Resumen de Prensa Semanal

Semana 11

10/03/2014 al

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La morosidad de la Seguridad Social, en mínimos por los aplazamientos

cincodias.com, 10/03/2014

Los responsables del Ministerio de Empleo esperan arañar un par de miles de millones en las cuentas de la Seguridad Social de 2013, de forma que los números rojos estén más en el entorno del 1,2% (unos 12.000 millones de euros) que en el del 1,4% previsto inicialmente.

 

Sin duda, el freno a la destrucción de empleo –y a la caída de recaudación que eso supone–, con más intensidad en los últimos cinco meses, ha sido uno de los motivos fundamentales para lograr adelgazar este déficit. Pero también contribuyen otros tres factores, como son la reducción de la morosidad (con más pagos en el periodo voluntario), la mejora de la recaudación en vía ejecutiva y el aumento de los aplazamientos.

 

En diciembre pasado, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) registró impagos en el 2,42% de los recibos domiciliados, que es lo que se denomina la tasa de morosidad de la recaudación domiciliada. En concreto, solo en el último mes de 2013 dejaron de pagar 112,09 millones de los 4.622,94 domiciliados en dicho periodo, según datos del Ministerio de Empleo.

 

Esta tasa de morosidad es la más baja desde el inicio de la crisis económica, cuando en la primera oleada de la recesión a finales de 2008 el volumen de impagos de recibos domiciliados rozó el 4%. Hay, por tanto, más empleadores y autónomos que en toda la crisis que pagan sus cuotas voluntariamente en el periodo establecido para ello.

 

Fuentes de la TGSS atribuyen esta caída de la morosidad a la última modificación normativa, que desde hace meses estableció el recargo del 20% desde el primer día del retraso en el pago.

 

Si bien, la caída de la tasa de morosidad está propiciada también en parte por un aumento de los aplazamientos de pago concedidos por la Seguridad Social, que es la alternativa negociada a incurrir en la morosidad.

 

Así, el pasado año 2013 se otorgaron 116.383 medidas de aplazamiento de deudas a la Seguridad Social (un 11,2% más que los concedidos en 2012) por un importe de 2.176 millones de euros, lo que supuso incrementar esta mora un 9% el pasado ejercicio. Esto es, muchos empleadores no incurren en la morosidad porque optan por aplazar los pagos, lo que no conlleva el mismo recargo inicial.

 

Finalmente, otra de las causas que permitirá al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, exhibir un déficit menor del esperado radica en el aumento de la recaudación en vía ejecutiva en el periodo de apremio (fuera del periodo voluntario de liquidación de cuotas y cuando no se ha pactado ningún aplazamiento). En estos casos, las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (URE) recuperaron el pasado ejercicio 1.855 millones, lo que representó un incremento de 252 millones más que en 2012, un 15,7% más.

 

Las URE han logrado este aumento de los cobros “por la introducción de mejoras en la agilización de los trámites recaudatorios”. En concreto, el pasado año, el plazo medio que transcurre desde que se inicia el procedimiento de apremio y el moroso recibe la notificación de que será embargado, se redujo en 93 días. Y también se recorta el plazo del embargo en 34 días, si esta notificación se produce por medios telemáticos.

 

Cobrar más tarde o menos, pero asegurar el pago

Pese a las dificultades que atraviesa el sistema, que habría llevado a cerrar el pasado ejercicio con un déficit superior al 1% del PIB, los responsables de la Seguridad Social tienen claro que en la actualidad prefieren recaudar menos y ampliar el número de cotizantes. Con ese objetivo se aprobó la tarifa plana de 100 euros en contingencias comunes para nuevos indefinidos. Y, de la misma forma, prefieren cobrar más tarde pero facilitar que una empresa en crisis se salve y terminar recaudando sus cuotas, por lo que han puesto todas las facilidades para conceder aplazamientos de pago de las deudas de las empresas. Esta filosofía compensa a las arcas del sistema, según ha explicado en varias ocasiones el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos y la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez. Ambos exhiben los 2.200 millones de euros concedidos en aplazamientos el pasado año como una de las principales contribuciones de su departamento a la salida de la crisis.

 

Dicho esto, el disfrute de la nueva tarifa plana en la contratación obliga a las empresas que quieran beneficiarse a estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, tanto en la fecha de efectos del alta de los trabajadores como durante la aplicación de la aportación empresarial reducida.

 

La nueva norma establece que “si durante el período de aplicación de la reducción (que se puede prolongar hasta los tres años para las empresas de menos de diez trabajadores) existiese una falta de ingreso, total o parcial, de las obligaciones en plazo reglamentario, se producirá la pérdida automática de la reducción a partir del mes en que se produzca el incumplimiento”.

 

 

El gobierno espera que la seguridad social ingrese 170 millones más

eleconomista.es, 10/03/2014

La Seguridad Social será quien recaude directamente las cotizaciones correspondientes a los trabajadores, un trámite que actualmente hacen las empresas, lo que redundará en una mejora de los ingresos del sistema que superaría los 170 millones de euros.

 

Así lo recoge el anteproyecto de ley que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha enviado a los agentes sociales, al que tuvo acceso Servimedia, en el que afirma que esta medida ayudaría a luchar contra el fraude en la liquidación de estas cuotas y supondría una mejora en los ingresos del sistema.

 

Los autónomos prevén que la 'tarifa plana' aflore 300.000 cotizantes

eleconomista.es, 10/03/2014

El Gobierno prevé que ayude a regularizar gran parte de la economía sumergida

 

Incentivar la contratación estable y luchar contra la economía sumergida. Estas son las claves que persigue la revolución de las cotizaciones gestada por Empleo y Hacienda, entre ellas la deducción del cien por cien de la cuota por contingencias comunes para los autónomos que contraten a sus hijos menores de 30 años con carácter indefinido.

 

Las asociaciones de autónomos coinciden en que facilitar una cifra de posibles beneficiarios "es complicado". Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) estiman que la medida podría regularizar la situación de cerca de 300.000 hijos de autónomos que estarían colaborando en los negocios de sus progenitores de manera informal.

 

Un montante al que se podrían sumar parte de los 196.000 colaboradores familiares que, según datos oficiales, cotizan en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) más las 123.700 personas que afirman "realizar ayudas familiares" sin estar afiliados a la Seguridad Social. Es decir, unos 500.000 trabajadores podrían engrosar en los próximos meses las altas de afiliados a la Seguridad Social.

 

Sin embargo, siempre hay una excepción que confirma la regla. En el caso del real decreto-ley, publicado el pasado 1 de marzo, los hijos de autónomos contratados no tendrán derecho a cobrar el paro, ya que entre los requisitos para poder acogerse a la reducción de las cotizaciones sociales está la de cumplir con las condiciones que se prevén en la disposición décima del Estatuto del Trabajo Autónomo, "en el caso del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la cobertura por desempleo".

 

Aún con todo, los representantes de los autónomos ven con buenos ojos la medida y apuestan por su efectividad. Tanto Upta (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) como CEAT (Federación Española de Autónomos) coinciden en que "aflorará parte de la economía informal y ayudará desde el punto de vista de la continuidad de los negocios".

Más ingresos por IRPF

La estrategia conjunta de las carteras de los ministros Montoro y Báñez no es fruto de la casualidad. Varias de las fuentes consultadas concluyen que tanto este apartado como la medida en general, "regularizará gran parte de la economía sumergida".

 

Además, la lógica relación causa-efecto de los incentivos a la contratación debe ser que "a mayor número de contrataciones, mayores retenciones". Por el momento tampoco hay estimaciones oficiales sobre lo que puede aportar a las arcas tributarias. Desde Hacienda explican que "la medida está pensada para generar empleo neto. Consiguiendo este objetivo se incrementará indudablemente la recaudación por IRPF y por impuestos indirectos sobre el consumo".

 

Las expectativas del fisco pasan, no obstante, por una recuperación de la demanda interna, que para ATA es "muy factible por la dinamización que supondrán las nuevas contrataciones". Sin embargo, ni la patronal de los pequeños empresarios ni las asociaciones de autónomos se muestran tan optimistas. Todos ellos coinciden en la debilidad del colectivo e insisten en que mientras no se recuperen volúmenes de ventas estables, no se producirán nuevas contrataciones.

 

Incentivos fiscales

Los representantes de las pymes y autónomos realizan, en general, una valoración muy positiva para todas aquellas normas que impliquen una rebaja de las cotizaciones sociales. "Lo importante es que haya facilidades para contratar y puedan estimular la creación de empleo neto", afirman desde CEAT.

 

Aun así, queda mucho camino por recorrer para que la rebaja de las cotizaciones se convierta en el revulsivo que se pretende y se insta al Gobierno a adoptar nuevas medidas que estimulen la confianza y generen mayor liquidez en empresas y consumidores.

 

Sebastián Reyna, secretario general de Upta, explica que "la decisión cobraría especial interés si se incentivase fiscalmente la contratación y se ampliase la edad a 35 años". Apunte que coincide con las expectativas de CEAT: "Deseamos que la rebaja de las cotizaciones sea el primer paso y que vaya acompañada de nuevas medidas de orden fiscal que minoren las cargas".

 

Los costes laborales remontan un 2,8% en el cuarto trimestre de 2013

expansion.com, 11/03/2014

El coste por hora trabajada ha crecido un 2,8% en el cuarto trimestre de 2013 respecto al mismo periodo del año anterior, frente al leve aumento del 0,1% del tercero, según ha anunciado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Es su mayor alza desde finales de 2011.

Este repunte del coste por hora trabajada en el cuarto trimestre de 2013 es más de dos puntos superior al avance registrado en el tercer trimestre (0,6%). En los dos trimestres previos del año pasado, el primero y el segundo, el coste por hora trabajada registró un aumento del 2,2% y un descenso del 2,3%, respectivamente.

 

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, el incremento del coste por hora se sitúa en un 3,2%.

Por sectores, los mayores incrementos del coste salarial en el cuartro trimestre se ha marcado en la Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (del 18,1%) y en las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (7,4%). No obstante, hay que destacar que en 2012 el sector público no recibió la paga extra, lo que en comparación con 2013 puede explicar este efecto.

En el lado contrario están las atividades inmobiliarias (con una caída del coste del 6) y el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (del 4,4%).

 

En términos intertrimestrales, el indicador ha marcado un retroceso del 0,2%, eliminando tanto el efecto de calendario como la estacionalidad. La caída es más suave que la que marcó en el cuartro trimestre de 2012, del 3,2%.

 

Los salarios pactados en convenio mantienen una subida del 0,6%

cincodias.com, 11/03/2014

En los dos primeros meses se ha doblado el ritmo de negociación de las condiciones laborales

 

El incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos registrados hasta febrero de este año alcanzó el 0,60%, la misma cantidad que el pasado mes de enero y que la media registrada en 2013, según datos del Ministerio de Empleo hechos hoy públicos.

 

Este incremento salarial es siete décimas por encima de la tasa del IPC interanual avanzada por el INE para ese mismo mes (-0,1%), lo que apunta a una ganancia de poder adquisitivo de estos trabajadores; y se encuentra en línea con las recomendaciones del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC) que pactaron sindicatos y empresarios para el periodo 2012-2014.

 

En dicho acuerdo se recomendaba a los negociadores de ambas partes que los aumentos salariales pactados en 2014 deberían ajustarse al ritmo de actividad de la economía española, de tal forma que no deben exceder el 0,6% siempre que el incremento del PIB a precios constantes de 2013 hubiera sido inferior al 1%, tal y como ocurrió.

 

En términos generales el ritmo negociador se ha doblado respecto al pasado año. A 28 de febrero de este año se habían registrado en total 399 convenios colectivos, algo más del doble que en igual periodo de 2013, con efectos sobre 1.698.800 trabajadores, cifra que multiplica por más de dos la del mismo periodo del año pasado.

 

La mayor parte de los convenios registrados, 373, iniciaron sus efectos económicos antes de 2014, mientras que 26 convenios han sido firmados este año. Estos convenios nuevos recogen una subida salarial media del 0,42%, mientras que los convenios con efectos económicos anteriores a 2014 contemplan un alza salarial del 0,60%.

 

Del total de convenios registrados hasta febrero, 242 eran convenios de empresa, con efectos sobre 85.600 trabajadores, mientras que 157 eran convenios de ámbito superior al empresarial y daban amparo a 1.613.200 trabajadores.

 

La subida salarial media pactada en los convenios de empresa se situó en el 0,88%, por debajo de la de un año antes (0,98%), en tanto que el incremento salarial de los convenios de otro ámbito alcanzó el 0,58%, prácticamente la misma cifra que en igual periodo de 2013 (0,59%). De esta forma, el alza salarial de los convenios de empresa se mantuvo por segundo mes por encima del de los convenios de otro ámbito tras haber estado ocho meses consecutivos por debajo.

 

Subidas inferiores al 1% en siete de cada diez

Siete de cada diez convenios registrados hasta febrero, en concreto el 71,9%, recogían una subida salarial inferior al 1%. Sólo seis convenios (cinco de ellos de empresa) contemplaba un recorte de sueldos, del 5% de media, mientras que 112 congelaban los salarios (90 convenios de empresa y 22 de otro ámbito).

 

De los 242 convenios de empresa registrados hasta febrero, 216 pertenecían a empresas privadas, con una subida salarial media del 0,93%, mientras que 17 pertenecían a empresas públicas, uno a la Administración del Estado, y ocho a administraciones autonómicas y locales.

 

En las empresas públicas, se contemplaba una subida salarial media del 0,06%, mientras que en los convenios de la administración estatal y autonómica las retribuciones permanecieron congeladas.

 

Por sectores, la mayor alza salarial pactada la registró la construcción (+1,46%), seguida de la industria (+0,90%), la agricultura (+0,66%), y los servicios (+0,49%).

 

Siguen los descuelgues

La estadística de Empleo revela además que en febrero se registraron 272 inaplicaciones de convenios, un 11,9% más que en igual mes de 2013, que afectaron a 14.592 trabajadores, un 21,6% más. En enero-febrero de 2014 se contabilizaron 534 'descuelgues', con efectos sobre 27.529 trabajadores.

 

El 84,1% de los trabajadores afectados por inaplicaciones en los dos primeros meses se concentró en el sector servicios, donde se produjeron 425 'descuelgues', mientras que 3.345 afectados pertenecían a la industria (77 'descuelgues') y 533 al sector de la construcción (27 inaplicaciones), y 496 a la agricultura (cinco 'descuelgues').

 

Asimismo, casi el 65% de los trabajadores afectados hasta febrero por inaplicaciones de convenio está empleado en empresas de 250 trabajadores o más, aunque la mayoría de las empresas que 'se descuelgan', el 83,4%, tienen plantillas de entre 1 y 49 trabajadores.

 

La gran mayoría de las inaplicaciones presentadas hasta febrero, el 93,3%, indican que se han 'descolgado' de la cuantía salarial pactada en convenio. En concreto, el 61,4% señala que sólo se han 'descolgado' de la cuantía salarial, mientras que el 14,2% ha inaplicado el sistema de remuneración además de la cuantía salarial.

 

El 90,5% de los 'descuelgues' se resolvieron con acuerdo entre las partes en el periodo de consultas y el 94,6% han inaplicado un convenio o varios de ámbito superior a la empresa, de acuerdo con los datos del Ministerio.

 

El descuelgue de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas. La reforma laboral, que cumple ahora dos años de vigencia, introducía mayor facilidad para que empresarios y trabajadores pudieran pactar estas inaplicaciones. El objetivo, según el Gobierno, era el de evitar despidos.

 

La creación de empresas aumenta un 1,1% en enero

expansion.com, 11/03/2014

El número de empresas creadas en enero de 2014 ha ascendido hasta las 8.956, el 1,1% más que en el mismo mes del año anterior, según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la segunda tasa interanual positiva seguida y la octava en los nueve últimos meses.

 

Para la constitución de las 8.956 empresas creadas en el primer mes del año se suscribieron más de 530 millones de euros, lo que supone un descenso del 51,3% respecto a enero de 2013, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 59.249 euros, se redujo un 51,8% en tasa anual.

 

El 22,2% de las sociedades mercantiles creadas en enero fueron del sector del comercio y el 17,5% se dedican construcción. En cuanto a las sociedades disueltas, el 21,5% pertenece al comercio y el 20,7% a la construcción, asegura el INE.

 

En enero ampliaron capital un total de 4.363 sociedades, un 8,6% menos que en igual mes del año pasado, en tanto que 3.278 empresas se disolvieron, un 6,1% menos. La mayor parte de la desaparición de estas empresas fue voluntaria.

 

En tasa intermensual (enero de 2014 sobre diciembre de 2013), las sociedades mercantiles aumentaron un 28,2%, mientras que las disueltas se incrementaron un 36,8%.

 

Por su parte, las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles creadas en enero son Comunidad de Madrid (2.021) y Cataluña (1.793). Por el contrario, las que menos sociedades han creado son La Rioja (56) y Comunidad Foral de Navarra (58).

 

"Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentan mayor número son Comunidad de Madrid (849) y Andalucía (440). Por el contrario, las que registran menos sociedades disueltas son La Rioja (27) y Comunidad Foral de Navarra y Cantabria (ambas con 31)", asegura el organismo estadístico.

 

Un juez declara «ilícita» la rebaja salarial del 75% impuesta por una empresa

abc.es, 12/03/2014

Los ocho trabajadores afectados vieron reducido su sueldo desde los 3.000 euros mensuales a 751,38 euros

 

Un juzgado de Barcelona ha declarado «ilícita y contraria a derecho» la decisión de la empresa ImesApi de imponer a ocho de sus trabajadores de forma unilateral y sin negociación previa una rebaja salarial del 75%, hasta equiparar su retribución al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

 

La empresa, dedicada al mantenimiento de cabinas telefónicas, hizo caso omiso de las reiteradas peticiones de los trabajadores para negociar el nuevo convenio, dándolo por expirado en agosto de 2013, a pesar de que existía una cláusula que preservaba su vigencia hasta que hubiera un pacto de renovación.

 

La sentencia del juzgado de lo social número 16 de Barcelona condena a ImesApi, del grupo ACS, a volver a retribuir a los trabajadores en función de las masas salariales del convenio y a compensarles por la diferencia salarial de los meses en que se les aplicó el salario mínimo.

 

Los ocho trabajadores afectados, representados por el Colectivo Ronda, tenían un salario cercano a los 3.000 euros mensuales, una cuantía que a partir de agosto del pasado año vieron reducida hasta 751,38 euros al mes.

 

El juez obliga asimismo a la empresa a indemnizar a cada uno de ellos con 1.000 euros en concepto de daños morales y a cesar «su comportamiento vulnerador de derechos fundamentales», al entender que contravino el derecho de la libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva.

 

La sentencia considera probado que ImesApi aplicó esta drástica reducción salarial «unilateralmente» y «con menosprecio a toda negociación» colectiva , sin que existiera «justificación alguna» a esta negativa.

 

Ante esta sentencia, la empresa tiene la posibilidad de interponer un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

 

El Congreso convalida hoy la nueva 'tarifa plana' de cotización

europapress.es, 13/03/2014

Si no se mantiene el nivel de empleo durante el tiempo estipulado habrá que compensar la diferencia, pero sin recargos ni intereses

 

El Pleno del Congreso convalidará este jueves el decreto ley de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que incluye la 'tarifa plana' de cotizaciones sociales a la Seguridad Social que, según las estimaciones del Gobierno, podría beneficiar a 332.100 contratos indefinidos, tanto parciales como a tiempo completo.

 

Así se desprende de la memoria de impacto que acompaña el decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Ejecutivo calcula que entre marzo y diciembre de 2014 (cuando estará en vigor la tarifa plana) se podrían firmar en España 553.500 contratos de duración superior a los dos años.

 

De ellos, el 60% cumpliría los requisitos de creación neta de empleo en la empresa (232.500 a tiempo completo y 99.600 a tiempo parcial), lo que supone un total de 332.100 afiliaciones a la Seguridad Social sujetas a la nueva cotización de contingencias comunes dentro de la cuota empresarial.

 

De este modo, de aplicarse la medida un solo año, el incremento del PIB que conseguiría la medida sería del 0,3%, mientras que el número de personas ocupadas se incrementaría un 0,31%. Así, el Ejecutivo defiende que el impacto presupuestario de la medida sería "neutral" ya que la pérdida de ingresos derivada de la aplicación de la tarifa plana a contratos que se habrían firmado de todos modos se compensa con el aumento por el empleo adicional que fomentará en un "círculo virtuoso".

Hacer estimaciones 'con cautela'

No obstante, el Gobierno "aconseja cautela" en las previsiones del efecto de esta medida, dado que "la estimación exacta del impacto positivo sobre la economía española es extremadamente compleja como consecuencia de su amplitud e intensidad". "Una estimación más exacta exigiría estimar una multiplicidad de variables para las que no existen referencias lo suficientemente recientes", dice.

 

Y es que el aumento de la contratación indefinida podría llevar al empresario a destinar el ahorro en inversión productiva, generando una nueva ronda de contratación. Además, la rebaja podría repercutir en los precios y, con ello, tanto en la competitividad como en la demanda interna, que también se verá favorecida por una mayor estabilidad en el empleo, que influye en la productividad y en las decisiones de compra y ahorro de los ciudadanos.

 

Asimismo, el aumento del empleo permitirá reducir las cuantías de fondos públicos destinadas a las prestaciones sociales, y también generará una mayor recaudación fiscal y una ampliación de la base de cotización. El Gobierno prevé además que este menor coste en cotizaciones sea un "incentivo para el afloramiento de empleos sumergidos".

 

Con todo ello, el "impacto positivo" de la reforma laboral sobre la dualidad del mercado de trabajo se "acentuará y acelerará" gracias a la 'tarifa plana', reduciéndose así "sustancialmente" los costes asociados a "sustituir la tradicional flexibilidad del mercado laboral español a base de contratos temporales por una apuesta por el contrato indefinido en un nuevo marco regulatorio en el que la flexibilidad interna es mayor".

Detalles de la tarifa plana

La nueva 'tarifa plana' se aplicará a los contratos indefinidos que se firmen entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre de este año, sin que incluya requisitos de edad, género u otras circunstancias para los trabajadores ni tampoco restricciones sobre el número de empleados o fecha de creación para las empresas.

 

Las únicas condiciones serán estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no haber extinguido trabajos por causas objetivas, despidos disciplinarios improcedentes o despidos colectivos en los seis meses anteriores --en caso de EREs, no afectará a las extinciones producidas antes del 25 de febrero--.

 

Además, la contratación deberá suponer un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel total de la empresa que se mantenga durante un periodo de 36 meses. En caso de incumplimiento de esta condición habrá que reintegrar la diferencia de cuantía con respecto a las cotizaciones ordinarias pero sin recargos ni intereses de demora, que sí se pueden exigir en caso de otros quebrantamientos.

 

De este modo, si no se mantiene el nivel de empleo durante al menos un año se deberá reintegrar el 100% de la diferencia, mientras que si tal incumplimiento se produce a los 24 meses se reintegrará el 50% y si tiene lugar durante el tercer año, habrá que devolver el 33% de la cuantía.

De 50 a 100 euros

Así, durante un máximo de dos años se pagará una cuantía reducida --100 euros para contratos a tiempo completo y entre 75 y 50 euros para contratos a tiempo parcial en función de la jornada-- de las cotizaciones por contingencias comunes que paga el empleador, sin que afecte al resto de aportaciones. Las horas complementarias no se incluirán en la tarifa plana y, por tanto, deberá cotizarse de forma normal por ellas.

 

La aplicación de esta tarifa no tendrá impacto en las prestaciones económicas a las que puedan tener derecho los trabajadores, que se calculará respecto del importe íntegro de la base de cotización, pero sí será incompatible con cualquier otro beneficio en la cotización.

 

Según el Ejecutivo, esta medida "coyuntural y excepcional" permitirá "incentivar la contratación" y beneficiará a las "empresas que apuesten por incrementar sus plantillas de manera estable", sobre todo a las pymes, para las que la contratación es más costosa. Con todo ello, se conseguirá que la recuperación económica y del empleo sea "más rápida".

 

El Gobierno calcula que la tarifa plana genere 553.500 contratos fijos

cincodias.com, 13/03/2014

Si las empresas despiden a los trabajadores contratados con esta medida antes de los 36 meses de su contratación, deberán devolver las cuotas no abonadas
El Gobierno recomienda en su informe hacer previsiones del impacto de esta rebaja "con cautela"

El Pleno del Congreso tiene previsto convalidar hoy el decreto ley de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que incluye la tarifa plana de cotizaciones sociales a la Seguridad Social que, según las estimaciones del Gobierno, podría beneficiar a 332.100 contratos indefinidos, tanto parciales como a tiempo completo.

 

Así se desprende de la memoria de impacto que acompaña el decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Ejecutivo calcula que entre marzo y diciembre de 2014 (cuando estará en vigor la tarifa plana) se podrían firmar en España 553.500 contratos de duración superior a los dos años.

 

De ellos, el 60% cumpliría los requisitos de creación neta de empleo en la empresa (232.500 a tiempo completo y 99.600 a tiempo parcial), lo que supone un total de 332.100 afiliaciones a la Seguridad Social sujetas a la nueva cotización de contingencias comunes dentro de la cuota empresarial.

 

De este modo, de aplicarse la medida un solo año, el incremento del PIB que conseguiría la medida sería del 0,3%, mientras que el número de personas ocupadas se incrementaría un 0,31%. Así, el Ejecutivo defiende que el impacto presupuestario de la medida sería “neutral” ya que la pérdida de ingresos derivada de la aplicación de la tarifa plana a contratos que se habrían firmado de todos modos se compensa con el aumento por el empleo adicional que fomentará en un “círculo virtuoso”.

 

Hacer estimaciones "con cautela"

No obstante, el Gobierno “aconseja cautela” en las previsiones del efecto de esta medida, dado que “la estimación exacta del impacto positivo sobre la economía española es extremadamente compleja como consecuencia de su amplitud e intensidad”. “Una estimación más exacta exigiría estimar una multiplicidad de variables para las que no existen referencias lo suficientemente recientes”, dice.

 

Y es que el aumento de la contratación indefinida podría llevar al empresario a destinar el ahorro en inversión productiva, generando una nueva ronda de contratación. Además, la rebaja podría repercutir en los precios y, con ello, tanto en la competitividad como en la demanda interna, que también se verá favorecida por una mayor estabilidad en el empleo, que influye en la productividad y en las decisiones de compra y ahorro de los ciudadanos.

 

Asimismo, el aumento del empleo permitirá reducir las cuantías de fondos públicos destinadas a las prestaciones sociales, y también generará una mayor recaudación fiscal y una ampliación de la base de cotización. El Gobierno prevé además que este menor coste en cotizaciones sea un “incentivo para el afloramiento de empleos sumergidos”.

 

Con todo ello, el “impacto positivo” de la reforma laboral sobre la dualidad del mercado de trabajo se “acentuará y acelerará” gracias a la 'tarifa plana', reduciéndose así “sustancialmente” los costes asociados a “sustituir la tradicional flexibilidad del mercado laboral español a base de contratos temporales por una apuesta por el contrato indefinido en un nuevo marco regulatorio en el que la flexibilidad interna es mayor”.

 

Detalles de la tarifa plana

La nueva 'tarifa plana' se aplicará a los contratos indefinidos que se firmen entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre de este año, sin que incluya requisitos de edad, género u otras circunstancias para los trabajadores ni tampoco restricciones sobre el número de empleados o fecha de creación para las empresas.

 

Las únicas condiciones serán estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no haber extinguido trabajos por causas objetivas, despidos disciplinarios improcedentes o despidos colectivos en los seis meses anteriores --en caso de EREs, no afectará a las extinciones producidas antes del 25 de febrero--.

 

Además, la contratación deberá suponer un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel total de la empresa que se mantenga durante un periodo de 36 meses. En caso de incumplimiento de esta condición habrá que reintegrar la diferencia de cuantía con respecto a las cotizaciones ordinarias pero sin recargos ni intereses de demora, que sí se pueden exigir en caso de otros quebrantamientos.

 

De este modo, si no se mantiene el nivel de empleo durante al menos un año se deberá reintegrar el 100% de la diferencia, mientras que si tal incumplimiento se produce a los 24 meses se reintegrará el 50% y si tiene lugar durante el tercer año, habrá que devolver el 33% de la cuantía.

 

De 50 a 100 euros

Así, durante un máximo de dos años se pagará una cuantía reducida --100 euros para contratos a tiempo completo y entre 75 y 50 euros para contratos a tiempo parcial en función de la jornada-- de las cotizaciones por contingencias comunes que paga el empleador, sin que afecte al resto de aportaciones. Las horas complementarias no se incluirán en la tarifa plana y, por tanto, deberá cotizarse de forma normal por ellas.

 

La aplicación de esta tarifa no tendrá impacto en las prestaciones económicas a las que puedan tener derecho los trabajadores, que se calculará respecto del importe íntegro de la base de cotización, pero sí será incompatible con cualquier otro beneficio en la cotización.

 

Según el Ejecutivo, esta medida “coyuntural y excepcional” permitirá “incentivar la contratación” y beneficiará a las “empresas que apuesten por incrementar sus plantillas de manera estable”, sobre todo a las pymes, para las que la contratación es más costosa. Con todo ello, se conseguirá que la recuperación económica y del empleo sea “más rápida”.

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