El Gobierno prepara un plan para bajar un 8,5% el gasto en desempleo

El Ministerio de Empleo ultima un plan de lucha contra el fraude en el desempleo. El objetivo fundamental es controlar el gasto, que se recortará un 8,5% este año, hasta 34.718 millones, a pesar de que el paro sigue aumentando. Hoy se conocerá la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, en la que según los expertos se romperá la barrera de los 5,5 millones de parados.

A pesar de este fuerte aumento del desempleo, el Gobierno ha previsto en los nuevos presupuestos del 2012 un descenso en el pago de prestaciones contributivas del 5,5%, que se situarán en 28.805 millones. Otros 5.800 millones de euros corresponden a políticas activas de fomento del empleo y gastos de funcionamiento. Esto significa, según fuentes sindicales, que se endurecerán los requisitos para acceder a una prestación para compensar el descenso en cotizaciones sociales, que son la principal fuente de ingresos de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE).

El Gobierno trata de evitar que se repita la desviación del gasto que se produjo el año pasado (3.255 millones). Para conseguirlo, ultima un plan de lucha contra el fraude en las prestaciones. Realizará visitas de inspección en las empresas para comprobar si los trabajadores están dados de alta en la Seguridad Social. Pero lo más novedoso del borrador del plan es que aumentará el control de los parados forzándoles a acudir a las oficinas de los SEPE. Hasta ahora los parados renovaban su prestación por internet y sólo acudían a la oficina si les llamaban para una entrevista. Es decir, casi nunca, porque el SEPE sólo encuentra trabajo a tres de cada cien parados, Para ello se incorporarán cerca de 100 inspectores, pese al descenso del 10% previsto en los gastos de personal.

El grueso del plan es el cruce de datos con la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y, sobre todo, con los servicios de empleo autonómicos. Los sindicatos CC.OO. y UGT han rechazado las líneas generales de este plan, que les ha avanzado el Ministerio de Empleo, porque no ataja el fondo del problema.

El fraude en el desempleo es un tema tabú. El Gobierno socialista se vio obligado a cambiar el programa Prodi, que tenía una subvención de 425 euros para los parados a los que se les agotaban las prestaciones, tras descubrir una importante bolsa de fraude. Más de 50.000 personas, según se descubrió, cobraban indebidamente esta prestación desde Rumanía y Marruecos.

 


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