El Congreso rechaza extender la ayuda de 426 euros a todos los parados

El Congreso ha rechazado este martes una iniciativa de UPyD proponiendo la extensión de determinadas coberturas para los desempleados, así como otra del PSOE para aumentar un 1% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en ambos casos con el argumento del PP de la falta de disponibilidad presupuestaria para poder cubrir nuevos compromisos de este tipo.

 

La Comisión de Empleo ha debatido este martes una proposición no de ley en la que UPyD pedía extender la Renta Activa de Inserción a todo aquel trabajador desempleado "que haya agotado la prestación y el subsidio", eliminando así la restricción actual que exige a los beneficiados haber cumplido los 45 años para percibir la ayuda.

 

La formación magenta pretendía además eliminar el carácter temporal de la medida, que el Estado renueva cada seis meses, convirtiéndolo en un mecanismo permanente, así como homogeneizar los sistemas autonómicos habida cuenta de que, a su juicio, hay enormes diferencias entre las distintas comunidades, tanto en acceso a la ayuda como en su cuantía. Por eso, proponía que el Gobierno coordine a las comunidades en materias como "los requisitos de admisión para percibir la ayuda, su duración y su cuantía".

 

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha defendido la iniciativa recordando que la crisis es "una emergencia económica" pero "también tiene una cara social", con más de dos millones de parados que "han perdido ya toda protección" y para quienes los presupuestos "dan una respuesta inadecuada" y "aumentan el riesgo de exclusión social".

 

No hay dinero

Aun aceptando de manera general el análisis de la situación planteado por la formación magenta, la diputada del PP María Concepción Bravo ha justificado su rechazo en que "la renta activa va a un colectivo de parados de larga duración que tienen que tener un tratamiento especial" y "sacar esa renta a otras personas tendría un coste muy elevado que en este momento es muy difícil de asumir".

 

 Además, ha defendido la necesidad de buscar "un cambio de actitud" para "pasar de la cultura del subsidio a la de la formación" condicionando el cobro de este tipo de subsidios a "un compromiso demostrable de búsqueda activa de empleo o de formación para mejorar la búsqueda".

 

Tanto PSOE como CiU han propuesto enmiendas a la iniciativa. Así, la socialista Rosa Aguilar ha explicado que parte de un "análisis y diagnostico común", si bien ha criticado que UPyD busque "fortalecer el estado centralista". Por eso, le ha sugerido una enmienda de sustitución que incluye el análisis de la extensión de la Renta Activa de Inserción para posibilitar la extensión de su cobertura hasta 25% en 2013 y prorrogar el programa Prepara.

 

Por su parte, el nacionalista catalán Carles Campuzano ha coincidido en la "preocupación" con la actual situación y con la propuesta de "adaptar" la Renta Activa de Inserción a la situación de "desempleo grave", pero ha reclamado que este programa sea gestionado desde las comunidades autónomas. Sin embargo, las enmiendas no han sido apoyadas.

 

El PNV ha anunciado su rechazo a la propuesta. Su portavoz, Emilio Olabarria, ha señalado que la iniciativa es "incompatible con la coyuntura económica" y ha lamentado que se intente "homogeneizar" las políticas autonómicas. En la misma línea se ha pronunciado el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela, que ha sugerido a UPyD que sustituya la búsqueda de la homogeneización con la de "armonización" de la "universalización de los derechos".

 

Incremento del SMI

Tampoco han aceptado los 'populares' la propuesta del PSOE de incrementar este año el SMI un 1% y revisarlo semestralmente si no se cumplen las previsiones del índice de precios, dando así cumplimiento al Estatuto de los Trabajadores, una propuesta que sí han respaldado el resto de los grupos.

 

El exministro socialista Jesús Caldera ha defendido la propuesta, criticando la decisión del Gobierno de congelar el SMI por sus efectos sociales y económicos, así como por ir en contra del acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales sobre moderación salarial entre 2012 y 2014.

 

"Conviene garantizar que los salarios, incluidos los mínimos, se encuentran por encima de los mínimos garantizados de protección social para incentivar la búsqueda de empleo. A todo ello se debe añadir el perjuicio a sufrir por nuestro sistema de Seguridad Social, dado que las bases mínimas de cotización se encuentran vinculadas al SMI y ello perjudicará los ingresos del sistema en un efecto en cascada ascendente que será lesivo para los intereses generales", ha añadido.

 

Sin embargo, el 'popular' Gerardo Camps ha subrayado que el PP "no se opone al SMI ni a que se incremente en determinadas coyunturas económicas" pero ha señalado que no sería "razonable" hacerlo en la actual situación y ha pedido a la oposición "responsabilidad" en su voto.

 

Bajo el umbral de la pobreza

Por parte de CiU, Antoni Picó ha subrayado que el SMI en España es "el segundo más bajo" de la UE-15, sólo por delante de Portugal; mientras que el portavoz del PNV en la comisión, Emilio Olabarria, ha opinado que, "aunque no es suficiente, el incremento del 1% es mejor que nada". También ha recordado que el incremento del SMI "no produce ningún desequilibrio presupuestario alguno" su congelación supone "grandes perjuicios porque supone no recibir lo suficiente para subsistir".

 

En la misma línea, el diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha recordado que el SMI español "está por debajo del umbral técnico de pobreza, incluso con la subida que se propone", y ha lamentado que con esta propuesta se esté "reconociendo" esta realidad. Por parte de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela ha ironizado con que "si además de aprobar la iniciativa se aplicara sería un hito histórico".


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