Resumen de Prensa Semanal

Semana 21

20/05/2013 al 26/05/2013

Ver otras semanas

CC OO y UGT piden una subida temporal de cotizaciones

cincodias.com, 20/05/2013

El efecto sobre los márgenes de las empresas y el poder adquisitivo de los trabajadores sería mínimo, según Toxo

Exigen que el factor de sostenibilidad se aplique en 2027 como está previsto y no antes

 

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, proponen una subida “temporal” de las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en la cuota de las empresas como en la de los trabajadores, para evitar tener que recurrir otra vez al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones o a “modificaciones de envergadura” en el sistema.

 

Durante unas jornadas de difusión del Servicio de Intermediación y Arbitraje (SIMA), Toxo ha recordado que el 97% de los casi 63.500 millones de euros con los que cuenta la llamada hucha de las pensiones está invertido en deuda pública española, con lo que si se vaciara, este “soporte” desaparecería y España tendría que salir fuera a colocar su deuda, con el consecuente sobrecoste.

 

Toxo ha admitido que esta subida de cuotas tendría una afectación sobre los márgenes de las empresas y sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero ha asegurado que sería “mínimo” y en todo caso sería inferior al efecto que tendría el recurso al Fondo de Reserva sobre la deuda pública. Además, ha asegurado que se podrían establecer “compensaciones” fiscales a través de otras figuras impositivas.

 

El pasado año el Gobierno sacó 7.000 millones de este fondo para costear la paga extra de Navidad de los pensionistas. En la actualidad, fuentes de la Seguridad Social han asegurado que los intereses generados por esta hucha de las pensiones ya han repuesto más del 40% de la cantidad utilizada.

 

Sobre las posibles modificaciones en el sistema, a través del diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones que están estudiando un grupo de expertos, los líderes sindicales han insistido en que el diseño de dicho mecanismo de ajuste del gasto puede realizarse ya, pero que debe entrar en vigor en 2027, como establece le Ley de Pensiones, y con el mayor consenso posible.

 

Fuerte impulso del empleo por cuenta propia

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, reveló que un total de 31.663 jóvenes se han dado de alta como autónomos con la ‘tarifa plana’ de 50 euros para emprendedores en los últimos dos meses. Esta iniciativa, incluida en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo joven del Ejecutivo, se verá complementada con la Ley de Emprendedores, “que se está ultimando y que saldrá en pocas semanas”. Además de facilitar residencias y visados, la norma reducirá la cotización de los trabajadores autónomos en situación de pluriactividad y atraerá profesionales altamente cualificados e investigadores, facilitando también sus trámites administrativos.

 

Los inversores y emprendedores extranjeros que deseen agilizar su entrada y residencia deberán acreditar su intención de realizar inversiones económicamente relevantes, así como de emprender y crear puestos de trabajo en el país.

 

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola (la última compañía que se ha adherido a esa Estrategia de Emprendimiento), hizo hincapié en que esta compañía eléctrica “no pide dinero”, sino que desea una “regulación adecuada” para desarrollar inversiones con sus propios recursos. Buena prueba de ello es el anuncio de la puesta en marcha de un plan para favorecer la inserción laboral de jóvenes y colectivos desfavorecidos. La compañía ha realizado 5.300 nuevas contrataciones entre 2010 y 2012, de las que un 55% corresponde a menores de 30 años.

 

 

El Gobierno facilitará los visados y la residencia de inversores extranjeros que creen empleo

eleconomista.es, 20/05/2013

El anteproyecto de Ley de Emprendedores en el que trabaja el Gobierno incluirá facilidades en la concesión de visados y residencia a inversores extranjeros que traigan proyectos empresariales creadores de empleo, de impacto socieconómico destacable o relevantes para la innovación científica y tecnológica, ha anunciado este lunes la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

 

Durante el acto de adhesión de Iberdrola a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo joven del Ejecutivo, Báñez explicó que la nueva ley se está "ultimando" y que "saldrá en pocas semanas". Además de facilitar residencias y visados, la norma reducirá la cotización de los trabajadores autónomos en situación de pluriactividad y atraerá profesionales altamente cualificados e investigadores, dijo.

 

Los inversores y emprendedores extranjeros que deseen agilizar su entrada y residencia deberán acreditar su intención de realizar inversiones económicamente relevantes, así como de emprender y crear puestos de trabajo en el país.

 

Nuevo régimen

La medida se inscribe en el Programa Nacional de Reformas, en el que se prevé un nuevo régimen de visados y autorizaciones de residencia para impulsar la atracción de talento e inversión, con validez en todo el territorio nacional.

 

La nueva ley, señaló Báñez, forma parte de la agenda de reformas de segunda generación, junto a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, en la que están previstas más de dos millones de actuaciones durante sus cuatro años de desarrollo. Las medidas de choque, calcula Empleo, beneficiarán a más de un millón de jóvenes.

 

Empleo ha creado un sello dentro del ámbito de la responsabilidad social corporativa que reconoce a las empresas que, como Iberdrola, se vayan sumando a la nueva estrategia. Además, hay en marcha un programa de primer empleo para jóvenes e incentivos a los contratos formativos.

 

En 2013, señaló la ministra, ya se han realizado 30.000 contratos de formación y aprendizaje, lo que supone, en el acumulado hasta abril, un incremento del 73% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

 

España y Alemania firman este martes un acuerdo para promover el empleo juvenil

europapress.es, 21/05/2013

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, mantendrá un encuentro este martes con la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Ursula von der Leyen, en el que firmarán un memorando de entendimiento para reforzar los mercados de trabajo y promover el empleo juvenil.

 

Fuentes de Empleo han informado a Europa Press de que este encuentro sucede a otros muchos mantenidos por ambas ministras, y explicaron que el documento que firmarán está encaminado a mejorar la coordinación entre ambos países en materia de empleo, así como a impulsar medidas a desarrollar más adelante.

 

En este caso, Báñez recibe a la delegación alemana después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondiera hace una semana a la canciller alemana,

 

Angela Merkel, que no es preciso profundizar en la reforma laboral para ir más allá en las medidas de flexibilización del mercado laboral, y que ésta no se modificará "ni en una dirección ni en la otra".

 

La ministra de Empleo cuenta en su haber, además de con la reforma laboral, con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil, con la que un total de 31.663 jóvenes se han dado de alta como autónomos con la 'tarifa plana' de 50 euros para emprendedores en los últimos dos meses.

 

Sin embargo, la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año certificó que España cuenta ya con 6,2 millones de parados, el 27% de los españoles en edad de trabajar, y una tasa de desempleo juvenil del 57%.

 

Mientras tanto, la CEOE sigue mirando a Alemania en busca de soluciones para crear empleo y la semana pasada volvía a poner sobre la mesa la necesidad de importar de manera temporal los 'minijobs' --empleos de no más de 20 horas semanales y baja remuneración-- para sacar a los jóvenes de las listas del paro.

 

Pero son los jóvenes los que cada vez más emigran a Alemania en busca de nuevas oportunidades. En 2012 estos jóvenes aumentaron un 44,7% en comparación con el año anterior, hasta las 29.910 personas, según la oficina estadística alemana Destatis.

 

El pasado 29 de abril, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ya acordaron establecer fórmulas para que inversores germanos aporten capital a pymes españolas que sean solventes.

 

"Sabemos todos perfectamente que en estos momentos hay un problema laboral en España y que a pesar de ello hay una enormidad de empresas competitivas y que tenemos que abrir y buscar fórmulas de inversión para que aumente su capitalización", señaló entonces el ministro de Economía.

 

La Seguridad Social gana 15.138 afiliados extranjeros en abril

eleconomista.es, 21/05/2013

La Seguridad Social ganó 15.138 cotizantes extranjeros en abril, un 0,94% en relación a marzo, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.619.275 ocupados, según informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Con el repunte de abril, la afiliación de extranjeros encadena dos meses consecutivos de incrementos tras haber sumado 7.746 cotizantes no nacionales el pasado mes de marzo.

 

Del total de inmigrantes en alta al finalizar el pasado mes de abril, 1.396.628 cotizaban al Régimen General; 217.776 al de Autónomos; 4.559 al del Mar, y 313 al del Carbón.

 

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social bajó en 89.303 cotizantes, un 5,23%, tasa que contrasta con el -4,06% del conjunto del sistema.

 

Según el Ministerio de Empleo, estos datos constatan que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores de que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.

 

El decreto sobre jubilaciones anticipadas no modifica el régimen de complementos a mínimos

europapress.es, 21/05/2013

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que el decreto que limita la jubilación anticipada y parcial "no altera ni modifica" el régimen de complementos a mínimos, como le ha echado en cara este martes el senador de grupo socialista Pedro Antonio Ruiz.

 

Según el senador socialista, en dicho decreto se deja sin complementos a mínimos en el caso de cónyuge a cargo cuando éste cobra una prestación en otro país de la UE, a lo que la ministra le ha respondido que esta regulación no ha variado y que, en cualquier caso, parece "razonable" que así fuera.

 

Asimismo, ha recalcado que el decreto aludido "refuerza la sostenibilidad del sistema de pensiones y fomenta el envejecimiento activo, con un sistema pionero para compatibilizar empleo y pensión".

 

España complica su mercado laboral con más de 40 tipos de contratos diferentes

eleconomista.es, 22/05/2013

España se encuentra en las antípodas de un sistema de contrato único (en el que sólo exista una modalidad de contrato indefinido, una de formación y otra temporal) . No en vano el Ministerio de Empleo ofrece a empresarios y trabajadores la posibilidad a acogerse a más de cuarenta (41 en concreto) formas diferentes de contratación. Báñez asegura que el contrato único abarataría el despido y eso el Gobierno "no lo acepta".

 

Ése es el número que se ha alcanzado después de las últimas iniciativas gubernamentales para atajar el paro juvenil que, una vez más, han tenido como eje de su acción la puesta en marcha de una nueva forma de vinculación entre el trabajador y el empleado.

 

Así, la última adquisición del ya hiperpoblado sistema laboral español es el contrato indefinido para jóvenes que sean empleados por microempresas y por autónomos. Está por ver si esta nueva figura realmente contribuirá a poner coto al rampante desempleo juvenil (que ya supera el 50 por ciento).

 

De momento, su grado de implantación deja que desear, ya que solamente ha supuesto el 8 por ciento de la nueva contratación en el año transcurrido desde su puesta en funcionamiento.

 

Corre el riesgo, por tanto, de ser una nueva manifestación de la tendencia a actuar ad hoc que han demostrado tradicionalmente las autoridades laborales españolas. No en vano en nuestro país han llegado a existir contratos de carácter indefinido diseñados específicamente para el sector del calzado, la marroquinería o el juguete.

 

Actualmente, también es posible recibir un trato distinto si uno es empleado del hogar, o trabaja en grupo, o se sitúa en una posición muy alejada de esos ámbitos, y tiene intención de introducirse en el sistema de investigación y desarrollo español.

Circunstancias personales

El panorama todavía se muestra más complicado en la medida en que existe un repertorio igualmente rico que discrimina, no en función del sector en el que se ejerce, sino ateniéndose a las circunstancias personales del trabajador.

 

Así, existe toda una mezcolanza de incentivos, subvenciones y modificaciones a las que pueden acogerse las víctimas de la violencia de género, las del terrorismo los discapacitados, los jóvenes, los menores en centros de acogida, los mayores de 50 años...

 

Nadie duda de la buena voluntad del legislador a la hora de ser tan escrupuloso haciendo distingos. Ahora bien, ¿de qué ha servido tanta distinción?

Los expertos consultados no se ponen de acuerdo y, de hecho, no existen estadísticas que pongan de manifiesto si realmente esta segmentación ha tenido efectos para los colectivos a los que teóricamente tenían que beneficiar.

 

De hecho un reputado técnico laboralista, que prefiere mantener el anonimato, asegura que lo único que se ha conseguido crear es, más que beneficios reales, "una muy complicada casuística gubernamental con pocas consecuencias realmente efectivas".

Sin rastro en la estadística

Su pequeño número, además, hace todavía más difícil seguirles la pista. En las últimas estadísticas de Empleo, relativas al diciembre de 2012, se informa de la existencia de 14,2 millones de contratos y de adscripciones vigentes.

 

Dentro de su desglose no se detalla cuántas personas en esas situaciones especiales se benefician de este tipo de discriminación positiva. Sí que existe, no obstante, una rúbrica denominada "Otros", que asciende a 65.565 personas, entre las que se presume que están incluidos la mayoría de estos colectivos.

 

El enmarañamiento ha llegado a tal extremo que, incluso, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, llegó a abogar, en una entrevista en The Wall Street Journal, por atreverse a acometer la reducción de las modalidades contractuales.

 

El ministro hablaba para un medio ubicado en un país en el que el caso español puede resultar más que chocante.

En Estados Unidos existe lo más parecido al despido libre bajo la única condición de que sea comunicado con una mínima antelación (generalmente en el entorno de los 15 días pero puede ser un periodo incluso más corto), y por tanto la contratación resulta necesariamente mucho más simple.

 

Al otro lado del Atlántico, en Reino Unido, la doctrina predominante se inspira en gran medida en la estadounidense en la medida en que los contratos vigentes, aunque reconocen indemnizaciones por despido, se mueven en unos baremos muy estrechos, desde sólo tres días y medio hasta un máximo de 10 jornadas y media.

 

Siguiendo con el Viejo Continente, como suele ser habitual, los mayores parecidos con respecto a España se encuentran en Francia, debido a que sobre todo en el ámbito de la contratación temporal el repertorio de peculiaridades y salvedades es notablemente amplio.

 

La fórmula alemana

En Alemania también está en boga la tendencia de crear fórmulas de contratación destinadas de forma muy directa a colectivos de difícil empleabilidad, como los jubilados o los jóvenes que acaban de terminar sus estudios.

 

La fórmula teutona ha pasado por la creación de los polémicos mini-jobs, en algunos casos limitados a trabajos que se ejercen durante unas horas, los cuales han contribuido a precarizar a estos grupos de ciudadanos más que a beneficiarlos, de acuerdo con sus críticos.

 

Las ocho claves de la esperada Ley de Emprendedores

cincodias.com, 23/05/2013

Menos cotizaciones para autónomos con más y mayores garantías para blindar su patrimonio

Apuesta por impulsar la renegociación de deudas y los concursos de empresas individuales

 

El Consejo de Ministros estudia hoy, tras numerosos aplazamientos, dar luz verde al proyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización. La complejidad técnica de algunas de las medidas incluidas en la norma, como la aplicación del IVA con criterio de caja o la delimitación de la responsabilidad empresarial a la hora de afrontar un embargo, ha obligado al Ejecutivo a apurar su plazo de tramitación. En el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno mandó a Bruselas, la fecha de aprobación de esta norma estaba marcado para el segundo trimestre, al que le queda apenas un mes. Con su puesta en marcha, el Ejecutivo espera crear un marco fiable y seguro para que aquellas personas que quieran montar una empresa pierdan el miedo y lo hagan con todas las garantías jurídicas y económicas. Un aumento del emprendimiento serviría al mismo tiempo para reducir las abultadas tasas de paro y rebajaría la presión sobre el coste de las prestaciones por desempleo.

 

1 Eliminación de trabas y rapidez en la constitución de empresas. El Banco Mundial elabora anualmente un ranking de países con las facilidades para constituir un negocio, en el que España siempre sale situada en las últimas posiciones. Esta norma trata de corregir ese desajuste por dos frentes. El primero pretende recortar el plazo para la creación a través de la tramitación electrónica, mediante el que se prevé que se pueda constituir una sociedad en 24 horas y con un coste de 40 horas. La segunda vía pasa por rebajar el capital social mínimo exigido desde los 3.000 a 1 euro, tal y como está establecido en otros países de la zona euro. De este modo, se persigue incentivar a las personas que tengan ideas innovadoras, pero que no cuenten con capital para iniciar la actividad. La norma establece cautelas, de tal modo que las empresas no podrán repartir dividendos ni conceder créditos hasta que la compañía esté suficientemente capitalizada.

 

2 Empresas de responsabilidad limitada. Otro de los aspectos que más desincentivaba a las personas a la hora de emprender es el hecho de que su patrimonio corra peligro en caso de embargo. La norma crea la figura de sociedad de responsabilidad limitada, que blinda una parte de su riqueza que será inembargable. Es uno de los puntos más polémicos de la norma y que a 24 horas de su presentación estaba sin cerrar (fuentes oficiales apuntaban a que las casas solo se podrían embargar a partir de 300.000 euros) por los recelos que ha despertado entre las entidades financieras. El cambio se ha diseñado para que los autónomos que se den de alta como empresas de responsabilidad limitada puedan sacar el coche y la casa del patrimonio embargable desde que se constituyan en esa nueva figura. El presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, ha mostrado su temor ante la posibilidad de que la banca cierre aún más el grifo del crédito por la falta de garantías de cobro. Un problema que, a su juicio, se podría solventar si, tal y como han solicitado los registradores de la propiedad, se pongan en marcha una serie de garantías mobiliarias que sustituyan a las inmobiliarias que tradicionalmente se han utilizado para garantizar los créditos, como las casas o los vehículos. Si un taxista necesita un crédito, tradicionalmente aportaba el taxi como aval para el préstamo. En caso de impago y de posterior embargo, la entidad procedía a quitárselo. Lo que se busca con esta ley es que en lugar del taxi, la licencia del vehículo sea el aval con el que responder y que el profesional siga manteniendo su medio de vida.

 

3 Segunda oportunidad. La crisis en España ha dejado como un solar el tejido empresarial. Desde principios de 2008 han desaparecido más de 350.000 trabajadores y 200.000 empresas. Y muchas de ellas echaron el cierre, asfixiadas por los impagos y por la falta de liquidez, sin posibilidad de renegociar su deuda. Eso es lo que trata de resolver la ley a través del fomento de la segunda oportunidad. “Se trata de crear procedimientos de insolvencia que lleven incorporados liberación de deuda”, apunta Luis Fernández, director del servicio de estudios de los registradores. En realidad, lo que se busca es crear un proceso concursal para empresarios individuales, pero cuya tramitación se produzca fuera del saturado ámbito judicial. “En la actualidad hay 12.000 concursos al año. En el último trimestre ha habido 3.000 y de ellos, 300 son empresarios individuales. El problema es que muchos de ellos no pueden esperar los dos años de media que tarda en cerrarse la suspensión de pagos ni asumir los 18.000 euros que de media supone iniciar el proceso”, apunta Fernández. Para evitar esta situación, el texto promueve la creación de un mecanismo extrajudicial de pagos y de la figura de un mediador independiente. “Debería estar habilitado para gestionar procesos de insolvencia tanto en personas físicas, autónomos y pymes. Lo más importante es que fuera independiente con el fin de que deudor y acreedor lleguen a un acuerdo lo antes posible”.

 

4 Pasaporte al emprendimiento. Bajo ese grandilocuente título se esconde una de las propuestas más innovadoras de la ley que ha tenido que ser matizada por el rechazo que sufrió desde que se dio a conocer. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, fue el primero en presentarlo a la sociedad como una vía para tratar de reducir el stock de vivienda sin vender ofreciendo el permiso de residencia a todo ciudadano extranjero que estuviera dispuesto a comprar un inmueble. Una noticia que se podría haber vendido sin problema si no llega a ser por su coincidencia en el tiempo con el aumento desbocado de los desahucios y de los suicidios de personas que iban a ser desalojadas de sus viviendas. Eso obligó al Gobierno a repensar este apartado. Finalmente, los umbrales fijados para la obtención de residencia son la adquisición de una vivienda por un importe superior a los 500.000 euros, aunque ese umbral puede verse rebajado (a última hora de ayer no estaba definido) a 250.000 euros, según fuentes oficiales. En un primer borrador el mínimo se fijó en 160.000 euros.

 

También obtendrán el permiso de residencia quienes compren deuda pública por un importe de un millón de euros o quienes desarrollen proyectos catalogados como “de interés general” que generen empleo o una inversión con impacto socioeconómico relevante.

 

5 Financiación alternativa. Las pymes siguen asfixiadas por el cierre del grifo del crédito. La encuesta que trimestralmente realizan las Cámaras de Comercio revela cómo el 70% de las empresas encuestadas ha visto endurecidas sus condiciones para acceder a un préstamo, mientras que el 27% ha visto rechazada su solicitud. Los profundos ajustes a los que se está viendo sometido el sector financiero apuntan a que las dificultades para lograr financiación ajena se van a prolongar en el tiempo. Y para facilitar la solvencia crediticia de la pymes, la ley contempla la apertura de un mercado alternativo, en el que las compañías podrían emitir deuda en mercados de renta fija. Las empresas adheridas a este esquema podrían comprar títulos de otras, obviando la obligatoriedad de registrarlo en escritura pública.

 

6 Incentivos a la pluriactividad. Los autónomos son uno de los colectivos más beneficiados por las medidas incluidas en la norma. Aquellos que estén pluriempleados (facturen a más de una empresa) se podrán beneficiar de una sustancial rebaja en las cotizaciones que paguen a la Seguridad Social. De este modo, este colectivo podrá obtener un descuento del 50% en la base mínima de cotización que se establezca cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Esa reducción se aplicará durante los primeros 18 meses, mientras que en los siguientes 18 será del 25%.

 

7 Refinanciación de deuda. La ley trata de favorecer que la refinanciación de deuda por parte de empresas sea un acto generalizado y no la excepción. Y para ello fija que para la puesta en marcha de acuerdos de refinanciación de deuda solo se necesitará el consentimiento de las entidades financieras que reúnan, como máximo, el 67% de la deuda de la compañía frente el 75% actual.

 

8 Menos sueldo para directivos. Otro de los objetivos marcados por la ley es evitar los desmanes que se han producido en el pasado más reciente, con directivos remunerados con salarios disparatados mientras que sus compañías bordeaban la quiebra. La norma fija que la retribución anual de socios y administradores no podrá exceder del 20% del patrimonio neto.

 

El éxito del IVA de caja dependerá del reglamento

Las pequeñas empresas y autónomos llevan años esperando leer en una ley que podrán pagar el IVAal cobrar una factura y, no como sucede ahora, cuando se emite. Esta posibilidad se incluirá en la Ley de Emprendedores que hoy aprobará el Gobierno y beneficiará a empresas con un cifra de negocio inferior a dos millones. Sin embargo, todavía es pronto para cantar victoria.

 

El llamado criterio de caja en el IVA que recogerá la Ley de Emprendedores se desarrollará en un reglamento posterior y será allí donde se conocerá la letra pequeña. Pymes y autónomos deberán valorar los pros y los contras –que los hay– del nuevo régimen antes de optar o no a él. En el lado positivo, obviamente, se encuentra que pagar el IVAcon el criterio de caja implica que las empresas ya no deberán ingresar en Hacienda un tributo que no han cobrado. Ello mejora la tesorería y la financiación. Sin embargo, tampoco podrán deducirse el impuesto hasta que no hayan pagado una factura. Esa es la parte mala y menos publicitada.

 

Y el problema surgirá en operaciones entre dos empresas y, sobre todo, cuando una de ellas sea una pyme y la otra una gran empresa, que no puede aplicar el IVAde caja. ¿Cuál es la dificultad? Si una gran sociedad tiene como proveedor a una pyme incluida en el régimen del IVAde caja, no podrá deducirse el impuesto hasta que pague la factura. Ello ya supone un hándicap. Además, las grandes empresas tienen toda su gestión fiscalinformatizada y relacionarse comercialmente con una pyme que aplica el IVA de caja obligaría a adquirir un nuevo software. Ante esta disyuntiva, las pymes temen que muchas de ellas rechacen aprovechar el cambio legislativo ante el riesgo de perder como clientes a las grandes empresas, que probablemente preferirán operar con compañías que apliquen el sistema tradicional.

 

Por otra parte, la Agencia Tributaria ya advierte que incluirá salvaguardas en el reglamento para evitar que el nuevo régimen derive en un fraude fiscal. Lo más probable es que las pymes que se acojan al criterio de caja deban declarar trimestralmente los llamados libros registro de IVA, es decir, el listado completo de todas las facturas que una empresa recibe y emite. Supone un incremento burocrático importante.

 

La decisión de aplicar el IVAde caja, que empezará a aplicarse en 2014, resulta muy importante ya que una empresa no podrá renunciar al nuevo régimen hasta pasado un plazo determinado, que pueden ser de dos años. Por eso, urge conocer el contenido del reglamento. Sin embargo, no se publicará hasta finales de año.

Cómo será el simulador de pensiones que prepara el Ministerio de Empleo

cincodias.com, 23/05/2013

Un grupo de expertos sugiere qué información debería incluir la carta que va a enviar el Gobierno

Piden que la cuantía de la prestación aparezca en términos mensuales y anuales

 

A partir del próximo año, todos los trabajadores mayores de 50 años con derecho a pensión recibirán una carta del ministerio de Empleo y Seguridad Social en la que se incluirá un informe individualizado con una simulación de la pensión pública que les corresponderá en el momento en el que alcancen su edad de retiro.

 

De momento, lo único que se sabe es que la información será vía postal;que se recibirá anualmente a partir de que el cotizante cumpla 50 años; e incluirá “una orientación (de la cuantía de la pensión) a legislación constante y manteniendo los niveles medios de cotización de los últimos años del futuro pensionista”, según ha explicado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. Este informe recogerá también las reformas legales hechas en el último año en el sistema que puedan afectar a su situación, según los planes iniciales del Gobierno.

 

Pero además de estos datos, ¿qué debería contener este sobre que recibirán millones de trabajadores? La información detallada que incluirá la carta aún no está totalmente cerrada. Por ello, un grupo de expertos del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones –entre los que están Ignacio Conde-Ruiz y Rafael Domenech, dos de los expertos designados por el Gobierno para diseñar el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones–, han hecho una propuesta sobre la información que debería enviar la Seguridad Social.

 

Estos expertos coinciden en los planes del Gobierno respecto a que el informe sea anual y por carta; pero difieren en la edad en la que debería empezar a enviar la información. Consideran que los 50 años es muy tarde para planificar el ahorro para la jubilación;por ello creen que debería enviarse “lo antes posible”.

 

Sin embargo, desde la secretaría de Estado de Seguridad Social descartan, de momento, adelantar la edad de envío de esta información, por el coste que ello supondría. Aunque no lo rechazan para un futuro a medio o largo plazo.

 

En este punto, este grupo de expertos, recuerdan en la actualidad, España es el país de la Unión Europea que más tarde facilita este tipo de información:el año antes de que se produzca la edad de jubilación y solo si el ciudadano lo solicita. Ante esto, ponen como ejemplos el caso de los franceses, que reciben esta información a partir de los 35 años; o los suecos, en cuanto cumplen los 18 años, si la persona ya se ha incorporado al mercado laboral.

 

Precisamente el modelo de información de Suecia, creado en 1999, es el que los expertos proponen como el más ejemplar, y sugieren que debería imitarse. El sobre que envía el Gobierno sueco es de un característico color naranja que todos los ciudadanos identifican inmediatamente con la información sobre su pensión. También los expertos de Aviva piden que en España este sobre sea de color naranja, pero fuentes de Empleo aseguran que “aún no está decidido nada de eso”.

 

Otros datos para incluir

Además, consideran que la cuantía simulada de la pensión futura debería aparecer en términos mensuales, anuales y en cifras brutas y netas. Asimismo, sería conveniente “adaptar contenidos divulgativos específicos a cada tramo de edad o grupo poblacional”, según los consejos de estos expertos. Esto obedece a que, la progresividad con la que se aplican las reformas, por ejemplo, hace que los cambios no afecten igual a un grupo de edad que a otro.

 

Sugieren igualmente que el informe incorpore un enlace a una web y unas claves de acceso de usuario, donde se alojaría más información sobre la Seguridad Social. Así como una calculadora que permitiera simular la pensión según diferentes escenarios. También tendría que incluir un número de teléfono para aclarar dudas.

 

Y, finalmente, consideran que debería enviarse de forma separada a la información que manden los gestores de planes privados de pensiones.

 

El Ministerio de Empleo estaría ya en disposición de empezar a mandar las cartas con la información sobre la futura pensión de jubilación. Sin embargo, los envíos no se iniciarán hasta 2014, como está previsto por el Gobierno. El motivo es que los responsables de la Seguridad Social intentan coordinar esta operación con las entidades aseguradoras del sector privado, que también han manifestado su intención de facilitar esta misma información a quien tenga un plan privado de pensiones.

 

No obstante, en las últimas reuniones para llevar a cabo esta coordinación, las aseguradoras están poniendo algunas pegas, según fuentes conocedoras de lasituación. Entre otras reticencias, el sector privado no quiere que su información se haga ni en el mismo sobre ni a la vez que la Seguridad Socia. Pero Empleo enviará su parte “quiera o no quiera el sector asegurador”, aseguran estas mismas fuentes.

 

 

Los expertos piden a Báñez revisar a fondo el contrato a tiempo parcial

eleconomista.es, 24/05/2013

Cada vez más voces reclaman nuevas medidas en el ámbito laboral que den un nuevo impulso a la reforma aprobada hace más de un año por el Gobierno. Los últimos en hacerlo han sido los expertos del Instituto Internacional Cuatrecasas, que ponen el foco en la contratación. En concreto, lamentan que las medidas adoptadas por el Gobierno en esta materia hayan sido excesivamente tímidas si se comparan con las aplicadas en relación a los despidos colectivos.

 

En su informe El fomento del empleo juvenil a través de la adquisición de experiencia laboral, patrocinado por Manpower, los expertos apuestan por una revisión a fondo del contrato a tiempo parcial que permita fomentar más su uso. Sería una estrategia más con la que poder plantar cara al problema del desempleo juvenil. El paro entre los menores de 25 años alcanza ya el 57%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

 

El documento refleja que los actuales contratos de trabajo con prácticas y para la formación siguen siendo residuales, pese a haber sido reformados en numerosas ocasiones en las últimas décadas y en ningún caso logran los efectos esperados sobre el mercado de trabajo. Tanto es así que, de los jóvenes de entre 16 y 29 años que trabajan, un 80% lo hace con contrato temporal, un 8% con indefinido y sólo un 2% cuenta con una modalidad formativa.

 

Al mismo tiempo, los expertos de Cuatrecasas lamentan que la reforma laboral no haya facilitado la transición de la etapa educativa al empleo, ni haya adecuado la oferta de formación a la demanda del mercado de trabajo. En este sentido, ven necesario potenciar al máximo las prácticas en las empresas, pero en un contexto de mayor seguridad jurídica para favorecer la empleabilidad y posterior contratación de los jóvenes por esta vía. El objetivo sería evitar prácticas tan comunes como que se les asimile como trabajadores autónomos a efectos de la Seguridad Social.

 

Ejercicio de responsabilidad

Al acto de presentación del informe acudió, ayer, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien defendió que la reforma laboral está dando sus frutos y que es responsabilidad de todos aplicarse a fondo ante los datos de desempleo juvenil. Báñez hizo hincapié, además, en que el Gobierno valora el ejercicio de "responsabilidad" de CEOE-Cepyme y de CCOO y UGT para firmar un pacto que impida que miles de convenios colectivos denunciados decaigan el próximo 8 de julio. Entonces concluirá el límite de un año fijado por el Gobierno para la prórroga automática de los convenios colectivos o ultraactividad. La ministra recalcó que de esta forma los agentes sociales cumplen con el compromiso adquirido con el presidente Rajoy, en la reunión de la pasada semana en La Moncloa.

 

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