Resumen de Prensa Semanal

Semana 21

19/05/2014 al 25/05/2014

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La supresión de los «macropuentes» festivos se mantiene en suspenso

abc.es, 19/05/2014

El Ejecutivo planteó en 2012 el traslado de días festivos a los lunes para aumentar la productividad. Dos años después, la medida sigue sin haberse materializado

 

Fue una de las grandes propuestas de Mariano Rajoy en su debate de investidura como presidente del Gobierno y uno de los asuntos más polémicos y mediáticos durante el año 2012 pero, dos años después, la iniciativa de trasladar algunos días días festivos a los lunes para evitar los «macropuentes» y aumentar la productividad parece haber embarrancado.

 

Fuentes sindicales y empresariales consultadas por ABC coinciden en señalar que no han vuelto a tener noticias de la medida. «A fecha de hoy no tenemos información de cuál es la intención del Gobierno en esta materia», aseguran desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), algo que corroboran desde la Unión General de Trabajadores (UGT).

 

Tras la toma de posesión de Rajoy, el Gobierno comenzó una ardua negociación con los agentes sociales y con la Iglesia para cristalizar qué días festivos podrían ser trasladados de fecha y cuáles serían inamovibles. El objetivo era hacer «más eficaz» el calendario laboral y también dar un golpe de imagen en plena crisis económica de cara al norte de Europa, menos de un mes después de que la mismísima Angela Merkel criticase en un mitin electoral de la CDU que «unos países disfrutan de muchas vacaciones y otros de muy pocas».

 

Pese a lo laborioso de la negociación, los agentes sociales lograron remitir al ministerio de Empleo un acuerdo al respecto el 10 de enero de 2012, en el que se contemplaba el traslado de las festividades del 15 de agosto -la Asunción de la Virgen-, el 1 de noviembre -Todos los Santos- y el 6 de diciembre -la Constitución-. Sin embargo, más de dos años después, los cambios siguen sin haberse materializado, según confirmó el Ejecutivo el pasado mes de enero en respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia. En dicha réplica, el Gobierno remarcó que no tiene intención de reducir el número de festivos sino de «racionalizar su disfrute y beneficiar, con ello, al conjunto de la economía del país, incluido el turismo y a los ciudadanos».

El turismo, un escollo

Precisamente del lado del turismo vendría el principal escollo a la hora de llegar a un acuerdo definitivo. Y es que, según recuerdan fuentes sindicales, cuando se produjo el anuncio de «recortar» los puentes se produjeron divergencias en el seno de la patronal, puesto que los empresarios del sector turístico temían que la supresión de los puentes suponga una merma importante de sus ganancias. En este sentido, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), Rafael Gallego, ya avisó de que «los españoles realizan el 53% de sus viajes en puentes y fines de semana», por lo que la iniciativa podría conllevar «más pérdidas que beneficios». No opina lo mismo el resto de agrupaciones sectoriales de la patronal, las cuales, según un estudio elaborado en 2011 por CEOE y CEPYME, consideran que los puentes causan «una ruptura y desoptimización importante de los recursos productivos».

 

Por el momento, el calendario laboral de los años 2013 y 2014, con pocos festivos entre semana, ha ayudado a que la decisión final, que pasaría por la modificación del Estatuto de los Trabajadores y del real decreto 2001/1983 —algo para lo cual se necesitaría el visto bueno de los agentes sociales y de la Iglesia—, se postergue. Así, según el documento aprobado en noviembre por la Dirección General de Empleo, de los nueve festivos nacionales previstos para este año solo tres tendrán lugar entre semana y únicamente uno podría haber sido sustituido: el 6 de enero (lunes), jornada que no obstante fue festiva en todas las autonomías porque ninguna ejerció su facultad de cambiarlo de día.

 

El número de nóminas baja de 14 millones por primera vez en once años

elmundo.es, 19/05/2014

Tres millones son funcionarios y de los 11 millones privados un 25% tiene empleo temporal

 

Desde 2003 no se registraba un número tan bajo de nóminas en España. Según los datos de la última EPA, en marzo sólo quedaban 13.925.500 asalariados, casi 3,2 millones menos que al inicio de la crisis. De ellos, 10,4 millones tienen empleo indefinido. Una de cada cinco nóminas corresponde al sector público, con casi tres millones de empleados. Mientras, las empresas privadas acumulan 11 millones de asalariados, de los que casi 2,7 millones tienen contrato temporal.

 

A pesar de las mejores expectativas para el empleo, el número de nóminas sigue decreciendo. Se debe a la decisión del Gobierno de incentivar con bonificaciones y mejoras fiscales al autoempleo de autónomos, y mejorar la estadística de ocupados, en lugar de favorecer la creación de empresas estables o tocar cotizaciones.

 

En todo caso, la situación es ahora mucho más complicada que hace 11 años, ya que esos 13,9 millones de asalariados existentes representan el 61% de la población activa y el 36% de la población mayor de 16 años. Es decir, sólo seis de cada 10 españoles que quiere trabajar tiene acceso a una nómina. Mientras, en 2003, el 72% de los activos era asalariado, así como el 40% de quienes tenían más de 16 años.

 

La estadística ofrece además otras conclusiones curiosas. Por ejemplo, de esos 13,9 millones de asalariados existentes, casi tres millones (2.920.500) son empleados públicos, de no mercado (no generan actividad económica directa). Esa cifra ha permanecido inalterada desde 2003. Sin embargo, en el sector privado sólo quedan 11.008.900 personas en nómina. Se trata de la cifra más baja desde el segundo trimestre de 2002. La diferencia es que hace 12 años había cuatro millones menos de activos que ahora. Y ahora, a pesar del descenso que se ha producido por la salida de efectivos y el efecto de desánimo, hay 22,8 millones.

 

El drama es mayor si se tiene en cuenta el tipo de contrato. Así, de esos 13,9 millones de nóminas que quedan, sólo tres de cada cuatro (10,7 millones) tienen detrás un contrato indefinido. Hay 3,2 millones de asalariados con contrato temporal. De los eventuales, 2,6 millones están en el sector privado y algo más de medio millón en el público.

 

Pocas nóminas en el sector privado

De esta forma, resulta que en el sector privado sólo quedan 8.366.700 nóminas con contrato indefinido (240.500 son además fijos discontinuos), una cifra similar al número de pensionistas. El dato no se producía desde el tercer trimestre de 2005.

 

Pero esos 8,3 millones de asalariados fijos existentes en las empresas privadas no están contratados a jornada completa. Y es que el Gobierno, al igual que el anterior, ha incentivado el contrato a tiempo parcial para encajar la estadística. En la actualidad hay 2,7 millones de personas contratadas por horas, pero la mayoría están aún bajo la modalidad temporal. Aunque no hay estadísticas oficiales a este respecto, al menos un tercio de estos empleos a tiempo parcial pueden ser nóminas indefinidas. Los asalariados netos existentes ya en el sector privado pueden estar en sólo 7,5 millones.

 

Se trata de una cifra que puede traer complicaciones a las arcas del Estado y la Seguridad Social, ya que es precisamente en las nóminas dónde se sustenta la recaudación fiscal y el Estado del Bienestar, incluyendo las pensiones. A este problema se suma el descenso de los sueldos, que está proporcionando menos ingresos a Hacienda, porque están bajando las bases imponibles; y a la Seguridad Social, porque siguen bajando las bases liquidables y la cotización es inferior. El Gobierno dice que ahora se están produciendo mejores resultados en los ingresos, pero se debe en gran parte a la incentivación de la lucha contra el fraude.

 

Así, según datos de la contabilidad nacional, el conjunto de las remuneraciones salariales en España en 2013, incluyendo las cotizaciones del empleador, alcanzó los 482.607 millones frente a los 510.968 del año anterior, un 3,5% menos. Desde 2006 no se producía una cifra tan baja, y ya no se debe a los despidos, sino a la reducción de sueldos propiciados por la reforma laboral, ya que en este periodo sólo se destruyeron 57.000 puestos (en términos desestacionalizados hubo por primera vez creación de empleo).

 

Que las nóminas siguen decreciendo en calidad remunerativa, además de su número, se corrobora con el dato de esa masa salarial en las empresas privadas. Se ha producido un descenso del 5,3% hasta los 283.473 millones mientras que en el sector público crecía un 0,8% hasta los 116.090. Lo que demuestra que el ajuste sigue en el sector privado.

 

El Gobierno confía en obtener nuevos asalariados de la nueva tarifa plana con una cuota de 100 euros al mes por contratación fija, incluso parcial. Bruselas ha advertido que no generará nuevas nóminas sino que producirá un trasvase de los temporales ya existentes a indefinidos.

 

La creación de sociedades creció un 6,7% en el primer trimestre

europapress.es, 19/05/2014

El número de nuevas sociedades creadas en los tres primeros meses del año experimentó un aumento del 6,7%, hasta las 28.410 empresas, respecto al mismo periodo de 2013, según la estadística del Consejo General del Notariado.

 

En el mes de marzo, se registraron 9.956 nuevas sociedades, lo que representa un crecimiento interanual del 14,6%, aunque en términos desestacionalizados el crecimiento desciende un 5,8%.

 

La cuantía promedio de capital social de estas empresas creadas en el tercer mes del año se situó en los 17.884 euros, lo que supone un 0,7% más que en marzo del pasado año.

 

Por su parte, el número de sociedades limitadas se incrementó un 14,6% en marzo, hasta las 9.498, porcentaje que desciende al 5,8% en la serie desestacionalizada. El capital social promedio de estas sociedades creció un 6,1%, hasta los 17.314 euros.

 

Según el tamaño del capital social fundacional de estas empresas, la constitución de las pequeñas sociedades (aquellas con un capital inferior a 6.000 euros), creció un 15,7%, lo que supone 7.972 empresas más. Por su parte, el capital social inicial medio se quedó en 3.166 euros, un 0,3% menos que el año anterior.

 

Asimismo, las sociedades limitadas con un capital social de entre 6.000 y 30.000 euros aumentaron un 15,7%, hasta 782, y su capital social promedio fue de 17.078 euros, un 3,3% más.

 

Por último, el número de sociedades limitadas con un capital social superior a 30.000 euros aumentó un 4,6% en marzo, hasta las 744 firmas, mientras que su capital promedio presentó un crecimiento del 5,2%, hasta los 173.098 euros.

 

De este modo, los préstamos hipotecarios destinados a financiar actividades empresariales experimentaron una subida interanual del 5,9%, el primer dato positivo de los últimos seis años, aunque la cuantía media de los mismos se redujo en un 37,1%.

 

El Supremo actualiza y amplía el concepto de accidente laboral

expansion.com, 19/05/2014

Crece el número de ciudadanos que trabaja lejos de su vivienda habitual. Los avances en infraestructuras y el incremento de la movilidad laboral que genera la crisis son algunas de las razones que explican un cambio que acaba de asumir el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que amplía el concepto de accidente in itinere.

 

El fallo, de Sala General, sienta doctrina e incluye dentro de este tipo de siniestros aquellos supuestos en los que el trabajador tiene que desplazarse una larga distancia desde su domicilio familiar hasta su lugar de residencia habitual por razones laborales.

 

Esta nueva doctrina ampliará las prestaciones que deben cubrir las mutuas y la Seguridad Social, pero no afectará a las empresas salvo que el vehículo siniestrado les pertenezca.

 

Hasta ahora, el accidente in itinere era aquél que ocurría en un desplazamiento del domicilio (personal o de la pareja o un familiar) hacia el trabajo. El fallo incluye el que tiene lugar entre dos domicilios en fin de semana, el de arraigo y el nuevo cercano al lugar de trabajo.

 

El Supremo anula una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de julio de 2012 que estimó el recurso interpuesto por Ibermutuamur contra una sentencia anterior de un Juzgado de lo Social de León. El juez de instancia había dado la razón a un trabajador que sufrió un accidente de tráfico un domingo de marzo de 2009 por la noche, cuando se desplazaba desde su domicilio en Puente Almluhey (León) hasta Almazán (Soria), donde residía debido a su trabajo.

 

La mutua rechazó la contingencia profesional de la baja que sufrió este trabajador, que manipulaba maquinaria pesada, al no considerar que el accidente se hubiera producido in itinere. La demanda del trabajador se estimó en primera instancia, si bien posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia.

 

El Supremo confirma la sentencia inicial al estimar que la interpretación de las normas "debe adaptarse a la realidad social", tal y como establece el artículo 3 del Código Civil y considera que debe resolverse "a la vista de la evolución de las nuevas formas de organización del trabajo y de la propia distribución de éste en el hogar familiar" que está imponiendo "unas exigencias de movilidad territorial que obligan a los trabajadores a ajustes continuos en el lugar de trabajo que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio y que tienen en muchos casos carácter temporal".

 

Todo ello, según el Alto Tribunal, determina que, "si se quiere respetar la voluntad del legislador en los tiempos presentes", habrá que reconocer que en supuestos como el presente "a efectos del punto de partida o retorno del lugar del trabajo puede jugar, según las circunstancias del caso, tanto el domicilio del trabajador en sentido estricto como la residencia habitual a efectos de trabajo".

 

El TS considera que concurren los elementos que definen el accidente in itinere porque la finalidad principal del viaje sigue estando determinada por el trabajo, "puesto que éste fija el punto de regreso y se parte del domicilio del empleado".

 

David Díaz, socio director de laboral de Baker & McKenzie, apunta que esta sentencia entiende que el "accidente laboral es un concepto dinámico que debe adecuarse a los hábitos y prácticas del momento. Hoy ya es normal que se trabaje lejos de la residencia de arraigo por diversas razones y el Supremo considera que esta realidad debe tener cobertura", constata. "Máxime, en el caso del accidente in itinere, en el que la legislación es muy parca y es la jurisprudencia la que establece las pautas a seguir", añade Díaz.
 

 

La prevención atenúa la responsabilidad
- Las empresas no tienen responsabilidad ni deben cubrir contingencias en el caso de accidentes laborales in itinere si el vehículo en el que viaja el trabajador no les pertenece.
- Son las mutuas y la Seguridad Social quienes corren con estos gastos.
- La reforma del Código Penal que se prepara amplía las responsabilidades de las empresas en los accidente laborales en el terreno de la prevención, como ocurre con el resto de esferas que regula esta ley, por ejemplo, en el terreno del delito cometido en su seno.
- Las empresas que tuvieran un plan de prevención o compliance verán atenuada o eliminada su responsabilidad en caso de accidente laboral.
- La división de la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral investiga estos accidentes.

Báñez anuncia que la tarifa plana se extenderá a cooperativas y sociedades laborales

eleconomista.es, 20/05/2014

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado este martes que la tarifa plana de 100 euros de cotización a la Seguridad Social para la contratación de nuevos trabajadores se extenderá a las cooperativas y las sociedades laborales.

 

Báñez ha hecho este anuncio en la clausura de la Asamblea General de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) en Valencia, donde también ha avanzado que el Gobierno va a poner en marcha un programa de internacionalización e innovación de las entidades de la economía social.

 

La ministra ha destacado que en el próximo programa del Fondo Social Europeo 2014-2020, por primera vez España se va a beneficiar de un programa operativo de economía social dotado con 800 millones de euros.

 

El modelo de la economía social, que resiste "mejor en la crisis" y es un "valor seguro" para la creación de empleo, ha sido "un refugio" en la salida de la crisis y sigue siendo "la gran fortaleza" que está dando "oportunidades a muchos españoles", ha asegurado.

 

La ministra de Empleo ha indicado que en el entorno europeo el desafío ahora es exportar "el modelo de éxito" español de la economía social a la Unión Europea.

 

La economía social se está convirtiendo en "baluarte" del cambio en positivo del mercado de trabajo, en el que el crecimiento del empleo, tras nueve meses consecutivos de aumento sin tener en cuenta el efecto calendario y ocho meses considerando este factor, no es "coyuntural" sino estructural, ha afirmado.

 

La ministra ha augurado que en los próximos meses se va a crear empleo, tras el registro positivo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo, y con esta línea positiva ha manifestado que en 2015 España será el país de la Unión Europea que más crecerá.

 

Tras reconocer el esfuerzo de toda la sociedad española por salir adelante, ha dicho que no es casual que los dos países de la Unión Europea que están liderando el crecimiento económico son Alemania y España.

 

"España ha dejado de ser el enfermo y el principal problema de la Unión Europea, y empieza a ser el socio que está fortaleciendo a la Unión desde el sur", ha asegurado.

 

Desde Cepes, su presidente, Juan Antonio Pedreño, ha destacado que las empresas del sector han sido "auténticos sostenes empresariales" que han creado y están manteniendo puestos de trabajo.

 

De hecho, ha dicho, en el primer trimestre de 2014 han creado empleo por encima del 3 % y el sector ha sido refugio de sociedades mercantiles desaparecidas durante los años de crisis.

 

"Esto es generar valor y dar soluciones a lo que precisa la sociedad", según Pedreño, que había reclamado a la ministra, antes de que esta interviniera, espacios en las políticas públicas para la economía social y cuestiones concretas como la tarifa plana e incentivos fiscales.

 

Entre los retos que ha fijado para los gobiernos y los agentes sociales y económicos, ha citado el dar una "salida ética" a las consecuencias de la crisis sobre los colectivos más vulnerables, disminuir el paro y reforzar el acceso a la financiación bancaria.

 

Cepes ha suscrito hoy con la Plataforma del Tercer Sector un convenio para desarrollar acciones conjuntas y crear una agenda política en los temas que afectan a las dos entidades.

 

En España hay 42.684 empresas de economía social, que generan 2,5 millones de empleos y facturan 145.299 millones de euros, casi el 10 % del PIB.

 

Así han interpretado los jueces la reforma laboral

cincodias.com, 21/05/2014

El 12 de febrero de 2012 el Gobierno aprobó la reforma laboral más controvertida de los últimos años. Al día siguiente, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que esa reforma tendría “efectos positivos a medio plazo”. Pero ¿qué pasaría en el corto? La mayoría de los expertos coincidieron entonces en que la reforma abarataba y facilitaba los despidos, sobre todo los colectivos, y daba más poder al empresario y menos a los jueces. ¿Se ha cumplido este análisis? El despacho de abogados Olswang ha recopilado las principales sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que marcan la interpretación judicial de los aspectos más polémicos de la reforma.

 

¿Tienen menos poder los jueces?

Una primera sentencia del Tribunal Supremo del 20 de septiembre de 2013 daba la razón a los legisladores del Gobierno, quienes en la exposición de motivos de la ley dejaban claro que los jueces ya no debían exigir la razonabilidad ni la proporcionalidad de las medidas tomadas. Y, por tanto, pasaban a tener menos poder interpretativo. Así dicha sentencia, cuyo ponente fue Aurelio Desdentado, indicó:“no corresponde en el derecho vigente a los órganos jurisdiccionales, al valorar las causas de los despidos económicos, efectuar un juicio de proporcionalidad en el sentido técnico jurídico de la expresión (...) sino un juicio de adecuación más limitado, que compruebe la existencia de la causa o causas alegadas”.

 

Sin embargo, tras la jubilación de este ponente, el Supremo dijo lo contrario. Fue en un proceso de modificación de condiciones salariales del caso Cortefiel, donde indicó que “tras la reforma laboral, a los tribunales corresponde emitir un juicio no solo sobre la existencia y legalidad de la causa alegada, sino también acerca de la razonable adecuación entre la causa acreditada y la medida propuesta”.

 

Por su parte, la Audiencia Nacional en su pronunciación ante la impugnación del laudo arbitral en el caso Iberia (sentencia del 28-6-2013) indicó que la justificación de un despido exige, además de acreditar la causa, justificar la pérdida de funcionalidad de ese contrato a extinguir y cómo va a contribuir a hacer frente a la necesidad de la empresa.

 

En definitiva, según el experto laboralista de Olswang, Daniel Cifuentes, –quien ha elaborado esta recopilación de jurisprudencia– “los jueces siguen teniendo una gran capacidad para valorar la proporcionalidad de las medidas de despido o ajuste”.

 

¿Es más fácil jusitficar un despido?

La jurisprudencia conocida hasta ahora parece que así lo indica. Los jueces prácticamente no están analizando los aspectos técnicos de las causas económicas. Así, a pesar de que tras la reforma la ley concreta la definición de lo que se entiende por pérdidas, no hay ninguna sentencia que alegue esta situación concreta. Por el contrario, hay varios pronunciamientos judiciales que avalan despidos por “pérdidas actuales” o “pérdidas y disminución de ingresos en los dos años anteriores”, según sendas sentencias del Supremo. Mientras que la Audiencia aceptó que concurre causa económica por algo tan genérico como “una espiral negativa”. Estos mismos jueces respaldaron despidos producidos para volver a contratar a los despedidos más baratos a través de una subcontrata, como ocurrió en el caso NH (15-7-2013). Oque una caída del 40% de las ventas o pérdida de clientes suponen causas productivas u organizativas por sobredimensioamiento de platilla.

 

Cifuentes resume que aunque a la hora de ver si concurren los motivos alegados “seguimos en parámetros similares a los anteriores a la reforma, los jueces están más abiertos a aceptar las causas”.

 

Lo más conflictivo

La forma procedimental de diseñar un ERE o negociar unas modificaciones sustanciales de trabajo han sido los aspectos que más sentencias han generado. Y, también los que más anulaciones de despidos han provocado, por ejemplo por no entregar las cuentas del año en curso. En este sentido, los jueces han dictaminado cómo debe ser la comisión negociadora, invalidando la negociación centro por centro o por colectivos. Y ha determinado cómo deben actuar los grupos de empresas. Si bien, según Cifuentes, dentro de las cuestiones procedimentales, las últimas sentencias apuntan a que la próxima pelea de los jueces será la nulidad de los despidos por no existir una clara fijación de los criterios de selección ni antes, ni durante el periodo de consultas, como ocurrió con el pronunciamiento de la Audiencia en el caso Tragsa (1-4-2013). Otras nulidades de despidos no relacionadas con el procedimiento han estado provocadas por haber detectado el Supremo ánimo fraudulento en un ERE previo a una sucesión de empresas; o haber aumentado los afectados por despido en el proceso de consultas tras una huelga de la plantilla (caso Celta Atlántica, TS 20-9-2013).

 

Modificación sustancial de condiciones

Junto a las facilidades en los despidos, el otro gran cambio legal de la reforma afectó a las facilidades a la hora de modificar las condiciones sustanciales de los trabajadores, sobre todo, los salarios. En este terreno los jueces han dictaminado que estos procesos se pueden realizar a la vez que un despido colectivo. El Supremo ha indicado que un cambio en el plan de incentivos es una modificación sustancial y es nulo si no hay consultas(caso Sanitas, 21-2-2013). También que es posible la reducción de las comisiones por ventas si hay disminución de ventas (caso Cortefiel). O que un cambio normativo referente, por ejemplo al horario de apertura del comercio exige un proceso de modificación del artículo 41 y no se puede hacer unilateralmente por el empresario (caso Carrefour, 13-3-2013).

 

La ultraactividad: aún sin solución

Es el aspecto que cuenta aún con más incertidumbres. De hecho, hay sentencias contradictorias sobre si una regulación, anterior a la reforma, que permita la vigencia del convenio hasta que no se pacte uno nuevo puede considerarse pacto en contrario a las nuevas limitaciones de la ultraactividad. Tampodo hay casi pronunciamientos sobre qué ocurre si se aplica la ultraactividad y no hay convenio de ámbito superior que aplicar. Si bien, Cifuentes, cree que pronto habrá sentencias que irán en la línea de la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, en ese caso, obliga al empresario a realizar un proceso de modificación de condiciones sustanciales si quiere cambiar las condiciones del convenio.

Rosell pide más cambios para restar poder a los tribunales

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, reclamó ayer “menos leyes, que sean mucho mejores, que duren mucho más tiempo y más simples”. De esta forma respondió tras ser preguntado por la anulación de parte de los despidos de Panrico por parte de la Audiencia Nacional, durante la inauguración del XXIII Congreso de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto).

 

En este sentido, insistió en que aún hacen falta “muchas más reformas laborales para adaptar la realidad de las empresas a la legalidad de las leyes” y para “no estar pendientes de lo que dicen los jueces”. Así, el líder patronal consideraba ayer que aún tras los cambios operados en la reforma, la jurisprudencia conocida hasta ahora los jueces siguen valorando la razonabilidad o la proporcionalidad de las medidas. En el caso de Panrico, el tribunal ha aceptado la causa solo parcialmente, respaldando los despidos de 2014 pero no los previstos para 2015 y 2016. “Esto indica que los jueces no van a ser tan flexibles con los ERE abiertos” explicó el abogado de Olswang, Daniel Cifuentes.

 

Las mutuas recomiendan gestionar el absentismo como falta de motivación

cincodias.com, 21/05/2014

Todas las crisis económicas, por dolorosas que sean, generan algún efecto positivo y ésta que todavía sufren las empresas españolas no iba a ser una excepción. Tal y como publicó la semana pasada CincoDías, las bajas laborales se han desplomado durante la recesión un notable 45,6%. Esto ha sido así por dos causas fundamentales. La primera es la caída del empleo, a menos trabajadores en activo, menos causan bajan por incapacidad temporal (IT). Y la segunda y crucial, según admiten patronal y sindicatos, es el miedo a perder el empleo. “La posibilidad de ser despedido en una coyuntura tan adversa hace que aquellos trabajadores que en otros tiempos no tenían reparos en ausentarse del trabajo, ahora se lo piensan mejor”, admiten los expertos.

 

Sin embargo, en los primeros meses de este año parece detectarse un repunte del absentismo, que podría estar motivado por el efecto de las dolencias propias del invierno, como es la gripe y todas las afecciones respiratorias, pero también porque “comienza a diluirse ese efecto que ha tenido la crisis por puro agotamiento. Los trabajadores empiezan a perder ese miedo a quedarse en paro”, asegura Sergi Riau, director de la mutua de accidentes laborales experta en absentismo Egarsat. Lo que también está cambiando esta crisis es la forma de gestionar el absentismo. Bajo el título La Competitividad a través de la gestión de la presencia. Más allá de la gestión del absentismo, Egarsat presentó ayer en Madrid un estudio en el que han colaborado Aedipe e IMD Business School sobre las mejores prácticas de los departamentos de recursos humanos para acabar con el absentismo.

 

Consecuencia y no problema

Tal y como admite Riau, lo primero ha sido cambiar el concepto. Se ha pasado de considerar el absentismo como un problema a ser visto como la consecuencia de una falta de implicación y motivación de los trabajadores. Dicho estudio evalúa las políticas emprendidas por 120 compañías para combatir el absentismo y de éstas un comité editorial, formado por los directores de recursos humanos de Desigual, Air Nostrum, Grifols, Emte, Magna automotiva, Grupo Damm, Dimetronic SAU, Egarsat e IMD realizaron la selección final. Los 40 casos de éxito seleccionados demuestran que allí donde se cree en la importancia de las personas en el seno de la organización, allí donde se han aplicado políticas más flexibles, se han logrado los mejores resultados y, por ende, mayores aumentos de la competitividad de esas empresas.

 

Incluso los absentistas profesionales, que haberlos, haylos, se han reducido en plena crisis, pasando de menos de un 10% del total de las bajas, a menos del 5%. “Todo un reto, porque esos profesionales del fraude crean problemas cuando no están, pero también cuando acuden a trabajar”, asegura Riau.

 

Cuál es su “índice de despido interior”

El informe asegura que entre las iniciativas que mejor funcionan para reducir el absentismo se encuentra la de dotar de más poder y formación a los mandos intermedios, “sin los cuales el resto de políticas o no llegan a los trabajadores o lo hacen de manera sesgada”. En este sentido, aboga por implementar más políticas de evaluación de las plantillas o promover actividades que incentiven su participación en la empresa, así como iniciativas que reconozcan el esfuerzo y el trabajo.

 

Porque, en este sentido, tan grave es la ausencia física, como el “absentismo mental” o “índice de despido interior”, que se define como el porcentaje de empleados que, deseando marcharse de la compañía, no pueden hacerlo por su situación personal o de mercado. Son trabajadores que acuden a su empresa por obligación y sin motivación alguna. “Dejó de preocuparnos aquellos que no acudían temporal o definitivamente, y empezamos a preguntarnos por los que haciéndolo, no estaban con nosotros al 100%”, aseguran desde Eurofred S.A., empresa catalana y de origen familiar, dedicada a la venta e instalación de equipos de refrigeración comercial. Cuenta con más de 500 trabajadores y 250 millones de facturación, tiene presencia en Francia, Inglaterra, Irlanda e Italia. En 2009 pulsaron la opinión de su plantilla y el resultado fue que un porcentaje de dos dígitos se encontraba en esa situación. Durante tres años, implementaron una mayor flexibilidad horaria en sentido amplio, pusieron en marcha medidas de conciliación profesional y familiar y gracias a ello los trabajadores disfrutan hoy de libertad de entrada y salida, una tarde libre adicional a la semana, más vacaciones y reducción de jornada en épocas de menos carga de trabajo, entre otras mejoras. Esto ha hecho que la motivación haya aumentado y con ella la productividad.

 

El gasto en prestación por desempleo sólo se reducirá el 20% hasta 2017

eleconomista.es, 21/05/2014

La bajada del paro y la previsible mejoría del mercado laboral tan sólo aliviarán en 6.000 millones de euros la factura que el Gobierno tiene que pagar para cubrir las prestaciones por desempleo en los próximos cuatro años. Así, de los 29.429 millones de euros presupuestados para este ejercicio, se pasaría a desembolsar en torno a 24.000 millones en 2017 -rebaja de sólo el 20%-, según las proyecciones oficiales del Programa de Estabilidad, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió a Bruselas a finales de abril.

 

Y eso, contando con que se cumpla otra estimación: la disminución de la tasa de paro desde el 25% -prevista para este ejercicio- al 20% en 2017.

 

De hecho, la reducción de la partida gubernamental destinada a prestaciones por desempleo es una realidad desde 2012, que se vio confirmada en 2013 -el año cerró con un gasto de 29.805 millones- y tendrá continuidad en 2014 y años venideros, según el Ministerio de Economía.

 

Sin duda, un cambio de tendencia que agradecerán las arcas del Estado, sobre todo porque desde el inicio de la crisis, en 2007, el gasto en prestaciones prácticamente se ha duplicado -alza del 92,3%-, desde los 15.300 millones de entonces a los 29.400 millones que se espera represente en 2014.

 

Fuerte rebaja de la cobertura

Al analizar la presente disminución del gasto hay que tener en cuenta que existe una lectura menos positiva: el recorte de las prestaciones, por el endurecimiento de los requisitos, y el desplome constante de la tasa de cobertura. Por una parte, el Gobierno endureció en 2012 el acceso a los subsidios para mayores de 55 años y recortó la prestación a partir del séptimo mes del 60 al 50% de la base regulatoria.

 

Por otra parte, cada vez hay más desempleados que ni cobran prestación contributiva ni subsidio asistencial, tras haber agotado los plazos. De ese modo, el coste para el Estado desciende, pero eso no significa, necesariamente, que el parado haya encontrado un trabajo.

 

En concreto: tan sólo el 58,93% de parados recibía prestación en marzo pasado, frente al 61,54 por ciento un año atrás, lo que supone un retroceso interanual del 4,4 por ciento. Un porcentaje que se queda pequeño si se compara con el descenso del 21% respecto a la cobertura gubernamental que se proporcionaba en 2007, cuando el 71,38 por ciento de parados estaba protegido. Según las cifras del Ministerio de Empleo, el nivel máximo de cobertura a los desempleados se alcanzó en 2010, con el 78,44% de media anual.

 

Precisamente, la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre constata esta realidad, al consignar que de los 18,3 millones de hogares españoles, 1,98 millones tienen a todos sus miembros activos desempleados, y en 768.000 no entra ningún ingreso laboral.

Más perceptores asistenciales

Las estadísticas de marzo confirman que el ejercicio 2014 prosigue -y profundiza- la reducción del gasto total y por beneficiario.

 

Así, las prestaciones por desempleo representaron 2.188 millones de euros, lo que significa el 16,6% menos que en igual mes de 2013. A su vez, el gasto medio mensual por persona, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, fue de 838,5 euros, es decir, 72,9 euros menos (-8%) sobre el mismo mes de 2013.

 

Asimismo, las estadísticas del Ministerio de Empleo correspondientes al inicio del año muestran la mengua constante de perceptores con derecho a prestación: 2,67 millones de personas en marzo pasado, frente a los 2,94 millones existentes un año antes.

 

Y un dato curioso: del total de beneficiarios en marzo, 1,11 millones lo eran del nivel contributivo y 1,29 del asistencial o subsidiado.

 

¿Qué pensión de jubilación tienen los autónomos?

abc.es, 21/05/2014

Tras la reforma de las pensiones, los años de cómputo, la edad para retirarse y los ejercicios de cotización necesarios para cobrar el 100% de la cuantía se han modificado

 

La reforma del sistema de pensiones que entró en vigor el pasado año, y que modificó algunas condiciones para la jubilación, también afectó a algunos requerimientos en el caso de los trabajadores autónomos, a los años de computo, a la edad de jubilación y a los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. ABC ha consultado a la asesoría técnica de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) acerca de cómo han afectado los cambios legislativos a este colectivo.

 

¿Qué consecuencias tiene la reforma para los autónomos?

Por un lado, se van a computar más años de los que se computaban hasta ahora para realizar el cálculo de la pensión. Y, por otro lado, se ha modificado la edad legal (como a los asalariados) para jubilarse, pasando de 65 a 67 años en 2027. Es una reforma progresiva, lo que supone que cada año desde la entrada en vigor aumenta la edad de jubilación. En 2014 está en 65 años y dos meses, y en 2027 estará en 67 años. Este incremento se viene realizando desde la reforma a razón de un mes por año durante los seis primeros ejercicios y de dos meses por año durante los nueve últimos.

 

¿Qué opciones para cotizar tienen los autónomos?

Hay una base mínima que cada año se modifica levemente al alza, de ahora 875 euros. Y una máxima de más de 3.000 euros. El autónomo tiene libertad para elegir su base, y partir de los 48 años la base máxima queda limitada a 1.800 euros.

 

¿Qué consecuencias tiene escoger la base mínima?

Lógicamente con la media de las bases de los últimos años para calcular la pensión, si cotiza con una base más alta la media resultará más alta.

 

¿Cambia la jubilación anticipada?

Obviamente, es voluntaria, a partir de los 61 años y cumpliendo unos requisitos, se puede decidir adelantar la jubilación. Anteriormente era más difícil, se necesitaba haber cotizado a un régimen general y ahora no es necesario, además de estar establecida en 63 años.

 

¿Cuál es el periodo mínimo de cotización para tener derecho al a pensión?

El periodo mínimo para tener derecho a una pensión de jubilación es de 15 años, y no se modificó con la reforma. Y el periodo que se tiene en cuenta para realizar el cómputo se ampliará desde los 15 años hasta los 25 años en 2027.

 

¿Cuántos años se necesitarán para cobrar el 100%?

Para cobrar el 100% se necesitaban 35 años y con la reforma para cobrarlo se necesitarán 37 años.

 

¿Hay diferencia entre la pensión de un autónomo y la de un asalariado?

Hay diferencias de media. Las bases de cotización tradicionalmente han sido mucho más bajas que las de los asalariados, porque al final de la vida laboral de estos últimos su base y salario suele aumentar. Y la de los autónomos generalmente son más bajas. Por lo que en términos de media, sale más también más baja la pensión.

Con datos de agosto del año pasado, los trabajadores autónomos jubilados cobraban, de media, 603,76 euros al mes, cuantía casi 350 euros inferior a la que percibían los jubilados del Régimen General, que en agosto cobraron una pensión de 952,4 euros mensuales, según los datos del Ministerio de Empleo difundidos por la organización de autónomos UPTA.

 

Báñez propone que las mutuas revisen las altas por enfermedad

lavanguardia.com, 22/05/2014

Estas entidades vinculadas a la empresa ahorrarán 227 millones | "Si su médico le da tres días de baja por gripe y la mutua dice que uno, a trabajar", señala un doctor al ser preguntado por las consecuencias.

 

Los médicos de atención primaria están en pie de guerra y han decidido presentar batalla contra la Administración, eso sí, después de las elecciones europeas para evitar tradicionales acusaciones de politización. Tras la cita electoral, harán campañas para informar a los profesionales sanitarios en particular, y a los ciudadanos en general sobre las intenciones de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de facultar a las mutuas laborales, entidades privadas formadas por la asociación de empresarios, para proponer el alta en el caso de enfermedad del trabajador, hasta ahora responsabilidad de los médicos de atención primaria. ¿Esto qué supondrá para los ciudadanos? "Que una entidad vinculada con la empresa supervisará el estado de salud del trabajador por encima, incluso, de su médico de referencia. Es decir si su médico le da la baja por una gripe durante un periodo de tres días, al considerar que es el tiempo preciso para que se recupere y evitar el contagio a sus compañeros, y la mutua decide que con un día es más que suficiente, deberá ir a trabajar. Esa será la tónica general ya que el médico de familia sólo tendrá cinco días para impugnar", señala el doctor Isidoro Rivera, uno de los vicepresidentes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).
Recapitulemos. Hace ya un tiempo que el Gobierno había puesto encima de la mesa la necesidad de modificar la ley de mutuas para ampliar sus competencias en la gestión de las incapacidades. Con el mensaje de que hay mucho abuso en su gestión, en parte por la connivencia de los médicos de familia con el ciudadano, el Ministerio de Empleo redactó un texto ampliando las competencias actuales (contingencias laborales) a las comunes (enfermedad que pueda contraer el ciudadano y que van desde gripe hasta cáncer). Los médicos de familia, entonces, expresaron su oposición y comenzó el diálogo entre las partes.

El pasado mes de diciembre, Báñez presentó el anteproyecto de ley de Mutuas de la Seguridad Social, que actualmente está en fase de consultas, mientras trabaja en el real decreto de gestión de control de los procesos de incapacidad temporal, que fija, entre otras cuestiones, los controles de los partes de baja.

Desde entonces, afirman representantes del Foro de Atención Primaria, no ha habido más contactos. "El ninguneo es increíble", señala el doctor Isidoro Rivera.

El tema quedó relegado a un segundo plano hasta que el pasado mes, en el programa nacional de reformas 2014 enviado por el Gobierno a Bruselas con fecha 30 de abril, en el que anuncia la aprobación de una nueva ley de Mutuas y del decreto de gestión de los procesos de incapacidad a lo largo de este año, lo que permitirá un ahorro de 227 millones de euros al facultar a las mutuas gestionar también las bajas por enfermedad. ¿Cómo se consigue ese ahorro? Reduciendo el tiempo de duración, lo que permitirá ahorrar en las prestaciones de la Seguridad Social, mejorará la productividad de las empresas al reducir el absentismo, según el Gobierno.

No lo ven así los médicos de atención primaria, que creen que no es de recibo "dejar la salud de los ciudadanos en manos de las mutuas patronales ya que de esta manera se acaba con la objetividad y la imparcialidad", indica Francisco José Sáez. coordinador de Incapacidad Temporal en el Foro de Médicos de Atención Primaria, que aglutina, entre otros a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), la Sociedad Española de Médicos Generalistas y de Familia (SEMG), la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Los integrantes del foro ponen en duda, además, los cálculos de ahorro elaborados por parte del Gobierno. Según Báñez, la gestión de las mutuas es más eficiente y expone la reducción más que notable en este capítulo de los últimos años. Pero los médicos lo tienen claro: se ha reducido porque en este país la clase trabajadora se ha desplomado (casi 6 millones de parados), a la vez que se ha impuesto la cultura del miedo entre los trabajadores a cogerse una baja "no sean que le despidan", señala Sáez.
Y recuerdan el informe del pasado 27 de marzo del Tribunal de Cuentas que da un fuerte varapalo a la gestión que actualmente se está realizando de las incapacidades temporales. Según este, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013 hubo un total de 341.350 bajas laborales que no estaban justificadas con parte médico alguno, por lo que cabe suponer que se trata de bajas ficticias pagadas indebidamente por la Seguridad Social. "Del texto se podría deducir que la mala gestión procede de la Seguridad Social, pero sin embargo, hay que recordar que el 75% de esa gestión compete a las mutuas", señala la Federación de Asociaciones de Inspectores de Servicios Sanitarios. Y recuerdan que el 90% de las revisiones de los casos que realizaron los inspectores confirmaron las decisiones de los médicos del Sistema Nacional de Salud.

Otro de los temas polémicos es la posibilidad que se abre para que las mutuas, que actualmente tienen el 35% de sus recursos inutilizados por el descenso de accidentes laborales, lleguen a acuerdos con las comunidades autónomas a través de convenios para asistir a trabajadores de baja cobrando por ellos (hasta ahora, no, ya que son entidades sin ánimo de lucro), lo que permitiría reducir la baja del trabajador al adelantar las pruebas y el tratamiento y liberar la carga del sistema público, según el Gobierno. Para el Foro de la Atención Primaria, esto supondría la quiebra de la equidad (los trabajadores atendidos antes que el resto de la población), mientras que la sanidad privada lo considera "competencia desleal".

 

La Seguridad Social gana 27.732 afiliados extranjeros en abril, su mayor repunte desde mayo de 2012

expansion.com, 22/05/2014

La Seguridad Social ganó 27.732 cotizantes extranjeros en abril, un 1,8% más en relación al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.563.621 ocupados, informó este jueves el Ministerio de Empleo.

 

Con el repunte de abril, el mayor desde mayo de 2012, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social encadena tres meses consecutivos al alza tras ganar casi 6.000 cotizantes extranjeros en febrero y 15.000 en marzo.

 

Del total de inmigrantes en alta al finalizar el mes pasado, 1.328.633 cotizaban al Régimen General; 230.440 al de Autónomos; 4.251 al del Mar, y 297 al del Carbón.

 

En términos interanuales (abril de 2014 sobre el mismo mes de 2013), la afiliación de extranjeros cayó un 3,4% (-55.655 cotizantes).

 

Baleares, Murcia y Andalucía fueron las comunidades que registraron el mayor incremento intermensual, con avances del 16,1%, del 3,7% y del 2,8%. Entre los descensos, los más significativos se los anotaron Canarias (-0,57%) y La Rioja (-0,47%).

 

En términos absolutos, Cataluña lidera la afiliación de extranjeros, con 348.309 trabajadores, seguida de Madrid (328.640), Andalucía, 214.344, y Comunidad Valenciana, con 166.019 inmigrantes cotizando al sistema.

 

Del total de extranjeros afiliados a cierre de abril, 938.893 procedían de países de fuera de la Unión Europea y 624.728 pertenecían a países comunitarios.

 

Báñez quiere derivar pacientes a las mutuas para aligerar el sistema de salud

lavanguardia.com, 23/05/2014

El foro de atención primaria alerta del deterioro que ocasionará a la sanidad pública | El Gobierno cree que con esta medida ahorrará más de 300 millones de euros | Las privadas critican que utilicen las mutuas como una "prolongación" de la sanidad pública

 

La nueva ley de Mutuas en la que trabaja el Gobierno no gusta en absoluto a los médicos de atención primaria. Según avanzó ayer este diario, los profesionales han levantado ya su voz porque el anteproyecto (en fase de consultas) amplía las competencias de estas entidades privadas asociadas a los empresarios para que estas puedan proponer el alta médica a los trabajadores desde el primer día de baja laboral por enfermedad común. Pero el desagrado de los médicos con el nuevo proyecto legal no termina aquí: los facultativos han expresado su preocupación porque el texto también da potestad a las comunidades autónomas para suscribir convenios con las mutuas.

La idea de Empleo es que los "recursos ociosos" que actualmente tienen las mutuas -hasta un 35% inutilizados debido, entre otras cuestiones, a la reducción de las bajas laborales de la última década- puedan atender a pacientes "a un coste razonable", tal y como señala el Gobierno en el programa de Reformas 2014 enviado a Bruselas el pasado 30 de abril. De esta manera, señalan desde el ministerio que dirige Báñez, se aligeraría la presión asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS), a la vez que supondría una ahorro, según se detalla en el citado programa de reformas, de 305 millones de euros.

El Foro de Atención Primaria, que aglutina entre otros a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), la Sociedad Española de Médicos Generalistas y de Familia (SEMG), la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), alerta sin embargo del "perjuicio que esto puede ocasionar al SNS", señala Francisco José Sáez, coordinador de incapacidad temporal de este foro. ¿Por qué? Según Sáez, porque se corre el riesgo grave de que las mutuas sobre todo se hagan cargo, principalmente, de los pacientes trabajadores, a los que agilizarán todo lo preciso las pruebas diagnósticas y las rehabilitaciones que precisen para que, más pronto que tarde, el trabajador sea dado de alta. "Mientras tanto, un jubilado deberá aguardar su turno en el sistema sanitario público. Eso rompería el principio de equidad en el que se basa nuestro sistema. Tú esperas el tiempo que sea preciso independientemente de tus años, si trabajas o no o cualquier otra condición (salvo la gravedad de tu estado de salud)".

Desde Empleo se insiste en que la ley de Mutuas no está cerrada, "se sigue trabajando porque es muy compleja", pero recuerdan que la decisión del contenido de esos convenios de colaboración con las mutuas dependerá de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sanitarias. Donde tampoco se ven con buenos ojos estos convenios es en el sector privado sanitario. En un comunicado, la Federación de Clínicas Privadas critica que el Gobierno se plantee utilizar a las mutuas "como una prolongación de la sanidad pública" y que puedan contratar asistencia con las aseguradoras.

La patronal rechaza la posibilidad de que la Seguridad Social pueda encomendar a las mutuas pruebas o tratamientos sin que se lleven a concurso, ya que esto pondría en una situación de desventaja a las clínicas. "No se haría en condiciones de igualdad por la exención tributaria absoluta de la que disfrutan, y seguirán disfrutando, las mutuas", señala.

La colaboración de las mutuas con el ámbito público no es el único aspecto que preocupa a las clínicas. También la previsión de que las mutuas puedan contratar servicios de asistencia con las entidades aseguradoras.

 

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