El Gobierno endurecerá hoy el castigo al fraude fiscal y laboral

El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal.

 

El Gabinete presidido por Mariano Rajoy aprobará además definitivamente para remitirlo a las Cortes el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que regula las infracciones de los cargos públicos en materia de gestión económica y presupuestaria.

 

La de hoy será la última reunión del Gobierno en julio, pero el Gabinete no se irá de vacaciones, ya que está previsto que se celebre un nuevo Consejo de Ministros el viernes 3 de agosto.

 

La ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, según el anteproyecto, anulará el tope máximo de la cuantía de las sanciones, que se situaba en 187.515 euros, y reforzará el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida.

 

La norma eleva el rango de las sanciones y, por ejemplo, tipifica como infracción muy grave que una empresa haga ir a trabajar a empleados afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornada.

 

Se reforzará además la lucha contra la aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

 

La reforma del Código Penal recoge las nuevas penas máximas para el fraude a la Seguridad Social, que pasan de cinco a seis años, y amplía la prescripción de cinco a diez años en los supuestos más graves, cambios que también afectarán al fraude fiscal.

 

Por otra parte, la ley de Transparencia regula el derecho de acceso a la información de las instituciones públicas y establece un "código de buen gobierno" que deberán respetar todos los cargos de todas las administraciones, con un régimen de infracciones y sanciones para quienes lo incumplan.

 

Quedarán reguladas las infracciones en gestión económica y los casos más graves, como el falsear cuentas u ocultar datos contables, serán castigados con una pena de inhabilitación de hasta diez años y multa.

 

La norma castiga también la administración de recursos públicos sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; los compromisos de gasto o los pagos sin crédito suficiente o que incumplan la ley presupuestaria; o la ausencia de justificación de las subvenciones.

 

Se sanciona en la misma línea el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria.

 

 


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