Resumen de Prensa Semanal

Semana 15

09/04/2012 al 15/04/2012

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Los salarios suben hasta marzo el 2,16%
cincodias.com, 11/04/2012

Los salarios suben hasta marzo el 2,16%

cincodias.com, 11/04/2012

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos firmados o revisados hasta marzo fue del 2,16%, nueve décimas por debajo de la que se registró en el mismo periodo de 2011, cuando se situó en el 3,06%, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

En el primer trimestre del año se firmaron 849 convenios colectivos, un 41,8% menos que en el mismo periodo del 2011, para 270.700 empresas, un descenso del 17,2%, que afectaron a 2.104.500 de trabajadores, un 24,2% inferior.

 

La jornada media fue de 1.753,3 horas al año, cifra similar a la del año pasado (el 0,1% menos).

 

Del total de convenios firmados hasta marzo, 635 fueron de empresa (un descenso del 43,7%), que afectaron a 236.100 trabajadores (el 0,1% menos) para los que se acordó una subida salarial del 1,98%, (una décima más) y una jornada media de 1.713,1 horas anuales (2,4% menos).

 

El resto, 214, fueron convenios de otro ámbito, cifra que supone una disminución del 35,7%, para 1.868.400 trabajadores (el 26,4% menos), y con una subida del 2,18%, una caída de nueve décimas, y 1.758,4 horas anuales (el 0,2% menos).

 

Por encima de la media nacional se han situado los incrementos salariales del País Vasco (2,9%), Cantabria (2,83%), Navarra (2,81%), La Rioja (2,79%), Castilla y León (2,73%), Aragón (2,57%), Baleares (2,54%) y Murcia (2,46%).

 

También superaron la media Madrid (2,42%) y Andalucía y Cataluña (2,39% en ambos casos).

 

Por debajo se colocaron Asturias (2,05%), Castilla-La Mancha (2%), Canarias (1,92%), Comunidad Valenciana (1,91%), Galicia (1,85%) Extremadura (1,42%) y Ceuta y Melilla (0,18%).

 

Nueve de cada diez euros de la 'hucha de las pensiones' están en deuda española

cincodias.com, 12/04/2012

La Seguridad Social entró en números rojos en 2011 por primera vez en trece años, pero el sistema tiene un potente colchón que aún no ha sido necesario usar: el fondo de reserva de las pensiones, que el pasado ejercicio creció un 3,79%, hasta 66.815 millones de euros (el 6,22% del PIB). El 90% está invertido en deuda española y se aspira a que sea el 100%.

 

Si ocurriera un cataclismo y la Seguridad Social dejara de ingresar dinero de repente, aun así el Gobierno podría pagar la nómina a los ocho millones de pensionistas durante nueve meses seguidos, gracias a los 66.815 millones de euros con los que cuenta la conocida como hucha de las pensiones. Obviamente, esto no va a ocurrir nunca porque la Seguridad Social se nutre mensualmente de las cotizaciones sociales que pagan los 17 millones de afiliados y que este año se espera que sumen 106.322 millones. Otra cosa es que la evolución negativa del empleo y el creciente avance de los gastos en pensiones empiece a generar pequeños agujeros en el sistema, que tarde o temprano deberán solventarse recurriendo al fondo de reserva creado exclusivamente para ello.

 

De momento, el déficit de 995 millones generado en 2011 se compensará con remanentes de tesorería sin necesidad de echar mano del fondo de reserva. Pero la situación del sistema continúa agravándose y distintas fuentes consultadas coinciden en no descartar que se tenga que usar esta hucha este año. Para evitarlo, el Ministerio de Empleo ha conseguido arrancar al de Hacienda 1.000 millones de euros para financiar complementos a mínimos que según la ley debe pagar el departamento de Cristóbal Montoro y hasta ahora costeaba el de Fátima Báñez. Quizá esta operación evite tener que tocar el fondo este año, algo que defiende oficialmente el Gobierno.

 

En cualquier caso, la hucha de las pensiones está ahí y, según los últimos datos oficiales, al final de 2011 contaba ya con los 66.815 millones, lo que equivale al 6,22% del PIB. Esta cuantía exacta está incluida en el informe anual del fondo que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, entregó ayer al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada.

 

Este fondo, que empezó a dotarse en el año 2000 con una primera aportación de excedentes de la Seguridad Social de 600 millones, está invertido fundamentalmente en deuda pública española y genera ya unos rendimientos netos anuales de 14.033 millones. Estos intereses forman también parte de esta hucha. De hecho, el déficit en el que incurrió el sistema en 2011, hizo que el fondo no recibiera ninguna aportación de excedentes del sistema de Seguridad Social y solo se engrosó con 2.217 millones de intereses generados y 223 millones de remanentes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Con ello, el volumen total aumentó un 3,79% en el ejercicio pasado.

 

Las previsiones presupuestarias del Gobierno para este año prevén, de momento, que este 2012 ocurra lo mismo. No habrá dotaciones de excedentes para el fondo -ya que no se espera que estos existan- pero la hucha sí continuará creciendo por la rentabilidad de las inversiones.

 

El 89,7% del fondo de reserva está invertido en activos españoles y el 10,3% restante en deuda de Francia, Alemania y Holanda. Así, nueve de cada diez euros están invertidos en deuda pública de España y, según avanzó ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, los gestores aspiran a que a medida que vaya venciendo la deuda extranjera seguir orientando las nuevas inversiones en la española, hasta que sea el 100%. La ley que regula esta hucha impide que la inversión en deuda extranjera supere el 55% del total.

 

 

El FMI insiste en recortar las prestaciones futuras por jubilación

cincodias.com, 12/04/2012

Los países deberían incrementar la edad legal de jubilación de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida, según planteó ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomienda establecer reglas automáticas que faciliten este proceso cuando sea necesario.

 

"Los países deberían subir la edad de jubilación a la par que crece la esperanza de vida", explicó la institución internacional, que sugiere que, ante la controversia que suscitan estos procesos, sería recomendable "establecer reglas automáticas que lo faciliten cuando fuera necesario".

 

En este sentido, el FMI planteó que si la esperanza de vida aumenta en un año, la edad de jubilación debería retrasarse a su vez en un año. "Se trata de un proceso dinámico", explicó la entidad. De hecho, para la institución dirigida por Christine Lagarde retrasar la edad de jubilación prolonga el periodo de acumulación de recursos jubilatorios y acorta el periodo de uso de los mismos.

 

"Es importante que las entidades que ofrecen pensiones puedan actuar con flexibilidad: si no es posible incrementar las contribuciones o subir la edad de jubilación, posiblemente haya que recortar las prestaciones", advirtió.

 

Por otro lado, el FMI ha avisado de que si el promedio de vida para 2050 aumentara tres años más de lo que se espera actualmente, "los costes del envejecimiento, que ya son enormes, podrían aumentar un 50%". La institución apuntó que una longevidad inesperada más allá de lo que recogen las previsiones constituye "un riesgo financiero" para los gobiernos y las entidades que ofrecen prestaciones definidas, que tendrán que pagar más de lo esperado en pensiones.

 

 

El Supremo cuestiona aspectos básicos de la reforma laboral

lavanguardia.com, 12/04/2012

El presidente de la Sala Social, Gonzalo Moliner, ve "tremenda" la ley | El Supremo ve aspectos de la ley que "rayan la inconstitucionalidad" y teme una "avalancha" de pleitos tras la reforma

 

El presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), Gonzalo Moliner, considera que la reforma laboral tiene una dimensión "tremenda", porque cambia "las bases sobre las que se ha construido el derecho del trabajo durante mucho tiempo". Moliner, al frente del órgano que constituye la máxima instancia judicial del país en la interpretación y aplicación del derecho laboral, añade que la reforma plantea serias dudas sobre su constitucionalidad, "sobre todo en lo referido al derecho a la libertad sindical".

 

Moliner considera en declaraciones a la revista Iuris que es muy probable que, a la vista de estas circunstancias, la nueva legislación propuesta por el Gobierno tenga que ser revisada por el Tribunal Constitucional (TC). Y no ya porque la recurran fuerzas políticas de la oposición, sino porque los propios jueces se hallen ante la necesidad de plantear cuestiones de inconstitucionalidad cuando tengan que aplicar la reforma. Esta figura legal está prevista para los casos en que un juez tenga que aplicar un precepto que a su juicio pueda ser inconstitucional.

 

La voz de alarma que lanza el presidente de la Sala de lo Social no pretende interferir en el proceso político de discusión de la ley. Moliner afirma: "No voy a entrar" en si la reforma "hacía falta" desde el punto de vista económico o político. Pero las advertencias a los poderes ejecutivo y legislativo son claras. El Supremo no sólo teme que los cambios afecten a derechos constitucionales, sino también que sobrecargue de trabajo a instancias que, como la propia Sala de lo Social, están al día y pueden dejar de estarlo.

Gonzalo Moliner pone como ejemplo los pleitos que pueden originase sobre los despidos colectivos. "El año pasado, en números redondos -explica-, hubo más de 19.000 expedientes de regulación de empleo (ERE), de los que más de 5.000 terminaron sin acuerdo. Si eso se produjera este año, y probablemente se produzcan estos o más, podrían llegar al Tribunal Supremo, y eso no se puede absorber".

 

El presidente de la Sala de lo Social cree que la legislación deja "abierta" la posibilidad de que haya "muchísimos más" pleitos. Explica que "ante despidos, reducciones de salarios y reducciones de jornada, los interesados recurrirán". La de lo social -añade- "es una de las pocas que están bien de tiempo en el Supremo", y "va al día", pero "si se produce la avalancha que nos tememos, ya no estará al día". Todo ello -prosigue- hará que se resienta la seguridad jurídica en materia de derecho laboral, "porque un pleito pendiente es siempre una calamidad".

 

Moliner cree que también pueden dañar la seguridad jurídica aspectos de la ley "que rayan la inconstitucionalidad". Cita el derecho de libertad sindical y subraya que "los sindicatos están reconocidos en la Constitución como una parte importante del sistema y tienen unos derechos muy claramente reconocidos". Moliner estima que el Parlamento "realizará algún retoque" de la reforma y asegura que "aunque tengamos desacuerdos", el Supremo la interpretará y la aplicará.

El Supremo avala que la empresa sepa intimidades de sus empleados

cincodias.com, 13/04/2012

El Tribunal Supremo avala en una reciente sentencia que el miembro de un comité de empresa pueda informar a los directivos de la misma de aspectos de la esfera íntima de sus trabajadores en aras a "colaborar con el mantenimiento de la productividad".

 

La sentencia desestima el recurso de casación en materia de derechos fundamentales presentado por dos trabajadoras contra un miembro del comité de empresa por los comentarios que este efectuó al director de la misma de que mantenían una posible relación afectiva que afectaba al funcionamiento de la compañía.

 

El alto tribunal confirma que en la ponderación de los derechos en colisión, libertad de expresión por un lado e intimidad por otro, debe prevalecer "el ejercicio de las funciones del miembro del comité de empresa que ha de colaborar con el mantenimiento de la productividad y con el funcionamiento de esta".

 

 

El Ejecutivo garantizará que la indemnización por despido siga sin tributar

cincodias.com, 13/04/2012

El Ministerio de Hacienda está diseñando una fórmula de procedimiento legal, que incorporará a través de una enmienda a la reforma laboral, para que la norma garantice que la indemnización por despido improcedente siga exenta de tributación.

 

Desde el pasado 12 de febrero -cuando entró en vigor la reforma laboral del PP- los laboralistas y responsables de recursos humanos de las empresas han denunciado la existencia de un vacío legal para que el procedimiento en caso de despido improcedente siga garantizando que no se paguen impuestos por esta indemnización, tal y como fija la ley.

 

Antes de 2002, para que estos pagos quedaran exentos se necesitaba como mínimo que el acta de conciliación reconociera la improcedencia del despido. Tras esta fecha, la reforma laboral del Gobierno de José María Aznar creó el despido exprés y ya no hacía falta acudir a los servicios de mediación y arbitraje para reconocer en el acto de conciliación la improcedencia del despido; bastaba con que el empresario reconociera expresamente (por escrito) dicha improcedencia antes del acto de conciliación.

 

Pues bien, ahora la reciente reforma de Mariano Rajoy ha eliminado fulminantemente de la legislación el despido exprés, por lo que se abre la duda de si vuelve a hacer falta o no el reconocimiento expreso de la improcedencia en los servicios de mediación o arbitraje para no tributar por la indemnización.

 

Por este motivo, la Dirección General de Tributos ha recibido numerosas consultas por este tema. La decisión de los técnicos de Hacienda ha sido dar solución a este vacío normativo en la propia ley, a través de una enmienda del PP a la reforma laboral, y no con una resolución administrativa, según han informado fuentes de este departamento.

 

Se aconseja ir a conciliación

A la espera de que se solvente esta laguna del procedimiento, la mayoría de los asesores sindicales de las empresas está aconsejando que vuelva a actuarse como antes del año 2002, en aras a garantizar esa exención fiscal.

 

Esto, no obstante, puede empezar a provocar cierto caos en los servicios de mediación y arbitraje (SMAC), ya que desde 2002 el 65% de los despidos eran exprés y no necesitaban el acta de conciliación.

 

Por ejemplo, la guía de la reforma laboral elaborada por la consultora PwC aconseja que "a partir de la reforma la improcedencia se reconocerá en el acto de conciliación o será declarada en sede judicial. La imposibilidad de que el propio empresario reconozca la improcedencia del despido producirá una ralentización de la formalización del despido, puesto que aun cuando el trabajador tenga derecho a la prestación por desempleo, la exención fiscal de las indemnizaciones por despido improcedente volverá a colapsar los ya saturados servicios de conciliación".

 

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