Resumen de Prensa Semanal

Semana 26

24/06/2013 al 30/06/2013

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181 detenidos en una operación contra el fraude a la Seguridad Social

eleconomista.es, 23/06/2013

El Gobierno trabaja en la plena integración de las personas con discapacidad

 

La Policía Nacional llevado a cabo una operación contra personas acusadas de cometer fraude a la Seguridad Social que se ha saldado con 181 detenidos y 241 imputados. Entre los arrestados se encuentran 12 empresarios vinculados a 26 sociedades o empresas investigadas y la cantidad defraudada supera los 6.754.000 euros.

 

Estas empresas estaban supuestamente dedicadas a la construcción, servicios de limpieza o reparto de bebidas, pero nunca ejercieron actividad laboral real, según ha informado el Ministerio del Interior. Este lunes está previsto que responsables policiales, junto con representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ofrezcan más detalles de la operación 'Manzanares'.

 

Como adelantó Europa Press el pasado jueves, la operación se ha llevado a cabo en varias provincias, concretamente en Madrid y Toledo, y en la misma han participado agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF Central, junto con la UCRIF Central, las Jefaturas Superiores de Policía de las respectivas comunidades y los organismos de seguimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

De los detenidos, 168 son supuestos trabajadores dados de alta con la finalidad de obtener prestaciones públicas o acceder a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

 

El pasado mes de abril, la Policía Nacional ya arrestó en una operación desarrollada en Cataluña a 145 personas e imputó a otras 275 imputados por delitos de falsedad documental y fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo (SPEE). La cuantía defraudada fue de 7.806.708 euros.

 

Este operativo se produjo el mismo día en el que los ministros de Interior y de Empleo, Jorge Fernández Díaz y Fátima Báñez, respectivamente, firmaban un acuerdo para reforzar la lucha contra el fraude en derechos laborales y sociales de trabajadores y empresas.

 

Las personas con discapacidad son "objetivo prioritario" en la creación de empleo

eleconomista.es, 24/06/2013

El Gobierno trabaja en la plena integración de las personas con discapacidad

 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha afirmado que "las personas con discapacidad son objetivo prioritario" del Gobierno y, por ello, recuerda que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 recoge medidas específicas para este colectivo.

 

Durante el acto de adhesión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a la Estrategia, que ha tenido lugar este lunes, Hidalgo ha destacado que se han mantenido todas las bonificaciones previstas para fomentar la contratación de personas con discapacidad, en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias y de consolidación fiscal.

 

"Se ha mantenido también el Programa de Empleo para personas con Especiales Dificultades, en el que se enmarcan las ayudas a los Centros Especiales de Empleo, que en 2013 cuenta con un presupuesto de 234 millones de euros", según ha apostillado.

 

Reorientación de fondos

Otra medida puesta de relieve por Engracia Hidalgo fue la reorientación de 51 millones de euros dentro del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación del Fondos Social Europeo. Así, ha explicado que se trata de una iniciativa cuya finalidad es "hacer posible que las organizaciones que trabajan en este ámbito con buenos resultados, como es el caso de la ONCE, puedan intensificar y ampliar su actividad".

 

Por otra parte, Hidalgo ha aludido a la aprobación del Convenio Especial de Seguridad Social para trabajadores con discapacidad y especiales dificultades para la inserción laboral, una actuación que supuso "un gran avance en materia de protección social en el ámbito de la discapacidad", ya que "da respuesta a una reivindicación histórica del sector".

 

Respecto a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, la secretaria de Estado de Empleo ha subrayado que todas las medidas están dirigidas a menores de 30 años, pero "en el caso de aquellos que presenten una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, la horquilla de edad se amplía cinco años más".

 

Tarifa plana

En cuanto a la Tarifa Plana para Jóvenes Autónomos que introduce la Estrategia y que consiste en el establecimiento de una cuota a la Seguridad Social de 50 euros durante seis meses, Hidalgo ha aclarado que "a los menores de 35 años, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se les aplicará una reducción durante 12 meses desde la fecha de alta". Dicha reducción se podrá enlazar con una bonificación del 50% en la misma cuota durante cinco años.

 

Otras medidas que recoge la Estrategia son: velar por el cumplimiento del principio de igualdad de trato, impulsar el teletrabajo, promover políticas de responsabilidad social empresarial y potenciar los incentivos de jóvenes con algún tipo de discapacidad o en riesgo de exclusión social.

 

Al término de su intervención, Hidalgo ha incidido en la necesidad de trabajar para "facilitar" la plena integración de las personas con discapacidad. "No hay mejor inversión que la dirigida a conseguir que este colectivo pueda integrarse en el mercado laboral", ha concluido.

 

El gasto en pensiones aumenta un 5% y alcanza los 7.756 millones al mes

elmundo.es, 25/06/2013

La pensión media de jubilación se sitúa en 979,36 euros, un 3,5%

 

La Seguridad Social gastó 7.756 millones de euros en pensiones contributivas en junio, un 5% más que en el mismo mes de 2012.

 

La pensión media de jubilación alcanzó los 979,36 euros, un 3,5% más que hace un año, según los datos del ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

En cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión, como jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, se situó en 856,26 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,2%.

 

En junio había 9.058.379 pensionistas, un 1,7% más que en 2012. La mitad de estas prestaciones, 5.445.202, son por jubilación; 2.335.492 corresponden a viudedad; 935.451 a incapacidad permanente; 304.511 a orfandad y 37.723 a favor de familiares.

 

La pensión media de viudedad se situó en junio en 617 euros mensuales; la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 907 euros; la de orfandad ascendió a 371 euros; y la de favor de familiares se situó en 500 euros al mes.

 

Por comunidades autónomas, siete de ellas más Ceuta superaron en junio la pensión media nacional, establecida en 856 euros al mes. País Vasco (1.057 euros), Madrid (1.013 euros) y Asturias (1.012 euros) registraron las pensiones más elevadas.

 

Les siguen Navarra (973 euros), Ceuta (892 euros), Aragón (892 euros), Cantabria (891 euros), Cataluña (885 euros), Castilla y León (836 euros), La Rioja (821 euros), Melilla (817 euros), Canarias (801 euros), Castilla-La Mancha (798 euros), Comunidad Valenciana (787 euros), Baleares (784 euros) y Andalucía (778 euros).

 

Cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, con una pensión media de 755 euros mensuales; Extremadura, con 723 euros, y Galicia, con 720 euros al mes.

 

 

Zapatero pagó 234,5 millones de más a pensionistas, que ahora deben devolver

abc.es, 25/06/2013

La falta de control de los complementos a mínimos afectó a 124.522 jubilados entre los años 2009 y 2010

 

La Seguridad Social acaba de cerrar la campaña de control del fraude en el cobro de pensiones que decidió no hacer el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en sus últimos años de gobierno. Los resultados de este control, cuyo objetivo es determinar la existencia de fraude en el cobro de los complemento a mínimos, reflejan que 124.522 pensionistas percibieron de forma irregular estas ayudas estatales durante los años 2009 y 2010, y quién sabe si también durante 2011, un ejercicio que en estos momentos está siendo comprobado minuciosamente por los técnicos del Ministerio de Empleo.

 

Esta percepción irregular de las ayudas estatales implicó que el erario público abonó de forma fraudulenta 234,5 millones de euros a pensionistas que no tenían derecho a cobrarlas durante los dos años citados, según se refleja en los resultados de la campaña de inspección a los que ha tenido acceso ABC.

 

Los complementos de mínimos son las cantidades que abona el Estado a los beneficiarios de una pensión contributiva que no alcance el umbral mínimo fijado cada año en los Presupuestos Generales del Estado. El objetivo de estas ayudas no es otro que garantizar un nivel mínimo de subsistencia a todos los pensionistas que no cotizaron los suficiente para llegar a la jubilación mínima, por lo que el abuso en el cobro de los mismos resulta del todo insolidario.

 

Pago con impuestos

Durante este año el Gobierno de Mariano Rajoy cumplió con el mandato legal que fue impuesto en el año 2002 por el Pacto de Toledo y asumió el pago con impuestos de estas ayudas destinadas a las prestaciones más bajas, que hasta 2013 en parte estuvieron sustentadas por las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores. El Estado ha destinado durante este ejercicio 7.895 millones de euros a esa ayuda que percibe en la actualidad uno de cada cuatro pensionistas.

 

El problema con estos pagos es que han ido engordando año tras años fruto de las decisiones políticas de turno. Así, si en 2002 los complementos a mínimos costaban 4.187 millones de euros, a finales de 2011 la cifra se disparaba hasta casi 7.500 millones. El sistema de Seguridad Social, con cargo a las cotizaciones sociales, llegó a pagar por estas ayudas, estrictamente políticas, un total de 3.871 millones de euros en 2012, más que en 2002 cuando la partida destinada a este concepto ascendía a casi 3.882 millones de euros.

 

El sistema público de protección social realiza anualmente una campaña de inspección sobre los perceptores del complemento de mínimos, pero la sorpresa de los gestores de la Seguridad Social ha sido mayúscula cuando han comprobado que en los últimos años del Gobierno de Rodríguez Zapatero estos programas de control del fraude no se habían realizado.

 

Curiosamente, los años que no fueron auditados por los gestores del Gobierno socialista son los previos a las elecciones generales de noviembre de 2011 y curiosamente también en uno de ellos, 2009, el Ejecutivo decidió no dotar el fondo de reserva, como tampoco lo hizo en 2008, pese a estar obligado a hacerlo por ley por tener superávit en las cuentas de la Seguridad Social.

 

Los datos de fraude detectados en 2012 se corresponden con percepciones cobradas de forma irregular en los ejercicios de 2009 y 2010. Lo que hace en estos casos el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) es verificar el nivel de ingresos de los pensionistas correspondiente a cada ejercicio mediante un cruce informático con la Agencia Tributaria. Entre 2009 y 2010 se inspeccionó a más de 4,6 millones de pensionistas. Ahora, los técnicos de la Seguridad Social ultiman los controles sobre 2011 en busca de irregularidades.

 

Hasta ahora, han detectado que 68.027 pensionistas superaron inicialmente el límite de ingresos para percibir complementos a mínimos, aunque aún no están concluidos los trabajos que determinen cuántos jubilados tendrán que devolver finalmente estas ayudas, ni tampoco el importe total que se reclamará por la Administración por haber sido pagadas de forma irregular.

 

Una vez que la Seguridad Social detecta el cobro de una cantidad indebida, la existencia de algún abono fraudulento, el paso siguiente que realiza es reclamar las cantidades percibidas de forma ilegal a los jubilados, pero la legislación ofrece la posibilidad al jubilado de devolverlo de forma progresiva. Salvo que el pensionista en cuestión decida devolver de forma íntegra y en un solo pago las cantidades que no tendría que haber percibido, la Seguridad Social da la opción al jubilado de que estas cantidades puedan ser devueltas con descuentos, que serán aplicados sobre la pensión en sucesivos meses.

 

Así, el importe del descuento que se ofrece por la Administración se sitúa entre un 15% y un 20% de la cuantía de la pensión cuando esta sea igual o superior a la pensión mínima de jubilación vigente para mayores de 65 años, o entre un 10% y un 14% cuando la pensión sea inferior a la mínima indicada, según refleja la legislación vigente.

Topes para 2013

El derecho a percibir los complementos a mínimos no se consolida en la paga de los pensionistas, se revisa de forma anual, y es incompatible con la percepción por el beneficiario de ingresos de trabajo, de capital, o de cualquier otra fuente de renta, aunque siempre que la suma de todas las percepciones, excluida la pensión a complementar, exceda de una determinada cuantía.

 

Los trabajadores a tiempo parcial tendrán pensión sin 15 años cotizados

europapress.es, 25/06/2013

El Ejecutivo abre la puerta a que los complementos a mínimos sean también inferiores a los de los trabajadores a tiempo completo

 

El Gobierno ha remitido a los agentes sociales su propuesta sobre la nueva regulación de la protección --pensiones y subsidios-- a los trabajadores a tiempo parcial y con contrato de fijo-discontinuo, en la que se establece un sistema para garantizar la proporcionalidad entre el cómputo de sus días cotizados, de los tiempos de carencia exigidos para acceder a una pensión y de su cuantía, con los de los trabajadores a tiempo completo.

 

De esta forma, según esta propuesta a la que ha tenido acceso Europa Press, para poder acceder a una pensión de jubilación, los trabajadores a tiempo parcial podrían acreditar menos de 15 años cotizados, como se exige a los trabajadores con jornada completa, aunque la prestación que obtendrían sería proporcionalmente menor. Además, el Gobierno abre la puerta a que los complementos a mínimos también sean inferiores.

 

Esta regulación viene a sustituir la normativa vigente desde 1998 hasta la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de abril que la declaró nula al entender que estos trabajadores tenían que contribuir más tiempo que los empleados a jornada completa para llegar a cubrir los tiempos mínimos de cotización para cobrar una prestación.

 

Para corregir esta deficiencia, el informe señala que es preciso tocar no sólo la forma de acreditar  los días cotizados, sino también de forma "correlativa" las normas sobre cálculo y determinación de dichas prestaciones para evitar "efectos desproporcionados" en relación con las cotizaciones y con la "cuantía de las prestación reconocida", esto es, para no caer en una situación injusta está vez en perjuicio de los trabajadores a tiempo completo.

 

El coeficiente de parcialidad

El Gobierno aborda en primer lugar las pensiones (jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia), y propone que se empiece a aplicar al tiempo total que el trabajador ha permanecido en alta como empleado a tiempo parcial un "coeficiente de parcialidad", que mide la proporción de jornada realizada en relación a la de un trabajador a tiempo completo.

 

Para ello, la empresa deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social este coeficiente en el momento del alta del trabajador a tiempo parcial, para aplicarlo posteriormente a todos los días trabajados a tiempo parcial. El resultado se sumaría posteriormente a los días cotizados por el mismo trabajador a tiempo completo.

 

La suma de ambos tramos sería el total de días cotizados acreditados para cada comprobar que el trabajador cumple con la carencia necesaria para acceder a una de estas pensiones.

 

Ahora bien, se establece entonces un "coeficiente global de parcialidad", que es la proporción de los días cotizados sobre el total de días de alta y que se aplicaría a su vez a los tiempos de carencia que se fijan con carácter general. Esta última cuestión abre la puerta a poder acceder a una pensión con un periodo de cotización acreditada de menos de 15 años.

 

Pero pensiones de jubilación más bajas

En el caso de la base reguladora de las pensiones de jubilación, se aplicarían las normas generales y para quienes causaran la pensión en 2013 se les aplicaría el promedio de las bases de cotización en los últimos 16 años.

 

Ahora bien, el porcentaje a aplicar sobre la base reguladora para calcular la cuantía de la pensión de jubilación varía en función de los años cotizados. Con 15 años se accede al 50% de la pensión, porcentaje que se va incrementando cada mes adicional en dos tramos hasta el 100%.

 

De esta forma, se tendrían en cuenta "los días efectivamente cotizados por cada trabajador a tiempo parcial, calculados en función de su coeficiente de parcialidad", señala el informe, sugiriendo que accediendo a la pensión con menos de 15 años cotizados, su cuantía sería proporcionalmente inferior.

 

"Reflaxión sobre los complementos a mínimos"

Por otro lado, el Gobierno no entra en detalles a la hora de proponer cambios sobre las complementos a mínimos en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, pero con el propósito de "salvaguardar la proporcionalidad entre el esfuerzo contributivo y la prestación a percibir", apuesta por "reflexionar sobre el acceso a los complementos a mínimos [...] a fin de evitar agravios comparativos entre trabajadores con esfuerzos contributivos muy distintos que al final obtienen la misma pensión".

 

En el capítulo de los subsidios (incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia), la propuesta no hace distinción respecto a lo dispuesto para las pensiones en relación al cómputo de horas cotizadas, si bien establece especificidades en relación con los periodos de carencia y para el cálculo de las bases reguladoras.

 

La nueva regulación daría acceso a un 40% más de pensiones

El Gobierno asegura en su informe que estas nuevas fórmulas facilitarían el acceso a prestaciones a un mayor número de trabajadores. Así, precisa que en 2012 se tramitaron 35.661 expedientes de jubilación a trabajadores que habían trabajado en algún momento a tiempo parcial, de los que 2.947 fueron denegados por no cumplir los periodos de carencia. De estos expedientes, asegura que hasta 1.162, un 39,4%, habrían recibido el visto bueno de haberse aplicado esta nueva regulación.

 

El Gobierno apunta además en el informe que esta propuesta podría implantarse a corto plazo, empezando por aquellos trabajadores que hayan solicitado su pensión o subsidio desde la publicación de la sentencia del Constitucional y quedaron en un limbo en el que se les contabilizaba un día cotizado por un día trabajado.

 

Este sistema, a la espera de aplicar la nueva normativa, amenazaba con suponer un coste al Estado de 1.900 millones de euros, por lo que el Gobierno optó por demorar en lo posible los plazos de reconocimiento de estas prestaciones a la espera de que la nueva regulación se ponga en marcha cuanto antes.

 

 

El Gobierno prepara un plan de empleo para los parados de larga duración

eleconomista.es, 26/06/2013

La reforma se va a integrar en las políticas activas de empleo

Se trabajará con los agentes sociales para acordar las medidas

 

Ha costado, tal vez porque había que atender otras prioridades, pero al final parece que el Gobierno se ha dado cuenta del riesgo de "histéresis", o retraso del efecto sobre la causa que lo produce, con que el Banco de España definía hace unas semanas el riesgo de exclusión del mercado de trabajo de los parados de larga duración.

 

Por ello, atendiendo a las solicitudes del Supervisor y también de la UGT, el Ministerio de Empleo ha empezado a diseñar un paquete de medidas para impulsar la recolocación de los desempleados mayores de 45 años, un colectivo que incluye ya a 1,15 millones de personas, el 42,5% del total de los parados inscritos en las oficinas de los servicios públicos.

 

Con este objeto, el Departamento que dirige Fátima Báñez ha constituido una mesa de trabajo, con participación de los agentes sociales, para consensuar las actuaciones a desarrollar que se incluirán dentro de la reforma de las políticas activas de empleo que también está preparando el Ministerio.

 

Aunque los trabajos están todavía en fase inicial, las medidas que están encima de la mesa se dirigen, fundamentalmente, a impulsar la reinserción laboral de los parados de larga duración, mediante incentivos para las empresas que contraten y mantengan en sus plantillas a trabajadores mayores de 50 años.

 

Entre estos incentivos no se descarta una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social, similar o parecida a la que se aplica ya para los jóvenes dentro de la vigente Estrategia de Empleo Joven.

Otras propuestas que está barajando el Ministerio se refieren al establecimiento de cursos de formadores para que los parados de más edad puedan encargarse de formar a jóvenes de nueva incorporación a las empresas. En esta línea se plantea también la posibilidad de impulsar el autoempleo, priorizar en la asignación de cursos formativos a entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo que superen un porcentaje mínimo de contratación como formadores de parados mayores de 45 años.

 

Desarrollar planes de carrera específicos para las personas de más edad, flexibilizar la jornada laboral y realizar campañas de información sobre las ventajas de contratar y tener en plantilla a trabajadores con experiencia y conocimiento, son otras de las alternativas que está barajando el Ejecutivo.

 

Los datos que maneja el Banco de España, en su Boletín Económico de mayo, muestran que el desempleo de larga duración afectaba a uno de cada cuatro parados en el inicio de la crisis, a principios de 2007, siendo la incidencia de un 15,6 por ciento para los desempleados más jóvenes y llegando hasta el 46 por ciento en los de mayor edad.

 

Sin embargo, el informe del Supervisor destaca que la crisis ha ido incrementando el tiempo medio en situación de desempleo y, por edades, el desempleo de larga duración ha sido más intenso entre los más jóvenes, hasta mostrar una incidencia del 49 por ciento a principios de este año, si bien su incidencia sigue siendo muy superior entre los desempleados de más edad. Dentro de estos últimos destaca el elevado porcentaje de desempleados con duraciones muy largas, como muestra el que en el primer trimestre de 2013 el 46,7 por ciento del total de desempleados mayores de 50 años llevaba más de dos años en el paro.

 

Un reciente estudio de Adecco explica que el perfil de los parados mayores de 45 años se corresponde con el de una mujer -son el 52,3 por ciento del total- de 48 años, con responsabilidades familiares, estudios técnicos y en paro porque perdió su empleo anterior.

 

 

La UE lanza un plan limitado contra el paro juvenil y la falta de crédito

cincodias.com, 28/06/2013

La cita la dominan los socios que, como Alemania, consideran que el margen de actuación de la UE se ha agotado prácticamente

 

La cumbre se dispone hoy a hacer una solemne declaración sobre el problema del paro juvenil como símbolo de una crisis interminable. Un paro juvenil que, según el borrador de conclusiones del Consejo Europeo, “ha alcanzado un nivel sin precedentes en varios Estados, con un enorme coste humano y social”.

 

Pero tras la enfática declaración, los 27 socios de la UE no parecen dispuestos o capaces a aprobar grandes medidas de estímulo. El Consejo dará su aval al programa para revitalizar el crédito a las pymes a través del BEI, pero sin aprobar los detalles definitivos.

 

Y en el capítulo del desempleo juvenil, por ejemplo, el Consejo se limitará hoy a aprobar que los 6.000 millones de euros aprobados en febrero para el periodo 2014-2020 se concentren en los dos primeros ejercicios (2014-2015) con el objetivo de potenciar su efecto a corto plazo.

 

Los fondos se concentrarán en la decena de países que como España sufren una tasa de paro juvenil superior al 25%. Pero las instituciones europeas reconocen que el impacto del plan será limitado. “Es una gota en el océano”, advirtió el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, durante su intervención ante el Consejo.

 

Ni siquiera en España, que se perfila como el país que recibirá más fondos (unos 2.000 millones), parece que el programa pueda corregir una tasa de paro juvenil de más del 50%, con casi un millón de personas de entre 15 y 24 años buscando trabajo, según las estadísticas de Eurostat.

 

“El problema del paro juvenil no se puede resolver de la noche a la mañana”, señalan en el entorno de Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo. Y las mismas fuentes recuerdan que las sucesivas cumbres europeas “han logrado estabilizar la zona euro y esa es la mayor contribución al crecimiento que se puede hacer desde Europa, porque sin estabilidad no hay inversión, ni ahorro ni empleo”.

 

Ahora, añaden las instituciones, corresponde a las capitales adoptar las reformas necesarias para modernizar las economías y aumentar su potencial de desarrollo.

 

“Las decisiones europeas pueden ayudar, pero las medidas más importantes están en manos de los Gobiernos y los Parlamentos nacionales”, señaló ayer Jyrki Katainen, el primer ministro de Finlandia, un país con triple A que se ha convertido en uno de los principales lugartenientes en el Consejo Europeo de la canciller alemana, Angela Merkel.

 

El mismo mantra repitieron uno tras otro los primeros ministros de norte de Europa a su llegada al edificio Justus Lipsius en Bruselas, sede del Consejo Europeo.

 

Y las presuntas víctimas de esta pasividad a nivel europeo no parecían ayer protestar ni reclamar acciones más contundentes. La delegación española, encabezada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, parecía más abrumada por el encarcelamiento del extesorero del PP Luis Bárcenas que reforzada por el pacto sobre Europa con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.

 

Tampoco el primer ministro italiano, Enrico Letta, llega en su mejor momento tras una condena a Silvio Berlusconi que hace peligrar su Gobierno. Y el presidente francés, François Hollande, intentaba calmar su reciente polémica con la CE sobre el anacronismo (o no) de la “excepción cultural”.

 

Respaldo al plan de las pymes con el BEI

La cumbre europea tiene previsto dar hoy el visto bueno al plan pergeñado por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones para financiar entre 50.000 y 100.000 millones de euros en créditos para las pequeñas y medianas empresas en países como España o Italia.

 

Los líderes europeos, sin embargo, no concretarán los detalles de ese plan, que deberán resolver los ministros de Economía. El plan pretende ofrecer avales públicos para las potenciales pérdidas de los créditos a las pymes y titulizar ese tipo de préstamos para presentarlos ante el BCE.

 

Londres vigila su cheque

El acuerdo alcanzado ayer sobre los futuros presupuestos de la UE despeja el camino para que los fondos estructurales contribuyan al plan de crédito del BEI y a la financiación de los programas contra el paro juvenil. Pero esa noticia, bien acogida en los países beneficiarios como España, se vio ayer empañada por las objeciones de Reino Unido que exigió garantías sobre el cobro de su cheque o descuento en la contribución al presupuesto comunitario. Londres quiere comprobar que no le afectan los últimos retoques al presupuesto ni el acuerdo de anteayer sobre la Política Agrícola Común.

 

28 a repartir, con Croacia

El primer ministro de Croacia, Zoran Milanovic, asistió ayer al Consejo Europeo, en vísperas de que su país se convierta el próximo lunes en el socio número 28 del club. Desde ese día, el croata será lengua oficial en la UE (la número 24) y Zagreb dispondrá de 7 votos de 352 en el Consejo Europeo (como Dinamarca o Irlanda, por ejemplo).

 

La entrada también obliga a repartir el presupuesto. Y ayer mismo, los ministros de Economía y Finanzas de la UE aprobaron una partida de 655 millones de euros para Croacia hasta final de año, aunque esperan gastarse solo 374 millones.

 

Populares y socialistas liberan los fondos

Pocas horas antes del comienzo de la cumbre, las instituciones europeas alcanzaron un principio de acuerdo que parece liberar la aprobación del marco presupuestario para 2014-2020, del que depende la financiación del plan contra el paro juvenil y para recuperar el crédito a las pequeñas y medianas empresas. El muñidor del acuerdo fue el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Y los firmantes, de momento, el socialista Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, y el popular Enda Kenny, primer ministro de Irlanda y presidente de turno de la UE este semestre.

 

El acuerdo prevé la concentración de los fondos contra el paro juvenil (6.000 millones de euros en total) en los dos primeros ejercicios del marco presupuestario (2014-2015). Y permitirá acumular los excedentes presupuestarios de un año a otro, en lugar de devolverlos a las capitales como se hace ahora.

 

Los términos pactados parecen contar con el respaldo de los dos principales grupos del Parlamento Europeo (PPE y Socialistas), lo que permitiría la aprobación definitiva de los presupuestos pactados por el Consejo Europeo el pasado mes de febrero.

 

Los principales grupos parlamentarios (PPE, Socialistas y Liberales) se habían resignado a unas cuentas que por primera vez en la historia de la UE rebajan el gasto en relación al septenio anterior (hasta el billón de euros). Pero habían amenazado con bloquearlas si no introducían cambios sustanciales en la gestión. Los Verdes no ocultaron ayer su decepción ante el giro que , a su juicio, han dado populares y socialistas. Y acusaron a Schulz de seguir su propia agenda personal, en busca de convertirse en el próximo presidente de la Comisión Europea.

 

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