Cambios menores en la reforma laboral

Si alguien está esperando que la reforma laboral cambie a su paso por el Parlamento, está muy equivocado. El real decreto-ley será convalidado hoy como proyecto de ley, por lo que a partir de ahora se abre un plazo de casi dos meses como mínimo para admitir cambios legales vía enmiendas en el Congreso y Senado.

 

Pero los responsables del Gobierno, con Rajoy a la cabeza, han dicho públicamente -y con más énfasis en privado- que el núcleo central del texto no va a cambiar. Además, la amplia mayoría absoluta que respalda al Ejecutivo hace que no sea necesario que el PP admita ningún cambio de enjundia en el texto para poder sacar adelante la ley.

 

En cualquier caso, ¿qué entiende el Gobierno por núcleo central e intocable de la reforma laboral? Pues prácticamente todo. Los altos cargos de Empleo han defendido en distintos foros que no están dispuestos a modificar, entre otras cosas, el abaratamiento de la indemnización por despido improcedente; la primacía absoluta del convenio de empresa sobre el resto de los ámbitos de negociación; las líneas generales del nuevo contrato de emprendedores, o la flexibilidad interna generada por los descuelgues de convenios, entre otras cosas. En concreto, fuentes de Empleo defienden mantener uno de los aspectos que ha sido calificado como potencialmente inconstitucional por los sindicatos. Se trata del arbitraje final de la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos en los casos de descuelgue de convenios en los que no haya acuerdo entre la empresa y sus trabajadores.

 

"Lo que ha hecho el Gobierno en esta materia es, precisamente, respetar totalmente el Acuerdo de Negociación Colectiva 2012-2014 firmado entre patronal y sindicatos y, además, dotar de un fin a los casos de desacuerdo en los descuelgues, algo que no incluía el citado acuerdo", indican estas mismas fuentes. De ahí que el Ejecutivo no baraje cambiar este punto.

 

Sin embargo, a tenor de las críticas que están escuchando los responsables de Empleo en boca de distintos expertos laboralistas y responsables de recursos humanos de las empresas que ya han empezado a aplicar la reforma, el texto sí podría admitir algunos cambios menores de redacción.

 

Es por ejemplo el caso de los nuevos requisitos para recurrir a despidos objetivos por causas económicas, pagado con 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades. La nueva ley indica que el empresario podrá recurrir a ellos, entre otras circunstancias, cuando registre una caída de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos. Algunos sectores, como el de la hostelería, se han quejado al Gobierno de que en su caso es difícil reunir este requisito, ya que siempre les va a coincidir un trimestre de mejora de ingresos por la temporada turística. En este caso, fuentes de Empleo se han mostrado abiertos a estudiar una posible adecuación del texto a este y otros sectores afectados.

 

Igualmente, los responsables del ministerio que dirige Fátima Báñez se han puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Hacienda para acometer los ajustes necesarios en orden a garantizar que la fiscalidad de las indemnizaciones por despido siga siendo la misma y estas cantidades dentro de los límites legalmente establecidos estén exentas. En este punto, numerosos responsables de recursos humanos han formulado quejas en los últimos días ante las dudas de si una vez eliminado el despido exprés de la legislación hace falta seguir acudiendo a los servicios de mediación antes del proceso judicial para que dicha indemnización quede exenta.

 

Otro de los asuntos que podría aclararse es la redacción del permiso de formación retribuido de 20 horas anuales.

 

En este escenario aún se desconoce el grado de negociación con los sindicatos que aceptará el Gobierno en este trámite parlamentario. De momento, CC OO y UGT presentaron ayer sus enmiendas a la reforma, entre las que está un contrato indefinido para empresas de menos de 25 trabajadores con una indemnización de 5 días por trimestre o 20 por año.

 

Sólo el 10% de despidos será improcedente

El presidente de CEOE, Juan Rosell, afirmó ayer que la reforma laboral aprobada por el Gobierno permitirá que únicamente el 10% o el 15% de los despidos que se efectúen en España sea improcedente, frente al 80% de hace unos años o el 60% que se logró tras la reforma del mercado de trabajo que hizo el PSOE cuando gobernaba. "El 10% o el 15% es lo normal, porque el despido improcedente es una anomalía", aseguró a TVE.

 

A su juicio, la reforma laboral hace más "claras y concretas" las causas del despido, pero "no despiadadas". El número de despidos a medio plazo "no será peor del que se ha tenido en el último año o hace dos años". El líder de CEOE insistió en que la reforma permite a las empresas reestructurarse en lugar de despedir y advirtió de que si no se hubiera hecho nada, habría sido imposible crear empleo cuando la economía se reactivase.

 

La cifra

243 conflictos tramitó el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje durante 2011, un 7,9% menos.


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