Resumen de Prensa Semanal

Semana 12

18/03/2013 al 24/03/2013

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Prejubilaciones más tardías, más caras y más exigentes desde abril

cincodias.com, 17/03/2013

Las empresas tienen dos semanas para pactar salidas con menores costes.

Báñez ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los pensionistas.

 La gran empresa costeará el paro de sus prejubilados aunque tenga pérdidas

 Trabajar y recibir el 50% de la pensión, desde abril

 El Gobierno extrema el control contra el fraude en la nueva regulación de pensiones

 

Jubilarse antes de tiempo será, desde el próximo 1 de abril más difícil para los trabajadores y más caro para las empresas. Esto es fruto de un Real Decreto diseñado por el Ministerio de Empleo para intentar retrasar la edad real a la que se retiran los españoles (ahora fijada en 63,9 años).

 

No obstante, el texto aprobado este viernes y que previsiblemente se publicará este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), indica que todos los convenios o pactos de empresa, desarrollados entre agosto de 2011 y que incluyan acuerdos de prejubilaciones que impliquen las modalidades de jubilación parcial o anticipada, se respetarán; y a estos retiros se les aplicarán las actuales condiciones, más laxas para el trabajador y más baratas para la empresa. Estos acuerdos podrán registrarse hasta el 15 de abril; y se respetarán todas las jubilaciones parciales y anticipadas pactadas antes del 1 de abril y que se ejecuten hasta 2019.

 

Estas son las novedades aprobadas:

 

Jubilación anticipada forzosa

La edad de acceso se retrasa de 61 a 63 de forma progresiva y acompasada con el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años. Así, siempre será cuatro años antes de la edad legal de retiro en cada momento. Y este año empezará siendo de 61 años y un mes.

 

Deberán ser demandantes de empleo al mensos seis meses antes por despido colectivo, objetivo, resolución judicial por concurso o por fuerza mayor.

 

El periodo de cotización exigido pasa de 30 a 33 años. Y se rediseñan los coeficientes penalizadores más duros, estableciendo unos recortes de la pensión por cada trimestre que oscilan entre el 1,875% y el 1,5% en función de los años cotizados (ver gráfico).

 

Jubilación anticipada voluntaria

La edad de acceso se retrasa a los 65 años también de forma progresiva y acompasada con el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Siempre será dos años antes de la edad legal de retiro.

 

La pensión que resulte tiene que superar a la pensión mínima que le correspondería al interesado al cumplir los 65 años, para que los coeficientes a mínimos no compensen la penalización de esta pensión. Y los coeficientes penalizadores oscilarán entre el 1,625% y el 2% por trimestre que se jubile antes de la edad legal de retiro (ver gráfico).

 

Jubilación parcial

Se retrasa de los 61 a los 65 años con la misma escala de progresividad que la jubilación anticipada voluntaria. Y los años cotizados exigidos pasan de 30 a 33. Se deberá tener una antigüedad de seis años en la empresa y la reducción de jornada del jubilado parcial será de entre el 25% y el 50% (hasta el 75% si el trabajador con contrato de relevo que le sustituya es indefinido). Además tanto el jubilado como el relevista cotizarán por el 100% de la jornada.

 

Compatibilidad de salario y pensión

Los trabajadores que hayan cumplido la edad de jubilación y tengan derecho al 100% de la pensión podrán compatibilzar, si siguen trabajando, el salario con el 50% de la pensión.

Otras medidas

Ahorro

Las jubilaciones anticipadas y parciales tienen un coste anual para las arcas de la Seguridad Social de unos 10.000 millones de euros. Según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Empleo las medidas aprobadas este viernes supondrán aminorar este coste en 5.000 millones cuando todos los nuevos requisitos estén plenamente vigentes. Esto será, según la ley actual, en el año 2027.

 

Banca rescatada

El Gobierno también aprobó una disposición adicional por la que se conformará un grupo de trabajo, compuesto por miembros de Empleo, Economía y Hacienda, que supervisará las propuestas de acuerdo de ajuste laboral en las entidades participadas por el FROB (Bankia, Novagalicia, Catalunya Banc y Banco de Valencia) o aquellas financiadas por él (BMN, Liberbank, Ceiss y Caja 3).

 

Autónomos

La jubilación anticipada voluntaria, hasta ahora reservada al Régimen General, se permitirá, por primera vez en todos los Regímenes de la Seguridad Social, incluidos los trabajadores autónomos.

 

Funcionarios

Los funcionarios de carrera podrán compatibilizar el salario y la pensión siempre que hayan cubierto el 100% de su haber de cotización. Si bien el empleo que ejerzan tras cumplir la edad de jubilación deberá ser en el sector privado.

 

Subsidio

El Gobierno endurece también el acceso al subsidio de desempleo de los mayores de 55 años. Hasta ahora se tenía en cuenta la renta del interesado y se pasa a computar todas las rentas familiares. Esta, dividida entre todos sus miembros, no podrá superar el 75% del salario mínimo.

 

El Constitucional admite el recurso contra la no revalorización de pensiones

cincodias.com, 19/03/2013

Las partes tienen hasta finales de mes para personarse en el proceso

 

El Ejecutivo ha recibido un primer revés del Tribunal Constitucional, que ha decidido admitir a a trámite el recurso que presentaron PSOE, CiU, la IzquierdaPlural (IU-ICV-CHA), PNV y UPyD contra la decisión del Gobierno de no actualizar y revalorizar las pensiones este año en función del IPC de noviembre de 2012.

 

La decisión, conocida hoy, tiene fecha de 12 de marzo y da a las partes quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que se estimen convenientes. Así, el TC ha acordado trasladar al Congreso y al Senado esta decisión, a través de sus presidentes;y al Gobierno, mediante el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que puedan realizar dichas alegaciones.

 

PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y UPyD presentaron el recurso de inconstitucionalidad el pasado 26 de febrero contra la decisión “retroactiva” del Gobierno de no actualizar las pensiones a pesar del encarecimiento de la vida.

 

Los diputados basan su recurso en que los pensionistas han perdido poder adquisitivo, ya que sus prestaciones sólo se han subido para 2013 un 1 %, cuando el IPC de noviembre del año pasado -que se toma por ley como referencia para compensarles por subidas del IPC por encima de lo previsto- se situó en el 2,9%.

 

Ante esta desviación, consideran que el Gobierno debe abonarles esa diferencia de 1,9 puntos porcentuales. Los firmantes denuncian que el Ejecutivo ha vulnerado el derecho de los pensionistas porque si se les priva de esa compensación se les resta parte de lo que han cotizado.

 

Los diputados recuerdan que el artículo 50 de la Constitución contiene un mandato por el que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

 

Por ello, coinciden en que, en la actual recesión, las pensiones constituyen un “colchón” y contribuyen a la cohesión social frente a las elevadas tasas de desempleo que obligan a muchos hijos a retornar a casa de sus padres.

 

Fue el pasado 30 de noviembre cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció tras la reunión del Consejo de Ministros que el Ejecutivo no compensarían en 2013 a los pensionistas por el desvío del IPC de 2012.

 

Si bien para aliviar esa pérdida de poder adquisitivo, anunció que las pensiones de menos de 1.000 euros subirían en 2013 un 2% (en lugar del 1% previsto en los Presupuestos Generales del Estado) y el resto de cuantías superiores mantendrán el incremento del 1%.

 

Según calculó Báñez entonces la subida máxima del 2% en 2013 ha afectado aproximadamente al 70% de los pensionistas que cobran menos de 1.000 euros mensuales.

 

Esta decisión de no revalorizar las pensiones en 2013 pero subir entre un 1% y un 2% las prestaciones tiene un coste de 1.513 millones de euros, que se computarán como gasto del presente ejercicio.

 

Decisión “muy difícil y dolorosa”.

De esta forma, el Gobierno se ahorra unos 2.000 millones de euros que habría tenido que abonar el pasado año si hubieran cumplido la ley, lo que habría aumentado el déficit del Estado dos décimas.

 

Según indicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez en el momento de anunciar la decisión cuya adecuación a la legalidad evaluará ahora el Tribunal Constitucional, se trató de una “decisión muy difícil y dolorosa porque es lo último que queríamos hacer pero no teníamos otra opción porque la prioridad es cumplir con los objetivos de déficit público para que España pueda financiarse y salir de la crisis.”

 

 

Uno de cada cinco mayores de 55 años no podrá cobrar el subsidio de desempleo

cincodias.com, 20/03/2013

Báñez cuantifica las cifras del nuevo recorte en el seguro de desempleo, el tercero del Gobierno

A partir de ahora se tendrá en cuenta la renta de la unidad familiar

 

Así lo ha admitido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la sesión de control al Gobierno. La medida solo afecta a las nuevas solicitudes no a quienes ya cobran el subsidio.

 

El pasado viernes el Gobierno aprovechó la reforma de la jubilación parcial y anticipada para recortar el subsidio de desempleo para mayores de 55 años. No elevó la edad, pero endureció la prueba de rentas. A partir de ahora solo tienen derecho a percibir esta ayuda los desempleados que demuestren que los ingresos medios de su familia no superan el 75% del salario mínimo interprofesional (645,3 euros al mes). Dicho de otra forma, un parado mayor de 55 años no podrá cobrar este subsidio si su pareja cobra más de 903 euros al mes.

 

En su intervención en el Congreso, la ministra Báñez trató de resaltar el anverso de la moneda, que para cuatro de cada cinco posibles beneficiarios el cambio será inocuo. No obstante, esos números cuantifican el efecto de una medida que el Gobierno no facilitó el pasado viernes, cuando la aprobó el Consejo de Ministros.

 

Este nuevo recorte en el seguro de desempleo es el tercero que aplica este Gobierno, y el tercero durante la crisis. Ya el verano pasado, el Ministerio de Empleo endureció el acceso al subsidio de desempleo al eliminar el especial destinado a mayores de 45 años y elevar la edad mínima de acceso en el ordinario de 51 años a 55. Apenas unas semanas después, llegó una nueva vuelta de tuerca: para poder cobrar del plan PREPARA (la ayuda de 400 euros para aquellos parados que han agotado la prestación y el subsidio), se creó un requisito exactamente igual que el que ahora se exige para el subsidio.

 

El pasado enero, último mes con datos disponibles, cobraron el subsidio 1.236.617 parados, lo que supuso un gasto total de unos 591 millones (de los 2.777 millones que emplearon los Servicios Públicos de Empleo en pagar el seguro de desempleo). No obstante, hay que tener en cuenta que en lo referente al subsidio para mayores de 55 años hay 375.000 beneficiarios y unas 7.000 solicitudes mensuales. Además, como la medida solo afecta al 20% de los nuevos solicitantes y muchos de los actuales beneficiarios todavía estarán bastante tiempo percibiendo el subsidio, tendrá que pasar un periodo bastante largo hasta que comiencen a verse caídad significativas de esta factura.

Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúan en 1.596.391 en febrero

elderecho.com, 21/03/2013

La afiliación baja este mes en -3.964 personas, el -0,25% respecto a enero.

 

La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos extranjeros descendió en febrero de 2013 en 3.964 ocupados, lo que equivale al -0,25%. En términos anuales, la evolución de la tasa de afiliación de personas de procedencia extranjera continúa siendo negativa y por encima de la del total de empleados.

 

La variación anual entre el colectivo registró un retroceso del -5,06% frente al -4,42% del conjunto del Sistema. Ambos indicadores revelan que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores, en el sentido de que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.

 

Hay que señalar que en la provincia de Huelva la campaña de recogida de la fresa se refleja en un aumento mensual del 16,75% en la afiliación al sistema. Otras comunidades autónomas como Baleares también reflejan valores positivos tanto en tasa mensual (2,92%) como anual (0,09%).

 

El balance general de febrero refleja que del total de extranjeros afiliados, 1.596.391, 995.890 procedían de países de fuera de la Unión Europea. El resto, 600.502 personas, de países comunitarios.

 

Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el Régimen General: 937.879 trabajadores, dato que no incluye el Sistema Especial Agrario (214.504) y el de Hogar (226.558); le sigue el de Autónomos, con 212.907; el Régimen Especial del Mar, 4.110 y el del Carbón que registra 434 ocupados.

 

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número medio de afiliados extranjeros, con 349.977 trabajadores (21,92%), seguido de la Comunidad de Madrid, con 346.477 (21,70%); Andalucía, con 205.688 (12,88%); y la Comunidad Valenciana, con 170.116 (10,66%).

 

Por sexos, de la cifra total de 1.596.391 afiliados, 845.319 son hombres y 751.072 mujeres.

 

 

Las empresas eliminan el bonus que pagaban por ir a trabajar

expansion.com, 21/03/2013

La reforma laboral permite a las compañías descolgarse de los convenios y recortar antiguos privilegios de la plantilla, como el pago de pequeños incentivos por no faltar ningún día al puesto de trabajo.

 

Los incentivos que daban algunas empresas a sus trabajadores por ir a trabajar con el fin de frenar el absentismo tienen los días contados. Los efectos de la última reforma laboral han favorecido que las empresas puedan poner coto a los beneficios que los empleados percibían en caso de cumplir con su deber de asistir a su puesto de trabajo. Uno de los aspectos más efectivos de la nueva regulación ha sido la posibilidad que se da a las empresas de descolgarse de los convenios, permitiendo a las compañías alterar algunos de los aspectos relacionados con el absentismo.

 

De hecho, una de las cuestiones clave que se están modificando en los convenios son las prestaciones que existen en España relacionadas con las bajas. Así lo ha puesto de manifiesto José Luis Checa, subdirector general de Gestión de Fremap, durante una ponencia en el Foro Asesores, organizado por Wolters Kluwer en Barcelona.

 

Sin embargo, donde más se ha notado el descenso de bajas es en la Administración Pública, donde algunos colectivos como el de las fuerzas de seguridad (en todas las comunidades autónomas) llegaron a tener un 35% de absentismo medio, por enfermedades de origen psicológico en la mayoría de los casos. Esta situación está cambiando notablemente ahora que se ha reducido, o incluso en algunos casos eliminado, lo que cobran los trabajadores públicos durante los primeros días de baja. "Hemos pasado de casi ganar más estando de baja a percibir bastante menos en estas circunstancias", advirtió el experto.

 

Según Checa, la reforma laboral también ha conseguido disminuir la reincidencia en las bajas de corta duración (aquellas inferiores a veinte días). Esto se explica por la inclusión del absentismo, en el nuevo marco legal, como causa de despido por razones objetivas.

 

En concreto, la reforma del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores permite despedir a empleados por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año. Sin embargo, este nuevo panorama también puede provocar el efecto perverso de incentivar que las bajas tiendan a superar los veinte días para no entrar en este recuento.

 

Reforma en marcha
En medio de toda esta situación, el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social está preparando una reforma con la que atajar el problema de las bajas laborales. Sin embargo, el borrador del Real Decreto que regula un nuevo modelo de gestión de las incapacidades temporales ha levantado críticas generalizadas provenientes de casi todos los sectores implicados. Después de que la ministra Fátima Báñez prometiera a las mutuas la gestión de las altas y las bajas de los trabajadores, el borrador que se maneja en estos momentos parece haber dado marcha atrás en esta medida.

 

El texto introduce dos novedades fundamentales. De un lado, uno de los aspectos más polémicos de la reforma sería la posibilidad de que las mutuas puedan presentar las propuestas de alta de los trabajadores a los médicos de atención primaria directamente, en lugar de a los inspectores, como ahora, algo que no ha sentado bien a estos últimos por la pérdida de poder que implica.

 

La otra novedad es que, si esa propuesta de alta no es contestada por el médico en un plazo de cuatro días, se considera que el enfermo está en situación de "alta presunta" por silencio administrativo, por lo que, una vez que se lo comunique la empresa, debería reincorporarse a su puesto de trabajo.

 

En opinión de Checa, en esta reforma se echa de menos que se hable más de la salud de los trabajadores y la forma más eficiente de curarlos, en lugar de entrar en tantos aspectos formales o de burocracia. En esta línea, explicó que precisamente el exceso de burocracia es actualmente el principal problema que tiene España en el ámbito del absentismo laboral. Y puso un ejemplo: a un enfermo que está un mes de baja pueden llegar a verlo hasta siete médicos diferentes sólo para decidir sobre su situación laboral. "Me parecen muchos recursos y mucha ineficiencia y casi todo lo que se hace es mover papeles", criticó este experto, que lamenta "el tremendo entramado" que existe en España para la gestión de las bajas y las altas.

 

La factura del absentismo laboral
El coste de las faltas de asistencia no está en la atención médica o en la farmacia, sino en las prestaciones sociales. Según el directivo de la mutua Fremap José Luis Checa, los médicos de atención primaria muchas veces no son realmente conscientes del precio de esta situación y eso hace que sean más laxos.

 

La factura de las prestaciones sociales por bajas médicas fue el año pasado de entre 5.000 y 7.000 millones de euros, tanto por enfermedad común como por accidentes de trabajo, mientras que el coste de los tratamientos, medicamentos o pruebas diagnósticas es infinitamente menor, según este experto.

 

A eso habría que sumar todos los costes indirectos que supone a una empresa tener un trabajador ausente, cifra a la que generalmente pueden hacer frente las grandes y medianas compañías, aunque no ocurre lo mismo con las pequeñas empresas o las micropymes, para las que puede ser un drama.

 

Báñez acelera el factor para reformar las pensiones

cincodias.com, 21/03/2013

El Gobierno intentará pactar con los grupos parlamentarios el diseño de este indicador

La reforma inicial contemplaba que no estuviera operativo hasta 2027

 

En los próximos días, los responsables del Ministerio de Empleo cerrarán la creación de un grupo de expertos “independientes y con profundo conocimiento de cómo funciona el sistema de pensiones”, según dijo hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, que tendrán como cometido hacer una propuesta para el diseño del denominado factor de sostenibilidad. Este consistirá en el establecimiento de un conjunto de indicadores y parámetros económicos que si se producen, activarán una reforma automática del sistema de pensiones.

 

Dicho factor podrá operar sobre los ingresos (con lo que las futuras reformas recaerían sobre los trabajadores en activo aumentando sus aportaciones, recortando la cuantía de su pensión futura o aumentando sus años de cotización, por ejemplo); sobre los gastos (con lo que afectaría a los que ya cobran, modificando su revalorización anual); o sobre ambos.

 

La última reforma de pensiones aprobada por los socialistas en agosto de 2011, ya recogía la futura creación de este factor, y fijaba su implantación en el año 2027, cuando estuviera plenamente vigente la ampliación de la edad de jubilación a 67 años.

 

Sin embargo, el plan del Gobierno, a instancias de Bruselas, es adelantar la puesta en marcha de su implantación. Para ello, el Real Decreto que aprobó el Gobierno el viernes pasado prevé la creación del citado grupo de expertos, que antes del verano trasladarán al Ejecutivo sus propuestas.

 

Una vez esto ocurra, el Gobierno tiene previsto aprobar este factor de sostenibilidad mediante un proyecto de ley y no mediante decreto, según anunció ayer Burgos en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Esto significa que intentará pactar su creación con los grupos parlamentarios. “Nos va mucho en acertar con el diseño de este factor y, sobre todo, con su implantación”. Esta se adelantará, con toda seguridad, a la previsión inicial de 2027, según los planes de los responsables de Empleo.

 

Sin embargo, Burgos no precisó cuándo se pondrá en marcha. ”Eso dependerá del conjunto de elementos a considerar (para que operen las reformas automáticas del sistema de pensiones) y del momento que se estime más adecuado para su implantación”.

 

Desde luego, añadió el secretario de Estado, “el entorno actual es menos dramático para los cambios que el que se vivía en 209. Y este escenario nos debe permitir diseñar reformas con suficientes cautelas y un alto nivel de acuerdo, pero sin pausa”.

 

Por el contrario,0 Burgos confirmó tácitamente que el real decreto que endurece la jubilación anticipada y parcial recientemente aprobado no se tramitará como un proyecto de ley, sino que se convalidará en el Congreso, por lo que no admitirá las propuestas de los grupos parlamentarios.

 

 

El TC apoya la jubilación a los trabajadores a tiempo parcial

elperiodico.com, 21/03/2013

El Tribunal anula la norma que exige 15 años de cotización por discriminación de sexo

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la norma que obliga a los trabajadores a tiempo parcial a cotizar 15 años para poder acceder a una pensión de jubilación. Para los jueces, esta exigencia vulnera el principio de proporcionalidad con aspecto al derecho de igualdad y por discriminación por razón de sexo. Tras esta decisión, el Gobierno deberá redactar una nueva norma, ya que ahora existe "una laguna legal" sobre estos supuestos.

 

La sentencia resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia después de que le fuera denegada la pensión de jubilación a María Soreira que trabajó durante 18 años, pero 11 de ellos lo hizo a tiempo parcial. El Instituto de la Seguridad Social le denegó la pensión en 1999 porque no había cotizado el periodo mínimo de 15 años.

 

El Tribunal Constitucional analiza en su resolución "la institución" del contrato a tiempo parcial y concluye que afecta "predominantemente" al sexo femenino. En concreto, incluye datos estadísticos como los de la Encuesta de Población Activa que reveló en el 2002 que más de 800.000 mujeres tuvieron este tipo de contrato frente a 198.000 varones. Asimismo, los datos facilitados por el Instituto de la Mujer confirman que un 82,2% de las mujeres firmaron este tipo de contrato en el 2003 y que esta cifra se redujo a 78,2% en el 2012.

 

Además, para los jueces, la exigencia de 15 años cotizados en este tipo de contratos supone "una diferencia de trato". El tribunal sostiene que no se puede aplicar a estos trabajadores la norma de calcular el número de días cotizados "mediante la operación de dividir el número de horas trabajadas entre cinco".

 

Los jueces reconocen que la reforma del 2007 que otorga un plus de medio día cotizado por cada día teórico de cotización ha permitido que haya "menos perjudicados" por esta norma, pero afirman que sigue siendo "potencialmente más perjudicial" para aquellos trabajadores cuyos contratos temporales no sean una excepción. Por ello, los jueces proponen que la Seguridad Social no deniegue la jubilación a estos empleados sino que les pague en función de la cantidad que han cotizado, que será menor que aquellos que han trabajado a tiempo completo.

 

Esta sentencia sienta doctrina y obligara al Gobierno a redactar una nueva norma para establecer las condiciones de acceso a las pensiones de jubilación de este tipo de trabajadores.

 

Europa premia a 21 empresas españolas por crear empleo en plena crisis

abc.es, 22/03/2013

Entre las galardonadas se encuentran Atmira, Casesa, CT Ingenieros o Galletas Gullón

 

La cumbre para el crecimiento Europe’s 500 celebró este jueves un acto en el Parlamento europeo en el que se ha galardonado a 21 empresas empresas españolas por crear empleo en el actual contexto de crisis. En total, han sido reconocidas especialmente 150 empresas europeas, de entre las 500 que este año han sido reconocidas por el ránking europeo con los Europe’s 500 Awards 2013.

 

Estas 150 empresas destacan especialmente por su alto crecimiento y su contribución a la creación de empleo entre los años 2009 y 2011, con un total de 23.000 empleos creados. Entre éstas, destacan 21 compañías españolas que han logrado aumentar un 26% la creación de empleo entre el 2009 y el 2011, y una media del 20% a lo largo del año 2012.

 

Las empresas españolas premiadas son: Atmira, Casesa, CT Ingenieros, Disashop, Establecimientos Coll, Factor Energía, Fragadis, Galletas Gullón, Grupo Siro, Indesign Group, Lacrem, Liwe Española, Macsa ID, Pact 2004, Palex Medical, Ramon Sabater, RDT ingenieros, SACOVA Centros Residenciales, SAR Residencial y Asistencial, Softonic y UNISONO.

 

 

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