Uno de cada dos cotizantes también tiene un plan privado de pensiones

España no es un país donde tradicionalmente los fondos privados de pensiones tengan mucho éxito. Los datos indican que existen unos ocho millones de ciudadanos que tienen este tipo de activos financieros (existen diez millones de cuentas con lo que hay algunos que tienen dos o más plantes) y esto supone que prácticamente uno de cada dos cotizantes a la Seguridad Social, por lo tanto futuros perceptores de una pensión pública, se están también pagando una pensión privada.

 

Cuantitativamente este podría ser un dato importante;pero si se atiende al volumen total invertido en estos planes (86.500 millones de euros), el patrimonio medio individual de estos planes no es tan abultado. La cuantía media acumulada por participante es de 10.800 euros.

 

¿Qué elementos son los que están obstaculizando un mayor éxito de los planes privados de pensiones? La práctica totalidad de los expertos coincide en la importancia de una fiscalidad favorable de estos activos, tanto en el momento de la aportación como en el del cobro. La última gran reforma llevada a cabo en España en esta materia la hizo Miguel Ángel Fernández Ordoñez, cuando fue secretario de Estado de economía del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si bien los cambios normativos de entonces fueron en sentido contrario a su incentivación, ya que se eliminó la exención de tributar por el 40% de las plusvalías generadas por el fondo, en el momento del cobro. Si bien, el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido la intención del Ejecutivo de volver a la situación anterior fiscalmente más beneficiosa. En términos generales los expertos apuestan por sustituir la actual fiscalidad diferida de estos planes por “un sistema de deducciones similar a los aplicados por compra de vivienda en España, que sí puede considerarse exoneración”.

 

Pero no solo la falta de incentivos fiscales frena la suscripción de estos fondos. El Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas –en el que están varios de los expertos que el Gobierno ha nombrado para diseñar el factor de sostenibilidad de las pensiones– apunta a otros tres obstáculos.

 

En primer lugar la tasa de reemplazo de los sistemas públicos. Esto es el porcentaje que supone la pensión sobre el último salario. Cuanto mayor sea este porcentaje, menos incentivos tendrán los cotizantes a completar su futura prestación con un plan privado. En España, antes de la reforma de 2011, esta tasa era de aproximadamente el 80% pero con los últimos cambios normativos se irá reduciendo de forma progresiva al entorno del 72% en 2027.

 

Un segundo freno es la total voluntariedad de estos planes. Para evitar esto, algunos países como Dinamarca, Italia, Polonia, Suecia, Eslovaquia han establecido la obligatoriedad de suscribir uno de estos planes, derivando parte de las cotizaciones a estos fondos (generalmente planes colectivos en el seno de las empresas). Finalmente, estos expertos destacan los costes de gestión de estos planes, que aconsejan recortar si se quiere incentivar esta forma de ahorro.


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