El Gobierno anunciará un impulso a sus reformas, pero sin concretarlas

El Ejecutivo presenta hoy la revisión del cuadro macro

Los ajustes en pensiones y el subsidio de paro se aplazan

 

La misma obra pero en un teatro más solemne y acoplada en el programa como telonera de un escenario macroeconómico dramático. Eso es lo que nos prepara hoy el Gobierno con su anunciado segundo Plan Nacional de Reformas y que, en gran medida, responde al paquete de medidas anticipadas por el presidente Mariano Rajoy durante el pasado Debate del Estado de la Nación.

 

A saber, y salvo sorpresas imprevistas, la Ley de Unidad de Mercado, la Ley de Emprendedores, la liberalización de los servicios profesionales, los apoyos a la liquidez de las empresas, las limitadas rebajas fiscales para autónomos y pymes, la reforma de las administraciones públicas para evitar duplicidades y recortar gastos, la reducción y simplificación de las cargas administrativas, las reformas del sector energético, de las infraestructuras ferroviarias y del transporte y la logística y la revisión en profundidad de las políticas activas de empleo.

 

Un conjunto de actuaciones, todas ellas ya sabidas que, además, tampoco se van a aprobar hoy, o no se espera, sino que en círculos próximos a La Moncloa, aseguran que lo que hará el Consejo de Ministros será aprobar informes de anteproyectos, que se concretarán en un documento de aproximadamente un centenar de páginas, para luego ir aprobando las leyes correspondientes en posteriores reuniones del Gobierno entre mayo y junio.

 

La falta de acuerdo y concreción de algunas de estas reformas legislativas como la unidad de mercado o los servicios profesionales, los problemas técnicos de algunas de las medidas fiscales que tampoco han salido a las preceptivas alegaciones públicas, y una mera estrategia de marketing para evitar que medidas positivas queden ocultas por la crudeza del nuevo escenario macroeconómico, son los argumentos que desde el Ejecutivo se utilizan para no dar vía libre ya y de una sola tacada a las reformas.

 

Porque eso sí, lo que ya no se va a enmascarar es la cruda situación de economía, que ha obligado al Ejecutivo a olvidarse de quimeras y a elevar la caída del PIB para este año, que pasará del -0,5% previsto en los Presupuestos al entorno del -1,5%, en línea con las previsiones de todos los analistas nacionales y de los organismos internacionales.

 

Un empeoramiento que obligará a reformar la mayor parte de las partidas presupuestarias para reducir gastos y aumentar ingresos, aunque en forma menos drástica de lo esperado porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha anunciado que la revisión del cuadro macroeconómico incluirá también un nuevo escenario de reducción del déficit público, dando ya por hecho que Bruselas dará el visto bueno a la flexibilización solicitada por Madrid.

 

Ni recortes ni subidas de impuestos

Y, como era esperar el aspecto más dramático de este nuevo escenario es el empleo. El Gobierno tiene ya asumido que el año 2013 cerrará con una tasa de paro del 27% de la población activa -la EPA de ayer ya supera este guarismo-, equivalente a 6,1 millones de desempleados.

 

Con este escenario y con las protestas en la calle, se entiende que el Gobierno haya decidido aplazar, que no descartar, la aplicación de nuevos recortes sociales que afectarían a las pensiones y a las prestaciones por desempleo. También se descarta, por el momento, una nueva subida de impuestos. Todas estas medidas quedarían a la espera de la evolución de los mercados.

 

"Mientras la prima de riesgo vaya como hasta ahora no se van a tomar medidas drásticas e impopulares ni a subir los grandes impuestos", aseguraban ayer voces próximas al Gabinete.

 

Pero esas mismas fuentes admiten que Bruselas sigue presionando fuerte con las coberturas del desempleo y la jubilación y "habrá que hacerlo, y no muy a largo plazo".

 

A este respecto, las medidas con las que trabaja el Gobierno son, como avanzaba ayer elEconomista, retrasar la edad legal de jubilación más allá de los 67 años, elevar a 40 los años cotizados para tener derecho a percibir la pensión máxima y suprimir la revalorización automática de las pensiones conforme a la variación del IPC. Propuestas que forman parte del documento que el secretario general de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha remitido a la Comisión del Pacto de Toledo.

 

Lo que si verá hoy el Consejo de Ministros es una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo para vincular los fondos destinados a este fin a la consecución de unos objetivos de recolocación o formación. Así, mientras que este año sólo el 15 por ciento de los fondos se vincula a objetivos conseguidos, en 2014 los fondos vinculados subirán al 40 por ciento.


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