Resumen de Prensa Semanal

Semana 14

01/04/2013 al 07/04/2013

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Los empleados del hogar con menos de 60 horas al mes gestionarán sus altas

europapress.es, 01/04/2013

Los trabajadores del hogar que presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador deberán ocuparse directamente de su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social cuando así lo acuerden con sus empleadores.

 

Estas novedades para los empleados del hogar, colectivo que pasó a integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social desde enero de 2012 tras suprimirse su régimen especial, han entrado en vigor este lunes.

 

A diferencia de la normativa anterior, que designaba siempre en el empleador esta tarea, los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador deberán ocuparse directamente de su afiliación cuando así lo acuerden con sus empleadores.

 

En todo caso, las solicitudes de alta, baja y variaciones de datos presentadas por los empleados de hogar deberán ir firmadas por sus empleadores.

 

La responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de cotizar al Sistema Especial para Empleados de Hogar en estos supuestos corresponderá al propio empleado y, subsidiariamente, al empleador o empleadores, salvo que éstos acrediten la entrega de sus aportaciones y cuotas por cualquier medio admitido en derecho.

 

Las empresas tienen más difícil recurrir a jubilaciones anticipadas

europapress.es, 01/04/2013

Las empresas que lleven a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE) tendrán más difícil desde este lunes incluir jubilaciones anticipadas y parciales como consecuencia la entrada en vigor de la nueva regulación que endurece el acceso a estas dos figuras para tratar de incentivar la prolongación de la vida laboral.

 

Según el Real Decreto-ley para promover el envejecimiento activo, aprobado el pasado 15 de marzo, esta nueva normativa no será de aplicación para los afectados por ERE aprobados o suscritos antes del 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con efectos anteriores al 1 de enero de 2019.

 

Para que se respeten las condiciones pactadas en el marco de estos expedientes será preciso que los ERE pactados estén debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) antes del 15 de abril.

 

Al margen de estos procedimientos colectivos, la nueva normativa afectará también a partir de este lunes a los jubilados anticipadamente o de forma parcial que no vuelvan a quedar incluidos en alguno de los regímenes de la Seguridad Social.

Las empresas apuran las últimas horas

En estas circunstancias, algunas empresas han acelerado las negociaciones de sus respectivos ERE para asegurarse la posibilidad de aplicar la legislación anterior a la reforma. Es el caso de CaixaBank, que alcanzó una acuerdo con los sindicatos en la madrugada del 26 de marzo para reducir la plantilla de la entidad.

 

En virtud de este acuerdo, no habrá ningún despido forzoso en la entidad y las salidas voluntarias, que se articularán a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), tendrán un tope máximo de 2.600 personas. Además, el plan se desarrollará en dos años, hasta diciembre de 2014.

 

Asimismo, el 27 de marzo, el Grupo Gerdau (Sidenor) aceptó la propuesta de UGT para que todos los trabajadores que cumplan la edad reglamentaria, entre 60 y 61 años, puedan acceder a la jubilación anticipada por contrato de relevo hasta el 31 de diciembre de 2018.

 

En el aire están, sin embargo, los procesos de regulación abiertos en otras empresas como Iberia, que aún no ha alcanzado un acuerdo definitivo y se encuentra aún negociando con los sindicatos medidas de productividad, o Barclays, que ha planteado un expediente colectivo que en un principio afectará a 1.100 trabajadores, cuyo primer periodo de consultas concluyó el pasado lunes sin acuerdo entre la entidad y los sindicatos.

 

¿Cómo se endurecen las jubilaciones?

Así, desde este lunes la norma establece la edad necesaria para la jubilación anticipada forzosa en cuatro años antes de la edad legal, de tal forma que la edad de acceso será en 2013 de 61 años y un mes, y subirá gradualmente año tras año hasta alcanzar los 63 años en 2027.

 

El periodo mínimo de cotización exigido para acceder a esta jubilación pasará de 30 a 33 años y para poder acogerse a esta modalidad se exigirá ser demandante de empleo al menos seis meses de la solicitud, tras un despido colectivo o un despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o una resolución judicial conforme a la Ley concursal. Los coeficientes reductores que se aplicarán sobre la pensión serán de entre el 6%, con 44,5 años cotizados, y el 7,5%, con 38,5 años cotizados.

 

En lo que respecta a la jubilación anticipada de carácter voluntario, se eleva a 35 años el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a esta figura. Además, la edad para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se establece en dos años antes de la edad legal, es decir, 63 años y un mes para 2013, que se irá incrementándose manera progresiva, hasta alcanzar los 65 años en 2027.

 

Los coeficientes reductores sobre la pensión para aquellos que, cumpliendo los requisitos anteriores, se jubilen anticipadamente de manera voluntaria oscilarán entre el 8%, con 38,5 años cotizados, y el 6,5%, con 44,5 años cotizados.

 

En el caso de la jubilación parcial, la edad de acceso se sitúa en dos años con respecto a la edad legal, es decir, 63,1 meses en 2013 y 65 años en 2027. Los años de cotización mínimos necesarios para acogerse a esta modalidad serán 33 (en caso de personas con discapacidad serán 25 años) y se exigirá también al interesado una antigüedad de seis años en la empresa.

 

La subida salarial pactada en convenio alcanza el 0,60%, lejos del IPC

lavanguardia.com, 01/04/2013

Más moderación en los salarios acordados en los convenios de otro ámbito que en los de empresa

 

La subida salarial media pactada en los convenio colectivos registrados hasta febrero de este año alcanzó el 0,60%, por encima del 0,37% del mes de enero pero 2,2 puntos por debajo de la tasa de inflación interanual que se contabilizó en el segundo mes del año (2,8%).

 

Según datos del Ministerio de Empleo recogidos por Europa Press, la subida salarial pactada en los convenios de empresa se situó hasta febrero en el 0,98%, superando la cifra media de los convenios de otro ámbito, que registraron un incremento salarial del 0,59%.

 

La subida salarial media de los dos primeros meses del año (0,60%) está en línea con las recomendaciones del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC) que pactaron sindicatos y empresarios para el periodo 2012-2014.

 

En dicho acuerdo se recomendaba a los negociadores de ambas partes que los aumentos salariales pactados este año no excedieran del 0,60%. Llama la atención que esa premisa se esté cumpliendo, sobre todo, en los convenios de ámbito superior y no tanto en los de empresa.

 

Recientemente, CEOE y Cepyme han elaborado una circular sobre cómo deberían proceder las empresas a la hora de afrontar la negociación colectiva de 2013.

 

En ella, las organizaciones empresariales recomiendan que los incrementos salariales pactados en convenio no superen el 0,6% tanto en 2013 como en 2014.

 

Las patronales precisan que no alcanzar esta cifra "no quiere decir" que haya que llegar a ella, pues "la mayoría de las empresas necesitarán una congelación salarial" en ambos ejercicios e incluso en algunos casos un recorte de sueldos.

 

En la circular, a la que ha tenido acceso Europa Press, los empresarios recuerdan que el marco en el que se desenvolverá la negociación colectiva en 2013 es "de crisis y recesión económica", por lo que abogan por la contención de los salarios y por lograr ajustar las condicionales laborales a las necesidades de sectores y empresas.

 

Hasta febrero de este año, las autoridades laborales registraron 184 convenios colectivos, con efectos sobre 98.814 empresas y 800.482 trabajadores.

 

La mayor parte de estos convenios, 137, iniciaron sus efectos económicos con anterioridad a 2013, frente a 47, que los inician este año. Empleo precisa en la información estadística que a medida que avance el año irá aumentando la cifra de convenios, tanto en el caso de los convenios con efectos económicos a partir de 2013, como en el de los convenios plurianuales con efectos económicos en 2013 y que, de acuerdo con sus cálculos, superan los 1.500.

 

De los 184 convenios registrados hasta febrero, 121 eran convenios de empresa, con efectos sobre 22.900 trabajadores, y 63 eran convenios de otro ámbito, que daban amparo a 777.600 trabajadores. Más de la mitad de los convenios de los dos primeros meses del año, en concreto el 55,6%, recogían una subida salarial inferior al 1%, con una media del 0,37%.

 

Tanto en los convenios de empresa como en los de otro ámbito, más de la mitad registraba alzas salariales por debajo del 1%, aunque con promedios diferentes: en el caso de los convenios de otro ámbito la subida alcanzaba el 0,38%, mientras que en los de empresa era del -0,06%.

 

De los 121 convenios de empresa registrados hasta febrero, 111 pertenecían a empresas privadas, con una subida salarial media del 1,11%, mientras que seis pertenecían a empresas públicas, uno a la Administración del Estado, y tres a administraciones autonómicas.

 

En las empresas públicas, la subida salarial media era del 0,40%, mientras que en los convenios de la administración estatal y autonómica era del 0,0%.

 

Por sectores, todos los convenios registrados hasta febrero contemplaban subidas inferiores al 1%, salvo la construcción, donde, con un solo convenio inscrito por las autoridades laborales, recogía un alza salarial del 2%.  

 

La estadística de Empleo revela además que en el mes de febrero se registraron 245 inaplicaciones de convenios, un 32% más que en enero, que afectan a 11.996 trabajadores, un 62% más que en el mes anterior.

 

En el acumulado de los dos primeros meses del año, son 430 los 'descuelgues' registrados por las autoridades laborales, con efectos sobre 19.380 trabajadores.

 

Por otro lado, el 75% de los trabajadores afectados por inaplicaciones se concentra en el sector servicios. Asimismo, el 50% de los trabajadores afectados está empleado en empresas de 250 trabajadores o más.

 

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, en febrero de 2012, hasta el mismo mes de este año, se han registrado 1.178 descuelgues de convenios colectivos, que han afectado a un total de 48.732 trabajadores.

 

Según Empleo, todos los descuelgues llevados a cabo en este último año han sido pactados, salvo dos, que han sido resueltos en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. El descuelgue de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.

 

La reforma laboral introducía mayor facilidad para que empresarios y trabajadores pudieran pactar estas inaplicaciones con el objetivo de evitar despidos, según ha afirmado en numerosas ocasiones la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

 

La destrucción de empleo se mitiga por la Semana Santa y algo más...

cincodias.com, 02/04/2013

Ligero, leve, suave, tenue y así toda una ristra de adjetivos que dan idea de que no puede hablarse de mejoría en el drama del desempleo, pero sí que, al menos, se está más cerca de tocar fondo. El número de desempleados al finalizar marzo, según los datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem), disminuyó en 4.979 personas en relación con el mes anterior, lo que representa una caída del 0,10% y, lo más importante, el primer descenso en un mes de marzo desde 2008. Así, el paro se situó en 5.035.243 personas, según explicó la secretaria de Estado de empleo, Engracia Hidalgo.

 

Obviamente, la responsable de Empleo admitió que esta aparente mejoría estuvo influida por el hecho de que este año la Semana Santa se celebró en marzo, pero recordó que en los datos desestacionalizados, el paro registrado también descendió en 6.212 personas, hasta sumar 4,8 millones, frente a un aumento de más de 34.000 desempleados en igual mes de 2012. Es decir, que el Gobierno considera que aunque era previsible que este año marzo no fuese un mes excesivamente malo para el paro por motivos estacionales, lo cierto es que ha sido el mejor marzo desde que estalló la crisis. En dicho mes de 2009 el número de desempleados creció en más de 123.000 personas y los tres años siguientes la cifra aumentó en más de 30.000.

 

Contratos y jóvenes

¿Es motivo suficiente para pensar que se está tocando suelo en la destrucción de empleo? La respuesta de los representantes de Empleo es un sonoro no, pero lo cierto es que parece confirmarse la desaceleración en el ritmo de aumento del paro iniciada a mediados de 2012. Mientras en mayo el paro registrado crecía a tasas del 12% anual, el mes pasado lo hizo por debajo del 6%. O lo que es lo mismo, en un año el aumento total del volumen de parados es de menos de 300.000 personas (en concreto, 284.376).

 

Por sectores, el paro se incrementó en todos menos en los servicios que, gracias a la Semana Santa, fue la actividad que mejor logró absorber los retrocesos del resto. Otro dato para la esperanza fue el hecho de que el desempleo entre los menores de 25 años haya disminuido en el último año en 29.167 personas, un 5,73% menos en términos relativos. Preguntada por cuántos contratos de emprendedores finalizaron transcurrido el año de prueba, Engracia Hidalgo anunció que ofrecerá las cifras al presentar los datos de abril. En cuanto a la contratación, en marzo se registraron 969.627 contratos, lo que significa una rebaja de 85.090, el 8,07% sobre el mismo mes de 2012, que contó con tres días hábiles más. El 10,11% de todos ellos fue indefinido, un recorte muy influido por la caída de los contratos indefinidos del hogar (-8.342).

 

En la afiliación a la Seguridad Social también parece confirmarse la tendencia a un panorama un poco menos sombrío. El número de afiliados creció en 30.528 personas tras siete meses consecutivos de descenso, con lo que la cifra global de ocupados alcanzó los 16.181.275. Y aunque en términos desestacionalizados el saldo fue de nuevo negativo, el Ejecutivo destacó que fue el mejor marzo de los últimos años. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, subrayó que “se percibe un claro aumento de la afiliación al sistema, que va más allá del efecto coyuntural de la Semana Santa, que tiende a ser neutro, al aumentar en hostelería y disminuir en construcción e industria. El sector servicios tiende al alza, con sensible efecto en la hostelería, pero además se extiende a otros ámbitos”.

 

Aumenta el número de ocupados entre los autónomos

Dentro de los datos facilitados por la Seguridad Social destaca la subida de ocupados registrada en el régimen de autónomos, ya que se trata de la primera mejora tras ocho meses continuados de descensos. En marzo, se contabilizaron 3.005.397 afiliados medios, 7.591 más que en febrero.

 

La afiliación total al sistema, al igual que el mes anterior, volvió a moderar el ritmo de sus descensos y contabilizó una merma de 721.256 trabajadores, el 4,27% menos que doce meses antes. Entre los autónomos la tasa de variación interanual suavizó su descenso hasta el 1,49%, con un total de 45.401 ocupados menos. El régimen del mar también registró una contracción del 3,38%, con un recorte de 2.111 personas y, por último, el carbón retrocedió un 25,18%, con 1.418 ocupados menos.

 

No obstante, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, quiso recordar que el balance global continúa siendo espeluznante. Desde el máximo de afiliados, en 2007, con más de 19,2 millones, se han perdido más de tres millones de cotizantes, lo que explica la urgencia de reformar el sistema para hacerlo sostenible a futuro.

 

El gasto mensual en prestaciones supera los 2.700 millones

La factura total de los servicios públicos de empleo en prestaciones por desempleo ascendió a 2.720,2 millones de euros el pasado mes de febrero, cifra similar a la de igual mes de 2012, según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Empleo.

 

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 916,9 euros, lo que supone una rebaja de 6,4 euros, -0,7% menos respecto a febrero de 2012.

 

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por cada beneficiario alcanzó en febrero los 860,3 euros, con un descenso de 5,4 euros sobre el mismo mes de 2012 (-0,6%).

 

El número de solicitudes de prestaciones ascendió en febrero a 820.672, lo que representa un decrecimiento del 5,8% respecto a igual mes del ejercicio anterior. De acuerdo con los datos del Ministerio, en el segundo mes de 2013 se tramitaron en total 837.238 altas, un 1,5% más que en febrero de 2012. El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de 2,4 días, plazo similar al del mismo mes de 2012.

 

 

La Seguridad Social suma 30.538 afiliados en marzo tras siete meses en negativo

abc.es, 02/04/2013

El Gobierno cree que el aumento de la afiliación logrado en marzo «va más allá del efecto coyuntural de la Semana Santa»

 

La Seguridad Social registró en marzo un aumento de 30.538 afiliados respecto a febrero, un 0,19%, con lo que el total de ocupados se situó en 16.181.275 cotizantes al finalizar el mes, informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Este repunte de la afiliación, el primero tras siete meses consecutivos de descensos, multiplica casi por seis el aumento de marzo de 2012, cuando los cotizantes al sistema se incrementaron un 5.419 personas, aunque es inferior en 15.000 personas al experimentado en marzo de 2011.

 

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha destacado que el "claro aumento" de la afiliación logrado en marzo «va más allá del efecto coyuntural de la Semana Santa, que tiende a ser neutro», ya que mientras se incrementa la afiliación en hostelería, desciende en construcción e industria.

 

En términos interanuales, la Seguridad Social acumula un descenso de 748.438 cotizantes (-4,42%). En valores intermensuales, el Régimen General ganó 21.834 cotizantes en marzo (+0,17%) y el Régimen de Autónomos sumó 7.591 afiliados.

 

Los cambios en la jubilación parcial y anticipada supondrán un ahorro anual de 4.857,7 millones

eleconomista.es, 03/04/2013

Los cambios en la jubilación parcial y anticipada aprobados por el Gobierno el pasado 15 de marzo supondrán un ahorro anual de 4.857,7 millones de euros una vez pase el periodo transitorio, según estima el Gobierno, que cifra en 870,8 millones la reducción del gasto cada año hasta la entrada en vigor definitiva de dichas medidas.

 

Así consta en la Memoria de Impacto Normativo del decreto ley de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de marzo y que será convalidado el próximo jueves en el Pleno del Congreso.

 

El documento toma como punto de partida para hacer las estimaciones el dato de jubilaciones anticipadas registradas el año pasado, que ascendieron a 127.358, el 42,22% del total de jubilaciones dadas de alta en la Seguridad Social. "En el Régimen General, la jubilación anticipada ha sido más frecuente que la jubilación a la edad legal", advierte el Ejecutivo.

 

Así, la edad media de jubilación fue de 63,9 años (algo superior a la de ejercicios anteriores), resultando en una pensión media de 1.377,61 euros mensuales en los casos de retiro anticipado frente a los 1.193,97 euros que, de media, cobran quienes se jubilan a la edad legal.

 

Garantizar el sistema

Aunque el Gobierno reconoce que la Ley 27/2011 aprobada por el anterior Ejecutivo socialista ya supuso "una penalización" en el acceso a la jubilación anticipada, este hecho "sigue suponiendo un coste para la Seguridad Social", por lo que son necesarias medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

 

Por ello, se ha decidido elevar a 35 años el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, que no será posible hasta al menos los 63 años y un mes que se irán incrementando progresivamente hasta alcanzar los 65 años en 2027. Los coeficientes reductores en función del tiempo de cotización y el periodo hasta la edad legal de jubilación en este supuesto irán del 8% al 6,5%.

 

Estos cambios supondrán una reducción en las nuevas altas del 14,93% entre quienes no se jubilarán por la necesidad de cotizar más años o por no haber alcanzado la edad permitida, lo que sumado a los cambios en los coeficientes correctores permitirá ahorrar 21,72 millones de euros anuales. De forma acumulada cuando la medida esté implantada completamente este ahorro llegará a los 374,37 millones con respecto al que ya se preveía en la Ley 27/2011.

 

Jubilación anticipada forzosa

Por su parte, para acogerse a la jubilación anticipada forzosa se deberá tener 61 años y un mes (en el año 2027 serán 63 años) con 33 años cotizados y tras ser demandante de empleo al menos seis meses tras un despido colectivo u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; una resolución judicial conforme a la Ley concursal, fuerza mayor, muerte o jubilación del empresario, o violencia de género. Los coeficientes reductores que se aplicarán sobre la pensión serán de entre el 7,5% y el 6%.

 

Este tipo de jubilaciones se produce mayoritariamente a los 61 años (34,4% de los casos) y más de 35 años cotizados. Bajo estas premisas, se prevé un ahorro anual de 130,72 millones de euros (10,9%) gracias a una caída de las nuevas altas de jubilación.

 

Sin embargo, "el mantenimiento de los requisitos actuales para todas las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo o convenios colectivos y/o acuerdos retrasarán de manera muy importante en el tiempo los efectos económicos de la medida". Así, el Gobierno prevé que el efecto acumulado durante toda la vida de las pensiones sea "muy importante" y se cifra en unos 2.391,52 millones de euros.

 

Jubilación parcial

Los cambios que afectan a la jubilación parcial, por su parte, se estima en 418,36 millones de euros anuales, que alcanzarán los 2.091,8 millones (-76,2%) una vez se concluya la implementación de los cambios aprobados por el Ejecutivo gracias a un menor número de altas, una reducción de la pensión al mantenerse un porcentaje más alto de la jornada laboral, y la cotización adicional que se introduce.

 

En concreto, se eleva a los 63 años la edad de acceso a esta opción (65 años en 2027) con 33 ejercicios cotizados (seis menos en caso de discapacidad) y una antigüedad mínima de seis años en la empresa. La jornada laboral se reducirá entre un 25 y un 50%, llegando al 75% si el relevista tiene contrato indefinido a tiempo completo.

 

"La jubilación parcial ha venido a sustituir en muchos casos a la anticipada puesto que, con unos condicionantes no muy restrictivos y una jornada laboral muy reducida, se acceder a una forma de jubilación anticipada privilegiada, cuyos costes recaen en su totalidad en la Seguridad Social", critica el Gobierno, que cifra en 29.216 personas los jubilados parciales del año pasado, con una pensión media de 1.582 euros y una jornada "mínima" de apenas el 20% del horario.

 

Esto conlleva un coste medio para las arcas públicas de 84.563 euros, lo que multiplicado por las 121.907 personas acogidas a este régimen suman un gasto anual para el sistema de 2.745,7 millones de euros. Por eso el objetivo de las modificaciones es, por una parte, "reducir de manera importante el número de altas a medio y largo plazo" además de ahorrar, si bien el propio Gobierno reconoce que en los próximos años el efecto será "muy limitado" ya que los trabajadores con planes de jubilación parcial o convenios anteriores a este decreto mantendrán sus condiciones.

 

Envejecimiento activo

Finalmente, el decreto ley también recoge una batería de medidas para incentivar el envejecimiento activo mediante la compatibilización del trabajo con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada, que ahora disfrutan unas 40.000 personas. En concreto, se exigirá haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, aunque quedan excluidos aquellos que tengan derecho a la pensión completa.

 

Quienes opten por esta modalidad cobrarán el 50% de la pensión que le corresponda -importe de reconocimiento inicial y de las revalorizaciones sin incluir complementos a mínimos-. Una vez que el contrato acabe y el trabajador decida jubilarse de modo definitivo percibirá el 100% más el complemento a mínimo al que tuviera derecho.

 

En el caso de la cotización, empresa y trabajador-pensionista cotizarán sólo por Incapacidad Temporal (IT) y contingencias profesionales, si bien aportarán una 'cuota de solidaridad' al sistema, no computable para prestaciones, del 8%, de la que el 6% correrá a cargo de la empresa y el 2%, del 'pensionista activo'.

 

Con todos estos cambios el Gobierno espera conseguir entre 2013 y 2016 un ahorro que va de 3.145,18 millones de euros en el escenario más conservador (que se acoja a esta posibilidad un 10% de quienes cumplen los requisitos) hasta 6.172,8 millones de euros en el más optimista (que se acojan la mitad de los posibles beneficiarios).

 

"A medio plazo, los resultados de esta medida son positivos para el sistema de Seguridad Social. Ahora bien, hay que señalar que la virtualidad de estos datos está sustentada en que una parte de los actuales pensionistas de jubilación -los que opten por esta modalidad- consigan reincorporarse al mercado laboral", reconoce no obstante el Ministerio de Empleo.

 

Finalmente, se cifra en 6,5 millones de euros anuales "como mínimo" el potencial ahorro derivado del nuevo régimen de compatibilidad de la pensión de jubilación o retiro de las clases pasivas, al estimarse en al menos 485 los pensionistas que se podrían acoger a esta opción, con una pensión media de unos 26.900 euros anuales que se vería reducida en un 50%.

 

El Gobierno calcula que recibirá 390 millones de euros de las empresas que despidan a mayores de 50 años

expansion.com, 04/04/2013

Así figura en la Memoria de Impacto Normativo del decreto ley de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de marzo.

 

El Gobierno prevé recaudar unos 390,5 millones de euros en varios años con la modificación de la llamada 'enmienda Telefónica', cambio que persigue que el coste de los despidos de trabajadores mayores de 50 años realizados a partir del 1 de enero de 2013 por parte de empresas de más de cien trabajadores y con beneficios no se cargue sobre el sector público.

 

Esa previsión figura en la Memoria de Impacto Normativo del decreto ley de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo y que será convalidado el jueves en el Pleno del Congreso.

 

Según consta en dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, las empresas de más de cien trabajadores con beneficios -o con pérdidas que puedan revertirse en un plazo de cuatro años- que despidan a empleados mayores de 50 años deberán pagar al Tesoro por estos despidos unos 390 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 44 millones de euros de ahorro en prestaciones por desempleo con esta misma medida.

 

Para el cálculo de estas estimaciones se parte de que el gasto medio el año pasado por prestaciones contributivas ascendió a 1.285 euros mensuales, mientras que el subsidio para mayores de 55 años se eleva a 595 euros mensuales (incluidas las cotizaciones en ambos casos).

 

Así, el coste máximo por trabajador es de 73.380 euros, base sobre la que se aplicaría el tipo a pagar a las arcas públicas, que también variará en función del número de despidos, del porcentaje de beneficios sobre ingresos y del número total de empleados en la empresa.

 

Dado que el año pasado el 35% de los 38.813 trabajadores afectados por despidos colectivos tenían más de 50 años (13.579), y tomando como referencia que el porcentaje de beneficios sobre ingresos que realizaron EREs fuera del 10%, se calcula que el ingreso total tras aplicar los tres tramos de porcentajes correspondientes ascendería a 781 millones de euros.

 

Disuasión y recolocación

 Sin embargo, el Gobierno advierte de que esta medida tendrá un "efecto disuasorio" y de que parte de los despedidos acabarán siendo "objeto de recolocación". Asimismo, matiza que "no todas las empresas que realizaron un despido colectivo habían tenido beneficios" en los periodos estipulados o cumplían el requisito de peso del colectivo de trabajadores mayores sobre el total de la plantilla.

 

Todas estas previsiones llevan a concluir que la cifra final de ingresos en las arcas del Tesoro será aproximadamente la mitad de la prevista, es decir, unos 390 millones de euros a ingresar en varios ejercicios comenzando a partir de 2014 y con una media de 43 millones anuales.

 

Más de 850.000 menores de 25 años abandonan el mercado laboral

cincodias.com, 04/04/2013

Un informe de Asempleo destaca que siete de cada diez parados jóvenes solo tiene estudios de Educación Secundaria

Canarias, Andalucía y Extremadura tienen a más del 60% de sus menores de 25 años en situación de desempleo

 

En concreto, el número de activos menores de 25 años se ha reducido en 864.100 personas en este periodo, un 33,9%, descenso que contrasta con la media nacional, que arroja un crecimiento de la población activa de 619.900 personas (+2,8%) en estos años.

 

Esto significa que el saldo negativo de activos registrado desde el tercer trimestre de 2007 se debe a la población joven, que no confía en sus posibilidades de encontrar empleo en el mercado laboral español.

 

Cantabria es la comunidad que más activos menores de 25 años ha perdido en este periodo, un 51,8%, seguida de Asturias (-42,9%); Castilla y León (-42,7%) y Navarra (-42,6%). Las que menos activos han visto desaparecer han sido Extremadura (-22,9%), Canarias (-25,8%) y Baleares (-29,5%).

 

A cierre de 2012, un total de 930.200 jóvenes menores de 25 años que querían y podían trabajar estaban en paro, el equivalente al 55,1% de los activos. Casi la mitad de los jóvenes desempleados, el 45,9%, lleva más de un año en el desempleo, por lo que entran en la categoría de parados de larga duración.

 

El paro juvenil se ha duplicado desde que estalló la crisis, pues al inicio de la misma los jóvenes en desempleo sumaban 458.000 parados. Seis de cada diez nuevos jóvenes que han engrosado las listas del paro en estos años eran varones.

 

Varón y más de un año en paro, perfil del joven desempleado

El perfil del joven en paro se corresponde, por tanto, con el de un varón, con un nivel de formación de hasta secundaria, y que lleva más de un año buscando empleo sin éxito.

 

En algunas comunidades, la tasa de paro juvenil es todavía más alarmante que el resultado obtenido a nivel nacional. Es el caso de Canarias, donde siete de cada diez jóvenes están en paro, de Andalucía (65,1%) y de Extremadura (61,1%). Las que menos desempleo juvenil tienen son La Rioja (36,3%), Cantabria (41,6%), Aragón (45,9%) y País Vasco (46%).

 

Mientras que la tasa de actividad del colectivo juvenil se ha reducido en diez puntos desde el estallido de la crisis, hasta el 41%, la tasa de empleo se ha reducido prácticamente en un tercio, hasta el 18,41%.

 

En total, desde el tercer trimestre de 2007 se han perdido 1,33 millones de empleos juveniles y en el último año, la caída de la ocupación en el colectivo ha sido de casi 180.000 trabajadores.

 

Sólo la Comunidad Valenciana ha creado empleo joven en el último año, a un ritmo del 5,9%, mientras que el resto de regiones lo ha destruido a tasas de dos dígitos, con excepción de La Rioja (-6,9%).

 

 

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