A juicio un empresario por el accidente de un peón sin contrato

La máquina de ignifugación se había vuelto a estropear. Trozos de mortero se habían quedado atascados, como siempre, en el interior del aparato. Era preciso retirarlos para seguir con la producción. Y para eso estaba Leonardo Agustín Ganchozo. Apenas llevaba dos meses en la empresa. No tenía contrato y, sobre todo, no tenía la menor idea de cómo funcionaba aquel trasto. El hombre, ecuatoriano de 38 años, introdujo la mano por un agujero para deshacer el atasco. La máquina “se puso en funcionamiento” y le atrapó el brazo “con gran firmeza”, según el escrito del fiscal que ha investigado el accidente y que pide una pena de dos años de cárcel para el administrador de la empresa.

 

“La máquina se puso a funcionar de golpe y se me quedó la mano atrapada en el molinillo. Cuando le dimos la vuelta, 20 minutos después, la saqué. Vi mi mano triturada y supe que no se podría hacer nada”. En efecto, días después los médicos tuvieron que amputarle la mano derecha. El siniestro le ha supuesto, además, “un perjuicio estético importante” y un “trastorno depresivo reactivo”, según el escrito del fiscal, que pide para la víctima una indemnización que ronda los 300.000 euros.

 

El fiscal considera que el propietario de la empresa Plastics Maide, en Cornellà (Baix Llobregat), ha cometido un delito de lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores, por lo que debe ser condenado a dos años de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación.

 

“La máquina se puso a funcionar de golpe y se me quedó la mano atrapada en el molinillo", cuenta el afectado

La ignorancia de Ganchozo sobre el funcionamiento de la máquina fue clave en el accidente. Cuando introdujo la mano, el hombre pensó que el aparato ya estaba desconectado y por ello no accionó el interruptor de parada. “El trabajador carecía de formación en materia de prevención de riesgos laborales”, sigue el fiscal, por lo que era “previsible” el riesgo de que sufriera un accidente de esas características. El acusado permitió que el peón de obra desarrollara su trabajo “sin la debida formación y desconociendo los riesgos”, de ahí su responsabilidad penal.

 

La víctima entró a trabajar en la empresa de Cornellà en octubre de 2011. Su jefe le dijo que le pagaría 52 euros al día por transportar materiales y manejar un toro. Hasta que sufrió el accidente, trabajó dos meses de forma discontinua y cobrando en negro. Tras el siniestro, según su versión, la empresa le “presionó” para que firmara unos papeles para simular que, el día del accidente, estaba dado de alta en la Seguridad Social. Ganchozo se negó y también rechazó los 30.000 euros que, siempre según su versión, le ofreció la empresa para que olvidara el asunto. A través de su abogado, Javier Rodrigálvarez, el operario denunció el caso en los juzgados.

 

 


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