Eliminar el salario mínimo interprofesional: ¿clave para crear empleo?

Los economistas no se ponen de acuerdo a la hora de evaluar la polémica medida que sugirió el Banco de España

 

Hace no demasiados años el debate se centraba en las posibles repercusiones de una subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluso se había comprometido en la campaña de las elecciones generales de 2007 a alcanzar los 800 euros mensuales a comienzos de 2013. Eran otros tiempos. Las recomendaciones ahora se dirigen en sentido contrario. El viernes pasado, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, aconsejó crear contratos fuera de convenio, que pasaran por alto la figura del salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente en 645,30 euros mensuales. El objetivo: fomentar los contratos de larga duración, aunque con salarios inferiores al mínimo legal.

 

La respuesta de los sindicatos, como era de esperar, fue fulminante. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, aseguró que «el Banco de España plantea un modelo semiesclavista, sin derechos, ni sueldos dignos», que aleja a nuestro país lejos del nivel recomendado por la Carta Social Europea (CSE), firmada por España en 1985. Este acuerdo, sobre el que los sindicatos fundamentan sus peticiones, establece que el SMI debe suponer un 60% del salario medio neto (22.790 euros al año).

 

Sin embargo, diversos economistas rechazan de plano este argumento y consideran que suprimir ese límite podría incentivar la creación de empleo, sobre todo en las capas más desfavorecidas de la sociedad.«Hay gente que no es fácil de emplear en España con el actual modelo exportador», explica el profesor de Economía en el IE Business School y en la Universidad San Pablo CEU, Rafael Pampillón.

 

España, inmersa en un viraje de su modelo productivo para superar la tradicional dependencia de las importaciones, trata de reequilibrar su balanza comercial, un proceso que, según este economista, resultaría difícil conciliar con un modelo de salarios elevados. Permitir contratos por debajo del SMI redundaría en una «mejora de la competitividad», al reducir los costes de producción.

 

En esta línea también se pronuncia Juan Iranzo, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y catedrático de Economía Aplicada de la UNED, para quien el mínimo salarial representa una «barrera de entrada para los trabajadores menos cualificados» y, por tanto, su eliminación constituiría un manera de fortalecer la receta de «devaluación interna», que ha producido «efectos positivos» durante el último año.

 

Estos analistas rechazan que esta medida aumente la precariedad del mercado de trabajo o genere dualidad. «Precariedad es tener seis millones de parados, que quieren trabajar con un sueldo por debajo del SMI y no pueden», recalca Pampillón. Por su parte, Florentino Felgueroso, profesor del departamento de Economía de la Universidad de Oviedo e Investigador de Fedea considera que se pueden aplicar medidas menos contundentes, como un SMI que se module en función de variables como la edad, una posibilidad que se eliminó en el año 98 y que permitiría paliar el grave problema del paro juvenil. «España es uno de los pocos países de su entorno que no disponen de un salario mínimo juvenil».

Mínima incidencia

Los economistas que, por el contrario, defienden la subida del SMI sostienen que al ofrecer mayor estabilidad y más incentivos a los empleados, estos aumentan su implicación en la empresa. Es decir, es positivo, siempre y cuando se encuentre un punto de equilibrio. Además, garantiza una base de bienestar para los trabajadores con más dificultades. Por ejemplo, el Nobel Paul Krugman defiende que, observando la experiencia estadounidense, «las subidas del salario mínimo tienen poco efecto sobre el empleo, ya que «los aumentos de sueldo para los peor pagados no necesariamente reducen el número de puestos de trabajo».

 

De hecho, históricamente España ha tenido un salario mínimo por debajo de la media europea. Y esto no ha impedido que la tasa de paro haya resultado notablemente superior a la de sus países vecinos. Luxemburgo, por ejemplo, con un SMI de 1.800 euros mensuales «padece» una tasa de desempleo del 5%. Incluso Grecia supera a España en el ranking elaborado por Eurostat: en el país heleno los sueldos no pueden ser inferiores a 877 euros.

 

 


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