El Fondo de Reserva de pensiones se habrá agotado en 2019 sin reformas

El factor de sostenibilidad podría empezar a aplicarse en 2014

Hay una línea roja: que no caiga el valor nominal de la jubilación

 

Si la nueva reforma de las pensiones no entra en vigor antes de 2019, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se habrá agotado. Para evitarlo y que esta reforma impacte lo menos posible en los ciudadanos, el grupo de expertos creado por el Gobierno es partidario de adelantar al año que viene la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Este mecanismo trata de garantizar la viabilidad futura del Sistema de la Seguridad Social, adecuándolo a la esperanza de vida y desligando la subida de las pensiones del IPC.

 

La reforma que aprobó en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue la primera que introdujo esta variable y estimó que debía entrar en vigor en 2027. Sin embargo, el comité de sabios, al que ha acudido Empleo, alerta de que la situación presupuestaria del Sistema requiere actuar de inmediato.

 

Fuentes próximas a ese grupo explican a elEconomista que, ante la necesidad de lograr el equilibrio presupuestario en el Sistema y de adecuarlo a la esperanza de vida, los expertos han establecido esas dos fechas, 2014 y 2019, como los límites posibles para conseguirlo.

 

Sostenibilidad

Con la primera se buscaría que ese equilibrio llegase antes, desde ese año. Al empezar a aplicar el factor de sostenibilidad el ejercicio que viene, el ajuste sería muy suave, primero, porque el Sistema se equilibraría antes y en segundo lugar, porque ese ajuste podría compensarse con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Esto permitiría parar algo el golpe y que los pensionistas no padeciesen de forma tan brusca el impacto que supone adelantar esas medidas.

 

En el segundo escenario, el equilibrio trataría de alcanzarse más tarde, en 2019. Al retrasar hasta entonces la incorporación del factor de sostenibilidad, los pensionistas tendrían algo más de tiempo para digerirlo, sin embargo, el ajuste sería más fuerte. El motivo es que, para entonces, ya se habría agotado la hucha de las pensiones y no habría colchón alguno con el que amortiguar el golpe.

 

Afecha de 31 de diciembre de 2012, la hucha de las pensiones acumulaba 63.008 millones de euros. En el último año, el Gobierno tuvo que acudir a ella en dos ocasiones, por lo que se redujo en 3.807 millones.

 

Línea roja

Las mismas fuentes explican que todos los miembros de ese comité están de acuerdo en una línea roja que, en su opinión, no hay que traspasar: la reforma no puede implicar, en ningún caso, una caída del valor nominal de las pensiones. Es decir, no se recortará su cuantía, aunque los pensionistas sí pueden perder poder adquisitivo a causa de la inflación, que ya no se tomaría como referencia para revalorizarlas. Con todo, esa rebaja no sería posible desde el punto de vista constitucional, al estar hablando de derechos adquiridos, reconocidos individualmente y que se integran en el patrimonio propio. Así, las pensiones futuras no serían inferiores a las actuales, pero tampoco se revalorizarían tanto.

 

Los expertos han retrasado una semana la presentación del informe final al ministerio. Aún quedan flecos abiertos y en su última reunión, varios integrantes del grupo expresaron su disconformidad con el documento que les presentó el presidente, Víctor Pérez-Díaz. Los trabajos irán concluyendo a lo largo de esta semana y la próxima remitirán el texto al Gobierno.

 

Fuentes cercanas a Empleo restan importancia a ese retraso y apuestan por dejar trabajar al grupo con tranquilidad. Insisten en que el tema es delicado, por lo que en ningún caso se cerró una fecha límite en la que debiera estar listo el informe y sí una orientativa.

 


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