Resumen de Prensa Semanal

Semana 15

07/04/2014 al 13/04/2014

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La Seguridad Social pagó 'indebidamente' 341.350 bajas laborales entre 2010 y 2013

elmundo.es, 07/04/2014

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pagaron, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, un total de 341.350 procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la baja, lo que "podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social".

 

Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social'.

 

Según dicho documento, los servicios públicos de salud de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia incumplieron su obligación de remitir a la Seguridad Social los partes médicos de confirmación de las bajas temporales, lo que impidió realizar los controles adecuados al INSS, que tampoco reclamó a los gobiernos regionales que cumplieran con esa obligación.

 

De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre de 2010 y abril de 2013 existieron 337.047 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes para los que no había ningún parte médico asociado, lo mismo que sucedía con otros 4.329 procesos derivados de contingencias profesionales.

 

Tampoco se controlaron las recaídas

A esto hay que sumar que la información disponible en el INSS sobre recaídas de bajas anteriores "no fue debidamente contrastada ni validada", lo que también podría haber supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social porque cuando se trata de una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del proceso anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior.

 

Durante el mismo periodo, dice el Tribunal, también existieron más de 2,9 millones de procesos de incapacidad abiertos sin el correspondiente parte de la empresa, lo que "resta eficiencia al control de los procesos" y al pago de las prestaciones correspondientes.

 

Descontrol con las deducciones por bajas temporales

De hecho, el Instituto de Seguridad Social no tiene "ningún control" sobre las deducciones que las empresas utilizan por procesos de incapacidad temporal, lo que "puede suponer pagos indebidos" para el organismo, tal y como demuestra el informe.

 

No en balde, se detectaron al menos 14.340 deducciones derivadas de bajas temporales por contingencias comunes en las que no había parte médico de baja ni transmitido por los servicios médicos ni por la empresa, lo que generó un coste de 15,61 millones de euros. Lo mismo sucedió en 822 casos de contingencias profesionales, que supusieron el abono de 742.283 euros.

 

Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal finalizados por los que las empresas seguían deduciéndose cotizaciones "por tiempo ilimitado y sin que fueran detectadas por la Seguridad Social". En este sentido, sólo en el segundo mes tras finalizar 1.648 bajas las empresas correspondientes se dedujeron "indebidamente" más de un millón de euros, y "existe el riesgo de que en el tercer mes y siguientes continuaron practicando deducciones indebidas de forma ilimitada", señala el informe.

Grave defecto de control interno

De hecho, el organismo fiscalizador lamenta que incluso cuando el INSS tiene información suficiente hasta el 64% de las bajas temporales queda sin controlar ni por los servicios centrales ni por las direcciones provinciales de la Seguridad Social, hasta rozar los dos millones de casos, lo que supone un "grave defecto de control interno".

 

Esta situación supuso que en el periodo mencionado entre 2010 y 2013 se financiaran 1.185 millones de euros de prestaciones sin comprobaciones ni controles. El Tribunal ha constatado posteriormente que al menos en 254 casos las empresas se dedujeron 627.141 euros cuando los trabajadores supuestamente incapacitados ni siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de 226.750 euros se comprobó que no habían cotizado el mínimo como para acceder a la prestación.

 

Con respecto a los casos que sí se han controlado, el Tribunal de Cuentas señala que en 2012 disminuyeron los expedientes un 31,4%, al quedar excluidos de la fiscalización del INSS los contratos laborales a tiempo parcial. Además, sólo el 36% de los casos se enviaron a Tesorería de la Seguridad Social para cruzar los datos, si bien hasta 110.114 de esos procesos no pudieron ser validados, por lo que las deducciones correspondientes también quedaron sin control.

 

"Además, los resultados de los controles automatizados del INSS fueron insuficientes dado que en las direcciones provinciales del mismo se practicaron notificaciones de reclamación de deudas por deducciones indebidas de incapacidad temporal a las empresas superiores en un 102,5% a las comunicadas inicialmente por los servicios centrales", advierte el Tribunal, que critica no obstante que en algunas de esas provincias sólo se reclamaba cuando la cantidad era a favor de la Administración y no cuando era un saldo favorable a la empresa.

 

En el caso de las Mutuas, el Tribunal detectó que entre 2010 y 2012 se pagó a 538 trabajadores tanto la prestación por desempleo como la de incapacidad temporal con la modalidad de pago directo a cargo de Asepeyo por un importe de 107.198 euros.

 

Los retrasos en la tramitación de las disconformidades presentadas por los trabajadores también suponen un coste para la Seguridad Social, que debe seguir abonando la prestación mientras se resuelve el caso, lo que sólo en la Dirección Provincial de Madrid supuso un perjuicio económico de más de 65.600 euros entre 2011 y 2012.

 

Por todo ello, el tribunal recomienda al Ministerio de Empleo que cree una base de datos de partes médicos debidamente consolidada y conjunta con la información de que disponen las entidades de la Seguridad Social para que puedan compartir la información, evitar errores y deficiencias en la transmisión de datos y lograr un control más eficiente de las bajas temporales.

 

El Tribunal critica también que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió "indebidamente" casi 2,5 millones de euros a diferentes comunidades autónomas en el año 2011 en virtud de convenios de colaboración para el control de la incapacidad temporal, una cantidad que a su entender debería reclamar junto con los correspondientes intereses de demora.

 

En concreto, se pagaron 541.850 euros de más a Andalucía, 17.918 euros a Aragón, 1.542 euros a Extremadura, 267.636 euros a Galicia, 822.413 euros a Murcia, 206.262 euros a La Rioja, 494.485 euros a Castilla y León, 73.450 euros a Castilla-La Mancha, 3.947 euros a Baleares y 1.217 euros a la Comunidad Valenciana, por incumplimientos en diversos compromisos.

 

Asimismo, se han detectado otras irregularidades en la gestión de los convenios de colaboración y deficiencias en la ejecución de los mismos. No obstante, tanto Navarra como País Vasco, donde no se firmaron convenios generales de control de la incapacidad temporal, tuvieron una incidencia de este fenómeno y un coste por afiliado "muy superior a la media nacional", lo que lleva al Tribunal a pensar que "la formalización de dichos convenios, a pesar de sus irregularidades, fueron beneficiosos en términos generales".

 

Berlín prepara la creación de un ministerio europeo de Economía

cincodias.com, 07/04/2014

Brujas y Aquisgrán suelen ser el escenario de los grandes discursos europeos, ya sean a favor o en contra de la integración. En la ciudad belga Margaret Thatcher fijó en 1988 algunas de las muchas lineas rojas de Londres respecto a Bruselas. Y en 2011, en la capital de Carlomagno, el entonces presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, propuso la creación de un ministerio europeo como máxima autoridad económica de una Europa confederal.

 

Las trayectorias de esas dos tendencias se cruzaron el pasado 27 de marzo, con la presencia de Wolfgang Schäuble en el Colegio de Europa de Brujas. El ministro alemán de Finanzas trazó ese día el futuro de una zona euro que, a medio plazo, podría contar con un supercomisario de Economía, un presupuesto casi propio y hasta un parlamento desgajado del europeo.

 

Solo 24 horas después, Schäuble firmaba una tribuna (publicada en Financial Times) junto al ministro británico de Finanzas, George Osborne, en la que Berlín se compromete a que el descomunal salto hacia adelante de la zona euro se haga sin perjudicar a los socios de la UE que, como Reino Unido, parecen dispuestos a mantener su propia divisa.

 

Berlín y Londres representan los dos extremos en la visión sobre el futuro de Europa y su conciliación resulta imprescindible para seguir avanzando en bloque. De modo que un acuerdo entre esas dos capitales despeja el camino para una reforma del Tratado de la Unión que, según Alemania, se pondrá en marcha tras las elecciones al Parlamento europeo del 25 de mayo.

 

El nuevo Tratado servirá, en primer lugar, para dar una base legal europea a los instrumentos creados al margen de la UE para responder a la crisis del euro, como el fondo de rescate para financiar a los países sin acceso a los mercados (Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre) o el futuro mecanismo de resolución bancaria, encargado de liquidar o reestructurar las entidades financieras en dificultades.

 

Pero Berlín no se conforma con “europeizar” esas herramientas. El gobierno alemán quiere que el nuevo Tratado profundice el proceso de integración económica de los socios de la zona euro hasta el punto de que el comisario o ministro europeo de Economía pueda vetar los presupuestos nacionales si nos ajustan a los parámetros previstos en la normativa europea.

 

El Pacto de Estabilidad, aunque se ha endurecido durante la crisis, solo permite a Bruselas emitir recomendaciones sobre los proyectos presupuestarios, pero no dispone de potestad para frenarlos o modificarlos.

 

Schäuble también propone supeditar la distribución de los fondos europeos al cumplimiento de ciertas políticas en los Estados miembros, lo que permitiría, por ejemplo, concentrar el gasto en países como España en reformas estructurales para reducir el desempleo.

 

La negociación del nuevo Tratado, cuya apertura ya ha sido aceptada tácitamente por varios gobiernos, incluido el de Mariano Rajoy, también suscitará el debate sobre la dimensión social de la zona euro. Durante la crisis, la unión monetaria ha logrado evitar, a través del BCE, el colapso del sector financiero, pero no dispone de instrumentos para reducir una lista de paro en la que figuran 19 millones de personas o el 11,9% de la población activa.

 

Países como Francia ya plantean la comunitarización del seguro de desempleo, para romper el vínculo entre tasa de paro y cuentas públicas nacionales, del mismo modo que la unión bancaria pretende romper el círculo vicioso entre la deuda bancaria y la soberana.

 

En principio Berlín no se cierra en banda a ninguna propuesta, siempre que la solidaridad supranacional vaya acompasada con cesión de soberanía, para evitar que los contribuyentes de un país acaben pagando la irresponsabilidad de las políticas aplicadas en otro.

 

Con esa premisa por delante, el plan alemán incluso podría desembocar en la creación de un Tesoro europeo, con capacidad de financiar en parte a los socios de la zona euro. Fuentes europeas aseguran que Berlín no descarta esa idea. Y que contempla utilizar como embrión el actual fondo de rescate (MEDE o Mecanismo europeo de Estabilidad).

 

Según esas mismas fuentes, el MEDE, con sede en Luxemburgo, se convertiría en el eje central de la política económica de la zona euro. Y se fusionaría con la dirección general de Asuntos Económicos de la Comisión Europea.

 

Por si acaso, Berlín ya ha movido sus peones. Y el MEDE, nacido en 2012, es gran parte un coto alemán. España intentó en vano colarse en ese organismo y propuso a Belén Romaña para dirigirlo. Sin éxito, claro. Solo David Vegara, antiguo secretario de Estado de Economía, ha logrado encaramarse hasta un consejo de dirección donde tres de los seis miembros son alemanes, incluido el número uno, Klaus Regling.

 

 

Olli Rehn se despide entre protestas por la austeridad

Ninguna de las dos partes lo había previsto, pero el último día de Olli Rehn como comisario europeo de Economía, el pasado viernes, coincidió con una gran manifestación en Bruselas convocada por la Confederación Europea de Sindicatos contra las políticas de austeridad. Desde hoy, el incómodo puesto de Rehn lo ocupa el comisario de Transportes, Siim Kallas, que compaginará ambas carteras mientras el finlandés regresa a su país para concurrir a las elecciones europeas del 25 de mayo.

 

Rehn no lo tendrá fácil, pues se presenta por el partido liberal, formación con muchos seguidores euroescépticos reacios a Bruselas. El voto, además, es nominal, lo que permitirá medir con exactitud los apoyos de Rehn en su país.

 

La popularidad de Rehn fuera de Finlandia será más difícil de calcular, pero no debe ser muy alta en los países rescatados como Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre. Como representante de la Comisión le correspondía más bien el papel de poli blando dentro de la troika. Pero su empecinamiento con ciertas rectas, cuestionadas hasta por el FMI, le han convertido en el rostro duro de la austeridad. Quizá se deba a su empeño en no dar ningún paso sin tener completa seguridad. Una prudencia que para Rehn ha terminado en un traspiés.

 

 

La bestia negra de Almunia

“Almunia es un integrista liberal obsoleto”, aseguraba hace unos meses el ministro francés de Industria Arnaud Montebourg, según recuerda el blog especializado en competencia Chilling Competition. Su actitud ha tenido recompensa, pues Montebourg fue ascendido el viernes a ministro de Economía en el nuevo gobierno de François Hollande. Toda una declaración de intenciones de un ejecutivo llamado a chocar con Bruselas, y no solo con el comisario europeo de Competencia, Francia no oculta su deseo de relajar la aplicación del Pacto de Estabilidad, al que culpa del imparable ascenso del paro y las débiles cifras de crecimiento. El choque de trenes parece inevitable, salvo que Berlín tercie a favor de París.

 

El 60% de las empresas españolas invirtió menos en formación de sus trabajadores en 2013

abc.es, 08/04/2014

Pese a que la reforma laboral incorporó la obligatoriedad de dar 20 horas de permiso a los trabajadores para ello o la definición de un plan específico para toda la plantilla, según constata un informe de Adecco.

El 60% de las empresas españolas redujeron la inversión en formación durante el pasado año, frente al 40% que la incrementaron, pese a que en la reforma laboral se incorporó la obligatoriedad de dar 20 horas de permiso para la formación a los trabajadores o la definición de un plan específico para toda la plantilla, lo que hacía pensar en una mayor inversión en este campo, según la «Encuesta Adecco Training».

 

Sin embargo, a pesar de estos resultados, el 84% de los encuestados considera la formación una parte estratégica de su compañía. En la anterior edición, los porcentajes se basculaban en sentido contrario, puesto que sólo el 45% de las empresas reducían las partidas destinadas a formación. Y en el campo de los empleados, nueve de cada diez se mostraron satisfechos con la formación recibida.

 

Respecto a la distribución de esa inversión, el 40% fue destinado a habilidades técnicas, formación muy ligada a la cuenta de resultados, lo que confirma la apuesta por la formación como herramienta de productividad y competitividad de las empresas. Y para 2014, las previsiones siguen en la misma línea: el 37,8% de los encuestados cree que la mayor parte del presupuesto se dedicará a este tipo de actividades. La Prevención de Riesgos Laborales (23,6%), los idiomas (11,6%) y las habilidades comerciales (10,9%) son las siguientes partidas más demandadas en materia formativa.

 

Para realizar este informe, Adecco ha realizado una encuesta entre más de 700 empresas clientes procedentes de quince sectores de actividad diferentes en la que se ha valorado tanto las inversiones realizadas a lo largo de 2013 como las perspectivas existentes de cara al año en curso y los puntos clave a abordar en el sector de la formación para convertirlo en un área estratégica en todas y cada una de las empresas.

 

 

La Seguridad Social comunicará a las empresas las cuotas que deben pagar por sus empleados

elmundo.es, 08/04/2014

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha insistido en la importancia que tendrá el nuevo sistema liquidación de las cuotas sociales que pagan las empresas para la lucha contra el fraude.

 

La Tesorería General de la Seguridad Social realizará con sus datos un cálculo individualizado de la cotización correspondiente a cada trabajador y se lo comunicará a las empresas.

 

Por otra parte ha avanzado que se llevará a uno de los próximos Consejos de Ministros el anteproyecto de Ley sobre incapacidad temporal y la reforma de las mutuas.

 

Sobre la reforma del sistema de pensiones, Burgos destacó que la tasa de prejubilaciones ha disminuido del 50% al 41% desde su aprobación.

 

Sacará más dinero de la 'hucha de las pensiones'

El secretario de Estado ha señalado que, aunque no fue necesario disponer del Fondo de Reserva de las pensiones en el primer trimestre, es "razonable" esperar que haya que recurrir al mismo "en alguna medida" a lo largo del año dada la "complicada" situación que atraviesa la Seguridad Social por la crisis.

 

Burgos, antes de intervenir en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, ha precisado, en todo caso, que será la evolución de los indicadores del sistema, como la afiliación y la recaudación, los que determinen si es necesario echar mano de la 'hucha de las pensiones'.

 

En este sentido, ha destacado que lo importante es que "día a día" los indicadores más relevantes del sistema están evolucionando positivamente, tanto en materia de afiliación, que acumula ya siete meses creciendo en términos desestacionalizados, como en materia de recaudación, donde el sistema ha encadenado cuatro meses en positivo.

 

"Tenemos que decir con toda claridad que el sistema ha cumplido con su misión durante la crisis y va a ser claramente un motor para la recuperación de nuestro país, contribuyendo con datos positivos y elementos que son claramente alentadores y que nos hablan del inicio de una senda de recuperación también para el sistema de la Seguridad Social", ha subrayado.

 

Baja la morosidad con la Seguridad Social

El secretario de Estado de Seguridad Social anunció que la Seguridad Social ha recaudado 7.730 millones de euros en los cuatro primeros meses del año y que la morosidad se ha situado en el 2,33%, la tasa más baja desde el inicio de la crisis.

 

Durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, Burgos ha subrayado la importancia que ha tenido en la reducción de la morosidad la imposición de un recargo del 20% desde el primer día a quien deja de abonar las cuotas.

 

El impago se había convertido en un "mecanismo de financiación barato" para muchas empresas e instituciones, ha dicho el secretario de Estado.

 

La recaudación ingresada por la Seguridad Social, con los datos provisionales de abril, sitúa la tasa de ingreso de las entidades financieras en el 2,85 %, de forma que marca el cuarto incremento consecutivo.

 

La tasa de desempleo del primer trimestre de 2014 cerrará en el 26,23%

eleconomista.es, 09/04/2014

La patronal de las empresas de trabajo temporal Asempleo espera que, gracias al efecto de Semana Santa y a la generación de empleo esperada para mayo y junio, la afiliación a la Seguridad Social registre en junio avances cercanos al 1% en términos interanuales.

 

Concretamente, en su último 'Avance del Mercado Laboral', Asempleo espera que, por primera vez desde el inicio de la crisis, la ocupación pueda registrar, en el primer trimestre del año, un avance interanual "del orden del 0,3%".

 

Por otro lado, durante el primer trimestre de 2014, el número de parados se situaría en 5.925.600 personas, el 26,23% del total de la población activa, un ligero crecimiento con respecto al 26,03% registrado en el cuarto trimestre del pasado ejercicio.

 

Aumentan los contratos temporales

Por su parte, el número de contratos ha registrado un crecimiento interanual del 24,1% en el mes de marzo. La mayor subida que se ha registrado ha sido en los contratos temporales, que han crecido un 25%.

 

Asimismo, los contratos indefinidos a tiempo completo han crecido, entre marzo de 2013 y marzo de 2014 un 19,6%, aumentando así su cuota sobre el total de los contratos hasta el 9,4%.

 

Mientras, según el citado informe, los ocupados a tiempo parcial han crecido durante el último año en torno al 5,4% en términos interanuales, alcanzado los 2,7 millones de trabajadores, y constituían a cierre de 2013 el 16,3% del total de los ocupados.

 

A cierre de 2013, 350.000 personas compatibilizan dos trabajos, lo que supone un crecimiento del 1% en términos interanuales. Este incremento está motivado por el aumento de los trabajadores que intentan compatibilizar dos puestos de trabajo a tiempo parcial, el 42,6% de este tipo de ocupados.

 

Según el informe, el crecimiento de la parcialidad es "mayoritariamente involuntario" y es en las comunidades autónomas "donde más tasa de paro existe donde mayor es la proporción de ocupados que trabaja a tiempo parcial".

 

Empleo hará 'retoques' en la cotización de las retribuciones en especie, pero no cambios 'sustanciales'

noticias.juridicas.com, 09/04/2014

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha asegurado este martes que el reglamento que desarrolla la obligación de cotizar por las retribuciones en especie (vales de comida, pluses de transporte, etc.) incluirá "retoques y precisiones" a la norma aprobada el pasado mes de diciembre.

 

Burgos, en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, ha afirmado que este reglamento todavía está en fase de elaboración, pues aún se sigue negociando con los agentes sociales, entre otros interlocutores.

 

No obstante, el secretario de Estado ha insistido en que la cotización por las retribuciones en especie es una reforma "importante" para el sistema de la Seguridad Social, y también para los trabajadores y para el conjunto del tejido productivo.

 

Por este motivo, durante su comparecencia en la Comisión y ante las críticas de los Grupos Parlamentarios, ha señalado que no entiende las razones del rechazo a esta medida. "Apelo a sus señorías. Es una medida difícil y complicada de tomar, pero es en defensa del sistema, de los trabajadores y de las empresas", ha enfatizado.

 

Medidas para fortalecer el sistema

"Todas las medidas que ha tomado este Gobierno han sido para fortalecer el sistema, no para abonar ninguna campaña de alarma sobre él", ha resaltado Burgos.

 

Una de esas medidas, ha señalado, ha sido la tarifa plana de 100 euros para las nuevas contrataciones indefinidas. Según el secretario de Estado, el Gobierno adoptó esta iniciativa porque la tarifa de 50 euros que se instauró para los autónomos ha provocado un aumento de afiliados al Régimen de Autónomos "más que significativo".

 

Asimismo, ha explicado que se pudo empezar a implantar esta tarifa plana porque la economía española estaba en condiciones de asumir "una medida de calado", que además tiene plena protección social para todos los trabajadores.

 

Por otro lado, Burgos ha informado a los Grupos Parlamentarios de que el Gobierno está terminando de elaborar un inventario de los "muchos" bienes inmuebles de la Seguridad Social, un proceso "complejo", que está llevando su tiempo, y que no entiende por qué no se llevó a cabo anteriormente. De esta forma, se podrá conocer el número de edificios y otros bienes inmuebles de los que dispone la Seguridad Social, algunos de los cuales son en propiedad y otros en alquiler.

 

El Tribunal Supremo reconoce la pensión de viudedad a una mujer separada

diariojuridico.com, 09/04/2014

El Pleno de la Sala de lo Social ha acordado reconocer la prestación de viudedad a una mujer que tras su separación había percibido un importe mensual como manutención, sin que en el convenio regulador de la separación se hubiera fijado pensión compensatoria sino exclusivamente alimentos, aunque la beneficiaria no llegó a tener a su cargo al hijo común.

 

La Sala recuerda que mientras que la prestación de alimentos atiende a las necesidades de los hijos, la pensión compensatoria pretende atender al desequilibrio económico tras una ruptura matrimonial. Sin embargo, en muchas ocasiones los conceptos de las prestaciones económicas que se satisfacen como consecuencia de la separación o divorcio generan confusión porque la atribución del cuidado de los hijos a uno de los progenitores ocasiona que la pensión comprenda tanto la finalidad compensatoria como la alimenticia (así, cuando se utilizan conceptos como “alimentos y ayuda a esposa e hijos”, “cargas familiares”, “gastos de esposa e hijos”).

 

Ante el panorama de pensiones innominadas que se presenta en los convenios de separación y divorcio no es posible ceñirse exclusivamente a la denominación dada por las partes y no puede exigirse que la pensión compensatoria haya sido fijada con esa denominación para poder acceder en su momento a la prestación de viudedad, sino que “habrá que acudir a la verdadera naturaleza de la pensión fijada a cargo del causante, extraída de las circunstancias del caso y acudiendo en suma a una interpretación finalista”.

 

Por lo que el reconocimiento de la pensión de viudedad pasa por determinar si en el caso concreto el fallecimiento pone fin a una obligación asumida por el cónyuge fallecido con la finalidad de atender la finalidad propia de la pensión compensatoria, es decir, la pérdida del montante económico a que se tuviera derecho en el momento del fallecimiento y que se pierde por esta causa.

 

La sentencia, que contará con el voto particular de uno de los magistrados, desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había reconocido la pensión y recuerda que según el artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social para tener derecho a pensión de viudedad “en los casos de separación o divorcio…se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedara extinguida a la muerte del causante”.

 

En anteriores ocasiones (SSTS 14-2-2012, recurso 1114/11; 21-2-2 2012, recurso 2095/11 y 17-4-12, recurso 1520/11) la Sala, al interpretar el requisito de tener derecho a pensión compensatoria había exigido que la pensión percibida tras el divorcio o separación se hubiese fijado de modo nominal y expresamente como pensión compensatoria, doctrina que es ahora modificada por la Sala.

 

Por otra parte, en cuanto al segundo de los requisitos (que la pensión compensatoria se extinga a la fecha del fallecimiento del cónyuge), en sentencia de 18/09/2013, rcud 2985/2012, esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo reconoció pensión de viudedad a una persona viuda, separada judicialmente, a la que la sentencia de separación había asignado pensión compensatoria, aunque durante los últimos once años anteriores al fallecimiento de su cónyuge no había percibido ni reclamado dicha pensión.

 

La Sala entendió en esta otra sentencia que la norma exige que la persona divorciada o separada tenga reconocida la pensión compensatoria, no que sea perceptora efectivamente de ella en el momento del fallecimiento, por lo que “la no reclamación de pensión compensatoria no supone su extinción”.

 

El nuevo criterio de la Sala de lo Social se adoptó en Pleno el pasado 29 de enero, y el fallo de la primera de las sentencias donde se plasma ha sido notificado a las partes, a quien se notificará la sentencia íntegra en los próximos días.

 

Burgos rechaza dar marcha atrás en la cotización en especie

cincodias.com, 10/04/2014

A finales de diciembre, el Ejecutivo aprobó sin previo aviso un decreto que obligaba a las empresas a cotizar por la retribución en especie que pagaban a sus trabajadores, que hasta ese momento habían estado exentas de pago. Eso suponía que a partir del 22 de diciembre deberían tributar por los cheques de comida, los de guardería, los seguros médicos o planes de pensiones privados, entre otros. Una medida inesperada que soliviantó a las empresas, que cuantificaron en un punto de cotización a la Seguridad Social o 3.600 millones de euros el impacto de esa medida. Una merma que se unió a las sucesivas subidas de impuestos, como la del IVA, o la supresión de beneficios fiscales, como en Sociedades.

 

Desde que se aprobó esta medida, las empresas, encabezadas por la patronal CEOE, han realizado una labor de lobby para tratar de paralizar la medida o al menos lograr suavizarla. En una comparecencia en el Congreso el pasado martes, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, abrió la puerta a aprobar retoques. “Estamos hablando con los agentes sociales y los colectivos afectados, pero solo se harán retoques”, apuntó. El jueves fue más claro y descartó la posibilidad de cambios. “Hay medidas como esta que están muy justificadas si queremos un sistema de Seguridad Social eficiente y equitativo”, subrayó durante su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). “Los trabajadores tienen el derecho de que se cotice por todas sus retribuciones y lo que no se puede permitir es que las empresas eludan esos pagos”, recalcó. En su opinión, la merma por las exenciones tributarias en las cotizaciones en especie estaba adquiriendo una dimensión “que suponía una amenaza para el sistema y la quiebra del principio de contributividad”. El secretario de Estado de Seguridad Social manifestó que era consciente de que había sectores que habían visto la medida con preocupación, pero que lo que se iba a obtener es un sistema más transparente. “No vamos a cambiar la norma, ya que ni modifica, ni altera ni violenta lo establecido con anterioridad”, apuntó. Burgos señaló que la principal pauta que debe regir en las relaciones entre empresas y trabajadores es el de la equidad. “Sin entrar en la casuística, el principio básico es que se debe cotizar por el conjunto de todas las retribuciones, sean en especie o dinerarias”, dijo.

 

Detalles sobre la carrera laboral

En su intervención, Burgos avanzó que el Gobierno aprobará después de Semana Santa un nuevo sistema por el que la Seguridad Social facturará directamente a las empresas la cotización de sus trabajadores, sistema que se pondrá en marcha en 2015. “Se trata de un cambio histórico en el mecanismo de relación entre las empresas y la Seguridad Social, que sustituirá a la actual autoliquidación y se convertirá en una herramienta preventiva de lucha contra el fraude”, señaló. Con este sistema, según Burgos, la Seguridad Social indicará a todas las empresas “lo que tienen que cotizar”, pero también establecerá un mecanismo de cotización a nivel del trabajador para que llegue al detalle.

 

“Con este nuevo instrumento se da un salto importante en el sistema de relaciones económicas de la Seguridad Social, ya que se aplicará automáticamente todo el elenco de deducciones, bonificaciones y reducciones que ampara el sistema”. La iniciativa se tramitará como proyecto de ley y se aprobará después de Semana Santa, tras haber un debate previo con los agentes sociales.

 

El secretario de Estado apuntó que esta no es la única gran iniciativa que va a poner su departamento en marcha para agilizar las relaciones de empresas y trabajadores con la Seguridad Socia. También se refirió a otro proyecto denominado Tu Espacio por el que todos los ciudadanos tendrán información personalizada, “un espacio propio en la red para que puedan conocer todas sus relaciones con la Seguridad Social y hacer las gestiones más relevantes”. Burgos destacó que estos dos grandes proyectos, uno en el ámbito de la Tesorería de la Seguridad Social y otro en el de las prestaciones, “darán un cambio espectacular a la Seguridad Social tal y como la conocemos”.

 

El déficit se pagará con el Fondo de Reserva

La Seguridad Social cerró 2013 con un déficit del 1,1%, lo que supuso una mejora de tres décimas frente al objetivo inicial del 1,4%. Pese a ello se trató del mayor desfase de su historia.

 

El deterioro de las cuentas, con los ingresos por cotizaciones cayendo (se han perdido 3,3 millones de afiliados en los seis años de crisis), obligaron al Ejecutivo a tirar del Fondo de Reserva para pagar íntegramente el déficit. En total, el pasado ejercicio se sacaron 11.648 millones de euros y este año la cifra puede ser similar, a menos que la coyuntura económica mejore las cifras de recaudación y obligue a gastar menos dinero. El Ejecutivo augura un déficit del 1,1% este año y del 0,6% en 2015. “El cierre del año pasado nos coloca de partida en un nivel muy cercano, pero tenemos claro que vamos a tener déficit”, remarcó Burgos.

 

Preguntado sobre si se iba a echar mano otra vez de la hucha de las pensiones dejó claro que no hay otra vía. “Para cubrir el déficit sólo se puede hacer de dos formas: recurriendo a los fondos propios o al crédito bancario. Como disponemos de reservas construidas para esto, lo que tratamos es que ese recurso se use en el momento necesario y por la cuantía que se precise”, dijo. “Estamos en condiciones de respaldar el pago de las pensiones”, apuntó.

 

Lo que si dijo Burgos, también con cuatela, es que espera que la senda de reducción del déficit se consolide a corto y medio plazo por la mejora económica. El sistema lleva cuatro meses consecutivos de recaudación positiva, incluso a un ritmo superior al del crecimiento de la afiliación y el número de cotizantes empieza a remontar “tras ganar 145.000 nuevos afiliados en los últimos meses”.

Empleo ampliará la capitalización del 100% del paro a los mayores de 30 años

cincodias.com, 10/04/2014

En la actualidad, los mayores de 30 años sólo pueden cobrar el 60 % del paro para iniciar una actividad por cuenta propia, en tanto que los menores de 30 años (35 años en el caso de las mujeres) pueden capitalizar el 100% de la prestaciónDurante su intervención en la inauguración del IV Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la ministra hizo hincapié en la necesidad de favorecer a los autónomos y las pymes, a quienes señaló como una de las prioridades del Gobierno. Por su parte, y en declaraciones a los medios de comunicación tras la intervención de la ministra, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, explicó que el Gobierno tratará de implementar esta medida “a la mayor brevedad posible”, por lo que se introducirá en el Estatuto del Trabajador Autónomo, que sufrirá modificaciones en los próximos meses, según fuentes de Empleo.

 

La ministra también explicó que durante 2013 cerca de 152.000 parados capitalizaron su prestación por desempleo para montar un negocio. Por otra parte, Báñez incidió en que la reforma del sistema financiero tiene que ser la palanca para que el crédito llegue a pymes y autónomos, “que han ayudado a dar la vuelta a la situación durante la crisis”.

 

En este sentido, mostró el compromiso de la Administración con el colectivo de trabajadores por cuenta propia y como muestra de ese respaldo recordó que la Seguridad Social mantiene aplazado el pago de más de 2.200 millones de euros de cuotas de autónomos para facilitarles el mantenimiento de su negocio. Por todo ello, abogó por que el Estado elimine trabas para favorecer el emprendimiento, a través de la lucha contra la morosidad y con reformas específicas para los autónomos.

 

Sobre la posibilidad de que los mayores de 30 años capitalicen el 100% del desempleo para establecerse como autónomos, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, explicó que en una situación de escasez de crédito es “muy importante” que los parados puedan cobrar la prestación de una sola vez para dedicarlo a la inversión.

 

Es más, recordó que UPTA lleva pidiendo desde hace varios años esta medida para favorecer la creación de empleo y aseguró que podría beneficiar a unas 200.000 personas el año que viene.

 

Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, recalcó que se trataba de una vieja demanda de las organizaciones de autónomos, por lo que calificó la medida de “efectiva” y “muy buena”, sobre todo en un momento de escasa financiación.

 

La Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) celebró ayer el anuncio efectuado por el Ministerio de Empleo.

 

“No era lógico que únicamente los menores de 30 años pudiesen emplear el 100% de su prestación por desempleo para abrir un negocio pues, lamentablemente, el paro no entiende de edad”, subrayó en un comunicado el presidente de OPA, Camilo Abiétar.

 

En su opinión, en el actual contexto económico, son muchos los profesionales que necesitan un “empujón” como éste para poner en marcha su negocio. “Desde nuestra organización hemos solicitado en varias ocasiones a la Administración que la capitalización del desempleo no sea discriminatoria en materia de edad y sexo, por lo que el anuncio de la ministra Báñez supone una buena noticia para los emprendedores”, concluyó.

 

Otra de las asistentes al Congreso de UPTA fue la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quien abogó por que la Administración “derribe” barreras fiscales y burocráticas para favorecer el trabajo autónomo y el emprendimiento, ya que consideró que de ese modo se aceleraría la recuperación económica.

 

Botella hizo hincapié en la importancia que tienen los emprendedores y los autónomos, “porque no hay mejor forma de apoyar el empleo que ayudar a quienes pueden crearlo”, aunque reconoció que el trabajo por cuenta propia “no está lo suficientemente arraigado”. “Cada día, nuestra ciudad asiste a la creación de una media de 33 empresas y ya son 100.000 los emprendedores que viven entre nosotros”, destacó.

 

Otro de los datos que se dio ayer a conocer relacionados con el trabajo de autónomos y emprendedores fue el ofrecido por el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, quien anunció que ya hay más de 12.000 personas que están compatibilizando el cobro de su pensión de jubilación con una actividad profesional.

 

De ellos, Burgos apuntó que la mayor parte de estas personas ejercían una actividad por cuenta propia. En concreto, explicó que “más del 80% son autónomos”. Añadió que en este colectivo de empleados por cuenta propia es donde está “el gran elemento de aprovechamiento” de esta posibilidad de compatibilizar la pensión con un salario. Asimismo, defendió que la decisión del Ejecutivo se diseñó de tal manera que “cuantas más personas lo hagan, mejor para la Seguridad Social”. Insistió en que esta medida supuso un cambio “revolucionario”, ya que matizaba la hasta ahora “demasiado estricta” división que existía entre la actividad y la jubilación.

 

Un nuevo modelo de nómina detallará las cotizaciones en especie o dinerarias del empleado

abc.es, 10/04/2014

El secretario de Estado de Seguridad Social subraya que los pensionistas «están ganando poder adquisitivo» este año

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está diseñando un nuevo modelo de nómina para los trabajadores que detallará, además de los conceptos habituales, los diferentes pagos dinerarios y en especie, con sus correspondientes cotizaciones. Este modelo empezará a aplicarse después del verano y será obligatorio a partir de 2015, según ha explicado hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

 

La confección de este nuevo modelo de nómina es consecuencia del decreto aprobado en diciembre pasado y que obliga a cotizar a la Seguridad Social por conceptos, como las dietas, los vales de comida, etc..., que hasta ahora no estaba previsto. «Se debe cotizar por el conjunto de la retribución, la cual, si es en especie o dineraria dependerá del acuerdo entre la empresa y sus trabajadores», subrayó Burgos. Y añadió que «las prácticas legales para eludir las cotizaciones estaban proliferando y supone una amenaza para el sistema, además de quebrar el principio de igualdad en la cotización».

 

Asimismo, el Gobierno aprobará el mes que viene un nuevo sistema por el que la Seguridad Social facturará directamente a las empresas la cotización de sus trabajadores, sistema que se pondrá en marcha en 2015.

 

El secretario de Estado recordó que a finales de este año los trabajadores mayores de 50 años recibirán en su domicilio una carta de la Seguridad Social en el que se adelantará cuál será su pensión de jubilación en función de los años trabajados y cotizados y con los nuevos parámetros recogidos en la reforma del sistema.

 

También destacó que, «pese a algunos agoreros, los pensionistas están ganando poder adquisitivo este año, ya que las pensiones subieron un 0,25% y la inflación está en el -0,2%».

 

Tomás Burgos insistió en que el sistema de la Seguridad Social «seguirá conviendo más tiempo con déficit» a pesar de haber recuperado 145.000 afiliados desde el mínimo registrado el año pasado y de que el incremento de la tasa de recaudación es superior al de la tasa de afiliación.

 

Sobre el Fondo de Reserva, repitió que «solo se utilizará en el momento necesario y por la cuantía necesaria» y que «se hará sin dramatismos porque para eso está».

 

En cuanto a los autónomos dijo que la reforma del régimen especial tiene por objetivo vincular su cotización a su retribución, lo que conllevaría un nuevo incremento generalizado de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

 

 

España, el país de la UE con más contratos a tiempo parcial forzosos

elpais.com, 10/04/2014

El trabajo a tiempo parcial se está extendiendo en España, pero la mayoría de las ocasiones porque no hay más remedio. Más de 1,53 millones de trabajadores, un 9,2% de la población ocupada, tiene este tipo de contrato aunque les gustaría trabajar más horas. Se trata del porcentaje más elevado de subempleo de toda la UE, según los datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria.

 

Del 16% de empleados entre 15 y 74 años que trabajan a tiempo parcial en España, un 57,4% lo hace de forma involuntaria. Este porcentaje solo es mayor en dos países: Grecia (72%) y Chipre (59%), según la Encuesta sobre Fuerza Laboral de 2013 publicada este jueves. El subempleo suele estar relacionado con la precariedad laboral y, en muchas ocasiones, lleva a los trabajadores a buscar y, en el mejor de los casos, conseguir un segundo empleo.

 

Los datos de España contrastan con lo de otros países europeos. Destaca el caso de Alemania, donde la contratación a tiempo parcial está mucho más extendida —un 27% de los trabajadores—, pero de ellos solo un 16% ampliaría su jornada si pudiera.

 

En Francia, el número de personas a tiempo parcial que trabajaría más horas si pudiera es similar al español: 1,54 millones, aunque apenas suponen el 32% del total de empleados a tiempo parcial y el 6% del total de empleados.

 

Trabajo y disponibilidad

En España, entre la población económicamente inactiva —aquella que no está empleada ni desempleada— hubo 1,1 millones de personas entre 15 y 74 años disponibles para trabajar pero no estaban buscando empleo y 223.000 buscaban trabajo pero no estaban disponibles inmediatamente, en un plazo de dos semanas. Mientras que ambos grupos no forman parte de la población activa, sí tienen una cierta vinculación con el mercado laboral y pueden ser considerados como una fuerza laboral adicional de 1,4 millones de personas, el 6% de la fuerza laboral total, según Eurostat.

 

La oficina de estadística comunitaria recuerda que en la UE de los Veintiocho hubo en 2013 un total de 216,4 millones de personas empleadas, 26,2 millones desempleadas y 137,2 millones inactivas. Entre las personas con empleo, 43,7 millones fueron trabajadores a tiempo parcial, de los que 9,9 millones (22,7%) eran subempleados.

 

En la UE, entre la población inactiva hubo 9,3 millones de personas entre 15 y 74 de años disponibles para trabajar pero no buscando empleo y 2,2 millones buscando trabajo pero no disponibles el año pasado. Ambos grupos pueden ser considerados como una fuerza laboral adicional de 11,5 millones de personas, equivalente al 4,7% de la fuerza laboral total.

 

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