Resumen de Prensa Semanal

Semana 2

09/01/2012 al 15/02/2012

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CC OO y UGT aceptan cambios de contratos de jornada completa por parcial

Cinco Días, 05/01/2012

Los sindicatos dieron ayer un paso adelante en la negociación de la reforma laboral al anunciar públicamente que están dispuestos a propiciar que los empresarios cambien contratos a tiempo completo por jornadas parciales, como alternativa al despido. Asimismo, anunciaron que aceptarán subidas salariales inferiores al IPC durante 2012 y 2013, con cláusula compensatoria en 2014. Todo para "salvar el empleo a toda costa".

 

Los sindicatos CC OO y UGT desvelaron ayer las propuestas que han hecho a la patronal en dos de las materias más espinosas que están negociando: contratación y salarios.

 

Según explicó ayer el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en declaraciones a la Cadena SER, la propuesta de las centrales sindicales es que "las empresas, sobre todo las pymes españolas, donde se ha destruido el 95% del empleo, tengan mecanismos ágiles y claros alternativos al despido". Ello se empieza "por la moderación salarial, una flexibilización de las cláusulas de inaplicación en los convenios y, si no se puede mantener empleo a tiempo completo, que se pueda convertir en empleo a tiempo parcial con carácter excepcional de manera voluntaria para el trabajador y reversible cuando la situación económica se normalice".

 

De estas palabras se desprenden unas cuantas novedades en la negociación de la reforma laboral. Para empezar, las centrales sindicales han propuesto a CEOE-Cepyme que las empresas puedan convertir empleo a tiempo completo en contratos con jornadas parciales (con la correspondiente reducción salarial), como alternativa al despido.

 

Esta posibilidad ya la pueden plantear las empresas bien de forma individual a los trabajadores o de forma colectiva a través de un expediente de regulación de empleo de reducción de jornada. Por ello, lo que estarían negociando los interlocutores sociales serían unas condiciones específicas para que las empresas puedan plantear estos cambios contractuales de forma colectiva sin tener que recurrir a los complicados procedimientos administrativos del ERE que, además, les exige una autorización administrativa para llevar a cabo las reducciones de jornada.

 

No obstante, Méndez precisó que estos cambios contractuales deberían ser aceptados por el trabajador y deberían llevar aparejado el compromiso de volver a la jornada completa inicial cuando mejoren las condiciones de la empresa. Junto a esto, el secretario de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz, añadió ayer que los sindicatos están negociando cómo mejorar el contrato a tiempo parcial para darle mejor protección social y que esta modalidad "pueda generar empleo en un corto espacio de tiempo".

 

También en materia contractual, Méndez anunció que han sugerido a los empresarios que durante 2012 y 2013 se puedan convertir contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo estable (con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades), pero con la novedad de que el tiempo trabajado como eventual no compute a efectos del coste del despido.

 

En cuanto al segundo punto más conflictivo que se refiere a la negociación en paralelo de un acuerdo salarial para los próximos años, el líder de UGT desveló la propuesta sindical de aceptar subidas salariales inferiores al IPC de manera excepcional durante 2012 y 2013, y que en 2014 se aplicara una cláusula compensatoria del poder adquisitivo perdido en los dos años anteriores.

 

Incógnitas

Este planteamiento abre varias incógnitas ya que el actual Acuerdo de Negociación Colectiva 2010-2012 ya fija esta cláusula compensatoria para 2013. De ahí que la propuesta de Méndez puede interpretarse como que dicha cláusula se traslada a 2014 y que la novedad es que los sindicatos renunciarían a las cláusulas de revisión salarial durante 2012 y 2013. Pero el líder sindical no especificó qué ocurrirá con el alza ya pactada para este año de entre el 1,5% y el 2,5% -al margen de la cláusula de revisión- ni con la subida para el próximo año. En cualquier caso, aseguró: "En la disyuntiva de crecimiento salarial o mantenimiento del empleo nos quedamos decididamente con lo segundo".

 

Sobre esta materia, Ramón Górriz (CC OO) recordó que los sindicatos han ofrecido una política de moderación salarial a la CEOE, en línea con el control de precios y la limitación de beneficios empresariales y la reinversión de excedentes. Así, persiguen que los empresarios que no inviertan en tecnología o empleo no se puedan acoger a deducciones o bonificaciones como ocurre ahora con el impuesto de sociedades, informa Efe.

 

Méndez recordó también que los sindicatos han planteado a la patronal la necesidad de crear un fondo de capitalización para el desempleo, nutrido con el dinero de las bonificaciones a la contratación, para que puedan pagar con él parte de las indemnizaciones por despido. Si bien, precisó que habría que modular el acceso a este fondo con requisitos como el compromiso de la empresa con el empleo estable, la igualdad o la prevención de riesgos laborales.

 

La mayoría quiere trabajar más horas

Los sindicatos han puesto sobre la mesa la eterna solución de izquierdas ante la falta de empleo: el reparto del trabajo. Sin embargo, a juicio de las estadísticas, la opción de trabajar a jornada parcial no es del todo voluntaria. Así, en el tercer trimestre de 2011 había 2,4 millones de ocupados a tiempo parcial de los que más de la mitad aseguraban que tenían un empleo en esas circunstancias "por no haber podido encontrar trabajo de jornada completa", según la EPA. Además, de los 18 millones de ocupados existentes, el colectivo más nutrido es el de aquellos que trabajan entre 40 y 49 horas semanales (7,5 millones se sitúan en esa franja), lo que refleja que las empresas demandan jornadas muy superiores a la máxima legal.

 

Los pactos

Acuerdos prácticamente cerrados

-Conflictos: en principio, las partes han pactado ya un nuevo acuerdo de solución extrajudicial de conflictos hasta 2016. Este incluirá el arbitraje en los casos en los que no haya acuerdo para renovar los convenios.

-Absentismo: un nuevo esquema de funcionamiento de las mutuas de accidente llevará pareja la elaboración de un ratio trimestral sobre el absentismo para tomar medidas de control.

-Festivos: ya hay acuerdo sobre el traslado de tres festivos a los lunes

Patronal y sindicatos, divididos por el poder que deben tener los convenios de empresa

Cinco Días, 06/01/2012

El acuerdo laboral está más cerca, pero aún hay discrepancias importantes. Entre las más destacables está consensuar el reparto de poder entre los convenios sectoriales y de empresa; las facilidades para los descuelgues salariales y los cambios en la contratación, fundamentalmente para el empleo a tiempo parcial.

 

Patronal y sindicatos tienen poco más de una semana para cerrar un acuerdo laboral y probablemente lo consigan. La magnitud de la reforma que pacten aún se desconoce pero a tenor de las últimas reuniones podría ser mayor de lo esperado inicialmente.

 

Así, a fecha de hoy, por lo menos, las posturas en los puntos más espinosos (contratación, salarios y negociación colectiva) están algo más próximas pero, a la vez siguen siendo los principales escollos de las conversaciones.

 

Las manifestaciones públicas de unos y otros apuntan a un acuerdo cercano en algún momento de la próxima semana (ya que, en principio, el Gobierno no les autoriza a seguir negociando más allá). Ayer, el vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM), Arturo Fernández aseguró en declaraciones a la Cadena COPE, que las partes "están acercando postura" y "están bastante cercanos a poder llegar a un acuerdo". Algo más prudente se mostró el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, para quien los negociadores "no están en el punto de acuerdo, pero sí próximos".

De los puntos más conflictivos antes citados, el acuerdo salarial incluido en la renovación del Acuerdo de Negociación Colectiva, es el que más consenso reúne a fecha de hoy.

Tal y como avanzó el miércoles el líder de UGT, Cándido Méndez, los sindicatos aceptarán que los salarios suban por debajo de la inflación en 2012, 2013 y 2014, siempre que en este último ejercicio se aplique una cláusula compensatoria del poder adquisitivo perdido.

 

Toxo justificó ayer esta posición sindical al explicar que lo que necesita ahora mismo la economía española es un pacto de rentas, que combine actuaciones sobre salarios, precios y otras rentas, entre ellas las fiscales, pues ello permitiría a las empresas competir en precios y solucionar así uno de sus principales problemas. Y, dicho esto, se mostró escéptico sobre los posibles efectos positivos de una reforma laboral, ya que en su opinión, la economía española no creará empleo hasta que crezca a un ritmo del 2%.

 

¿Dónde están, por tanto, los principales escollos al acuerdo final?. Según fuentes cercanas a la negociación, las partes se muestran divididas ante "el reparto de poder en la estructura de la negociación colectiva". En concreto, discuten la fórmula de adecuar la última reforma de los convenios que dotaba de prácticamente de todo el poder de decisión a los convenios de empresa, "salvo pacto en contrario" de los representantes patronales y sindicales en el ámbito sectorial. Así, según estas mismas fuentes, los sindicatos quieren que sea ese "pacto en contrario" el que siga ordenando la negociación en cascada en la mayoría de los sectores; mientras que los negociadores patronales apuestan por aumentar la primacía de los acuerdos de empresa.

 

Los representantes de CEOE también quieren facilitar más las condiciones de las empresas para incumplir los salarios pactados, en cualquiera de los niveles. Pero los sindicatos consideran que estos descuelgues ya están lo suficientemente flexibilizados en la ley y en el vigente Acuerdo de Negociación Colectiva.

 

En cuanto a los cambios en materia de contratación, las discusiones están girando en torno a las condiciones para propiciar los cambios de empleo a tiempo completo por tiempo parcial, de forma reversible y como último recurso antes del despido. En este asunto, Toxo matizó ayer que el contrato a tiempo parcial es una "pieza importante" pero añadió que está siendo muy difícil encontrar el equilibrio entre la necesidad de facilitar la actividad de las empresas y el respeto a los derechos de los trabajadores, de forma que no se les recorten las indemnizaciones o prestaciones.

 

Toxo corrigió también ayer a Méndez al descartar al creación de un fondo, financiado con las bonificaciones al empleo, con el que costear indemnizaciones por despido. Esto deberá hacerse más adelante, dijo el líder de CC OO.

 

 

El detalle

La inaplicación salarial en la actualidad

Pacto de convenios: el Acuerdo de Negociación Colectiva 2010-2012 señala que "la llamada cláusula de inaplicación del régimen salarial o de descuelgue salarial son parte del contenido mínimo de los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa. Durante la vigencia del acuerdo, la trascendencia de preservar el empleo y las dificultades de financiación de las empresas justifican la conveniencia de posibilitar la inaplicación de los aumentos salariales de las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación".

 

El valor de un pacto amplio está muy presente en la mesa de diálogo

"Lo que se pacte, sea lo que sea, siempre será mejor que un decreto del Gobierno", aseguraban ayer fuentes sindicales. Los interlocutores sociales en mayor o menor medida le han visto las orejas al lobo en esta negociación. La gravísima situación del empleo en España y las primeras muestras de firmeza del nuevo Gobierno popular -al que no le ha temblado el pulso ni siquiera a la hora de contravenir sus principios decretando una fuerte subida de impuestos- han hecho que patronal y sindicatos se sienten a negociar con más disposición al acuerdo que en reformas anteriores.

 

Ahora más que nunca, los interlocutores sociales repiten uno de sus mantras: las reformas laborales hechas por decreto y sin respaldo de empresarios y sindicatos tienen nulo éxito.

 

Si bien, algunos sectores patronales se muestran confiados en que si el Ejecutivo decide gobernar unilateralmente en alguna materia, sobre todo en las referidas a la contratación, lo hará en línea con las tesis empresariales.

 

Por el contrario, existen otros ámbitos empresariales que hacen hincapié en la necesidad de consensuar todos y cada uno de los cambios, fundamentalmente en materia de negociación colectiva, porque sin el respaldo sindical, su aplicación en la práctica sería imposible. O, en el mejor de los casos se dispararía la conflictividad laboral, algo que nunca conviene al empresario y menos en un momento de crisis como el actual.

El descuelgue de los convenios separa a sindicatos y patronal de un acuerdo

Cinco Días, 10/01/2012

La CEOE renuncia a acordar con los sindicatos una reforma laboral "escasa" porque considera que son necesarios cambios profundos. Hay acuerdo sobre resolución extrajudicial de conflictos y para pasar los puentes a los lunes, pero no en asuntos centrales como contratación o cláusulas de descuelgue de los convenios.

 

Este fin de semana expira el plazo para que patronal y sindicatos alcancen acuerdos sobre los asuntos que el Gobierno quiere revisar en el mercado laboral. Hay contactos diarios entre CEOE, UGT y CC OO pero no parece que las posturas estén muy próximas, más allá de principios de acuerdo sobre aspectos no centrales de la negociación, como es la resolución extrajudicial de conflictos y el paso de los festivos entre semana a los lunes.

 

La CEOE considera que "no es el momento de firmar una reforma laboral escasa" y que el primer paso que hay que dar es un replanteamiento de las condiciones laborales. Los empresarios están haciendo hincapié en la importancia de las cláusulas de descuelgue de los convenios en materia retributiva para las empresas en crisis y que los salarios estén vinculados a la productividad, y no solamente a la evolución del IPC. No obstante, el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, explicó ayer que los agentes sociales harán "un sprint" hasta el próximo jueves "para que el Gobierno no se sienta defraudado". Es precisamente en materia salarial donde están más alejadas las posturas, ya que los sindicatos no están por la labor de aceptar la congelación de las retribuciones y defienden una subida inferior al 1% (la inflación prevista).

 

El Ejecutivo tiene entre sus prioridades la reforma laboral y quiere actuar sobre seis ejes: contratación, formación, resolución extrajudicial de conflictos, intermediación, negociación colectiva y lucha contra el absentismo. En un primer momento, se dio de plazo a los agentes sociales hasta el 7 de enero y posteriormente se amplió hasta el 14. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, admitió ayer las negociaciones no están siendo fáciles "y menos cuando se aproxima el momento final".

 

Toxo subrayó que no se está negociando sobre la implantación de los minijobs ni sobre una indemnización de 20 días para los despidos improcedentes, frente a los 45 actuales. Haya o no acuerdo, sindicatos y patronal presentarán sus conclusiones al Gobierno antes del viernes. El líder de UGT, Cándido Méndez, sostuvo ayer que los empresarios están "enrocados" en posiciones que serían inconvenientes para la lucha contra el paro.

 

 

La cifra

20 días por año trabajado sería la indemnización pretendida por los empresarios. CC OO negó ayer que esta propuesta esté en discusión.

El Gobierno decidirá si crea un contrato fijo con un despido inferior a 33 días

Cinco Días, 11/01/2012

No ha sido posible. Patronal y sindicatos han tirado la toalla sin conseguir un acuerdo de reforma laboral profunda. Las demandas empresariales de crear un nuevo contrato con el despido improcedente a 20 días y congelar los salarios hasta 2014 han sobrepasado lo que estaban dispuestos a aceptar los sindicatos. El Gobierno deberá decidir, por tanto, si abarata el despido y si da más tiempo para seguir negociando los salarios y los convenios, como piden los interlocutores sociales.

 

Los empresarios se han mostrado muy firmes en las últimas reuniones", aseguraban ayer fuentes sindicales, que también explicaron que fueron los desacuerdos en materia salarial y de contratación los que han hecho saltar por los aires las posibilidad de alcanzar un acuerdo de reforma laboral de calado.

 

Alrededor de la media tarde de ayer se supo que el último intento de salvar el pacto por parte de los líderes de patronales, Juan Rosell y Jesús Terciado, y los sindicales, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), que llevaban reunidos desde las 13.00 horas, no sirvió de nada. Tan solo lograron redactar un escueto documento que enviaron ayer mismo al Gobierno, indicando cuáles son las materias en las que han llegado a algún tipo de acuerdo y en cuales no y por qué.

 

El consenso ha afectado a materias que podrían calificarse de menores como la solución extrajudicial del conflictos; la formación para el empleo; el absentismo; la racionalización de festivos; una declaración para utilizar las prejubilaciones "en su justo términos" y el uso de bonificaciones y la reposición de prestaciones en los ajustes de plantilla.

 

La principal causa de desacuerdo entre patronal y sindicatos ha sido la creación de un nuevo contrato indefinido con el despido más barato. En las últimas reuniones, los empresarios pusieron encima de la mesa su vieja reivindicación de crear un nuevo contrato fijo con una indemnización por despido improcedente de 20 días por año trabajado y de 12 días por año para los despidos objetivos procedentes.

 

Fuentes de la negociación aseguraron que los sindicatos estaban dispuestos a discutir la creación de un nuevo contrato fijo con el despido inferior a los 33 días actuales del contrato de fomento del empleo, "pero en el entorno de los 30 días por año trabajado, nunca los 20 días que pide la patronal". Además, exigían que la vigencia de este contrato fueran dos o tres años, "para salir de la crisis".

 

Ante esta circunstancia, será el Gobierno el que decida si incluye o no un abaratamiento del despido dentro del decreto de reforma laboral que comenzará a preparar el próximo viernes en el Consejo de Ministros. Si bien no se espera que en dicha reunión se cierre la reforma.

 

"Una absoluta desregulación"

 

También tuvo un final de marcado desacuerdo el contrato a tiempo parcial, que según avanzaron los líderes sindicales podía ser clave para el acuerdo. Finalmente estos mismos representantes se negaron a firmar "una absoluta desregulación" de este tipo de contrato.

 

Y tampoco hubo acuerdo para sellar un pacto de salarios hasta 2014 ni para definir el peso de los convenios de empresa dentro de la estructura de la negociación colectiva o unas nuevas facilidades para los descuelgues salariales.

 

No obstante, respecto a estos últimos puntos, el documento redactado ayer por los agentes sociales traslada un claro mensaje al Ejecutivo: las orientaciones salariales para 2012, 2013 y 2014, así como el fomento de la flexibilidad interna en las empresas y la estructura de la negociación colectiva, son asuntos que "corresponden fundamentalmente al espacio bilateral de negociación y concretamente al marco de renegociación del vigente acuerdo de negociación colectiva". Por este motivo solicitan al Gobierno que no legisle en estas materias y que les dé más tiempo para seguir negociando.

 

En cualquier caso, y al menos respecto a la política salarial del sector privado, el Ejecutivo no puede acometer ninguna reforma, ni si quiera recomendaciones vinculantes, por lo que solo en esta materia tendrá que permitir con toda seguridad que sigan las conversaciones.

 

¿Se atreverá Rajoy a terminar con los 45 días?

Desde distintos sectores patronales y sindicales se trabaja con la idea de que, independientemente de la entidad de un supuesto pacto laboral, el Gobierno va a elaborar un decreto con todo aquello que quede fuera del acuerdo. Según esta tesis, la mayor incógnita es si el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y su equipo económico se atreverán a finiquitar el contrato indefinido ordinario con una indemnización por despido de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades para todos aquellos nuevos trabajadores fijos.

 

De tomar esta decisión, los responsables del Ministerio de Empleo tendrán que tener cuidado con preservar los derechos adquiridos de todos los trabajadores que tienen uno de estos contratos.

 

Técnicamente, se debería fijar una fecha a partir de la cual quedara derogada la actual modalidad de contrato indefinido ordinario; y, a la vez, se tendría que establecer un nuevo contrato con otra indemnización por despido para todos los fijos que se firmen desde la citada fecha. Las opciones para esta supuesta nueva modalidad son variadas. El Ejecutivo podría optar por generalizar el actual contrato indefinido de fomento del empleo estable, con una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades.

 

O, quizás, podría ahondar en la propuesta de nuevo contrato fijo estudiada por los agentes sociales estos días. Con una indemnización en el entorno de los 30 días por año trabajado.

 

Una tercera opción sería la propuesta por Fedea (un think tank que el PP ha utilizado en ocasiones como ideólogos en materia de empleo). Se trataría del conocido como contrato único con indemnización progresiva en función de la antigüedad, entre los 12 y los 36 días.

 

Las cifras

581.000 contratos fijos se firmaron el pasado año. De ellos, 544.428 (el 3,9% de todos los contratos registrados) fueron indefinidos ordinarios (con una indemnización de 45 días por año) y los 37.504 restantes fueron de fomento del empleo indefinido (el 0,7% del total). Además, en 2011 se contabilizaron 461.065 conversiones de temporales a fijos.

 

2,48% es el aumento salarial medio pactado en los convenios de 2011.

Las investigaciones por fraude a la Seguridad Social aumentan un 76%

Expansión, 10/01/2012

La economía sumergida en España supera el 23% del PIB. Ante la acuciante necesidad de reducir el déficit y de acompañar la subida del IRPF de un plan de lucha contra el fraude que consiga coordinar a las inspecciones de Hacienda y Trabajo, las empresas que investigan la economía en negro alertan de que crece la demanda de sus servicios.

 

Así lo hace Zenit Detectives, compañía española experta en investigaciones aplicadas en el ámbito empresarial, que cuenta que ha medido un aumento del 76% en el número de casos investigados por fraude a la Seguridad Social.

 

Según Zenit, esta subida es debida al incremento de la ausencia de trabajo, el número de personas en situación de desempleo provocado por la crisis económica actual y el empleo sumergido.

 

El fraude más habitual a la seguridad social es el relacionado con “el pago en negro” a los empleados. La empresa consigue ahorrarse el coste de las cuotas a la Seguridad Social, mientras que el trabajador en situación precaria acepta porque necesita trabajar o porque así puede seguir cobrando –si ésta es la situación– la prestación o el subsidio por desempleo.

 

Según José María Alonso, director operativo de Zenit Detectives: “Como detectives hemos verificado en determinadas investigaciones que la empresa constata que el trabajador está cobrando la prestación por desempleo, denuncia a la empresa por despido improcedente y simultáneamente realiza una actividad laboral obteniendo la remuneración en B. Este es un caso muy típico en estos momentos”.

 

Las empresas más propensas a realizar fraude a la Seguridad Social son las correspondientes al sector servicios. “Muchas compañías tienen indicios de acciones de fraude a la Seguridad Social llevadas a cabo por algunos de sus empleados. Es en este momento cuando los directivos de las compañías deben contratar nuestros servicios ”, concluye Alonso.

Seis miniacuerdos laborales y un gran desacuerdo

Cinco Días, 11/01/2012

El gran pacto laboral ha resultado ser un pequeño acuerdo en materias cuya importancia para reformar el mercado laboral es menor, ya que no tocan ni la estructura de la negociación colectiva, ni las condiciones de entrada y salida del mercado laboral, ni los contratos de trabajo, ni la flexibilidad interna de las empresas.

 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no da por cerradas las negociaciones entre patronal y sindicatos para intentar incluir en el pacto laboral alguna medida de más calado que las ya pactadas. "Aún tienen tiempo esta semana para llegar a acuerdos", aseguraba ayer. Es más, otras fuentes aseguran que Báñez está preparando un encuentro discreto con los líderes sindicales para explorar las posibilidades de ampliar el pacto.

 

En cualquier caso, lo que ya es evidente es que los protagonistas de la negociación no tienen fe aproximar más las posturas. Esto es el detalle de lo que han conseguido consensuar:

1. Solución autónoma de conflictos.

2. Prórroga del acuerdo nacional para el empleo.

3. Mutuas y absentismo.

4. Racionalización de días festivos.

5. Jubilación anticipada y prejubilación.

6. Bonificaciones a los ERE.

 

Pero ¿qué está detrás del gran desacuerdo laboral? Una vez más, los costes y la regulación han sido la china en el zapato del pacto. En concreto, el coste del despido de un supuesto nuevo contrato indefinido para salir de la crisis y las discrepancias acerca de una nueva regulación del contrato a tiempo parcial.

 

Los empresarios volvieron a exhibir en la mesa de negociación "el miedo de los emprendedores a contratar" y la receta que plantearon para aliviar estos temores fue abaratar el coste de salida de la empresa. Esto es lo que eufemísticamente los agentes sociales llaman la "flexibilidad externa" y hablando en plata se conoce como indemnización por despido.

 

La propuesta patronal de un único contrato indefinido con una indemnización de 20 días para el despido improcedente y de 12 para el objetivo procedente no logró ni de lejos el respaldo sindical. CC OO y UGT, como en 1997, aceptaron hablar de un abaratamiento de este coste, aunque fuera de forma coyuntural por un periodo de dos o tres años; pero no pudieron finalmente respaldar la empresarial por diferencias en los días de la indemnización, que ellos defendían en el entorno de los 30 días por año trabajado. Fuentes de la negociación aseguran que la "inmovilidad" de los negociadores empresariales en este punto está fundamentada en sus esperanzas de que el Gobierno decrete a su favor en esta materia.

 

Los problemas sobre la regulación laboral afectaron a la también vieja lucha sobre el uso del contrato a tiempo parcial. El número de horas complementarias y su disposición por parte del empresario, hizo saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo, ya que los sindicatos consideraron que este tipo de contrato quedaba completamente desregulado.

La entrada de lleno de las empresas de trabajo temporal en la intermediación del mercado laboral y la creación de un fondo de capitalización que sustituyera al actual sistema de protección por desempleo tampoco obtuvo el visto bueno sindical.

 

Los agentes sociales son conscientes de que el Gobierno puede legislar sobre todos y cada uno de estos puntos que no han conseguido pactar, pero han lanzado una seria advertencia al Gobierno para que, por el contrario, no tome ninguna decisión legislativa sobre otras cuestiones que tampoco han logrado consensuar pero que conforman el sacrosanto ámbito bilateral de negociación. Se trata de los salarios y todo lo relacionado con los convenios (su estructura y la utilización de la flexibilidad interna). Así se lo han hecho saber a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien, de momento, intenta apurar los plazos para que haya algún otro punto de encuentro.

 

Pero no parece fácil que Báñez consiga que los empresarios cedan en su pretensión de que las empresas congelen los salarios hasta 2014; ni que unas horas, ambas partes logren acordar el peso que deberían tener los convenios de empresa en la negociación colectiva, algo que levanta muchas ampollas desde hace muchos años en las organizaciones, tanto patronales como sindicales y que responde a muchos intereses encontrados. Por ello, los negociadores piden más tiempo para cerrar estos asuntos, la incógnita es si el presidente del Gobierno confiará en ellos o argumentará estas posturas irreconcilables para legislar, al menos en materia de convenios, ya que las políticas salariales no son competencia del Ejecutivo.

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