El Supremo cuestiona aspectos básicos de la reforma laboral

El presidente de la Sala Social, Gonzalo Moliner, ve "tremenda" la ley | El Supremo ve aspectos de la ley que "rayan la inconstitucionalidad" y teme una "avalancha" de pleitos tras la reforma

 

El presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), Gonzalo Moliner, considera que la reforma laboral tiene una dimensión "tremenda", porque cambia "las bases sobre las que se ha construido el derecho del trabajo durante mucho tiempo". Moliner, al frente del órgano que constituye la máxima instancia judicial del país en la interpretación y aplicación del derecho laboral, añade que la reforma plantea serias dudas sobre su constitucionalidad, "sobre todo en lo referido al derecho a la libertad sindical".

 

Moliner considera en declaraciones a la revista Iuris que es muy probable que, a la vista de estas circunstancias, la nueva legislación propuesta por el Gobierno tenga que ser revisada por el Tribunal Constitucional (TC). Y no ya porque la recurran fuerzas políticas de la oposición, sino porque los propios jueces se hallen ante la necesidad de plantear cuestiones de inconstitucionalidad cuando tengan que aplicar la reforma. Esta figura legal está prevista para los casos en que un juez tenga que aplicar un precepto que a su juicio pueda ser inconstitucional.

 

La voz de alarma que lanza el presidente de la Sala de lo Social no pretende interferir en el proceso político de discusión de la ley. Moliner afirma: "No voy a entrar" en si la reforma "hacía falta" desde el punto de vista económico o político. Pero las advertencias a los poderes ejecutivo y legislativo son claras. El Supremo no sólo teme que los cambios afecten a derechos constitucionales, sino también que sobrecargue de trabajo a instancias que, como la propia Sala de lo Social, están al día y pueden dejar de estarlo.

Gonzalo Moliner pone como ejemplo los pleitos que pueden originase sobre los despidos colectivos. "El año pasado, en números redondos -explica-, hubo más de 19.000 expedientes de regulación de empleo (ERE), de los que más de 5.000 terminaron sin acuerdo. Si eso se produjera este año, y probablemente se produzcan estos o más, podrían llegar al Tribunal Supremo, y eso no se puede absorber".

 

El presidente de la Sala de lo Social cree que la legislación deja "abierta" la posibilidad de que haya "muchísimos más" pleitos. Explica que "ante despidos, reducciones de salarios y reducciones de jornada, los interesados recurrirán". La de lo social -añade- "es una de las pocas que están bien de tiempo en el Supremo", y "va al día", pero "si se produce la avalancha que nos tememos, ya no estará al día". Todo ello -prosigue- hará que se resienta la seguridad jurídica en materia de derecho laboral, "porque un pleito pendiente es siempre una calamidad".

 

Moliner cree que también pueden dañar la seguridad jurídica aspectos de la ley "que rayan la inconstitucionalidad". Cita el derecho de libertad sindical y subraya que "los sindicatos están reconocidos en la Constitución como una parte importante del sistema y tienen unos derechos muy claramente reconocidos". Moliner estima que el Parlamento "realizará algún retoque" de la reforma y asegura que "aunque tengamos desacuerdos", el Supremo la interpretará y la aplicará.


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