Resumen de Prensa Semanal

Semana 15

08/04/2013 al 14/04/2013

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Más poder para las mutuas
economiadigital.es, 07/04/2014

El Gobierno facilita el acceso de discapacitados a las pensiones

lavanguardia.com, 07/04/2013

Pueden solicitar el convenio, pagando una cuota mensual de 190 euros, cualquier mayor de edad que tenga reconocida una discapacidad

 

El Gobierno facilita la cotización a personas con discapacidad, que por dificultades de inserción laboral no han podido completar el periodo de cotización, y que permitirá inicialmente a más de 34.000 personas acceder a prestaciones de jubilación, viudedad u orfandad.

 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presentado el convenio en su ministerio, acto al que han asistido las principales organizaciones de la discapacidad, entre ellos el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, en un acto "simbólico", ya que la iniciativa está en vigor desde el 1 de abril.

 

Pueden solicitar el convenio, pagando una cuota mensual de 190 euros, cualquier mayor de edad que tenga reconocida una discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral -con parálisis cerebral, enfermedad mental, con discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento o física igual o superior al 65%-, inscrita en los servicios públicos de empleo como desempleada como mínimos desde hace seis meses.

 

De esta forma, los cotizantes podrán tener derecho a las prestaciones por jubilación (después de 15 años) y por muerte y supervivencia, entre las que se incluyen las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares.

 

"España tiene una sociedad madura que en un contexto de crisis es capaz de afrontar desafíos, como el de preocuparse de los más necesitados", ha dicho Báñez, quien ha recordado el compromiso asumido por el Gobierno de "salir de la crisis y recuperar el empleo y el acceso a oportunidades para todos los españoles".

 

Para la ministra, el convenio demuestra que el Gobierno tiene "un profundo corazón social".

 

"De esta crisis vamos a salir, sin duda; ya lo ha dicho el presidente del Gobierno que es el último año de la crisis, el 2013"; pero vamos a salir juntos", venciendo las barreras, ha concluido la ministra.

 

Más poder para las mutuas

economiadigital.es, 07/04/2014

Las compañías podrán tramitar las bajas y altas sin la aprobación del médico

El Gobierno se afana en privatizar las bajas médicas por incapacidad temporal (IT). El ministerio de Empleo junto con el departamento de Sanidad trabaja en un borrador, filtrado por agentes sociales, que de luz verde al proyecto. Las compañías controlarán desde el primer día cualquier tipo de baja médica.

El real decreto permitiría a las mutuas tramitar el alta sin necesidad de contar con el consentimiento del médico de cabecera. Aunque éste acabará asumiendo toda la responsabilidad. Fuentes del ministerio liderado por Fátima Bañez recuerdan que se trata de un borrador y que el texto final puede diferir mucho. Pero los sindicatos ya han dado la voz de alarma.

 

Medio año negociando

Las privadas solicitarán el alta cuando consideren. Si en cuatro días el sistema público no se pronuncia, se hará efectiva. Actualmente, el doctor de cabecera debe pronunciarse en un plazo de 15 días a petición de las mutuas si se trata de bajas de contingencia laboral. Con la reforma, las mutuas también podrán gestionar las bajas por enfermedades comunes.

Pero el texto no es ninguna novedad. Desde hace medio año sindicatos, CEOE y Gobierno estudian mejorar las IT. Aunque los sindicatos aseguran que el artículo número siete en el que se recoge el nuevo control de las mutuas nunca se puso sobre la mesa. Incluso algunos expertos del sector consultados por este medio aseveran que desconocían las intenciones del Gobierno.

 

Incorporación al quinto día

El sindicato de CCOO advierte que en cuatro días no se podrán revisar todos los casos. Todavía menos en los municipios en los que se comparte un médico. Sobre todo porque la mutua no comprobará que el doctor ha recibido personalmente la solicitud. Les bastará con saber que ha llegado al centro sanitario.

 

Si el médico no se pronuncia en esos cuatro días, el empleado deberá incorporarse a su puesto el quinto día hábil. El problema reside en que el trabajador no sabrá que se ha realizado la propuesta de alta médica por la mutua hasta que se notifique por carta el alta médica.

 

Control económico

La responsable de sanidad de UGT Catalunya, María José Molina, apunta que se trata de un cambio conceptual sin precedentes. Asegura que hace tiempo que quieren que las mutuas tengan más control en el trámite de las altas y bajas.

Y las consecuencias de este traspaso de poder será que los trabajadores se sentirán más presionados y que se agilizará el desmantelamiento del sistema público, a ojos de Molina. “El control de las IT es meramente económico”.

Pero el secretario de salud laboral de CCOO, Jaime González, añade otro motivo: “Quieren hacer creer que es necesario un mayor control privado dado el absentismo laboral, pero en realidad está por debajo de la media de la UE-15”.

 

Pérdida de la prestación

González también advierte que las privadas podrán pedir una instancia de reconocimiento. Si el paciente no asiste -- por ejemplo, porque está hospitalizado-- perderá la prestación. “Primero se penalizará, después se comprobará porque no ha acudido a la cita”, esgrime González.

El experto también alerta del libre acceso que tendrán las mutuas a los historiales clínicos del sistema público. “La medida violaría la ley de protección de datos del trabajador”. Podrán saber si un empleado ha sufrido un ataque de ansiedad o si está embarazada, entre otras cosas.

En este momento, patronal, sindicatos y gobiernos autonómicos evalúan la propuesta. Pero CCOO ya ha movido ficha y ha presentado alegaciones que presentará públicamente en los próximos días. “Tenemos la esperanza de que el Gobierno recapacite y elimine los artículos viciados”.

 

Medio millón de trabajadores se ha jubilado anticipadamente en la crisis

cincodias.com, 08/04/2013

Los retiros tempranos suponen el 10% del gasto anual en pensiones

Estas prestaciones suelen ser un 16% superiores al promedio

 

Las crisis han sido tradicionalmente uno de los mayores motivos para la salida temprana de los trabajadores del mercado laboral. De hecho, está comúnmente aceptado denominar las prejubilaciones de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) como “bajas no traumáticas”.

 

Este recurso a la jubilación temprana es un hecho constatable con datos en el actual proceso de crisis, cuando la Seguridad Social ha contabilizado 567.516 jubilaciones anticipadas antes de cumplir los 65 años, en sus distintas modalidades entre 2008 y 2012.

 

Esto supone una media anual de 113.500 retiros tempranos;o lo que es lo mismo, cuatro de cada diez jubilaciones que se producen cada año.

 

Aproximadamente el 20% de estos retiros anticipados son jubilaciones parciales, cuyas pensiones son un 35% superiores a la media. Así, esta modalidad tiene un coste medio de 84.000 euros por cada trabajador que se retira antes de cumplir la edad legal de jubilación, según la estimación hecha por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

 

Esto representa un coste extra de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, que el sistema se ahorraría si esas personas se jubilaran a partir de los 65 años, según cálculos citados por la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez.

 

A esto hay que sumar el coste de las jubilaciones anticipadas que, a pesar de que cuentan con coeficientes penalizadores que recortan la cuantía de la pensión un porcentaje por cada año que el jubilado se retira antes de los 65, son un 16% superiores a la media de jubilación. De esta forma, según los datos que maneja Empleo, el citado coste asciende a otros 7.000 millones de euros anuales.

 

Esta cifra está compuesta por las cantidades que han dejado de cotizar los trabajadores que se han estado retirando entre los 61 y 64 años, más la pensión recortada por los coeficientes penalizadores que reciben durante esos años.

 

Distintos expertos sostienen que este coste generado por los jubilados anticipados antes de los 65 años se compensa con los recortes que se aplican a su pensión el resto de su vida con los coeficientes penalizadores.

 

Sin embargo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, desmintió este punto de forma tajante recientemente. “No es cierto que los coeficientes penalizadores que había antes (de la reforma aprobada el pasado 16 de marzo) guardasen un equilibrio actuarial. De hecho, el sistema perdía mucho dinero con las jubilaciones anticipadas”.

 

Por todo ello, el coste que suponen las jubilaciones antes de los 65 años cada año ronda los 10.000 millones de euros, casi el 10% del presupuesto anual para el pago de pensiones.

 

Mirar para otro lado

Mientras la Seguridad Social registraba superávit año tras año, los legisladores miraron para otro lado, aún sabiendo y admitiendo en privado la necesidad de atajar el gasto en retiros anticipados. Pero con la crisis actual, la Seguridad Social ha entrado en números rojos y el anterior Gobierno del PSOEya aprobó el endurecimiento del acceso a estas modalidades de jubilación en 2011, para que entraran en vigor en enero de 2013.

 

Ahora, el Ejecutivo del PP ha decidido, presionado también por Bruselas, dar una vuelta de tuerca más al retiro anticipado, con la reforma que está en vigor desde el pasado 17 de marzo.

 

 

Las rentas del trabajo se ajustan a las medidas de la reforma laboral

eleconomista.es, 09/04/2013

Las prestaciones exentas por despido improcedente o colectivo descienden

Se incluye un régimen transitorio para ERE en tramitación al entrar la reforma

 

Son rendimientos íntegros del trabajo las rentas que provengan de contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, en dinero o en especie, fijas o variables, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o relación laboral o estatutaria y no sean rendimientos de actividades económicas.

 

Así, el contribuyente debe incluir en su declaración no solo los sueldos y salarios o prestaciones por desempleo, pensiones y haberes pasivos percibidos de la Seguridad Social y clases pasivas, mutualidades, colegios de huérfanos y otras entidades similares, sino también, remuneraciones por gastos de representación; dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto los de locomoción y los normales para manutención y estancia en establecimientos de hostelería con los límites establecidos.

 

Es preciso incluir las contribuciones o aportaciones satisfechas por promotores de planes de pensiones y por empresarios para afrontar los compromisos por pensiones, si están imputadas a las personas vinculadas a las prestaciones.

Exenciones del despido

La gran novedad de esta declaración del IRPF son las consecuencias fiscales de la reforma laboral, ya que afectan a la exención de indemnizaciones por despido o cese.

 

Desde el 8 de julio 2012 para declarar exentas las indemnizaciones por despido improcedente hasta la cuantía establecida como obligatoria en el Estatuto de los Trabajadores (33 días por año de servicio hasta un máximo de 24 mensualidades con la aplicación, en su caso, del régimen transitorio para contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero 2012) es preciso que estén reconocidas en acto de conciliación o en resolución judicial.

 

No obstante, para los despidos improcedentes producidos con anterioridad al 8 de julio 2012 se mantiene la exención de las indemnizaciones reconocidas con anterioridad al acto de conciliación.

 

A partir del 12 de febrero 2012 en el caso de los despidos colectivos fundados en causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, queda exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente, eliminándose además el requisito de la previa aprobación de la autoridad competente.

 

Se incluye un régimen transitorio para las indemnizaciones por despido o cese que sean consecuencia de los expedientes de regulación de empleo en tramitación o con vigencia en su aplicación a 12 de febrero 2012, aprobados por la autoridad competente a partir de 8 de marzo de 2009. Así, se mantiene la anterior exención (indemnización que no supere 45 días de salario, por año de servicio, hasta un máximo de 42 mensualidades).

 

La prestación por desempleo en su modalidad de pago único, de acuerdo a lo establecido en la normativa laboral, en la medida en que no resulte exenta, podrá imputarse en cada período impositivo en que, de no haber mediado el pago único, se hubiese tenido derecho a la prestación. La imputación se efectúa en proporción al tiempo que en cada período impositivo se hubiese tenido derecho a la prestación de no haber mediado pago único.

 

Comisionistas y artistas

Cuando los rendimientos derivados de las relaciones laborales especiales de artistas en espectáculos públicos y de los agentes comerciales y comisionistas supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, para intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, se calificarán como rendimientos de actividades económicas.

Operaciones vinculadas

Si la prestación del trabajo se realiza a una sociedad con la que haya relaciones de vinculación, se hará su valoración por el valor normal de mercado. Se entiende por tal el que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia.

 

Mucho cuidado con este asunto, porque es objetivo prioritario de Hacienda, que exige la documentación correspondiente, cuya omisión trae importantes sanciones.

Rendimientos en especie

Otra de las grandes batallas a la hora de declarar por el IRPF es el de los rendimientos del trabajo en especie. Se trata de la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien los conceda, siempre que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de una relación laboral o estatutaria.

 

Sin embargo, cuando el pagador del rendimiento del trabajo entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, el rendimiento tiene la consideración de dinerario, por lo que no le resultan aplicables las reglas especiales de las retribuciones en especie.

Cobros que no tributan

No constituyen, sin embargo, retribuciones en especie la entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras de grupo de sociedades, en la parte que no exceda, para el conjunto de las entregadas al trabajador, de 12.000 euros en 2012.

 

No tienen tampoco esta consideración los gastos de estudio para la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado. Se incluyen dentro de este concepto los estudios dispuestos por Instituciones, empresas o empleadores financiados directamente por ellos, aunque su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades especializadas, siempre que tengan por finalidad la actualización, capacitación o reciclaje de su personal y, además, vengan exigidos por el desarrollo de las actividades del personal o las características de los puestos de trabajo.

 

Quedan también fuera de los rendimientos en especie las entregas a empleados de productos a precios rebajados realizados en comedores de empresa, cantinas o economatos de carácter social; la utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado; los gastos por primas o cuotas de seguros de accidente laboral o de responsabilidad civil del trabajador; los gastos por seguros de enfermedad (incluido cónyuge e hijos) si las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada componente de la familia.

 

Una novedad destacable en 2012 es la ampliación, un año más, de la excepción como rendimientos del trabajo en especie, por lo que no tributan, de las cantidades satisfechas por la empresa como gastos e inversiones para formar a los empleados en el uso de nuevas tecnologías, cuando sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo.

 

Se suman a todos ellas, las prestación de determinados servicios de educación a los hijos de los empleados de centros educativos autorizados y las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros para favorecer el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo, con el límite de 1.500 euros anuales para cada trabajador y estén personalizados y no puedan ser transmitidos o reembolsados.

 

Valoración de rendimientos

Las retribuciones en especie deben valorarse por su valor normal en el mercado. No obstante, en la valoración de determinadas retribuciones en especie deben aplicarse las normas especiales de valoración.

 

En el caso de que se utilice vivienda, ésta se efectúa por el importe que resulte de aplicar el porcentaje del 10% sobre el valor catastral de la vivienda. Esta valoración de la utilización de vivienda, no obstante, no podrá exceder del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo.

 

Si se localizan en municipios en los que los valores catastrales han sido revisados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general y hayan entrado en vigor a partir del 1 de enero de 1994, el porcentaje aplicable sobre el valor catastral será del 5%.

 

Los rendimientos generados en más de dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, distintos de los derivados de sistemas de previsión social, se reducen en un 40%. La cuantía sobre la que se aplica la reducción no puede elevarse por encima de los 300.000 euros anuales.

 

Sin perjuicio de la aplicación del límite anterior, cuando los rendimientos deriven del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o participaciones por los trabajadores, la cuantía del rendimiento sobre la que se aplica la reducción del 40% no podrá superar el importe que resulte de multiplicar el salario medio anual del conjunto de los declarantes en el IRPF.

 

En el caso de rendimientos derivados de la cesión de la explotación de los derechos de autor que se devenguen a lo largo de varios años, el contribuyente podrá optar por imputar el anticipo a cuenta de los mismos a medida que vayan devengándose los derechos.

 

 

Los españoles, los europeos que menos fingen dolencias para no ir a trabajar

abc.es, 09/04/2013

El 14% de los empleados de nuestro país reconoce haberse tomado algún día libre por una enfermedad imaginaria, muy lejos de irlandeses (29%), italianos (27%) y británicos (25%)

 

España no es país de enfermos imaginarios. El 14% de los españoles fingió alguna dolencia para no ir a trabajar durante 2012, el menor porcentaje de la UE, por delante de franceses (18%) y alemanes (21%), según un estudio de lastminute.com. Frente a estos, los irlandeses se sitúan como los europeos que simulan en más ocasiones una enfermedad inexistente para no trabajar (29%) seguidos por los italianos, (27%) y los británicos (25%).

 

En España, el principal motivo para faltar al trabajo es la necesidad de hacer papeleos y gestionar citas médicas. En segundo lugar, los absentistas admiten que lo hacen para recuperarse de una resaca -común en el resto de vecinos europeos- y, en tercero, reconocen haberlo hecho para acudir a una entrevista de trabajo. Por su parte, el 21% de los irlandeses encuestados también dedica este tipo de días libres a superar la resaca del día anterior, mientras que el mismo porcentaje de los franceses los dedica a dormir, ver la tele o relajarse.

 

Entre los trabajadores encuestados, los que menos han utilizado esta peculiar «modalidad» de días libres son los mayores de 44 años -el 90% asegura no haber disfrutado de días libres a costa de una falsa enfermedad en 2012- frente a los jóvenes entre 18 y 24 años (64%). Por otro lado, si bien los trabajadores de más edad son los que menos utilizan este tipo de bajas, son los que las toman por más tiempo, con una media de 8,4 días los mayores de 55 frente a los 4,17 días de aquellos entre 18 y 24 años.

 

 

El coste laboral español se sitúa por debajo de la media de la UE

abc.es, 10/04/2013

En la industria manufacturera alcanza los 22,50 euros por hora, muy lejos de Francia (36,30) y Alemania en (35,20)

 

Los progresos en materia de competitividad de la economia española siguen traduciéndose en cifras. El coste laboral por hora en la industria manufacturera española alcanza los 22,50 euros por hora, por debajo de los 24 euros de media de la UE-27, lo que sitúa a España en el puesto número 13 en el ranking de costes laborales de la UE, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

 

Los costes laborales españoles están aún lejos de los países con costes laborales más elevados de la UE, pero a su vez muy por encima de los países con costes más bajos. El coste laboral por hora español más que duplica al de Portugal, por ejemplo. Por detrás de España figuran Grecia (14,70 euros), Chipre (13,40 euros), Malta (12,00 euros), Portugal (10,50 euros) y la República Checa (10,20 euros). Eslovaquia y Estonia están en torno a 8 euros, mientras que Letonia y Lituania sólo superan los 5 euros.

 

El ranking de la UE lo cierran Rumanía (3,80 euros) y Bulgaria (2,90 euros). En 11 de los 27 países de la Unión Europea, el coste laboral supera el promedio. El primer lugar corresponde a Suecia con 43,80 euros por hora, figurando a continuación Bélgica con 41,90 euros. Dinamarca se sitúa en 37,90 euros, Francia en 36,30 euros y Alemania en 35,20 euros. Finlandia y los Países Bajos registran cifras cercanas a los 34 euros, mientras que Austria alcanza los 32,30 euros. Irlanda (28,90 euros) e Italia (26,90 euros) también superan el promedio de la UE-27.

 

Hacienda, contraria a reducir cotizaciones sociales que pagan las empresas

europapress.es, 09/04/2013

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha indicado que la situación de tesorería de la Seguridad Social no permite aprobar ahora una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan las empresas, por lo que aseguró que el Gobierno está "condenado" a esperar.

 

Ferre ha respondido de esta manera al ser preguntado por si el nuevo plan nacional de reformas que aprobará el Gobierno el 26 de abril incluirá la rebaja de cotizaciones que quedó pendiente para este año. En concreto, el decreto 'antidéficit' del pasado mes de julio aplazó esta rebaja de cotizaciones, a pesar de que el Gobierno anunció una reducción de un punto para 2013 y otro punto adicional en 2014.

 

De hecho, el Gobierno ya tuvo que echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 2012 para pagar parte de las pensiones e incluso desistió de actualizar estas prestaciones de acuerdo con el IPC.

 

En este contexto, Ferre ha recordado, en declaraciones a los medios tras participar en unas jornadas organizadas por PwC, que aunque se trata de una de las recomendaciones realizadas por Bruselas, estas circunstancias "hay que tenerlas en cuenta" antes de tocar las cotizaciones sociales.

 

La economía ha cambiado en un año

Por último, preguntado por las declaraciones realizadas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, acerca de que la caída del PIB en el primer trimestre del año ha sido "claramente" menos negativa que la registrada en el cuarto trimestre de 2012, Ferre se ha limitado a señalar que algunos de los fundamentales de la economía española han mejorado en el último año.

 

Así, aunque no quiso hablar de brotes verdes, ha indicado que España ha logrado corregir desequilibrios estructurales que "los economistas dicen que toda economía en recesión debe corregir para volver a crecer".

 

De esta forma, se ha alineado con las declaraciones recientes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha vaticinado que la creación de empleo neto se producirá en 2014, y ha asegurado que ello "será complicado en 2013".

 

El Constitucional anula el cálculo de las pensiones de los empleados a tiempo parcial

cincodias.com, 10/04/2013

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia en la que declara “inconstitucional y nulo” el sistema con el que se calculan los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial cuando se solicita el cobro de una pensión contributiva.

 

Este método de cómputo, vigente en la Ley General de Seguridad Social desde 1998, ya fue cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de noviembre, cuando dictó una sentencia en la que calificaba de discriminatorio el trato que daba la legislación española a los trabajadores a tiempo parcial respecto a los contratados a tiempo completo.

 

El TC ha hecho suya la interpretación de la justicia europea y considera que la regla de cálculo contenida en la normativa española “lesiona” el derecho a la igualdad (artículo 14 de la Constitución española) y es “discriminatoria” por razón de sexo, ya que la mayor parte de los trabajadores a tiempo parcial en España son mujeres.

 

El Alto Tribunal ha dictado esta sentencia a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, derivada a su vez del caso de una trabajadora, M.S.N, a la que le fue denegada una pensión contributiva de jubilación por no haber reunido el periodo mínimo de cotización de 15 años exigido para ello.

 

La mujer tenía acreditados 18 años de cotización, once de ellos en jornada a tiempo parcial, pero insuficientes para cumplir los requisitos. Un caso parecido, el de una trabajadora de la limpieza que había cotizado 18 años a tiempo parcial, fue el que llevó a la justicia europea a dictaminar que la normativa española era discriminatoria.

 

Cómo se calculan los periodos de cotización

Para determinar el periodo cotizado a fin de causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, la norma dice que se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia “en días teóricos de cotización”.

 

Para ello, prosigue la ley, el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de 1.826 horas anuales.

 

Además, para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días teóricos de cotización obtenidos se le aplicará el coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización, sin que pueda computarse un número de días cotizados superior al que correspondería de haberse realizado la prestación de servicios a tiempo completo.

 

Estas reglas para determinar los periodos de cotización vienen recogidas en la disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social. Durante unos años, de 1994 a 1998, la redacción dada a este artículo era distinta y ya el TC, en una sentencia de diciembre de 2004, se opuso en su momento a la regulación antigua al entender que el trato que se dispensaba a los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo no era igualitario.

 

Aunque la redacción se cambió, ahora el TC, en una sentencia fechada el pasado 14 de marzo y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cree que estas reglas de cálculo “no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la norma puede conducir”.

 

Persiste la diferencia de trato

Para el TC, la norma sigue manteniendo una diferencia de trato en el cómputo de los períodos cotizados entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial, que no está justificado por las exigencias de contributividad del sistema, tal y como ya afirmó en su sentencia de diciembre de 2004.

 

“Es más, la aplicación de la primera regla puede incluso resultar potencialmente más perjudicial para los trabajadores a tiempo parcial que el criterio establecido en la regulación precedente”, explica el TC, pues en virtud de ella la comparación entre un trabajador a tiempo completo cuya jornada laboral sea inferior a la máxima legal y un trabajador a tiempo parcial de su misma empresa o sector de actividad “permitirá apreciar una diferencia de trato, que actúa en perjuicio de este último”.

 

En cuanto a la segunda regla, la que establece el coeficiente multiplicador de 1,5 al número de días teóricos de cotización obtenidos conforme a la regla anterior, el TC señala que su virtualidad como elemento de corrección es “limitada”.

 

“Cuando el trabajo a tiempo parcial no sea un episodio más o menos excepcional en la vida laboral del trabajador y cuando la jornada habitual del mismo no resulte muy elevada, la aplicación del criterio de proporcionalidad seguirá, a pesar de la regla correctora, constituyendo un obstáculo desproporcionado para su acceso a la pensión de jubilación”, subraya el Tribunal.

 

Para el TC, este aspecto de la normativa dificulta el acceso mismo a la prestación, al exigir un mayor número de días trabajados para acreditar el periodo de carencia requerido en cada caso. En su opinión, esto resulta “especialmente gravoso o desmedido” en el caso de trabajadores que en muchos periodos de su vida laboral han estado trabajando a tiempo parcial y que solicitan prestaciones que exigen períodos de cotización elevados.

 

El Gobierno analizará alternativas

El Gobierno ha señalado hoy que respeta la sentencia del Tribunal Constitucional y ha añadido que estudiará alternativas con los agentes sociales y el Pacto de Toledo.

 

Empleo indica que la sentencia, pendiente desde el año 2003, no afecta a quienes cuando se les denegó la pensión ya plantearon la cuestión ante los tribunales y tienen una resolución judicial firme.

 

Además, admite la “importante repercusión” de esta sentencia y recuerda que el Gobierno ya se reunió en su momento con los agentes sociales para analizar las posibles alternativas. 

 

 

Rajoy: la Ley de Emprendedores se verá en el Consejo de Ministros antes de un mes

cincodias.com, 10/04/2013

De esta forma ha respondido al portavoz adjunto del grupo parlamentario de CiU, Pere Macías, que en la sesión de control del Congreso ha dicho que su partido no “entiende” por qué el Gobierno no aprueba ya normas tan “relevantes” como la Ley de Emprendedores, que a su juicio es “absolutamente básica” para volver a generar empleo.

 

El diputado de CiU ha lamentado también que el Gobierno aún no haya abordado el proyecto de Ley de Mecenazgo, también “básico” para ayudar al sector social y cultural afectado por la crisis. Igualmente, ha reclamado a Rajoy que “actúe” en “la cuestión territorial” porque los catalanes se “merecen algo más” que el “manido recurso a la legalidad” que esgrime el Ejecutivo ante las aspiraciones de Cataluña.

 

Rajoy: crear empleo es la prioridad

En su turno, el presidente del Gobierno ha señalado que su objetivo prioritario es conseguir el crecimiento económico para “crear empleo” y para ello, ha continuado, hay que “mejorar la competitividad” y que “haya crédito”. “Y todo lo que hemos hecho en 2012 es para lograr estos objetivos”, ha proclamado, para añadir que ese “espíritu reformista” se mantendrá este año.

 

Así, ha reiterado que el próximo 26 de abril el Gobierno aprobará “un amplio paquete de reformas estructurales” que pretenden mejorar la competitividad y flexibilidad de la economía, así como “eliminar estrangulamientos y cuellos de botella al crecimiento de los sectores productivos”.

 

A renglón seguido, ha enumerado las reformas que el Gobierno va a presentar: unidad de mercado, reforma de las Administraciones Públicas, “abrir el debate sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones”, reforma energética, autoridad fiscal independiente y la Ley de Emprendedores, con el “plazo máximo de un mes para la primera vuelta en el Consejo de Ministros”.

 

Además, ha recordado a CiU que se ha creado un grupo de trabajo para la Ley de Mecenazgo y otros dos grupos de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): uno para “distribuir el déficit público entre las distintas administraciones” y otro para hablar del modelo de financiación autonómico.

 

Finalmente, el presidente del Gobierno ha indicado que el Ejecutivo continuará su compromiso en la lucha contra el fraude fiscal y se hará “cuanto esté en la mano”, “mediante leyes o reglamentos” para no para que el crédito pueda fluir a las pymes.

 

 

La empresa también debe indemnizar si despide a quien no puede trabajar

eleconomista.es, 11/04/2013

¿Qué ocurre si, durante el tiempo que dura un proceso de impugnación de despido por considerarlo el trabajador improcedente, éste es declarado incapacitado permanente? El Supremo se ha pronunciado a través de una reciente sentencia sobre las consecuencias de esta declaración en lo que a la obligación de indemnizar se refiere, en un fallo no exento de debate, que cuenta con un voto particular. La cuestión es si la empresa pierde o no la obligación de indemnizar a quien ya no puede trabajar.

 

Se trata de una sentencia con fecha de 28 de enero de 2013, de la que es ponente el magistrado De Castro Fernández, en la que se parte de una situación relativamente común: un trabajador denuncia de la improcedencia de un despido que, en teoría se produce por causas económicas, por considerarlo improcedente. La particularidad se encuentra en que, durante el proceso, el trabajador se declaró judicialmente incapacitado, aunque ya en el momento del despido se encontraba de baja por una incapacidad temporal.

 

Se parte de la idea de que, cuando el despido se declara improcedente, la empresa puede elegir entre la readmisión del trabajador -con abono de los salarios de tramitación- o la indemnización, según recoge el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores.

 

Sin embargo, en este caso desaparece la posibilidad de readmitir al empleado, por lo que se plantea si la empresa queda libre de toda responsabilidad de indemnización por desaparecer la obligación de readmitir, o por el contrario debe abonarla por ser la única opción posible de resarcir al empleado. El Tribunal Supremo opta por ese segundo camino, y excluye el derecho del empresario a optar por la readmisión, obligándole a indemnizar.

 

Así planteada la cuestión, "la primera consideración que viene al caso es la de que la regulación que en la materia hace el ET tiene por presupuesto un acto ilícito del empresario [la ruptura de la relación laboral sin causa legalmente justificativa], y que en orden a reparar el mal injustamente causado se establece la correspondiente obligación de hacer [readmitir en el puesto de trabajo en igualdad de condiciones], pero se le añade el opcional cumplimiento por equivalencia [indemnizar los daños y perjuicios causados]". En definitiva, en caso de imposibilidad de la prestación, ello "no libera al empresario de su responsabilidad económica".

 

Un fallo controvertido

La sentencia cuenta con un voto particular que plantea el magistrado García de la Serrana, al que se adhiere el magistrado Gilolmo López. En él aseguran que "el derecho a la indemnización del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores no ha debido reconocerse porque el contrato se extinguió por la incapacidad permanente del trabajador, cosa no imputable al patrono".

 

Por ello, el derecho a la indemnización no llegó a nacer porque antes se extinguió la obligación de readmitir. Así, "al finalizar el contrato, el empleador quedó liberado de las obligaciones no adquiridas en ese momento", de forma que "no existe daño que reparar y no existe relación de causa a efecto entre la imposibilidad de readmitir y una acción de empleador".

 

En definitiva, "ningún criterio de imputación objetiva puede hacer al empleador responsable de la no readmisión", siendo el trabajador "quien debe soportar el riesgo de su incapacidad laboral o muerte por causa ajena a un acto del patrono".

 

Además, "la mayoría se aparta, sin razonar el cambio de criterio, de la doctrina sentada en nuestra sentencia de 28 de abril de 2010, dictada en Sala General, donde se vino a decir que los contratos se extinguen, mientras se tramita el proceso por despido, cuando se cumple la condición resolutoria de los mismos, incluso en los despidos nulos, lo que comporta que en estos casos la indemnización se limite al pago de los salarios dejados de percibir hasta el día en que se extinguió el contrato".

 

El 75% de contratos con despido gratis en el periodo de prueba siguen vivos

cincodias.com, 11/04/2013

Los jueces avalan cada vez más los despidos colectivos, según Cuatrecasas

El 48% de las sentencias encuentra los despidos procedentes

 

Los responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ensalzan muy a menudo la cantidad de contratos indefinidos, denominados de emprendimiento, que se han firmado desde que se creó esta modalidad contractual hace ahora 14 meses, en la reforma laboral de febrero de 2012. Este contrato, que es de carácter fijo y solo pueden hacerlo las empresas de menos de 50 trabajadores, tiene la peculiaridad de que amplía hasta un año el periodo de prueba durante el cual el trabajador puede ser despedido de forma gratuita, sin indemnización.

 

Por este motivo, este modelo de contrato ha sido muy criticado por los sindicatos, por una parte de la doctrina académica y por los partidos de izquierda, que lo han llevado incluso al Tribunal Constitucional que tendrá que decir si se ajusta o no a derecho.

 

Mientras tanto, desde Empleo se presume de que se han firmado 90.000 de estos contratos desde su creación. Si bien, aún se desconocía el volumen de aquellos que seguían vivos tras el periodo de prueba de un año y, por tanto, los empresarios que los habían suscrito no habían aprovechado el despido gratuito que conlleva en los doce primeros meses.

 

El Ministerio de Empleo aún no ha dado oficialmente esta cifra, pero según los datos facilitados por este departamento ministerial al Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, aproximadamente el 75% de estos contratos sigue vivo tras concluir el periodo de prueba.

 

El presidente de este Instituto y responsable del área laboral de Cuatrecasas, Salvador del Rey y su director, Fernando Moreno, consideraron ayer este dato como “una buena noticia”, que enmarcaron dentro del “balance general positivo” de los efectos que está teniendo la reforma laboral catorce meses después de su entrada en vigor.

 

Según el análisis de estos expertos, aunque aún es pronto para ver todos los cambios que está provocando la reforma –en Alemania empiezan ahora a surgir los primeros balances académicos de la reforma laboral de 2005, precisan–, creen que donde más se esta notando la nueva legislación es en el uso e inclusión de medidas de flexibilidad interna en los convenios.

 

De hecho, Del Rey y Moreno aseguran que a la luz de los datos estadísticos las empresas están recurriendo con mucha más frecuencia a las nuevas facilidades para inaplicar los convenios de referencia (descuelgues) que da la reforma laboral, que a otras posibilidades que también se facilitaban en esta ley, como la creación de un convenio de empresa.

 

“Las compañías prefieren incumplir temporalmente las condiciones de un convenio sectorial que crear una unidad de negociación y plasmar nuevas condiciones en un contrato de empresa”, explican estos laboralistas.

 

De hecho, según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo, el recurso a estos descuelgues se está intensificando notablemente. Antes de la reforma, apenas se registraban inaplicaciones de convenio, porque requerían el acuerdo con los trabajadores. Pero desde febrero a diciembre pasado se registraron 748 pactos de descuelgue, que afectaron a 29.000 trabajadores; y solo en los tres primeros meses de 2013 ha habido otros 652 de estos acuerdos, que han rebajado las condiciones laborales de 27.000 asalariados.

 

Estos expertos han analizado también el resultado de las sentencias judiciales que han salido por los cambios de la reforma en los despidos colectivos. Según sus cifras existen unas 45 sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional. De estas, 21 fallos judiciales han anulado, por defectos de forma, los despidos recurridos; otros 20 los han encontrado ajustados a derecho, esto es, que concurrían las nuevas causas que recoge la reforma para ajustar plantillas con un menor coste del despido. Y solo cuatro sentencias han declarado los despidos improcedentes, porque no concurrían las causas. Según explican, esto refleja que las nulidades dejan de ser el fallo mayoritario en favor de aquellos que se ajustan a derecho, por lo que los jueces cada vez más respaldan la reforma.

 

A la espera de que el Supremo se pronuncie

Empresas, trabajadores y abogados están a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie por alguna de las sentencias que ya han llegado a esta instancia sobre las cuestiones más polémicas de la reforma, sobre todo en los casos de despidos colectivos.

 

El responsable de Laboral de Cuatrecasas, Salvador del Rey, cree que el Supremo mantendrá la línea manifestada por la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, permitiendo a los magistrados justificar o no la razonabilidad y la proporción de los despidos, “pero con más límites que antes de la reforma; lo que ya no podrán hacer los jueces es ponerse en el lugar del empresario y dictar lo que éste debería o no hacer en un proceso de reestructuración”.Y pidió al Gobierno que aclare la situación de los grupos de empresa en los despidos colectivos, “porque ahora da muchos problemas”.

Los parados deberán presentar currículos sellados por empresas para acceder a los 400 euros

abc.es, 11/04/2013

El plan PREPARA exige a los solicitantes una declaración responsable de búsqueda activa de empleo y 9 currículos presentados

 

Los parados de larga duración o con cargas familiares que quieran acceder al plan PREPARA (la última prórroga de los «400 euros») deberán demostrar que han realizado una búsqueda activa de empleo durante los 30 días anteriores a la solicitud, aportando copias de sus currículos sellados por las empresas a las que han acudido a buscar trabajo.

 

Para demostrar que se está buscando empleo activamente, según el servicio de atención al ciudadano del SEPE, los solicitantes deberán aportar un mínimo de 9 documentos así como nombres y teléfonos de empresas, portales de ofertas en internet donde se está inscrito o bolsas de trabajo en las que el parado figura como solicitante.

 

El plan PREPARA (Programa de Recualificación Profesional) está dotado con una ayuda económica que aumenta del 75 al 85% del IPREM (452,63 euros) para los titulares con tres o más personas a su cargo; y ofrece a sus beneficiarios, además de la ayuda económica, un itinerario personalizado de reinserción.

 

El programa de recualificación profesional se aprobó el pasado 16 de febrero con una validez de 6 meses, prorrogable automáticamente, hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 20%, según la EPA.

 

El Gobierno facilitará la creación de empresas en 24 horas y por 40 euros

cincodias.com, 11/04/2013

El Ejecutivo da las últimas puntadas a la ley de emprendedores, una de sus principales bazas para fomentar el autoempleo y el emprendimiento en España. La nueva norma permitirá la tramitación online de la constitución de una empresa en un periodo de 24 horas y con un coste de solo 40 euros. La novedad, incluida dentro de la futura norma, se realizará a través del programa informático CIRCE y permitirá agilizar los trámites para la constitución de empresas, que podrán crearse además con un capital social de solo un euro, lejos de los 3.000 euros que son necesarios según la actual legislación, tal y como adelantó CincoDías.

 

El director general de Industria y de la Pyme, Manuel Valle, anunció ayer que la futura ley será aprobada por el Gobierno “en las próximas semanas”, a la espera de que se cierren “algunos flecos”; por lo que podría coincidir con la presentación del paquete de reformas estructurales que el presidente del Gobierno anunció para el próximo 26 de abril, que en palabras de Mariano Rajoy pretenden “eliminar estrangulamientos y cuellos de botella al crecimiento de los sectores productivos”.

 

Valle adelantó ayer en la presentación de la iniciativa ¡¡España Emprende!!, de la que forman parte un centenar de instituciones, entre ellas el Círculo de Empresarios, que la futura normativa también contará con un repertorio de incentivos fiscales. Entre las mejoras, el director general de Industria y de la Pyme destacó la puesta en marcha de cambios en la tributación de las opciones sobre acciones o stock options. Una herramienta que facilitará el acceso de las pymes a personal altamente cualificado mediante el pago de start-up shares, o lo que es lo mismo, un plan de retribución mediante acciones si se cumplen determinados objetivos, que permitiría a los emprendedores atraer talento en sus primeros años de actividad empresarial sin necesidad de tener que pagar grandes sueldos.

 

El resto de los incentivos fiscales irán destinados a mejorar la tributación a los business angels de las plusvalías obtenidas en empresas de nueva creación e incentivos en el IRPF para inversión o financiación de empresas adelantados por Rajoy en el debate sobre el estado de la nación y que aún no han sido concretados.

 

Además, el texto de la futura ley contará con medidas para fomentar la financiación, como el fondo de fondos recientemente puesto en marcha por el ICO o el lanzado por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), e incluirá la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que permitirá que no se vean comprometidos bienes personales como viviendas o vehículos por el impago de deudas de la pyme. La eliminación de las trabas burocráticas será otro de los apartados tras la reciente aprobación de la ley de unidad de mercado.

 

Fomentar la creatividad en las aulas

El director general de Industria y Pyme reconoció ayer la necesidad de fomentar el emprendimiento desde el sistema educativo y se mostró partidario de liberalizar más la educación, con la finalidad de constituir un centro educativo o una universidad privada. Por otro lado, Valle aprovechó para recordar la reciente puesta en marcha de un programa de emprendimiento universitario y la introducción dentro de la futura ley de la figura del visado para emprendedores, que facilitará que el talento extranjero interesado en poner en marcha una empresa en España pueda llevarlo a cabo sin tener trabas de inmigración.

 

500.000 nuevas pymes en los próximos años

La iniciativa ¡¡España Emprende!! ha impulsado un documento con 15 medidas para dinamizar la economía española que permitiría, según sus impulsores, la creación de 500.000 nuevas empresas en los próximos años gracias a la iniciativa privada. La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, una de las instituciones firmantes de la propuesta, destacó ayer la necesidad de permitir a las pymes acceder a los contratos de la Administración Pública, hasta ahora en manos de las grandes compañías. Por su parte, representantes de las empresas de capital riesgo y de los emprendedores españoles reclamaron la “eliminación de barreras y trabas burocráticas y que la Administración cumpla una función facilitadora”.

 

 

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