El Supremo prevé pronunciarse en mayo sobre la reforma laboral

En abril empezarán a estudiarse los primeros recursos

 

La magistrada del Tribunal Supremo (TS) María Luisa Segoviano avanzó ayer que este tribunal tiene previsto empezar a estudiar en abril las primeras sentencias sobre la reforma laboral que han llegado a esta instancia.

 

Será la sala general del TS, que se reúne una vez al mes, la que estudiará estos casos recurridos, por lo que, según calculó Segoviano, podría ser a finales de mayo cuando se pronuncien los magistrados y se hagan públicas las primeras sentencias de este tribunal sobre la nueva legislación laboral vigente desde febrero y julio de 2012.

 

Así lo anunció esta magistrada ayer en una mesa redonda organizada por la escuela de negocios Esade y la Asociación Española de Directivos, donde también participaron el director del gabinete jurídico interconfederal de Comisiones Obreras, Enrique Lillo, y la socia del área jurídica laboral de KPMG, Susana Pizarroso.

 

No obstante, Segoviano puntualizó que los primeros pronunciamientos podrían llegar a finales de mayo, “siempre y cuando no ocurra ningún contratiempo” de los muchos que surgen en un proceso legal.

 

Dicho todo esto, se refirió a la definición de situación económica negativa de una empresa a la que se refieren las causas económicas en los despidos colectivos, según la nueva legislación. Esta es una de las cuestiones que más polémicas judiciales están suscitando en las sentencias que ya se conocen de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y de la Audiencia Nacional.

 

En este terreno, Segoviano consideró que “debe existir conexión funcional” entre la causa alegada por la empresa y el despido. Y puso como ejemplo una empresa que haya perdido un euro durante tres trimestres consecutivos, pero antes tuviera grandes beneficios. Ese caso extremo, en su opinión, no debería entenderse como situación económica negativa. Por su parte, Lillo reclamó que las empresas deberían aportar documentación económica auditada o, al menos, aprobada en junta para justificar la causa económica de los despidos.

 


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