La Seguridad Social evitaba los concursos troceando los contratos, según el Tribunal de Cuentas

Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social realizaron en 2010 una gran cantidad de contratos menores para no tener que convocar concursos de adjudicación. Es la conclusión de un informe del Tribunal de Cuentas, que revela que estos organismos asignaron con pequeños contratos el 10 por ciento del importe total adjudicado para ese año.

 

En concreto, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social firmaron 20.270 contratos menores en 2010 por importe total de 36.58 millones de euros.

 

Esta clase de formularios sólo pueden utilizarse para obras inferiores a 50.000 euros o suministros y servicios de hasta 18.000 euros, excluido el IVA, según establece la Ley de Contratación del Sector Público. Además, su uso está limitado porque no necesitan de fiscalización previa y la tramitación de su expediente se reduce al "mínimo", lo que hace que las garantías de concurrencia y publicidad sean "nulas".

 

Fraccionamiento de contratos

El organismo fiscalizador denuncia en su informe que se firmaron a las mismas empresas contratos menores "con idéntico o similar objeto" , que si se sumaran rebasarían el límite máximo de dinero que legalmente se puede adjudicar directamente.

 

Por ejemplo, los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) adjudicaron en 2010 a la misma compañía dos contratos para realizar sendos cursos de formación por un importe de 17.999 euros cada uno, y otros dos con idéntica función a otra empresa por 25.000 euros.

 

Otra de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas es la adjudicación de pequeños contratos de igual o similar objeto a diferentes empresas. A este respecto, asegura que existirían "ofertas económicamente más ventajosas" si se contratara de forma conjunta a través de procedimientos de adjudicación abiertos con publicidad y concurrencia.

 

Además, en relación con los contratos menores, el organismo propone que se "restrinja" su utilización, incluso cuando ésta no suponga un fraccionamiento indebido de contratos. También recomienda que se establezcan con mayor precisión los criterios de adjudicación para favorecer la transparencia y la objetividad, así como solicitar ofertas a varias empresas para mejorar la competencia.


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