Resumen de Prensa Semanal

Semana 12

17/03/2014 al 23/03/2014

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Obligan a readmitir y a pagar dos años de salario a una mujer despedida tras su baja de maternidad

abc.es, 15/03/2014

 La trabajadora perdió su puesto «por bajo rendimiento» tras haber solicitado una reducción de jornada para poder atender a sus dos hijos

 

Un juez ha obligado a una empresa a indemnizar a una extrabajadora con dos anualidades de salario más el pago de las nóminas dejadas de percibir durante este tiempo por una "vulneración de los derechos fundamentales vinculados a la maternidad".

 

La mujer, S.A.B, madre de dos menores, trabajaba como teleoperadora en la campaña de atención telefónica de una agencia de seguros, y fue despedida "por bajo rendimiento" tras haber solicitado una reducción de jornada para poder atender a sus dos hijos, según un comunicado la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET).

 

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, ha declarado dicho despido nulo y ha condenado a la empresa, dedicada a la intermediación financiera, a readmitir a la empleada.

 

El juez ha considerado que el despido de la trabajadora estaba "claramente vinculado a la maternidad y a la condición de mujer" y que, por tanto, la conducta de la empresa demandada ha sido "dolosamente vulneradora de los derechos fundamentales" vinculados a la conciliación de la vida familiar.

 

De acuerdo al magistrado, esta "indemnización ejemplar" se debe a la gravedad del daño y la imposibilidad de su reparación, "ya que los hijos de la demandada nunca volverán a tener la edad que tenían al tiempo de solicitar la reducción de jornada".

 

 

Las dudas y recelos que despierta la 'tarifa plana' de Báñez

cincodias.com, 18/03/2014

Si hay algo en lo que coinciden todos los expertos a la hora de evaluar la nueva tarifa plana para la contratación de nuevos trabajadores fijos es en la complejidad que tiene calcular sus efectos. ¿Servirá para crear empleo neto? ¿tendrá un elevado coste para las arcas de la Seguridad Social o, por el contrario, tendrá un efecto neutro o incluso positivo? ¿generará un efecto sustitución de trabajadores caros por baratos?

 

Las respuestas a estas preguntas dividen a los economistas. Para empezar, algunos de ellos echan mano de la experiencia y los estudios realizados para asegurar que históricamente otras bonificaciones similares “han servido para crear poco empleo neto”, ha asegurado el director de Coyuntura y Estadísticas de Funcas, Ángel Laborda.

 

Sin embargo, son mayoría los consideran que la tarifa plana sí servirá, al menos, para incentivar la contratación indefinida debido al ahorro de costes que supone. Según distintos cálculos, para el último dato del salario mediano en España, que roza los 20.000 euros anuales, estos ahorros oscilan entre los 3.500 euros y los 3.700 respecto a contrato indefinido no bonificado o un temporal, durante los dos primeros años de aplicación de la medida.

 

La clave, por tanto, es cuánto de este nuevo empleo será adicional o neto. Esto es, cuantos nuevos contratos se harán, además de los que ya se iban a hacer en cualquier caso sin este incentivo. Esta variable, marcará también a lo que ascenderá el coste de oportunidad de la medida. Según el cálculo de los expertos de Fedea, José Ignacio Conde Ruiz, Marcel Jansen y José Ignacio García Pérez, en su blog Nada es gratis, este “peso muerto”, como lo denominan, costará unos 5.000 millones que se “regalarán a las empresas por algo que hubieran hecho igualmente”.

 

A este coste se añade el puramente financiero, que representa lo que dejarán de ingresar las arcas de la Seguridad Social por un lado por la bonificación e ingresarán, por otro, por las cotizaciones de los nuevos empleos netos generados por esta medida. El Gobierno calcula que se generará el suficiente empleo como para que este efecto sea neutro. Algo que la mayoría de los expertos duda, sin atreverse a hacer estimaciones.

 

A esta incertidumbre sobre el coste, se añaden las dudas sobre cuanta cantidad de empleo neto se generará. Los expertos de Fedea también estiman que no serán muchos los nuevos puestos debido a dos cuestiones. La primera es que creen que muchos contratos se extinguirán cuando termine la bonificación. Y, en segundo lugar, explican que muchas empresas harán una estrategia de contratación destinada a sustituir trabajadores fijos caros, por nuevos indefinidos bonificados.

 

Es precisamente ese efecto sustitución uno de los que más preocupa al profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García. “Este riesgo se eliminaría si el Gobierno ampliara de un mes a tres meses, por ejemplo, el periodo de referencia para calcular si el incremento del empleo es neto”. Dicho esto, García resalta “el perfil electoralista de la medida, orientada a intentar un incremento rápido del empleo”. Aunque precisa que “una de las pocas virtudes de esta iniciativa será hacer un ensayo para ver hasta que punto el coste del empleo incide sobre la dualidad entre los temporales y los fijos”.

 

En este terreno, el investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y profesor de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Lorenzo Serrano, precisa que este efecto sustitución será positivo en el caso de que esta afecte a las conversiones de temporales en fijos.

 

En cualquier caso, la parte más positiva, según la mayoría de los consultados, es el efecto “quitamiedos” que puede ejercer ante las cautelas de los empresarios a la hora de contratar, según explica el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Joaquín Trigo. Algo que también señala Serrano: al estar acotado en el tiempo –hasta finales de 2014– “servirá para apretar el pedal de las contrataciones”, concluye.

 

El Congreso debate hoy el contrato único con indemnización creciente

expansion.com, 18/03/2014

La empresa tendrá derecho a compensación por la formación al trabajador si se marcha antes de dos años desde su contratación.

 

El Pleno del Congreso debatirá este martes la proposición de ley presentada por UPyD para crear un contrato único indefinido con una indemnización creciente en función de los años trabajados y con una mayor racionalidad en las bonificaciones y reducciones de cuota a la Seguridad Social que se pueden aplicar.

 

La formación magenta asegura que con el contrato único, su principal reivindicación en materia laboral, se podría reducir la segmentación del mercado de trabajo, luchar contra la precariedad, y simplificar las cargas administrativas "realmente, y no con campañas de publicidad engañosa como la supuesta reducción de modelos" que ha aplicado el Ministerio de Empleo.

 

El contrato único también redundaría, dice UPyD, en una mayor flexibilidad para las empresas, garantizando a la vez la seguridad para los trabajadores.

 

En concreto, la iniciativa, que recoge Europa Press, pasa por modificar normas como el Estatuto General de los Trabajadores, la Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre otras.

 

Indefinidos o por sustitución

Así, se podrán firmar contratos por tiempo indefinido o para cubrir una interinidad para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto. Los contratos por obra y servicio no podrán tener más de dos años de duración (ampliables doce meses por convenio). Transcurrido ese plazo, no se podrá alegar como causa objetiva de despido el fin de la obra o servicio.

 

La indemnización será de doce días de salario el primer año de contrato, aumentando en dos días por año hasta el límite de 24 días, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. Si el despido es improcedente, la indemnización se elevará a 22 días de salario por el primer año y dos más por cada ejercicio adicional hasta 34 días con un máximo de 24 mensualidades.

 

Además, se plantea que cuando "se prevea que se podrán extinguir" los contratos por algunos de los supuestos previstos en el Estatuto de los Trabajadores se elevará en dos puntos la cotización empresarial a la Seguridad Social mientras duren esas posibles causas para "financiar el desempleo".

 

También se da opción a suscribir un contrato a tiempo parcial por tiempo indefinido o interinidad, aunque el empresario estará obligado a hacer constar en el contrato el número de horas ordinarias por día, semana, mes o año, y su distribución durante la jornada. Si la actividad es discontinua también deberá figurar una estimación sobre la duración de la jornada.

 

La parte variable del tiempo de trabajo no podrá exceder del 10% de la parte fija y su comunicación deberá llegarle al trabajador con al menos cinco días de preaviso. Además, los contratados a tiempo parcial no podrán hacer horas extraordinarias salvo en los casos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

 

UPyD propone también que sólo se puedan convertir contratos a tiempo completo en tiempo parcial (o viceversa) de manera voluntaria para el trabajador y "impuestos de forma unilateral" ni ser causa de despido o sanción por rechazar la conversión. Los trabajadores de esta modalidad deberán asimismo contar con medidas para facilitar su acceso a la formación profesional continua.

 

En los contratos a tiempo parcial se concederá derecho a prestación por desempleo a los trabajadores durante sus periodos de inactividad y para poder acceder a la jubilación parcial deberán acordar con la empresa una reducción de jornada y salario de entre el 25% y el 60%. Además, la compañía estará obligada a concertar simultáneamente un contrato de trabajo único indefinido para sustituir la parte de jornada que queda vacante.

 

Periodos formativos

Por otra parte, se acepta que se pueda acordar la existencia de un periodo de prácticas siempre y cuando se firme dentro de los cinco años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios o de ocho años si el contrato es para un trabajador con capacidad reducida o limitada.

 

No obstante, este periodo deberá realizarse en un puesto que permita obtener unas experiencia profesional "adecuada al nivel de estudios o formación cursada" y su duración deberá ser de entre los seis meses y los dos años. No se podrá estar en prácticas más de dos años en la misma o distinta empresa en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad, ni tampoco en el mismo puesto aunque se pretenda obtener otra titulación.

 

También se fijan máximos de uno o dos meses -según el nivel de cualificación- en los periodos de pruebas para quienes sean contratados tras tener un contrato de prácticas, y las retribuciones durante este tiempo deberán ser de al menos el 60% el primer año o del 75% el segundo del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. El tiempo en prácticas contará para la antigüedad.

 

Al margen del contrato en prácticas también se podrá acordar con trabajadores mayores de 16 años sin cualificación profesional un periodo de formación, alternando la actividad laboral retribuida con actividad formativa en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo, incluido el universitario.

 

La duración de este periodo formativo irá de dos a cinco años según el nivel de formación, aunque los convenios podrán fijar diferentes duraciones según las necesidades organizativas o productivas de la empresa, aunque siempre dentro de la horquilla que va de los seis meses a los cinco años.

 

En lo que respecta a la actividad laboral durante el periodo de formación, la jornada de trabajo no podrá superar el 75% de la jornada máxima legal o fijada en el convenio, no se podrán realizar horas extraordinarias ni trabajos nocturnos ni turnos. La retribución se fijará en proporción al trabajo efectivo pero nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en proporción a la jornada.

 

El periodo formativo también computará en la antigüedad y el trabajador en estas circunstancias "podrá concertar un pacto de permanencia (de dos años como máximo) en la empresa para el periodo inmediatamente posterior a la finalización de la formación". Si el empleado se marcha a otro trabajo en ese tiempo, la empresa que le pagó la formación tendrá derecho a una compensación económica del nuevo empleador.

 

Otros cambios

Finalmente, la proposición de ley de UPyD plantea otras medidas para reforzar el poder de la Inspección de Trabajo al "hacer que sus actas sean directamente ejecutables" o para que los contratos de colaboración que duren más de seis meses dentro del mismo ejercicio se firmen como contratos laborales por cuenta ajena o, en su defecto, sean considerados indefinidos.

 

También se fija que los autónomos dependientes coticen un punto más a la Seguridad Social y se pide al Gobierno que las bonificaciones y reducciones de las cuotas a la Seguridad Social sean sólo para los contratos "que más se prolonguen en el tiempo de forma progresiva".

 

La formación magenta reclama asimismo una reforma de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y precisa que esta proposición de ley debería entrar en vigor dos meses después de ser publicada en el BOE, aunque sólo con efecto para los contratos firmados a partir de esa fecha.

 

Los sabios proponen eliminar los topes de cotización a la Seguridad Social

eleconomista.es, 19/03/2014

El tratamiento fiscal que el Informe Lagares propone para las pensiones públicas y privadas no sólo es contradictorio sino que además, y en opinión de los economistas consultados por este diario, puede mermar aún más la sostenibilidad del actual sistema. Fiscalblog: El perfectamente prescindible informe de la Comisión de Expertos.

 

En su documento, los sabios apuestan por eliminar las bases máximas de cotización para mantener la proporcionalidad entre la contribución al sistema y la futura prestación. Esto, si se hace manteniendo el tope sobre la pensión máxima a la hora de cobrar esa prestación, podría resultar confiscatorio. Y si se eliminase ese tope, como parecen sugerir los autores del informe, el gasto del actual sistema se dispararía y financiarlo se convertiría en misión imposible.

 

Fuentes del mundo académico señalan a elEconomista que el informe no deja de estar elaborado por fiscalistas o hacendistas que no conocen muy bien la materia de la Seguridad Social. "Sería como si el cuerpo humano tuvieran que estudiarlo mecánicos", apuntan.

 

Un buen ejemplo de ello es el hecho de que el grupo de sabios critique los topes máximos de cotización por entorpecer el sistema, y no entiendan que su razón de ser es que también existen límites máximos de pensión.

 

Solidaridad y redistribución

Acabar con ellos, señalan, "no contribuye" a la esencia de la Seguridad Social, que no deja de ser la redistribución interna de la renta y la solidaridad intergeneracional, porque "no se pueden mantener pensiones de 6.000 euros al lado de otras de 400 euros. Eso no es Seguridad Social", sentencian.

 

Por su parte, Rocío Gallego, Profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) señala que parece incongruente que, por un lado, se hable de fomentar la previsión privada a largo plazo y por el otro, el informe, tal y como se señala en la parte del IRPF, ponga en entredicho la deducibilidad de todos estos instrumentos, en cuyo caso dejarían de tener sentido.

 

Otro aspecto que resulta poco coherente, tendría que ver, en su opinión, con el tema de la contributividad, dado que los expertos se decantan por eliminar los topes a las bases máximas de cotización y por informar a los pocos asalariados a los que afectaría esta medida para que pudieran hacerse un plan de pensiones privado (planes que, según el grupo de expertos capitaneado por Lagares, no pueden promoverse ahora fiscalmente por la situación complicada que atraviesan las cuentas públicas y el proceso de reducción del déficit en que se encuentra inmerso el Estado).

 

Así, entiende que el modelo propuesto acaba con la contributividad "por arriba", y hace hincapié, además, en que la intención de los sabios de ampliar el cálculo de las pensiones teniendo en cuenta toda la vida laboral perjudica a los colectivos que quedan expulsados del mercado en el tramo final de su vida laboral.

 

Fuentes de financiación

Los economistas explican, además, que en todos los países y épocas, la Seguridad Social ha estado financiada por tres fuentes, esto es, las aportaciones realizadas por las empresas, aquellas que provienen de los trabajadores y las que hace el propio Estado a través de los impuestos. En España, a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, como Dinamarca, la mayor fuente de financiación del Sistema son las empresas y los trabajadores.

 

Consideran que el hecho de que la Seguridad Social se financie a través de impuestos no es un problema, si bien recalcan: "Una cosa es que una parte de tu IRPF vaya destinado a la Seguridad Social y otra, que pagues un impuesto sobre tu nómina", como parecen indicar los sabios en su documento de propuestas.

 

Por definición, un impuesto no está afectado a un destino (un contribuyente no sabe si va destinado a becas, a embajadas o a cualquier otra partida), porque de lo contrario estaríamos hablando de una tasa. Como, aparentemente no habría diferencia entre uno y otro -cotización e impuesto-, las fuentes consultadas no entienden qué motivo pueden tener los expertos para alegar que un impuesto sobre la nómina vaya a ser mejor para el funcionamiento del Sistema que una cotización.

 

Mejorar su funcionamiento

En lo que atañe al Gobierno, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, avanzó ayer que el Ejecutivo está trabajando en el modo de incentivar los planes y fondos privados de pensiones, y consideró preferible avanzar mejorando su funcionamiento a través de cambios fiscales aprovechando la próxima reforma tributaria.

 

Jiménez Latorre señaló que "hay cierta predisposición a esperar mucho de los aspectos fiscales", en relación a los sistemas de previsión privados, pero sin embargo recordó que "hay muchos más incentivos" sobre los que se pueden tomar decisiones.

 

En este sentido, remarcó que, en la medida en que "los márgenes de intermediación son altos, los costes de gestión bajos y las comisiones altas", existe recorrido en este ámbito para impulsar estos productos. En contra de esto, el secretario de Estado añadió que en este caso se trata de "ahorro cautivo" y que el mayor atractivo fiscal "no ha terminado en un traslado de rentabilidad en el ahorrador".

 

Esta misma tarde, el presidente del comité, Manuel Lagares, comparecerá ante la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar a los diputados las principales recomendaciones contenidas en su informe, una vez que éste fue entregado al Gobierno la pasada semana. El Ministerio de Hacienda pretende tener lista su nueva reforma a lo largo de la primavera, para que pueda entrar en la Cámara Baja el próximo mes de junio.

 

Los salarios por hora trabajada crecen un 3,7% en España

expansion.com, 19/03/2014

Los salarios por hora trabajada subieron un 3,7% en España en el cuarto trimestre de 2013 comparado con el mismo periodo del año anterior, informó hoy la agencia comunitaria de estadística Eurostat.

 

En comparación, en la Unión Europea (UE) los salarios por hora trabajada aumentaron un 1,6% y un 1,9% en la zona del euro.

 

Solo en Estonia (7,7%), Lituania (5,8%), Letonia (5,7%), Hungría (4,2%) Bulgaria (4%) y Polonia (3,8%) los salarios por hora trabajada aumentaron más que en España en el cuarto trimestre frente a los mismos tres meses de 2012. En el otro extremo se situó Chipre, donde los salarios bajaron un (6,7%) en el periodo de referencia.

 

Uniendo sueldos y costes no salariales (un aumento del 1,3%), el coste laboral nominal por hora trabajada subió un 3,1% en el cuarto trimestre en España respecto al mismo periodo de un año antes.

 

En la UE se incrementó un 1,4% y en los Dieciocho de la zona del euro 1,4% entre octubre y diciembre.

 

Por sectores económicos, en el cuarto trimestre de 2013 los costes laborales por hora trabajada aumentaron en España un 0,4 % en la industria, descendieron un 0,2% en la construcción y se mantuvieron sin cambios, un 0,0%, en los Servicios.

 

En el denominado sector de los "no negocios", en los que Eurostat incluye entre otras a la Administración Pública, la Defensa, la Sanidad y la Educación, los costes se incrementaron un 10,9% en España en el último trimestre de 2013. Los salarios por hora trabajada, por su parte, subieron un 13,9% en este último segmento en España, en tanto que se incrementaron un 1,4% en la industria, bajaron un 0,5% en la construcción y descendieron un 0,8% en los servicios.

 

En la zona del euro subieron un 1,7 % en la industria; un 0,3% en la construcción; un 0,9% en los servicios, y un 2,1% en los "no negocios". En el conjunto de la UE, los costes laborales por hora trabajada aumentaron un 1,5% en la industria; un 0,5 % en la construcción; un 0,9% en los servicios, y un 1,7% en el sector de los "no negocios".

 

La Seguridad Social gana 5.867 afiliados extranjeros en febrero

europapress.es, 20/03/2014

La Seguridad Social ganó 5.867 cotizantes extranjeros en febrero, un 0,38% más en relación al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.520.688 ocupados, informó este jueves el Ministerio de Empleo.

 

Con el repunte de febrero, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social vuelve a la senda del crecimiento tras ocho meses de recortes mensuales consecutivos. En concreto, no se registraba un aumento de cotizantes extranjeros desde abril de 2013.

 

Del total de inmigrantes en alta al finalizar el mes pasado, 1.293.477 cotizaban al Régimen General; 223.192 al de Autónomos; 3.721 al del Mar, y 298 al del Carbón.

 

En términos interanuales (febrero de 2014 sobre el mismo mes de 2013), la afiliación de extranjeros cayó un 4,7% (-75.704 cotizantes), frente al incremento interanual del 0,38% experimentado en el mismo mes por el conjunto del sistema, el primero desde el inicio de la crisis.

 

Todos los regímenes, en positivo

En febrero, todos los regímenes ganaron afiliados extranjeros en relación al mes anterior, excepto el del Carbón, que se mantuvo estable. El Régimen General incrementó su número de cotizantes extranjeros un 0,37%, el de Autónomos, un 0,40%, y el Régimen del Mar elevó un 7,4% sus inmigrantes afiliados.

 

Dentro del Régimen General, un total de 196.887 extranjeros, el 15,22%, trabajaba en la hostelería, mientras que el 12,59% lo hacía en el comercio (162.799 afiliados), y el 7,18% en las actividades administrativas y servicios auxiliares (92.875 cotizantes).

 

Asimismo, y dentro de este régimen, 195.729 extranjeros se encuadraban en el sistema especial agrario, un 0,3% menos que en enero, y 217.140 en el del hogar, con un aumento mensual del 0,6%.

 

Rumanos y marroquíes, los más numerosos

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre de febrero, seis de cada diez procedían de países no comunitarios (927.477) y el resto (593.210) provenían de países miembros de la UE.

 

Dentro de los países no comunitarios, 184.643 eran de nacionalidad marroquí y 87.176 de nacionalidad china. Ecuador, hasta hace poco el segundo país extracomunitario en aportación de afiliados, totalizaba en febrero 79.662 trabajadores cotizantes, seguido de Bolivia, que cuenta con 66.783 cotizantes.

 

El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Colombia (58.182), Perú (39.330), Ucrania (33.280), Paraguay (31.969), Argentina (28.646) y Pakistán (23.720).

 

Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y británicos son los más numerosos, con 252.021, 58.598 y 51.755 cotizantes, respectivamente. Les siguen búlgaros y portugueses, con 48.799 y 37.636, y alemanes y franceses, con 35.574 y 34.393 afiliados.

 

Cataluña y Madrid concentran el 43,7% de los extranjeros

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social en febrero pasado, al sumar entre ambas el 43,75% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 338.029 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 327.255.

 

Tras estas dos regiones se situaron Andalucía, con 204.336 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 165.216 ocupados; Canarias, con 75.362; Murcia, con 71.757; Baleares, con 51.354; Aragón, con 50.887; Castilla-La Mancha, con 48.787; País Vasco, con 46.351, y Castilla y León, con 42.896.

 

Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar febrero fueron Galicia, con 28.600 extranjeros; Navarra, con 19.062; La Rioja, con 12.135; Asturias, con 12.108; Extremadura, con 10.287; Cantabria, con 9.464, y las ciudades autónomas de Melilla, con 4.191, y Ceuta, con 2.613.

 

Baleares, Murcia y Andalucía fueron las comunidades que registraron el mayor incremento intermensual, con avances del 3,7%, del 2,2% y del 2,21%. Entre los descensos, los más significativos se los anotaron Castilla-La Mancha (-1,8%), Extremadura (-1,7%) y Comunidad Valenciana (-1,5%).

 

CEOE y los sindicatos conservarán la gestión de la formación tras la reforma

eleconomista.es, 21/03/2014

Reforma sí, ma non troppo. Al final, el cambio necesario en el sistema de la formación para el empleo se va a quedar en una remodelación light de la fórmula actualmente vigente, que seguirá dejando el control de la gestión de los fondos y programas en manos de la Fundación Tripartita, integrada por la Administración, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Rajoy se compromete a relanzar el diálogo social. 

 

Una reestructuración bien intencionada, que introduce ligeras mejoras para potenciar la formación directa en las empresas, la libre concurrencia y la transparencia en el control de los dineros y de las actividades programadas, pero que atribuye a las organizaciones representativas de los agentes sociales (CEOE, Cepyme, CCOO y UGT) un papel de "protagonistas en la fase de planificación y diseño del sistema, aprovechando la relevancia que tienen sus conocimientos y experiencia por su cercanía a la realidad productiva, especialmente en el ámbito sectorial ".

 

Son palabras textuales recogidas del borrador entregado por el Ministerio de Empleo a la patronal y las centrales sindicales, en el que se puntualiza, además, que esta participación en la planificación y el diseño se llevará a cabo "sin perjuicio de su posible participación, a través de entidades de formación acreditadas y registradas, como ejecutores de la formación y perceptores de fondos en condiciones de competencia abierta a todos los prestadores de formación que cumplan con los requisitos establecidos de acreditación y registro".

 

Una puerta abierta a la participación en la ejecución de los programas y recursos que invalida en parte el objetivo inicial de que los agentes sociales "dejen de desempeñar un doble papel en el sistema", el de gestión y ejecución. Y una concesión que algunos expertos consultados interpretan como "el peaje" a pagar para el consenso en la reforma y para que Mariano Rajoy pueda obtener esa paz social y colaboración que pidió a los líderes empresariales y sindicales en la reunión que mantuvieron el pasado martes en La Moncloa.

 

 

Más papel directo de las empresas

Otro aspecto que supone una mejora respecto al sistema actual es el aumento de los fondos totales para formación que se destinarán para que las empresas paguen su propia formación directa, mediante el sistema de compensación de cuotas, y que pasa al 80 por ciento de todos los fondos disponibles, frente al 60 por ciento que se les otorga ahora. Además, se flexibilizan también de forma muy elevada las condiciones para que las empresa puedan acceder a formación directa y se potencia la decisión empresarial en la programación de los cursos que estima necesarios .

 

En concreto, el texto del borrador del proyecto considera que esta formación programada por las empresas debe ser "la vía para dar respuesta a las necesidades inmediatas relacionadas con adaptaciones en procesos productivos y en la organización del trabajo".

 

El 20 por ciento restante de los fondos será el que gestione, como ahora, la Fundación Tripartita, para dar cobertura a las necesidades que no atiende la programación empresarial. En este punto, el proyecto del Gobierno da entrada en la Fundación Tripartita a las comunidades autónomas, "manteniendo la participación de las organizaciones sindicales y empresariales e incorporando a profesionales de reconocido prestigio que puedan aportar su labor".

 

En esta formación gestionada por la Fundación es donde reside ahora uno de los principales puntos de desencuentro entre los negociadores, dado que las organizaciones empresariales defienden que los fondos de la formación sean sólo para los trabajadores en activo, mientras que los sindicatos consideran que deben dar cobertura también a la formación de los desempleados, puesto que han estado cotizando mientras eran activos.

 

Sí hay acuerdo ya sobre la fórmula de entrada a los trabajadores autónomos en el sistema de formación. Un cambio que se ha introducido en la ronda de negociaciones que se están llevando a cabo entre el Ministerio de Empleo y los agentes sociales, y que se concreta en que los autónomos aportarán a los fondos de formación el 0,1 por ciento de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

 

La intención del Ministerio de Empleo es que el acuerdo sobre el nuevo sistema de la formación para el empleo esté cerrado a finales de mayo, con objeto de cumplir el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el Estado de la Nación del pasado mes de febrero.

 

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