La reforma de pensiones será gradual y no afectará a quien haya cotizado muchos años

Las jubilaciones se desligarán del IPC de forma inmediata, coinciden los expertos nombrados por el Gobierno

 

Sin cambios bruscos y «extremadamente gradual». Así será la próxima reforma de las pensiones, que no afectará a todas las generaciones por igual. Los algo más de nueve millones de pensionistas actuales y aquellos ocupados que lleven muchos años trabajando y hayan acumulado largas carreras de cotización quedarán fuera de los nuevos cambios en los que ya trabaja a toda máquina el grupo de doce expertos nombrados por el Gobierno para diseñar el denominado factor de sostenibilidad, un mecanismo que permitirá mantener el sistema de pensiones en el futuro.

 

Recortar las pensiones futuras y desligar la revalorización anual de las pensiones del IPC, tal y como se ha hecho hasta ahora, son los ingredientes clave de una reforma que reclama Bruselas y que este grupo de expertos presentará al Ejecutivo en un documento de consenso antes de que acabe este mes. El siguiente paso será negociar entre Gobierno, sindicatos y empresarios y al mismo tiempo que sus señorías lo hagan en el Parlamento. De este último trámite saldrá la configuración definitiva del factor de sostenibilidad de las pensiones, un nuevo modelo para hacer frente al aumento de la esperanza de vida y al fuerte impacto de la crisis económica en las cuentas de la Seguridad Social.

 

Para encarar la caída de ingresos que ha provocado la crisis, pocos son los expertos que se inclinan por aumentar los ingresos; la vía de los gastos es el camino elegido. Y una de estas vías para hacerlo de manera más inmediata es desligar definitivamente la subida de las pensiones del IPC, como el Gobierno ya hiciera en 2012. Ese año compensar a los pensionistas por la desviación de los precios hubiera supuesto un desembolso superior a los 3.800 millones, lo que hubiera desviado el cumplimiento del déficit público por encima del 7% del PIB en el que cerró el ejercicio.

 

Los expertos nombrados por el Gobierno trabajan ahora en una fórmula alternativa, un «IPC social», cuyos ingredientes aún no está definidos pero que permitirán ajustar las pensiones con parámetros distintos a los precios, que también podrían tenerse en cuenta, aunque no de forma única, como ocurre en la actualidad.

 

Peso de la revalorización

«La revalorización de pensiones supone un coste muy importante para los sistemas de Seguridad Social», aseguró el Gobierno en el informe sobre el factor de sostenibilidad que envió al grupo de expertos el pasado abril. Para demostrarlo, aseguró que los casi 100.000 millones de euros que se gastaron en pensiones contributivas en 2011, 26.860 procedían de las revalorizaciones anuales.

 

La propuesta del Gobierno en este sentido apuntaba a dos opciones. La primera tomaba como ejemplo lo que sucede en Alemania, donde además de los precios se tiene en cuenta la relación entre cotizantes y pensiones. La segunda propuesta del Gobierno apuntaba a que se tuviera en cuenta la marcha del PIB, los ingresos y la ratio cotizantes/pensiones, lo que se traduce en «una posible propuesta» de usar una relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. En el ejercicio de simulación que hacía el documento, se muestraba que cualquiera de las dos fórmulas se hubiera traducido en los últimos años en incrementos menores que el IPC.

 

En el informe enviado al grupo de expertos, el Ejecutivo aseguraba que en la última década se han producido «comportamientos perversos que el propio sistema de Seguridad Social origina y que no se deben perpetuar en el tiempo», como el hecho de que la pensión media del sistema haya crecido en este periodo más que los salarios y más que la variación de los precios, así como la «insuficiencia» de las cotizaciones en relación con algunas prestaciones devengadas o las altas tasas teóricas de reemplazo de las prestaciones en España en comparación con las de otros países europeos.

 

Los tiempos

La reforma de las pensiones será gradual no solo en la aplicación de las medidas, también en los tiempos. No todas las medidas se pondrán en marcha a la vez y algunas corren más prisa que otras. La idea que maneja el Gobierno es que algunas de esas medidas sean de aplicación inmediata, como la desvinculación de las prestaciones del IPC, y que otras se apliquen a más largo plazo, las vinculadas directamente con el factor de sostenibilidad y el ajuste del sistema a la esperanza de vida. El escenario con el que se trabaja es el comprendido entre los años 2017 y 2020.

 

Como ya informó ABC, el impacto de la nueva reforma de las pensiones en las arcas públicas será en torno a 2.000 millones de euros anuales hasta el año 2016, según figura en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas por el Ministerio de Economía.

 

El departamento que dirige el ministro Luis de Guindos es claro: «En relación con el factor de sostenibilidad un cálculo apriori indicaría que su entrada en vigor podría moderar la evolución del gasto en torno a 2 décimas del PIB de media anual, desde su entrada en vigor hasta 2016».

 

Recortes en el gasto

El escenario dibujado por el Ejecutivo incluye unas proyecciones del gasto asociado al envejecimiento entre 2010 y 2060. Un periodo en el que el gasto en prestaciones sufrirá un recorte de calado; crecerá la mitad de lo que lo haría sin las reformas que pondrá en marcha el Ejecutivo.

 

Así, según el escenario el gasto en pensiones pasará del 10,1% del PIB en el 2010 al 16,7% en el 2060. Con el factor de sostenibilidad, ese último año el peso del gasto en pensiones se limitará al 13% del PIB. Es decir, que sin reformas el gasto en pensiones crecería en el periodo en 6,6 puntos de PIB (66.000 millones hoy) y con reformas, aumentará menos de la mitad, 2,9 puntos de PIB (menos de 30.000 hoy).

 

El gasto en pensiones sigue creciendo mientras el número de cotizantes no lo hace al mismo ritmo. De los últimos datos del Ministerio de Empleo se desprende que el gasto de la nómina mensual de pensiones alcanzó el pasado mayo los 7.732 millones de euros, lo que supone un 5% más que en el mismo periodo del año anterior para pagar puntualmente a más de nueve millones de pensionistas.

 

 


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