El Gobierno reduce las indemnizaciones a afectados por quiebras de empresa

El Gobierno ha recortado las indemnizaciones y salarios que paga a los trabajadores el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en caso de que las empresas se declaren en insolvencia o en concurso de acreedores. Así consta en el Real Decreto-ley aprobado el pasado viernes y publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

 

La intencionalidad del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy es "preservar su viabilidad financiera, en la línea de las funciones para las que fue concebido" el Fogasa, según se explica en el preámbulo del nuevo decreto.

 

El reajuste de Fogasa se caracteriza por la limitación de las indenmizaciones que recibirían los trabajadores de empresas inmersas en procedimientos concursales. Independientemente de lo acordado durante el proceso concursal, las indemnizaciones se calcularán sobre la base de 20 días por año de servicio, con un tope máximo de anualidad, y sin que el salario diario pueda exceder el doble del salario mínimo interprofesional (SMI) -antes era el tripe del SMI-.

 

Asimismo, el decreto aprobado el viernes limita la cantidad a abonar a los trabajadores a la resultante de multiplicar el doble del SMI, incluyendo la parte proporcional de las pagas extra, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 120 días -30 días menos que antes-. El salario diario, sobre el que se calculan las indemnizaciones pendientes, tampoco podrá exceder del doble del SMI.

 

Fogasa ha repartido 617 millones hasta mayo

Según datos del Ministerio de Empleo, al cual está adscrito el organismo autónomo del Fogasa, el gasto en prestaciones alcanzó los 617,7 millones de euros desde enero hasta mayo, lo que se traduce en un 0,4% menos que el mismo periodo del año anterior.

 

El desglose de esa cuantía se divide en 205,09 millones de euros para el pago de salarios, un 7% menos que entre enero y mayo de 2011, mientras que 412,6 millones de euros se dedicaron al abono de indemnizaciones, un 3,2% más.

 

Hasta mayo, el Fogasa abonó 242,3 millones de euros, un 8,8% menos, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.

 

Por su parte, el organismo dedicó algo más de 238 millones, un 0,4% más que hasta mayo de 2011, a prestaciones derivadas de procedimientos concursales (salarios e indemnizaciones fruto de la suspensión de pagos, quiebra y concurso de empresas, así como procedimientos transnacionales).

 

Además, destinó 137,4 millones de euros, un 16,6% más, a pagar las indemnizaciones que son de su responsabilidad directa y para las que no se requiere la declaración de insolvencia o concurso de la empresa. En este apartado se incluye parte de las indemnizaciones por despido procedente o extinción colectiva en empresas de menos de 25 trabajadores.

 

Un total de 106.725 trabajadores recibieron prestaciones por parte del Fogasa en los cinco primeros meses del año, un 2,4% más, en tanto que las empresas afectadas por los expedientes resueltos por el organismo afectaron a 48.436 empresas, un 4,1% más.

 

El presupuesto del Fogasa para 2012 asciende a 1.275 millones de euros, un 15% menos que en 2011. Hasta mayo, faltando siete meses para final del ejercicio, ya había gastado casi la mitad de lo presupuestado.

 

 


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