha aumentado un 4,2% frente a una caída exigida para cumplir el presupuesto, de más del 12%.

 

 

Bruselas pide reformar las pensiones y aumentar la recaudación por IVA

expansion.com, 05/03/2013

Bruselas pide más reformas y ajustes al Gobierno de Mariano Rajoy. Aprovechando la publicación del informe sobre la marcha del programa de rescate del sector financiero español, la Comisión Europea y el BCE han recomendado varias medidas para reducir el déficit, aumentar la competitividad de la economía y hacer más eficiente el mercado laboral.

 

Estas recomendaciones, elaboradas por el Ejecutivo comunitario en colaboración con el BCE, acogen las conclusiones de los inspectores que se desplazaron a Madrid entre el 28 de enero y el 1 de febrero.

 

IMPUESTOS: LIMITAR IVA REDUCIDO Y CREAR IMPUESTOS VERDES
Bruselas admite que la subida del IVA que se aplica desde el pasado septiembre (del 18% al 21% el tipo general y del 8% al 10% el tipo reducido) supone un "progreso" para mejorar la eficacia del sistema fiscal español. Sin embargo, todavía ve "margen para limitar la aplicación de diferentes tipos de IVA reducido y para aumentar los impuestos medioambientales, especialmente a los carburantes".

 

LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: MÁS MANO DURA
En materia presupuestaria, la Comisión pide además "reforzar" la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, especialmente a laa hora de aplicar las provisiones de "primer aviso" y "mecanismos correctivos". Estas medidas correctivas incluyen la posibilidad de que el Gobierno obligue a una CCAA a enviar un programa de cumplimiento de objetivos de déficit y corrección de desvíos y, en última instancia, permitiría intervenir las cuentas de la CCAA en cuestión. "La aplicación de las disposiciones de la ley por lo que se refiere a los mecanismos correctivos y de alerta temprana podría hacerse más eficaz y transparente", asegura el informe.

 

LA POLICÍA DEL DÉFICIT: RETRASO EN LA CREACIÓN DE LA OFICINA FISCAL
El informe de la Comisión Europea y el BCE critica que los planes del Gobierno español para poner en marcha una oficina presupuestaria independiente, exigida por la UE, todavía están en una fase preparatoria y advierte de que hay riesgo de que no se cumpla con el objetivo previsto. "Deberán acelerarse considerablemente si se quiere que la oficina juegue un papel eficaz ya para el ejercicio presupuestario 2014", reclama Bruselas.

 

DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL: REFORMA DE LAS PENSIONES
Bruselas vuelve a insistir en uno de sus tira y afloja con el Gobierno: la reforma de las pensiones con el objetivo de introducir un factor automático de sostenibilidad (en la práctica: que se retrase la edad de jubilación o se reduzca la prestación a medida que aumente la esperanza de vida) y retrasar la edad efectiva de jubilación.

 

"El recurrente déficit en el sistema de Seguridad Social también debe controlarse", pide Bruselas. En 2012, este déficit ascendió a casi el 1% del PIB, en lugar del equilibrio que había calculado el Gobierno. "Los planes para introducir un factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones y para aumentar la edad efectiva de jubilación serían un paso importante en esta dirección, pero todavía deben adoptarse", dice la Comisión.

 

REFORMA LABORAL: EMPIEZA A DAR FRUTOS, PERO NO ARREGLA LA DUALIDAD DE CONTRATOS
El informe considera que la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Rajoy en febrero de 2012 "podría estar empezando a tener un impacto", como se refleja en la moderación salarial y el aumento de los despidos procedentes. "La reforma tiene potencial para fortalecer el vínculo entre salarios, el ciclo económico y la posición de las empresas", afirma Bruselas.

 

No obstante, la Comisión advierte de que "la dualidad en el mercado laboral persiste sin cambios" y dice que "la gravedad de la situación del mercado laboral exige una vigilancia y revisión continua del impacto de la reforma". Las autoridades españolas se han comprometido a realizar una revisión durante el primer trimestre del año y la Comisión les pide centrarse en "el impacto en la dinámica salarial, la segmentación del mercado laboral y la empleabilidad".

 

POLÍTICAS ACTIVAS Y REFORMA DEL SISTEMA PÚBLICO DE EMPLEO
Bruselas recuerda que las políticas activas y pasivas de empleo siguen siendo un desafío. El Ejecutivo comunitario reclama al Gobierno aumentar el gasto en formación, integración en el mercado laboral y reorientación profesional, modernizar los servicios públicos de empleo y mejorar la coordinación entre los nacionales y autonómicos.

 

Además, reclama una reforma del Servicio Público de Empleo, que "necesita ser modernizado para proveer un asesoramiento y apoyo efectivo a aquellos que buscan un empleo". Ademas, pide que se mejore la coordinación entre la administración central y los distintos servicios de búsqueda de empleo autonómicos.

 

LIBERALIZACIÓN DE SECTORES PROFESIONALES: PENDIENTE
Bruselas lamenta que todavía no se haya aprobado la "importante ley" de liberalización de servicios profesionales y pide que el grado de "ambición" de la ley de mercado único "no se reduzca durante el proceso legislativo".

 

DÉFICIT ELÉCTRICO: UN RIESGO MACROECONÓMICO
Por otro lado, la Comisión Europea avisa de que el déficit de tarifa eléctrico "supone un pasivo contingente considerable para el presupuesto, así como riesgos macroeconómicos no despreciables". En 2012, alcanzó 5.000 millones (el 0,5% del PIB), superando por un amplio margen el nivel previsto de 1.500 millones.

 

"El total acumulado del déficit de tarifa alcanza los 29.000 millones", señala el Ejecutivo comunitario. Y avisa de que pese a las medidas ya aprobadas por el Gobierno, en 2013 volverá a alcanzar un nivel "considerable".

 

DESBANCARIZACION DE LA ECONOMÍA El informe insta al Gobierno a implementar las medidas que el Gobierno anunció en noviembre de 2012 para reducir la dependencia de las empresas de la financiación bancaria. Para ello, la Comisión y el BCE piden mejorar el acceso de las pymes a lo smercados de capitales y a la inversión en capital riesgo.

 

La reforma laboral no potencia los convenios de empresa

cincodias.com, 07/03/2013

Pasan de afectar al 8% de los trabajadores en 2011 al 10%

A partir del 8 de julio decaerán los convenios vencidos no renovados

 

La reforma laboral ha dado la vuelta a la legislación sobre el despido y sobre las medidas de flexibilidad interna, lo que, unido al recrudecimiento de la crisis, se ha dejado sentir tanto en las empresas como en los tribunales de lo social, que alcanzan niveles de saturación desconocidos.

 

Sin embargo no ha ocurrido lo mismo con la parte de la reforma que modificó la estructura de la negociación colectiva, dando una importante vuelta de tuerca a la anterior reforma socialista para dar más poder al empresario. La nueva normativa que acaba de cumplir un año en vigor, incluía una de las demandas de parte de la clase empresarial: dio la prioridad absoluta al convenio de empresa frente a los convenios del resto de los ámbitos. Así el legislador quería que el empresario no se viera encorsetado por convenios sectoriales de ámbito superior a la hora de pactar aumentos salariales u otras condiciones para sus trabajadores. Con la ley anterior un convenio de empresa sólo podía mejorar las condiciones acordadas en ámbito superior y ahora puede empeorarlas.

 

Sin embargo, tal y como previeron los expertos, esta medida no ha tenido gran eco y mucho menos ha cambiado ni el papel de los convenios ni la estructura de la negociación colectiva. Tras un año entero con la nueva normativa, el número de trabajadores que tienen como referencia un convenio sectorial provincial es del 49%, un porcentaje muy parecido al registrado antes de la reforma. Esta proporción sigue también siendo un poco mayor (el 60%) en las empresas de más de 50 trabajadores.

 

Tampoco ha aumentado significativamente la cobertura de los convenios de empresa que han pasado de afectar al 8% de los trabajadores en 2011 al 10% en el ejercicio pasado; a pesar de que estos acuerdos representan el 75%.

 

“Se pensaba que iba a haber una revolución y no está siendo así. No se está produciendo una huida de los convenios sectoriales a los de empresa. La estructura (de la negociación colectiva) es muy pétrea e impermeable a las modificaciones legislativas”, aseguraba esta semana el socio director de Sagardoy Abogados, Martín Godino, en los desayunos laborales organizados por este despacho y Randstad.

 

No obstante, Godino reconoce “cierta reducción del ámbito de cobertura de los convenios sectoriales provinciales –que en 2011 protegían al 58% del total de trabajadores– pero de una manera muy lenta”. Este laboralista atribuye esta situación a “la resistencia tanto de las organizaciones patronales como sindicales; que tendrán sus razones más o menos puras”.

 

Históricamente, la patronal y los sindicatos han sido acusados de querer blindar las estructuras de negociación superiores a la empresa, sobre todo las provinciales, porque muchos de sus cuadros y unidades de negociación tienen ahí su principal modo de vida y razón de existir. Muchos sectores patronales utilizan además estos convenios para articular la competencia entre empresas. De ahí sus reticencias a deshacerse de los convenios provinciales y superiores.

 

Parálisis negociadora

El otro gran cambio de la negociación colectiva que trajo la reforma, respondía también a otra demanda patronal: una vez vencida la vigencia del convenio, las partes solo tendrán un año para negociar uno nuevo;y si no se llega a un acuerdo, el contenido del convenio decae y se pasa a tener como referencia el convenio de ámbito superior.

 

A partir del 8 de julio se cumple este primer año a partir del cual decaerán los convenios vencidos que no se hayan renovado. De hecho, un primer efecto negativo de esta medida es la enorme parálisis negociadora (más de tres de cada diez trabajadores aún no han firmado o revisado sus concidiciones laborales de 2012).

Y Godino añade futuras dificultades: “La mayoría de las veces que ocurra esto no será fácil identificar cuál es el convenio superior de referencia;y no siempre habrá uno”, dice. Si no lo hubiera, tanto este laboralista como la directora legal de Randstad España, Mariola Sánchez, aconsejan a los empresarios que se queden sin convenio de referencia y decidan incorporar a los contratos las mejoras del convenio vencido “ que lo especifiquen por escrito y lo limiten en el tiempo”.

Las empresas tienen tres semanas para prejubilar de forma más barata

cincodias.com, 08/03/2013

El concepto de prejubilación no existe legalmente. Pero es indudable que su práctica está enormemente extendida. Los prejubilados son aquellos trabajadores, bien entrados en la cincuentena, que son despedidos de su empresa y se convierten en beneficiarios de la protección por desempleo (que es completada por un porcentaje de su último salario que se pacta con la compañía) hasta que cumplen la edad legal de jubilación anticipada, momento en el cual pasan a cobrar la pensión a la que tienen derecho. La empresa paga además, las cotizaciones de estos trabajadores desde que terminan la protección por desempleo, hasta que se retiran anticipadamente. Si bien esta definición está hecha en términos muy generales porque luego, en la práctica y ante la ausencia de una legislación específica, los diseños de cada prejubilación son múltiples.

 

De esta forma, suelen enlazan el desempleo con la jubilación y por ello las prejubilaciones han sido costeadas históricamente en gran medida por las arcas públicas. Sin embargo, desde mediados de la década pasada, los distintos Gobiernos han ido introduciendo medidas que limitaban la financiación pública de estos procesos de prejubilaciones. Entre estas medidas se incluyeron el endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada, aumentando sus requisitos; la obligación de las empresas de pagar las cotizaciones de estos trabajadores desde los 55 años hasta la edad de retiro; o la última y mayor vuelta de tuerca dada el pasado verano por el actual Gobierno. Se trata de la entrada en vigor de la conocida como enmienda Telefónica, que obliga a las empresas de más de 100 trabajadores que acometan despidos colectivos a costear casi toda la protección por desempleo de los mayores de 50 años.

 

El porcentaje que pagan por este concepto está en función del número de trabajadores mayores de esa edad que incluya en el ERE. Según distintos cálculos, sólo esta última medida ha encarecido las prejubilaciones a las grandes empresas entre 50.000 y 70.000 euros por cada prejubilado. Pues bien, ahora el Gobierno está a punto de aprobar este mismo mes una reforma que endurecerá el acceso a la jubilación anticipada. La ley diferenciará entre este tipo de retiro forzoso (porque el trabajador haya sido despedido) o voluntario. En ambos casos ampliará de los 30 a los 33 años cotizados los exigidos para acceder a él. Además retrasará la edad de acceso en el caso de la forzosa (que es la que suele afectar a las prejubilaciones) de los 61 a los 63 años; de forma que la jubilación anticipada sea siempre cuatro años antes que la legal. Si bien esto se hará de forma progresiva a la vez que el retraso de la edad legal de los 65 a los 67 que entró en vigor en enero.

 

El retiro anticipado voluntario se retrasará hasta los 65 años, también paulatinamente, junto al retraso de la edad ordinaria que alcanzará los 67 en 2027. En cuanto a la penalización que tiene esta modalidad de pensión, el último borrador de la futura ley fija unos coeficientes penalizadores para la jubilación anticipada forzosa en un recorte anual de la pensión del 6% (si se han cotizado más de 44,5 años); un 6,5% si lo cotizado está entre 41,5 y 44,5 años; 7%, si se ha cotizado entre 38,5 y 41,5 años; y un 7,5%, con un mínimo de 38,5 años cotizados. En el caso del retiro anticipado voluntario, los coeficientes serán aún más duros: el 8%. El retraso en la edad a la jubilación anticipada encarece a las empresas el recurso a esta modalidad en los despidos colectivos, ya que cuanto más tarde acceda el trabajador al sistema público de pensiones, más tiempo debe costearle parte del salario y las cotizaciones.

 

En este escenario, el Gobierno tiene previsto que la nueva ley entre en vigor el próximo 1 de abril, casi con toda seguridad. No obstante, el texto de la norma respetará todos los pactos, acuerdos y convenios de empresas que fijen el acceso a la jubilación anticipada de sus trabajadores con las actuales condiciones, algo más laxas y baratas para la compañía (a los 61 años y con 30 cotizados);aunque estas jubilaciones anticipadas se produzcan en años futuros. De ahí que las empresas que atraviesen dificultades, estén inmersas o no en un ERE; así como aquellas que estén negociando sus propios convenios colectivos, tienen menos de un mes para cerrar acuerdos que recojan las actuales condiciones del retiro anticipado. El sector del automóvil ha sido uno de los que más ha presionado para que esto fuera así.

 

Además otro buen número de trabajadores afectados por prejubilaciones inminentes en grandes empresas que se acercaría a los 8.000. Es el caso de los cerca de 5.000 futuros prejubilados de BanKia, Caixanova y Nova Galicia y unos 3.000 de Iberia. En estos casos las compañías han firmado ya o firmarán acuerdos de prejubilaciones con las actuales condiciones ates del 1 de abril. Y esto está abierto a todas las demás. España ha establecido un periodo transitorio de ampliación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años hasta el año 2027. En Europa la mayoría de los países está aplicando este tipo de plazos plurianuales para ampliar su edad legal de retiro. En Alemania, oscila entre 2012 a 2019 para la misma ampliación de edad que en España. En Austria se pasa a los 65 años en un periodo que va desde el 2014 al 2033. Dinamarca aumentará a los 67 entre 2024 y 2027. El Reino Unido subirá a los 65 años el retiro de las mujeres entre 2010 y 2020 y la de ambos a los 68 entre 2024 y 2046. Sólo Francia ha bajado esta edad a los 60 años.

 

El Gobierno aún no ha aprobado el diseño del denominado factor de sostenibilidad, que se incluyó en la reforma de pensiones que entró en vigor el 1 de enero. Se trata de un mecanismo de ajuste automático de ciertos parámetros de las pensiones -edad de jubilación, años de cotización necesarios o importe inicial de la pensión- vinculado a la esperanza de vida de la población y que ya está implantado en diez países europeos. El Ejecutivo debe fijar como actuará este factor que corregirá el gasto en pensiones de forma automática; pero no lo hará en el decreto que aprobará este mes.

 

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