Resumen de Prensa Semanal

Semana 29

14/07/2014 al 20/07/2014

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Montoro cita a los agentes sociales para tratar la tributación por despido

cincodias.com, 14/07/2014

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reúne hoy con patronal y sindicatos para negociar el límite de la tributación de las indemnizaciones por despido improcedente y la posible eliminación de estas en la deducción fiscal del impuesto de sociedades.

 

En el encuentro conjunto con CEOE y Cepyme y con CCOO y UGT, Montoro pretende conocer cuál es la disposición de los agentes sociales respecto a estas medidas.

 

El ministro de Hacienda se ha mostrado dispuesto a analizar como referencia el sistema fiscal navarro y vasco, donde ya tributa la indemnización por despido improcedente.

 

La reforma fiscal elaborada por el Gobierno recoge que las indemnizaciones por despido tributarán a partir de los 2.000 euros por año trabajado al limitar la exención que tenían sobre el IPRF y establecer un mínimo equivalente a un salario de 20.000 euros anuales.

 

Hacienda calcula que el 80 % de las indemnizaciones por despido que fueron abonadas en 2012 seguirían exentas del pago de impuestos con este criterio.

 

Antes de la medida, los trabajadores sólo tenían que tributar la cantidad cobrada por despido improcedente cuando superaban el máximo legal de 45 o 33 días por año trabajado.

 

Montoro considera que, de esta forma, se introduce “equidad” en el tratamiento fiscal de este tipo de pagos.

 

En cualquier caso, tras conocerse esta medida y sus repercusiones el ministro admitió que el límite de los 2.000 euros podía ser incrementado y señaló que era una propuesta que debía ser estudiada con patronal y sindicatos.

 

Hasta ahora todas las indemnizaciones por despido estaban exentas en su totalidad, independientemente del salario anual recibido.

 

Empleo espera ingresar casi 1.000 millones por los salarios en especie

eleconomista.es, 14/07/2014

Quedan poco más de quince días antes de que expire el plazo -el 31 de julio- para que todas las empresas actualicen sus nóminas y empiecen a cotizar por todas sus remuneraciones, también por el salario en especie. Una novedad contra la que, por una vez, comparten pancarta patronal y sindicatos: ambos critican que el único fin sea recaudatorio.

 

En lo que no se ponen de acuerdo es, sin embargo, en las cifras. La CEOE calcula que por estos conceptos la Seguridad Social debería de ingresar en sus arcas 2.500 millones de euros anuales. Eso a corto plazo, porque según afirma Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales, con este giro de política "los empresarios en cuanto podamos nos iremos descolgando de este tipo de conceptos hasta que sean historia".

 

Enfrente de la mesa esta vez se sientan el Gobierno y los sindicatos, que barajan una inyección de algo más de 900 millones de euros. "Lo comido por lo servido con la tarifa plana, esto no es lo que necesita el sistema", argumenta Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas.

 

Tampoco lo avalan del lado de los expertos, que ponen punto y final al baile de cifras con una estimación media de unos 1.500 millones. "La idea en sí no es mala pero volvemos a comenzar la casa por el tejado. Echo de menos una reforma radical, es decir, eliminar los regímenes especiales -que un minero cotice lo mismo que un banquero- y acabar con todos las lagunas que existen en el sistema", explica Javier Díaz-Giménez, profesor IESE.

 

Negociación colectiva

Pero además, los representantes de trabajadores y empresarios acusan al Ejecutivo de encallar la negociación colectiva. En este sentido, desde la CEOE aseguran que estaban estudiando "incrementos salariales que ahora van a paralizar". Los sindicatos, si bien recogen esto último con algo de recelo, sí que reconocen que este paso unilateral del Gobierno se inmiscuye en aspectos de la negociación que "ya estaban encaminados".

 

El relato es acorde también a lo que cuenta el Ministerio hasta un punto. Empleo sí que sostiene que se metió en medio pero para garantizar que los trabajadores siguieran cobrando prestaciones dignas en caso de paro o baja. "Queríamos erradicar una tendencia que se estaba extendiendo con la crisis de bajar sueldos y, en paralelo, pagar hasta un 40% de la nómina en tíquets comida".

 

Parece, sin embargo, que fuera de la fotografía, de esta "protección", se quedan una vez más las rentas altas, o más bien, su salario en especie, respaldado por la ley de presupuestos que establece un tope máximo de cotización de 3.597 euros. Es decir, los sueldos altos que ya coticen por encima de este límite apenas sentirán la medida.

 

Faltan por conocer algunos detalles

En todo caso, en unos días se publicará el reglamento de desarrollo de esta medida que se incluyó en el Real Decreto-ley 16/2013 para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores y que, aunque fue convalidada este enero, ha suscitado dos prórrogas una para mayo y esta última para julio.

 

Esto es, antes de fin de mes conoceremos si finalmente pasarán a cotizar además de las ayudas a la comida, las aportaciones de planes de pensiones o los pluses de transportes, otros conceptos como la educación de los hijos de centros educativos o las primas de antigüedad que, en un principio, tras un tiro y afloja entre las partes, parecían haberse quedado fuera.

 

Desde el Ministerio de Empleo son tajantes, "nosotros hemos hecho el real decreto a conciencia y en este se establece que la base de cotización estará constituida por toda la remuneración total tanto en metálico como en especie".

 

Queda aún por saber qué efectos reales tendrá este paso en el escenario laboral, es decir, si además de suponer una inyección para el estado, esta nueva protección a los trabajadores se convierte en un escudo real o si, en línea con el espíritu de las advertencias de Bruselas, aumentar las cotizaciones se convierte en un repulsivo para el empleo.

 

Por lo pronto, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Báñez, en este primer semestre se han contabilizado 1.364 descuelgues de convenios colectivos.

A tan sólo tres meses para que las empresas utilicen obligatoriamente el sistema CRET@

elderecho.com, 14/07/2014

A partir de octubre, las empresas trabajarán de forma interactiva con la Seguridad Social, con el modelo de facturación directa de la TGSS denominado CRET@.

 

A partir de octubre de este año comenzará a aplicarse la reforma del sistema de cotización y recaudación de cotizaciones a la Seguridad Social, denominado CRET@ (Control de Recaudación por Trabajador). En el mismo, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) adopta un papel activo tanto en el proceso de recaudación (pasando de un modelo de autoliquidación a un modelo de facturación), como en el cálculo de las cotizaciones (manteniendo totalmente sincronizados los datos de la Seguridad Social con los de cada una de las empresas y trabajadores).

 

Con CRET@ se pasa a un modelo de facturación directa por parte de la TGSS,quien llevará a cabo el control efectivo de la recaudación por cada trabajador, realizando la liquidación y calculando las cuotas a ingresar mediante las bases de cotización aportadas por la empresa, que completará con los datos que consten en: el Servicio Público de Empleo, las Mutuas, el INSS y el sistema de Afiliación de la Seguridad Social.

 

De esta forma, la TGSS persigue: minimizar posibles errores, contrastando previamente a la liquidación los datos, aplicando así con mayor seguridad las bonificaciones y deducciones, mejorando la forma de relación con las empresas basada en un sistema telemático, y siendo más transparente, poniendo a disposición del trabajador la información disponible de lo cotizado por él a la Seguridad Social.

 

El nuevo sistema CRET@ implica para las empresas numerosos cambios: nuevos procedimientos de envío y recepción de información entre empresa y la TGSS, y nuevos conceptos, como el de tramo de cotización. Los únicos datos que tendrán que comunicar mensualmente las empresas son los que hayan cambiado: las bases de cotización que hayan variado respecto al mes anterior; las horas de contratos a tiempo parcial; el importe de formación continua; el coeficiente de EREs, las bonificaciones por formación continua; el importe de las compensaciones de pago delegado; la modalidad de salario, etc.

 

La Seguridad Social evitaba los concursos troceando los contratos, según el Tribunal de Cuentas

eleconomista.es, 15/07/2014

Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social realizaron en 2010 una gran cantidad de contratos menores para no tener que convocar concursos de adjudicación. Es la conclusión de un informe del Tribunal de Cuentas, que revela que estos organismos asignaron con pequeños contratos el 10 por ciento del importe total adjudicado para ese año.

 

En concreto, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social firmaron 20.270 contratos menores en 2010 por importe total de 36.58 millones de euros.

 

Esta clase de formularios sólo pueden utilizarse para obras inferiores a 50.000 euros o suministros y servicios de hasta 18.000 euros, excluido el IVA, según establece la Ley de Contratación del Sector Público. Además, su uso está limitado porque no necesitan de fiscalización previa y la tramitación de su expediente se reduce al "mínimo", lo que hace que las garantías de concurrencia y publicidad sean "nulas".

 

Fraccionamiento de contratos

El organismo fiscalizador denuncia en su informe que se firmaron a las mismas empresas contratos menores "con idéntico o similar objeto" , que si se sumaran rebasarían el límite máximo de dinero que legalmente se puede adjudicar directamente.

 

Por ejemplo, los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) adjudicaron en 2010 a la misma compañía dos contratos para realizar sendos cursos de formación por un importe de 17.999 euros cada uno, y otros dos con idéntica función a otra empresa por 25.000 euros.

 

Otra de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas es la adjudicación de pequeños contratos de igual o similar objeto a diferentes empresas. A este respecto, asegura que existirían "ofertas económicamente más ventajosas" si se contratara de forma conjunta a través de procedimientos de adjudicación abiertos con publicidad y concurrencia.

 

Además, en relación con los contratos menores, el organismo propone que se "restrinja" su utilización, incluso cuando ésta no suponga un fraccionamiento indebido de contratos. También recomienda que se establezcan con mayor precisión los criterios de adjudicación para favorecer la transparencia y la objetividad, así como solicitar ofertas a varias empresas para mejorar la competencia.

Luz verde del Constitucional al contrato de emprendedores con despido gratis el primer año

cincodias.com, 16/07/2014

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado con nueve votos en contra y tres a favor el recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra tres puntos de la reforma laboral, entre ellos el contrato de apoyo a emprendedores, que cuenta con un periodo de prueba de un año que, en el caso de no ser superado, no contempla indemnización alguna para el trabajador.

 

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de la decisión del Constitucional, y han concretado que los tres magistrados que se posicionaron a favor de seguir adelante con el recurso fueron la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asúa, Fernando Valdés y Luis Ignacio Ortega, todos ellos de corte progresista.

 

Para esta votación el Pleno del Constituticional contaba ya con 12 magistrados, tras la incorporación de Antonio Narváez en sustitución de Enrique López, reforzando así el sector conservador del tribunal.

 

Otro de los preceptos en el que el Parlamento de Navarra observaba visos de inconstitucionalidad es la actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en los casos en los que trabajadores y empresa no se pusieran de acuerdo en la aplicación de descuelgues del convenio.

 

Finalmente, el recurso se refería a la posibilidad de que algunos elementos de un convenio de empresa pudieran tener prevalencia sobre el convenio sectorial. 

 

El Tribunal Constitucional incluyó en el orden del día del pasado martes 27 de mayo el examen de la ponencia redactada por el magistrado Andrés Ollero sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en septiembre de 2012 por el Parlamento de Navarra contra la reforma laboral.

 

Se trata de la primera vez que el Constitucional abordaba el debate de la reforma laboral, ya que hasta ahora también había admitido a trámite la cuestión presentada por el PSOE y la Izquierda Plural por una supuesta vulneración de hasta 10 preceptos constitucionales en la reforma laboral, pero sin entrar a debatirla.

 

PSOE y la Izquierda Plural alegaban, entre otras cuestiones, que la reforma laboral “altera sustancialmente el modelo democrático de las relaciones laborales”.

 

No obstante, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ya avaló en el mes de febrero la regulación de las indemnizaciones por despido improcedente y la limitación en el cobro de salarios de tramitación en casos de readmisión que introdujo el decreto de la reforma laboral, y justificó además este procedimiento de urgencia.

 

Así lo hizo al rechazar una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Juzgado de lo Social 34 de Madrid contra dicho decreto de reforma laboral, aprobado en febrero de 2012.

 

Además, en dicha ocasión el TC apreció concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para legislar por decreto, y consideró que la decisión del Gobierno no fue “ni abusiva ni arbitraria”.

 

CC.OO. y UGT dicen que la sentencia supone permitir el "despido sin causa"

CC.OO. y UGT creen que el aval del Tribunal Constitucional (TC) al contrato de apoyo a emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores, con un periodo de prueba de un año sin indemnización en el caso de no ser superado, supone en la práctica “permitir el despido sin causa, la rotación aún mayor si cabe en el mercado de trabajo y que los trabajadores no puedan desarrollar una vida con estabilidad”.

 

En un comunicado conjunto, los sindicatos se refieren también a los otros dos puntos de la reforma laboral secundados por el TC. Así, señalan que declarar la constitucionalidad de la inaplicación de las condiciones de trabajo de los convenios colectivos en las empresas, y la preferencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en aspectos que afectan esencialmente a las condiciones de trabajo, supone una interpretación de la Constitución “que menoscaba gravemente el derecho a la negociación colectiva”.

 

Concretamente, considera que permitir que se inaplique un convenio colectivo simplemente con el voto de la Administración en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, que es un órgano administrativo, “es retrotraerse a la época franquista de las relaciones laborales.

 

Asimismo, explica que dando luz verde a que cualquier convenio de empresa pueda “romper” la conformación de la negociación colectiva “se niega, obstaculiza y se desvirtúa el ejercicio de la facultad negociadora de los sindicatos”.

 

Finalmente, CC.OO. y UGT anticipan que una vez publicada la sentencia, ambos sindicatos estudiarán las reclamaciones que, a nivel internacional, pudieran proceder.

 

El Constitucional justifica el aval a la reforma laboral por la alta tasa de paro

elperiodico.com, 16/07/2014

El Tribunal Constitucional justifica la decisión adoptada por la mayoría conservadora de avalar el nuevo contrato de la reforma laboral con un año de prueba porque se trata de una "medida legislativa coyuntural adoptada en un contexto de grave crisis económica con una elevada tasa de desempleo". Además, el Alto Tribunal considera que durante ese año de prueba, en el que el despido se gratis y sin causa, el empresario puede "comprobar la capacitación y aptitud del trabajador" así como la "sostenibilidad económica del nuevo puesto de trabajo".

 

Según el avance de la sentencia que ha hecho público el Tribunal Constitucional mediante un comunicado, la aprobación del nuevo contrato para emprendedores "atiende a la legítima finalidad de potenciar la iniciativa empresarial como medio para facilitar el empleo estable". "Se trata, en suma, de una medida dirigida a facilitar las decisiones de creación de empleo estable de las pequeñas y medianas empresas (que constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial español), reduciendo las incertidumbres propias de todo proyecto de inversión empresarial, en una coyuntura económica tan difícil y adversa como la actual”.

 

Asimismo, los nueve magistrados que han votado a favor de desestimar el recurso presentado por el Parlamento de Navarra justifican la ampliación de la potestad de las empresas para descolgarse de los convenios colectivos y dejar de cumplir aspectos básicos como el sueldo y la jornada debido a la necesidad de “facilitar la viabilidad del proyecto empresarial y evitar el recurso a decisiones extintivas de los contratos de trabajo" en un contexto de crisis económica “muy grave”.

 

El Constitucional menciona el voto participar en contra de la sentencia emitido por el magistrado Fernando Valdés, al que se han sumado Adela Asua y Luis Ortega, en el que se sostiene que el nuevo contrato de emprendedores viola "el principio de causalidad de las extinciones contractuales debidas a la voluntad del empresario".

 

Las mutuas inyectarán este mes 279 millones en la 'hucha' de las pensiones

cincodias.com, 17/07/2014

Las mutuas de accidentes de trabajo aportarán antes de que finalice este mes un total de 624,9 millones de euros a los Fondos de la Seguridad Social, cifra que representa un incremento del 16,4% respecto a la aportación realizada en 2012, según ha informado este jueves la patronal de las mutuas, AMAT.

 

En concreto, con cargo a los resultados del ejercicio 2013, las mutuas ingresarán 345,9 millones de euros en el Fondo de Prevención y Rehabilitación, un 1,6% más que en 2012, y otros 279 millones de euros adicionales al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cifra que supera en un 42,2% la inyección de 2012.

 

Las mutuas de accidentes de trabajo realizan estas aportaciones a la Seguridad Social tras cubrir sus reservas obligatorias. Dichos ingresos tienen su origen en los excedentes derivados de su gestión de los accidentes y enfermedades laborales y de la gestión de la prestación económica por contingencias comunes.

 

Tras las aportaciones que realizará este mes, el acumulado a 2013 de lo ingresado por las mutuas en el Fondo de Prevención y Rehabilitación asciende a más de 5.645 millones de euros, mientras que el del Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera los 1.370 millones de euros.

 

Para AMAT, que agrupa a las 20 mutuas existentes en España, estas inyecciones en los Fondos de la Seguridad Social ponen de manifiesto el “importante papel” que desempeñan estas entidades y la eficacia de su gestión. En 2013, las mutuas cubrieron las contingencias del 96% de los trabajadores existentes y contaron con la confianza del 98% de los empresarios.

 

El Gobierno prevé aprobar hoy la reforma de las mutuas

cincodias.com, 18/07/2014

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana el Real Decreto de gestión de la incapacidad temporal y el proyecto de ley de mutuas, por el que se concederá a estas entidades una mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado.

 

En concreto, las mutuas podrán realizar el seguimiento de la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común desde el primer día de la baja y formular, como ocurre actualmente, una propuesta de alta médica “motivada”.

 

Además de la reducción del absentismo, el proyecto de ley de mutuas persigue otros objetivos, como el de dotarlas de un nuevo marco normativo para mejorar su gobernanza y transparencia.

 

En el anteproyecto de ley de mutuas que aprobó el Gobierno en diciembre pasado y que ahora vuelve al Consejo de Ministros como proyecto de ley -con algunos cambios respecto a lo inicialmente planteado- se establece el cambio de la denominación actual de estas entidades (mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), que pasarán a llamarse mutuas de la Seguridad Social. La razón de esta modificación, según alega el Gobierno, es que su ámbito de gestión va más allá de las prestaciones derivadas de las contingencias profesionales.

 

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