Resumen de Prensa Semanal

Semana 30

23/07/2012 al 29/07/2012

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El Estado aumentará en 6.500 millones sus aportaciones a la Seguridad Social

abc.es, 24/07/2012

Las aportaciones del Estado a la Seguridad Social se incrementarán en más de 6.500 millones de euros en el próximo año, en parte para compensar la rebaja de cotizaciones que se aplicará en 2013 y 2014. Así lo anunciaron este martes fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que recordaron que este incremento de las aportaciones del Estado, en línea con el objetivo de separación de fuentes de financiación del Sistema, se suma al realizado en el presupuesto de 2012, que ascendía a 1.000 millones de euros.

 

De esta forma, teniendo en cuenta que el presupuesto de 2012 se aprobó este mismo año, desde la Seguridad Social destacan que en sólo unos meses se habrá aprobado un incremento de las aportaciones del Estado superiores a los 7.500 millones de euros. Este aumento de las transmisiones desde el Estado servirá para cubrir la rebaja de cotizaciones de un punto que se aplicará en 2013 y en 2014, y que supondrán unos 2.700 millones de euros por cada punto que se reduzca la cotización.

 

Esta disminución de los ingresos por la caída de las cotizaciones sólo se compensará en parte con el incremento en cinco puntos de la base máxima, que supone algo más de 600 millones de euros. El resto será compensado por las aportaciones del Estado. Por otro lado, dichas fuentes explicaron que la rebaja de las cotizaciones sociales durante los próximos años anunciada por el Gobierno se incluirá en la ley de presupuestos y se desarrollará en la Orden de Cotización que acompaña a las cuentas del Estado.

 

Esta medida se anunció dentro del paquete que en su mayoría aprobó el Gobierno el 13 de julio pero no se incluyó en los reales decretos publicados en el BOE al día siguiente. No obstante, el Ejecutivo aún está trabajando en esta rebaja de las cotizaciones y estudia la posibilidad de que no sea una reducción lineal en las contingencias comunes, sino que se aplique sobre otras tributaciones, como la referida a accidentes de trabajo.

 

En este sentido, desde la Seguridad Social recordaron que la cotización en esta materia no es igual en todos los sectores de actividad, sino que en los de mayor accidentabilidad el porcentaje recaudado es mayor. Así, apuntaron que una posibilidad es que la reducción no sea lineal para todos los sectores, ya que para algunos supondría hacer casi desaparecer esta tributación mientras que para los sectores con mayor siniestralidad la reducción apenas se apreciaría. De cualquier forma, la reducción media se mantendría en un punto porcentual en cada uno de los dos próximos ejercicios.

 

El gasto en pensiones aumenta un 4,3% y suma en julio 7.407 millones

cincodias.com, 25/07/2012

La Seguridad Social destinó un total de 7.407 millones de euros al pago de las pensiones contributivas en julio, un 4,3% más que en el mismo mes de 2011, según datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

De esta cantidad, más de 5.045 millones correspondieron al pago de la nómina mensual de las pensiones de jubilación (lo que representa un incremento del 4,9% en relación a julio de 2011); 1.398 millones a pensiones de viudedad (+3,1%); 839,8 millones a incapacidad permanente (+2,6%); 105,1 millones a orfandad (+6,9%); y 18,6 millones a favor de familiares (+3,9%).

 

Según el comunicado que facilitó el departamento que dirige Fátima Báñez, la pensión media de jubilación alcanzó a principios del presente mes los 947,33 euros mensuales, lo que supone un 3,4% más respecto al mismo mes de 2011.

 

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó al iniciarse julio en 830,51 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,1%.

 

En concreto, la pensión media de viudedad ascendió en julio a 601,98 euros mensuales, un 2,6% más, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 888,28 euros mensuales, con un incremento del 2%.

 

Asimismo, la pensión media de orfandad ascendió a 366,80 euros mensuales, un 2% más que en julio de 2011, mientras que la que se paga a favor de familiares se situó en 485,73 euros al mes, con un repunte del 2,8%.

 

En el séptimo mes del año, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.918.804, lo que representa un crecimiento del 1,2% respecto al mismo mes del año anterior.

 

De esta cantidad, 5.325.990 pensiones fueron de jubilación, con un repunte del 1,4% respecto a julio de 2011, mientras que 2.322.389 pensiones fueron de viudedad (+0,5%), 945.470 de incapacidad permanente (+0,6%), 286.527 de orfandad (+4,8%) y 38.428 de favor de familiares (+1,1%).

 

Por comunidades autónomas, siete de ellas más Ceuta superaron en julio la pensión media nacional, establecida en 830,51 euros al mes. País Vasco, Asturias y Madrid registraron las prestaciones medias más elevadas, con 1.025,95 euros, 985,43 euros y 982,78 euros mensuales, respectivamente. Les siguieron Navarra (942,65), Ceuta (873,35), Aragón (864,70) y Cantabria (864,19). Cierran la tabla con las pensiones menos cuantiosas Murcia, con una prestación media de 731,13 euros mensuales; Extremadura, con 704,90 euros, y Galicia, con 696,89 euros al mes.

 

Precisamente para frenar este constante incremento del coste, el Gobierno insiste en que llevará un proyecto de ley de reforma al Pacto de Toledo y que su objetivo es lograr el mayor consenso posible. A esta comisión del Congreso presentará el adelanto en la aplicación del factor de sostenibilidad de las pensiones, que consiste en establecer un mecanismo que ajuste automáticamente el gasto del sistema al incremento del mismo que se derive del aumento de la esperanza de vida.

 

Es decir, que si aumenta la esperanza de vida y no hay más cotizantes para compensar el mayor gasto, se ajustará la cuantía de la pensión. Esto puede hacerse por varios métodos: uno de los que se maneja es sustituir la revalorización en función del IPC por otro índice que combine la esperanza de vida con otros indicadores. También, se pretende adelantar la aplicación del retraso en la edad legal de jubilación a los 67 años, es decir, acelerar los periodos transitorios de la anterior reforma.

 

 

Agricultores españoles percibirán un adelanto de 2.700 millones de euros de las ayudas de la PAC

abc.es, 25/07/2012

El anticipo supone el 50% del total y el pago efectivo corresponde a cada Comunidad Autónoma

 

Más de 900.000 agricultores españoles podrán percibir a partir del próximo 16 de octubre un adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por un importe total de alrededor de 2.700 millones de euros, según informó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

 

El Comité de Pagos Directos de la Unión Europea, reunido en Bruselas, ha dado este miércoles su dictamen favorable al proyecto de Reglamento de la Comisión que autoriza los anticipos de los pagos directos de la PAC a los agricultores de la Unión Europea y que será publicado en breve en el Diario Oficial de la Unión Europea. Estos anticipos son del 50% de todas las líneas de pagos directos incluidos en el primer pilar de la PAC.

 

El otro 50% de los pagos de la campaña 2012 se realizarán a partir del 1 de diciembre. En el caso de España, los anticipos permitirán un adelanto de las ayudas de alrededor de 2.700 millones de euros, de los que unos 2.300 millones de euros corresponden al régimen de pago único, que beneficiará a más de 900.000 agricultores.

 

España y Portugal fueron los primeros países en solicitar a Bruselas el pago de anticipos del pago único y el incremento de los anticipos correspondientes a la prima por vaca nodriza, en marzo de 2012. «Con esta medida se cumple el compromiso que el Ministerio alcanzó con el sector agrario en la Mesa de la Sequía el pasado mes de marzo, para la puesta en marcha de un paquete de medidas que sirviesen para paliar los efectos de la sequía y las heladas sufridas en el arco mediterráneo», destacó el departamento que dirige Miguel Arias Cañete. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con el Ministerio de Agricultura, realizará los pagos a los agricultores y ganaderos en el tiempo y la forma que cada gobierno autonómico disponga.

 

Los despidos no pactados se disparan un 567% tras la reforma

cincodias.com, 26/07/2012

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) no pactados entre los trabajadores y las empresas se han disparado un 567% entre enero y mayo, según datos del Ministerio de Empleo. La reforma laboral, que entró en vigor en febrero, amplió las causas objetivas para que los empresarios se pudieran acoger a este modelo de despido colectivo (bastan nueve meses de caída de ventas) y aceleró su tramitación al eliminar la autorización administrativa previa.

 

Este último cambio normativo permite que una vez que se acaba el periodo de negociación de un mes el empresario puede ejecutar un ERE sin haber llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores.

 

Los datos de Empleo confirman el aumento de los expedientes de regulación de empleo: en los cinco primeros meses del año se incrementaron un 66% en comparación con el mismo periodo de 2011. Se autorizaron o comunicaron 13.518, que afectaron a 176.085 personas. De ellos, 69.150 lo hicieron en expedientes no pactados (frente a los 11.461 de 2011).

 

Los que más crecieron son los de reducción de jornada (4.995, un 79% más), seguidos de los de suspensión de la relación laboral o contrato (6.370, un 70% de aumento) y de los de cierre de la empresa o extinción (2.153, un 36% de incremento). La mayoría de los ERE se produjo en empresas de menos de nueve trabajadores (6.739), de 10 a 24 (3.159) y de 50 a 249 (1.336). Porcentualmente, el mayor aumento de los despidos colectivos se dio en Extremadura, con un incremento del 182%, y Murcia, que registró un alza del 159%.

 

Los recortes obligan al Gobierno a aparcar la Ley de Emprendedores

eleconomista.es, 26/07/2012

La Ley de Emprendedores tendrá que esperar. Porque España es un país que, como reconocía el presidente Mariano Rajoy, ya "no tiene libertad", y el Gobierno propone y Merkel dispone. Y en estos momentos las órdenes de Bruselas y del BCE van más por el lado de los ajustes que por el de inyectar estímulos a la economía. Y, ante la disyuntiva de sacar una ley de emprendedores descafeinada o no sacarla, el Ejecutivo de Rajoy se va a decantar por renunciar a otra de las promesas claves de su programa electoral.

 

Esa es la impresión que confirmaban ayer en círculos del Partido Popular próximos a la Moncloa, y que se deducía de las intervenciones de los ponentes en el debate sobre La Ley de Emprendedores, medidas de apoyo al emprendimiento que, organizado por Mapfre, se celebró ayer en Madrid.

 

Eso sí, a falta de una normativa legal, sí habrá una hoja de ruta con medidas de apoyo a los autónomos y pymes, pero que se incluirán dentro de las políticas de cada ministerio. Y, como explican las citadas fuentes del partido del Gobierno, muy probablemente, sin cambiar de momento la normativa fiscal, especialmente en lo que se refiere al sistema de pago del IVA para que se efectúe sólo cuando se haya cobrado la factura.

 

Mientras, y en un escenario diferente, el citado debate de Mapfre, el director general del Trabajo Autónomo, Miguel Ángel García Martín, apuntaba que "nos hemos empeñado en denominar las cosas con la palabra ley, pero lo que es fundamental es que el trabajo autónomo esté en cada una de las actuaciones que el Gobierno ponga sobre la mesa". Afirmación que, posteriormente, matizaba señalando que "yo no sé si va a haber, o no, Ley de Emprendedores", aunque sí avanzaba que "lo que hay es una hoja de ruta marcada con el objetivo final de que los autónomos y pymes puedan mantenerse en su actividad y puedan abordar también nuevas iniciativas de emprendimiento".

Potenciar las SGR

Miguel Ángel García Martín anunció también que, por lo que respecta al Ministerio de Empleo se está trabajando en un proyecto para potenciar la financiación de los autónomos y microempresas a través de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

 

El director general del Trabajo Autónomo se refirió, además, a dos nuevas iniciativas del Ministerio de Empleo que actualmente están "en fase de estudio, como la reducción de las cotizaciones de los autónomos que se encuentran en situación de pluriactividad, y rebajar también la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) de los estudiantes universitarios y de formación profesional que compatibilicen sus estudios con el trabajo por cuenta propia.

 

En la misma línea, el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Sebastián Reyna, admitió que, posiblemente, "las condiciones socioeconómicas y presupuestarias no permiten hacer ahora una Ley de Emprendedores", pero sí resaltó que ello no es óbice para que desde la Administración se realice una verdadera política que apoye a los autónomos y las pequeñas empresas".

 

Reyna demandó también una revisión de la cotizaciones a la Seguridad Social y la aprobación de un Plan de Fomento y Promoción del Emprendimiento y del Empleo autónomo que incluya medidas como "un sistema razonable de tributación por módulos y la equiparación de las deducciones fiscales de los autónomos que tributan por el sistema de estimación objetiva en el IRPF con las que tienen las empresas en el IRPF".

 

También el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, reconocía que en estos momentos "el entorno no es favorable" para el desarrollo de una Ley de Emprendedores, pero insistió en que "los problemas del presente no deben eclipsar las soluciones del futuro".

 

En este punto pidió al Ejecutivo que actúe para "crear un entorno favorable al emprendimiento con iniciativas como la supresión de trabas para la creación de empresas, unificar la maraña normativa de las comunidades autónomas, extender la licencia exprés para el comercio al resto de las actividades productivas, fomentar la segunda oportunidad para no penalizar e incentivar a los emprendedores que fracasan en el primer intento y, sobre todo, reactivar el crédito para los emprendedores. "La media de necesidad de crédito de los autónomos en este país es de sólo 12.000 euros", señaló Amor.

 

Por su parte el presidente de CEAT, la organización de autónomos de CEOE, Pedro Barato, se refirió también a la dispersión legislativa de las comunidades autónomas como una de las trabas que más perjudica la actividad de los emprendedores, por lo que pidió que se restablezca, con urgencia, la unidad de mercado. "Queremos que la Ley de Emprendedores salga y que salga cuanto antes", dijo Pedro Barato, para quien las medidas de apoyo a los autónomos y pymes deben incluir como prioridades el cambio en el sistema del IVA para que el impuesto se pague cuando se cobren efectivamente las facturas y no cuando se emiten y un programa de ayudas a los jóvenes para la creación de empresas.

 

El coste neto por trabajador asciende a 30.886 euros anuales

cincodias.com, 26/07/2012

El coste neto por trabajador para las empresas aumentó un 1,1% en un año. El 73% costituye sueldos y salarios, mientras que el 22% corresponde a cotizaciones a la Seguridad Social.

 

El coste neto que tuvieron que pagar las empresas por cada trabajador en 2011 ascendió a 30.886,6 euros, un 1,1% más que en el año precedente, según la Encuesta Anual de Coste Laboral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

Si se tienen en cuenta las subvenciones y deducciones públicas, el coste bruto por trabajador alcanzó los 31.170,06 euros en 2011, con un incremento anual del 1,1% respecto al ejercicio 2010.

 

El 73,1% del coste bruto lo constituyeron sueldos y salarios, por un importe de 22.775,76 euros por trabajador, mientras que las cotizaciones a la Seguridad Social supusieron el 22% del total, hasta 6.872,7 euros.

 

Además de estas partidas, 556,88 euros anuales se destinaron a beneficios sociales por trabajador (cotizaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias a la Seguridad Social, etc.), 323,4 euros a otros gastos derivados del trabajo (indemnizaciones por fin de contrato, ropa de trabajo, transporte, etc.), 530,37 euros a indemnizaciones por despido y 110,95 euros a formación profesional.

 

Según el informe del INE, la Industria fue el sector económico con mayores costes laborales, con 35.251,32 euros por trabajador durante 2011, un 1,7% más que en el año anterior.

 

Las diferencias entre el coste laboral por trabajador según las distintas actividades de la clasificación de actividades CNAE09 fueron notables, con un amplio registro que osciló desde 18.845,19 euros anuales brutos por trabajador en la Hostelería hasta los 77.034,69 euros por asalariado en la sección Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado.

 

 

El paro alcanza un nuevo récord: 24,6% y ya roza los 5,7 millones

cincodias.com, 27/07/2012

Nuevo mazazo proveniente de la Encuesta de Población Activa. El paro subió en 53.500 personas en el segundo trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 0,95% más, situándose el número total de desempleados en 5,693 millones de personas, una cifra inédita hasta ahora para la economía española.

 

Junio se ha cerrado con una nueva mala noticia proveniente del desempleo. La tasa de paro escaló al cierre de junio hasta el 24,63%, porcentaje casi dos décimas superior al del trimestre anterior (24,44%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de similar desde el primer trimestre de 1994, cuando la tasa de paro se situó en el 24,55% (su valor más alto desde 1976).

 

Durante el segundo trimestre se destruyeron 15.900 puestos de trabajo (-0,09%), con lo que el número de ocupados alcanzó la cifra de 17.417.300 personas, su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2003.

 

El comportamiento del empleo en este segundo trimestre de 2012 es sensiblemente peor al del año 2011, síntoma de la recesión en la que se encuentra la economía española. Entre abril y junio del año pasado se crearon 151.400 empleos (ahora se han destruido 15.900) y el número de parados bajó en 76.500 (ahora ha aumentado en 53.500).

 

El descenso de la ocupación ha afectado exclusivamente a los varones, con 30.600 empleos menos, ya que entre abril y junio se crearon 14.600 puestos de trabajo ocupados por mujeres. También el paro impactó por completo sobre los hombres, con 70.000 desempleados más, frente a un descenso de las mujeres en paro de 16.400 personas.

 

En comparación con el mismo periodo del año pasado, el paro se incrementó en el segundo trimestre en 859.400 desempleados, un 17,8%, mientras que los empleos destruidos alcanzan los 885.800 (-4,8%).

 

Báñez minimiza el último ajuste de la prestación por desempleo

cincodias.com, 27/07/2012

El último ajuste del Gobierno en las prestaciones por desempleo afectará al 55% de los nuevos perceptores, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez. La reducción de la cuantía a partir del séptimo mes en paro es una medida "imprescindible" para salvaguardar el sistema.

 

La reducción del 60% al 50% de la base reguladora de la prestación por desempleo desde el séptimo mes afectará a poco más de la mitad de los nuevos desempleados que se acojan al seguro de paro, ya que el resto (45%) bien encuentra un empleo en los seis primeros meses, bien no tiene derecho más allá de este tiempo o está exento del ajuste por percibir la cuantía mínima. Así lo explicó ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su comparecencia en el Congreso para explicar las ramificaciones en su departamento del último ajuste del Gobierno.

 

Báñez se quejó ante los diputados de la "confusión" que se ha creado con la modificación de la base reguladora y quiso enviar un mensaje de "tranquilidad" a los perceptores del seguro de paro. Aseguró que el ajuste no afecta en ningún modo, ni en cuantía ni en el periodo máximo de prestación (24 meses), para los desempleados que antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012 ya estuvieran cobrando mensualmente.

 

Se trata de medidas "imprescindibles" para salvaguardar el sistema de desempleo, que tuvo un superávit de 35.000 millones entre 1998 y 2008, pero arroja un déficit de 32.000 millones hasta la actualidad. El Gobierno ha elevado de 52 a 55 años la edad para cobrar el subsidio indefinido para quienes hayan agotado la prestación y cotizado al menos seis años al desempleo. Asimismo, se ha reformado todo el sistema de bonificaciones a la contratación para concentrar estos incentivos en los colectivos con más dificultades para encontrar un empleo.

 

También se restringe el acceso a la renta activa de inserción, lo que perjudicará al 50% de los nuevos solicitantes. No podrán beneficiarse de ella unas 68.000 personas "como muchísimo".

 

Seguridad Social

Como contrapartida, se reducen las cotizaciones sociales un punto en 2013 y otro adicional en 2014, lo que tendrá un impacto de 9.000 millones de euros en la Seguridad Social. Se trata, reprochó a Báñez el portavoz de CiU, Carles Campuzano, de un incentivo muy escaso -una reducción de 180 euros de coste laboral por trabajador y año- pero que sí genera un impacto importante en la caja de las pensiones. El Gobierno sostiene que se compensará con la subida del IVA al 21% el 1 de septiembre. "No podemos bajar cotizaciones porque estamos empobreciendo las pensiones del futuro", le espetó la portavoz socialista Isabel López i Chamosa a la ministra.

 

En materia de pensiones, Báñez aseguró que el Gobierno va a tomar medidas concretas para la separación de las fuentes de financiación de las pensiones y como prueba citó que en los Presupuestos de 2013 se recoge un incremento de las aportaciones a la Seguridad Social en 6.683 millones de euros. El Ejecutivo, según la ministra, está comprometido en conseguir que las pensiones no contributivas se financien vía Presupuestos del Estado.

 

Todos los grupos reprocharon a la ministra que el Gobierno haya recortado las prestaciones por desempleo porque afecta a colectivos que están ya en una situación complicada. El PSOE cifró en 500.000 las personas que dejarán de percibir un subsidio. La oposición también criticó que se renuncie a las políticas de creación de empleo en aras de los recortes y que medidas de tanto calado se aprueben por real decreto-ley.

 

 

El Gobierno endurecerá hoy el castigo al fraude fiscal y laboral

eleconomista.es, 27/07/2012

El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal.

 

El Gabinete presidido por Mariano Rajoy aprobará además definitivamente para remitirlo a las Cortes el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que regula las infracciones de los cargos públicos en materia de gestión económica y presupuestaria.

 

La de hoy será la última reunión del Gobierno en julio, pero el Gabinete no se irá de vacaciones, ya que está previsto que se celebre un nuevo Consejo de Ministros el viernes 3 de agosto.

 

La ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, según el anteproyecto, anulará el tope máximo de la cuantía de las sanciones, que se situaba en 187.515 euros, y reforzará el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida.

 

La norma eleva el rango de las sanciones y, por ejemplo, tipifica como infracción muy grave que una empresa haga ir a trabajar a empleados afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornada.

 

Se reforzará además la lucha contra la aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

 

La reforma del Código Penal recoge las nuevas penas máximas para el fraude a la Seguridad Social, que pasan de cinco a seis años, y amplía la prescripción de cinco a diez años en los supuestos más graves, cambios que también afectarán al fraude fiscal.

 

Por otra parte, la ley de Transparencia regula el derecho de acceso a la información de las instituciones públicas y establece un "código de buen gobierno" que deberán respetar todos los cargos de todas las administraciones, con un régimen de infracciones y sanciones para quienes lo incumplan.

 

Quedarán reguladas las infracciones en gestión económica y los casos más graves, como el falsear cuentas u ocultar datos contables, serán castigados con una pena de inhabilitación de hasta diez años y multa.

 

La norma castiga también la administración de recursos públicos sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; los compromisos de gasto o los pagos sin crédito suficiente o que incumplan la ley presupuestaria; o la ausencia de justificación de las subvenciones.

 

Se sanciona en la misma línea el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria.

 

 

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