Resumen de Prensa Semanal

Semana 31

28/07/2014 al 03/08/2014

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Empleo achaca a "falta de coordinación" y otras "deficiencias" las irregularidades en las bajas temporales

europapress.es, 27/07/2014

El Gobierno achaca a la "falta de coordinación eficaz" entre administraciones públicas y a otras "deficiencias internas" las irregularidades en la gestión de la incapacidad temporal detectadas por el Tribunal de Cuentas, y exime de toda responsabilidad en este sentido tanto a los trabajadores como a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

 

Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien preguntó por escrito por las medidas de control que se adoptarán para atajar la "gestión mala e ineficaz de los procesos de bajas e incapacidades por parte de las Mutuas", después de que el Tribunal de Cuentas publicara un informe en el que se cifra en 1.185 millones de euros el gasto indebido que la Seguridad Social sufrió entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.

 

En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo afirma que "la Seguridad Social no hace responsables a los trabajadores de las deficiencias de control que podrían existir sobre los procesos de incapacidad", porque esa función no recae sobre ellos y porque el propio Tribunal de Cuentas se refiere "fundamentalmente al control informático de la información" como punto generador del problema.

 

Ya se trabaja en corregirlo

   "Las deficiencias señaladas en el informe (del organismo fiscalizador) no cuestionan ni insinúan que la entidad gestora del proceso se haya abstenido de desarrollar sus funciones. Tampoco atribuye a los trabajadores la responsabilidad de aquellos procesos de duración excesiva", afirma el Ejecutivo, que subraya que de hecho son los trabajadores los que "soportan las consecuencias" de las deficiencias.

   A renglón seguido, recuerda que "en todo momento" se ha reconocido que las irregularidades en esta materia se originan "principalmente por una falta de coordinación eficaz entre las administraciones públicas o por deficiencias en la gestión interna de las funciones sanitarias".

 

Unos problemas que la Seguridad Social "pretende corregir" mediante el proyecto de ley de Mutuas y el decreto de incapacidad temporal, aprobado el pasado 18 de julio por el Consejo de Ministros, donde se introducen medidas que "elevarán los niveles de coordinación entre los agentes implicados y de transparencia y eficacia a favor de los ciudadanos".

 

Se han endurecido los criterios

Por otra parte, Llamazares advierte de que entre las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas se incluye la calificación de procesos de incapacidad temporal por contingencias profesionales como procesos por contingencias comunes, lo que "supone un perjuicio para las prestaciones que debería recibir el trabajador".

 

Asimismo, el diputado de la Izquierda Plural denuncia "altas prematuras" aprobadas por las mutuas, con "consecuencias nefastas, como el suicido reciente de un paciente con depresión"; o "negativas incomprensibles a prórrogas de bajas en casos de efectos crónicos de intoxicación por mercurio en la empresa asturiana AZSA". "Todo para que al final sólo quede la Justicia para reconocer la enfermedad o la incapacidad, tarde y mal", añade.

 

"¿Qué piensa hacer el Gobierno para garantizar el derecho a la salud de los trabajadores? ¿Qué va a hacer para que prevalezca la atención sanitaria frente a las prisas de la empresa? ¿Qué piensa hacer para flexibilizar los durísimos criterios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las prórrogas de bajas e incapacidades?", pregunta.

 

En este sentido, el Gobierno recuerda que las mutuas se encargan de controlar y seguir los procesos derivados de contingencias comunes y de emitir los partes médicos "con sus consiguientes controles implícitos", en los casos derivados de contingencias profesionales.

 

En cualquier caso, niega que el INSS haya endurecido  para el caso de los empleados de AZSA sus criterios de valoración de la capacidad laboral, que son "los que generalmente se aplican a todos los trabajadores". "Es decir, se aplican los criterios clínico-laborales de la misma manera que a todos los trabajadores, con independencia del sector en que estén encuadrados", zanja su respuesta.

 

Rajoy anuncia un paquete de medidas laborales 'muy importante' a la vuelta del verano

elmundo.es, 28/07/2014

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido un nuevo plan de reformas a la vuelta de verano, entre ellas un paquete de empleo "muy importante" y un "paquete social" para los mayores y dependencia.

Así lo confirmaron fuentes populares en vísperas de que Rajoy reciba en el Palacio de la Moncloa a los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, y a los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José Ignacio Fernández Toxo.

Rajoy ofrecerá a los agentes sociales la posibilidad de llegar a acuerdos en tres grandes aspectos: un pacto de rentas "que funcione bien", un sistema de formación renovado y medidas para colectivos con dificultades de inserción laboral.

El presidente del Gobierno anunció a los suyos a puerta cerrada nuevas reformas en el ámbito "de formación, de mercado único y en la reforma de las Administraciones Públicas". "Se irá concretando", afirmó.

Rajoy defendió ante el Comité Ejecutivo Nacional, y Cospedal lo repitió ante la prensa, que el Gobierno del PP "ha hecho el mayor esfuerzo reformista del mundo" en los primeros dos años y medio de legislatura. "No vamos a hablar de brotes verdes, que no lo vamos a hacer, pero no son esporádicos y puntuales los datos", defendió Cospedal para insistir en que España ha abandonado definitivamente la recesión para dar "comienzo" al crecimiento económico.

Insistió en que "hay que continuar en la senda de las reformas", porque "estamos empezando a ver un cambio de ciclo económico y en el mercado laboral".

Destacó que, por primera vez, se ha creado empleo anual en seis años y puso el acento en la "importancia de la reforma fiscal" que, finalmente, aprobará este viernes el Consejo de Ministros y que "pondrá en manos de los contribuyentes 9.000 millones de euros".

Según fuentes populares, Rajoy trasladó a los suyos la necesidad de "hacer mucha pedagogía" ante los ciudadanos ahora que "las cosas van mejor" porque el mercado laboral ha cambiado de ciclo.

En esa línea, el presidente del Gobierno y del PP defendió que la consolidación fiscal se ha conseguido "manteniendo el Estado de bienestar y sin bajar las pensiones". "Hemos resistido a subir el IVA de la hostelería al 23%", se felicitó

El Gobierno elevará a 180.000 euros el mínimo exento en la tributación de la indemnización por despido

cincodias.com, 29/07/2014

Hacienda emula de esta manera el modolo foral navarro
 El Gobierno había establecido primeramente una exención de 2.000 euros por año trabajado

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha señalado que el proyecto de ley de reforma fiscal elevará el mínimo exento en la tributación de indemnizaciones por despido hasta los 180.000 euros, siguiendo el modelo foral navarro. Así lo ha señalado durante su intervención en Sevilla para informar de la creación del consorcio de la Zona Franca.

 

En el marco de la reforma fiscal que aprobará el Gobierno en breve, el Ejecutivo plantea el fin de la exención generalizada de indemnizaciones por despido. En el anteproyecto de ley el Gobierno estableció un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado, que en la  práctica equivalía a un salario de 20.000 euros anuales. Esta medida que fue muy criticada tanto por los agentes sociales como por todo el arco parlamentario, por lo que el ministerio de Hacienda ha decidido finalmente elevar dicho mínimo.

 

Ante las críticas recibidas por los umbrales establecidos en un principio, el ministro de Hacienda, se comprometió ante los representantes de CEOE, Cepyme, CC OO y UGT, Juan Rosell, Jesús Terciado, Ignacio Fernández toxo y Cándido Méndez, respectivamente, a cambiar la propuesta, una modificación que ahora se materializa.

 

A principios de mes, Montoro ya adelantó que el proyecto de ley establecería un mínimo exento superior, aunque no especificó cuantía. Según señaló entonces el ministro, las indemnizaciones por despido exentas del pago del IRPF superarían el 80%.

 

Desde el ministerio se ha defendido que las indemnizaciones por despido deben tributar, como lo hacen en todos los países europeos salvo en Francia.

 

La intención del Gobierno era, según señaló en su momento, aplicar la nueva tributación a todas las indemnizaciones por despidos producidos a partir del pasado 20 de junio, que fue cuando anunció el anteproyecto de ley de reforma fiscal.

 

Hasta ahora, las indemnizaciones por despido solo tributaban si superaban el máximo que marca la ley (los 45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y los 33 días tras la reforma).

 

Encima de la mesa se plantearon dos posibilidades. Por un lado, establecer el límite de exención en 4.000 euros anuales o seguir el ejemplo vasco y navarro y fijar un tope total de 180.000 euros. Finalmente, Montoro señaló que se ha impuesto esta segunda opción y, por lo tanto, la indemnización que reciban los trabajadores por despido tributará como rendimiento del trabajo a partir de 180.000 euros.

 

Por ejemplo, un contribuyente que reciba tras ser despedido 200.000 euros, tributará por 20.000 euros. Además, ese importe tendrá, con carácter general, derecho a la reducción por rentas obtenidas de forma irregular y con un período de generación superior a dos años. Actualmente, la reducción es del 40%, pero con la reforma fiscal se reducirá al 30%. Así, siguiendo el ejemplo propuesto, la parte de indemnización que se imputaría como rendimiento del trabajo en el IRPFse situaría en los 14.000 euros.

 

Por otra parte, el Ejecutivo ya penalizó en la primera parte de la actual legislatura las indemnizaciones que superasen el millón de euros. El Ministerio de Hacienda también se planteó que el gasto de las indemnizaciones por despido fuera no deducible para las empresas en el impuesto sobre sociedades. Una idea que finalmente ha quedado descartada y no se incluirá en la reforma tributaria, que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes 1 de agosto.

 

Más allá del trato fiscal a las indemnizaciones por despido, los cambios fiscales serán de calado en el IRPF. Los actuales siete tramos pasarán a cinco y el tipo mínimo bajará del 24,75% al 20% en 2015 y al 19% en 2016. El gravamen máximo del 52% bajará el próximo año al 47% y, el siguiente, al 45%. Además, se incrementarán los mínimos personales y familiares, es decir, la parte de renta exenta de tributación por considerarse que sirve para cubrir las necesidades básicas de los contribuyentes.

 

Si bien la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2015 supondrá una rebaja de impuestos en su conjunto, hay medidas en sentido contrario como la supresión de las correcciones monetarias y de los coeficientes de abatimiento en las ganancias patrimoniales. Ello afectará especialmente a los contribuyentes que vendan una vivienda antigua. El coste fiscal de vender una casa este año o el siguiente puede ser muy notable.

 

 

También mejora el impuesto sobre sociedades

El Gobierno también mejorará en la reforma fiscal los incentivos a la generación de fondos propios. El borrador presentado en junio contemplaba una reserva de capitalización que dejaba exento de tributación hasta un 10% de los beneficios que la empresa destinara a incrementar sus fondos propios. Este incentivo fiscal se mantiene y se refuerza. El texto definitivo que aprobará el Consejo de Ministros señala que el límite a la compensación por pérdidas generadas en el pasado se calculará sobre la base imponible existente antes de aplicar la nueva reserva de capitalización. Ello supone un cambio respecto al borrador que, en la práctica, eleva el incentivo fiscal.

 

El Gobierno sostiene que el elevado endeudamiento empresarial, que ha supuesto un fuerte lastre durante el período de crisis económica; fue incentivado desde el sistema fiscal español durante años. Así, la posibilidad de deducir sin ningún tipo de límite los gastos financieros invitaba a las compañías a acometer sus inversiones casi exclusivamente a través de créditos bancarios, en lugar de recurrir a los fondos propios. Al inicio de la legislatura, el Ejecutivo ya limitó la deducibilidad del gasto financiero al 30% del beneficio operativo. Esta medida tuvo un coste para las empresas en torno a los 1.000 millones de euros en 2012.

La reforma fiscal que aprobará el Gobierno el próximo viernes contempla una rebaja del tipo general del impuesto que actualmente asciende al 30% y se sitúa entre los más elevados de la UE. El gravamen se reducirá hasta el 28% el próximo año y bajará al 25% en 2016. Las pymes aplicarán el mismo tipo, aunque tendrán incentivos particulares que les permitirán rebajar el tipo efectivo.

Empleo implantará en octubre un plan especial para parados de larga duración

eleconomista.es, 29/07/2014

Los sindicatos, por su parte, definen su propuesta en su reunión con Rajoy
Hablan de una prestación para los cabeza de familia de los hogares sin ingresos...
... que tendría un coste total de unos 2.500 millones de euros anuales

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que el Gobierno prevé poner en marcha en octubre un Plan de Empleo e Impulso a la Activación con especial atención a los parados de larga duración en situación de "especial necesidad", y que de momento se encuentra trazando el "mapa" entre el Estado y las comunidades autónomas para conocer el universo de personas a atender.

 

Este plan se recoge en un documento de 21 páginas acordado con patronal con sindicatos, que Báñez ha presentado tras la reunión mantenida con los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa, que ha estado presidida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

 

No obstante, los sindicatos han sustanciado una propuesta, en la que no ha entrado la ministra de Empleo, para establecer una ayuda adicional también desde octubre para las 500.000 familias sin ingresos con su cabeza de familia en paro, con un presupuesto de 2.500 millones.

 

La clave radica, por tanto, en qué potenciales beneficiarios abordar. Así, Báñez ha querido dejar claro que "hay que trabajar de verdad en quien lo necesita, en las situaciones que no atiende ni en el Estado ni las comunidades autónomas". "Hay que ver el colectivo afectado y habrá recursos", ha añadido para apostillar que "los datos de los sindicatos hay que contrastarlos con el resto de interlocutores sociales y con las cifras del Gobierno".

 

La propuesta del Gobierno

Báñez ha señalado, por otra parte, que el plan del Gobierno responde a que es "consciente" de que hay familias con todos sus miembros en paro, a los que "hay que acompañar hasta que vuelvan a trabajar", y ha recordado que el Ejecutivo lleva desde 2011 ampliando el sistema de protección con medidas como la ampliación del Plan Prepara hasta los 450 euros al mes

 

Concretamente, el documento señala que "las partes se comprometen a ampliar en el mes de octubre los mecanismos de protección ligados a las políticas de empleo a los parados de larga duración en situación de especial necesidad para facilitar su retorno al empleo sin perder la necesaria protección social". "Los beneficiarios deberán acreditar de forma regular su búsqueda activa de empleo, así como participar en cualesquiera acciones de inserción propuestas  por los servicios de empleo", añade. 

 

Por su parte, el secretario general de CC.OO. ha dicho que el "universo" de las ayuda que proponen las centrales serían unas 500.000 familias sin ingresos y con el cabeza de familia en paro, que requieren una "atención prioritaria". "En un país moderno no podemos dejar a estas personas", han asegurado. 

 

"Esta ayuda debería ser de efectos inmediatos, en octubre, para que de forma progresiva el nivel de protección básico llegara a esas personas e ir discutiendo el establecimiento de una renta básica garantizada que complete el conjunto de la protección de la red social", ha añadido. 

 

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha indicado que esta propuesta requiere una concreción "urgente" y un desarrollo de la financiación necesaria. 

 

"Es clave disponer de recursos suficientes para abordar los objetivos que se plantean", ha dicho. En este sentido, Toxo ha recordado que las propuestas fiscales de los sindicatos de cara a la reforma fiscal permitirían liberar 6.000 millones de euros adicionales. 

 

Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado este martes que la patronal "no pone reparos" a la creación de una ayuda para parados como ésta, que también está en línea con la propuesta formulada por el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aunque éste la cuantificó en más de 4.000 millones de euros. "Tenemos restricciones presupuestarias, pero también una bolsa de 500.000 familias en una situación alarmante", ha dicho.

 

 

Los cambios que te afectan si solicitas una baja laboral

abc.es, 30/07/2014

Con la nueva ley de incapacidad temporal, el enfermo o sus familiares ya no tendrán que acudir al médico cada semana

 

Tras la aprobación del real decreto de incapacidad temporal, las bajas laborales incoporan importantes novedades que afectan a los trabajadores. Desde el pasado 18 de julio, fecha de aprobración de la norma, el enfermo o sus familiares ya no tendrán que acudir al médico cada semana para recoger el parte de baja laboral. Esta y otras novedades marcan la nueva regulación de las bajas médicas.

 

¿Cada cuánto he de acudir al médico a solicitar la baja?

Ya no será necesario ir a la consulta del médico de la Seguridad Social para confirmar la baja. En los procesos menores a cinco días (de cortísima duración), se dará la baja y el alta en la misma consulta. En los procesos de corta duración se deberá presentar un parte de confirmación cada 14 días, en los medios cada 28 y en los largos cada 35

 

¿Se establecen nuevas pautas para los médicos?

Sí, el Ministerio de Empleo ha realizado una tabla con los tiempos medios de baja que requiere cada enfermedad. Con esta guía, el departamento dirigido por Fátima Báñez quiere reducir el absentismo laboral en nuestro país.

 

¿Necesito el informe médico de la Seguridad Social para percibir la prestación por maternidad?

Sí, habrá que seguir pasando por la consulta del médico de familia una vez que se ha dado a luz. El Gobierno quería eliminar este trámite con el cruce de datos con el Registro Civil para evitar el papeleo añadido, pero finalmente no se ha aprobado.

 

¿Qué papel tienen ahora las mutuas?

Las mutuas no podrán dar el alta al paciente, tal y como había planteado Empleo en un principio, pero sí podrá hacer propuestas. La Seguridad Social tendrá que contestar en un plazo de cinco días. si rechaza la concesión del alta, la mutua podrá dirigirse al INSS, que a su vez deberá dar un respuesta en cuatro días. La mutuas también tendrán más poder a la hora de efectar los controles: podrán intervenir desde el primer día sin esperar al decimosexto, según establecía la antigua normativa.

 

¿Habrá más supuestos de colaboración?

Las comunidades que quieran podrán firmar un convenio para utilizar los recursos materiales y de los servicios de diagnósticos de las mutuas a «precio de coste»

 

Empleo asegura que nueva Ley de Mutuas aporta eficiencia y protege al trabajador

abc.es, 30/07/2014

Tomás Burgos aclara que la nueva ley de incapacidad temporal establece un mecanismo de «suspensión cautelar» de la prestación cuando el trabajador no comparece a una revisión

 

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha defendido este miércoles la reforma de la Ley de Mutuas porque tiene el objetivo de "proteger el sistema, preservarlo y hacerlo más eficiente", al "canalizar los recursos y proteger mejor a quien más lo necesita".

 

En su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados, Burgos ha explicado que el proyecto de Ley de Mutuas, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, hará el sistema "más solido, eficiente y justo".

 

Una vez comience su trámite parlamentario, Burgos ha tendido la mano al diálogo y se ha mostrado dispuesto a generar "acuerdos y consensos" que mejoren la Ley, sin "abandonarse en posturas inmovilistas negando las reformas".

 

Entre las principales novedades del proyecto, se resuelve la demora en la respuesta de los Servicios Públicos de Salud a las propuestas de alta de las mutuas, al fijar cinco días para responder y, en caso de desacuerdo, resolverá el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un plazo de cuatro días.

 

Es decir, "tanto el alta como la baja siguen estando en los servicios públicos de salud", ha dicho Burgos, para después añadir que cuando existan discrepancias serán los facultativos del INSS quienes darán altas.

 

La norma también establece el mecanismo de "suspensión cautelar" de la prestación cuando el trabajador no comparece a una revisión, pudiendo recuperarla si justifica su ausencia en un plazo de cuatro días, frente a la situación actual que se resolvía con un alta por incomparecencia.

 

Además, los partes de confirmación de bajas quedan reducidos a cuatro fórmulas, se eliminan los partes intermedios y se reforma la prestación por cese de actividad para los autónomos, porque ahora "pagaban por una prestación que no iban a poder cobrar nunca", ha dicho Burgos.

 

La portavoz socialista en la Comisión de Empleo, Isabel López i Chamosa, ha mostrado su postura en contra de esta reforma, porque modifica el nombre de la ley, no se ha consensuado y, sobre todo, porque supondrá "la privatización de la sanidad pública", porque los plazos establecidos para el control de las bajas médicas son imposibles de cumplir.

 

El diputado del grupo parlamentario vasco EAJ-PNV Emilio Olabarría ha resaltado las contradicciones entre la filosofía del PP en materia mutualista y este proyecto de ley, en tanto que el diputado del grupo mixto, Sabino Cuadra, ha añadido que "se dibuja al trabajador enfermo como defraudador en potencia".

 

El texto, ha dicho Burgos, aumenta la transparencia de la gestión de las mutuas al establecer reglas adecuadas para la constitución de las reservas y el uso de los excedentes, al mismo tiempo que las obliga a desprenderse de sus sociedades de prevención de riesgos laborales antes del 31 de marzo de 2015, lo que impedirá la competencia desleal y evitará que se genere una deuda con el sistema (actualmente supera los 40 millones de euros).

 

La Seguridad Social reduce un 51,8% su superávit en el primer semestre, hasta los 4.734 millones

europapress.es, 30/07/2014

Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un superávit de 4.734,7 millones de euros al cierre del primer semestre, cifra un 51,8% inferior a la de los seis primeros meses de 2013, cuando este saldo positivo superó los 9.800 millones de euros, según datos de la Seguridad Social a los que tuvo acceso Europa Press.

 

Este saldo positivo es la diferencia entre unos ingresos de 61.511 millones de euros (-4,8%), y unos gastos de 56.776,3 millones (+3,6%). Como viene sucediendo en meses anteriores, el descenso de los ingresos del sistema hasta junio se explica por las menores aportaciones del Estado respecto al mismo periodo de 2013.

 

Los ingresos por cotizaciones sociales aumentaron un 0,43% respecto al primer semestre de 2013, hasta sumar 49.601,5 millones de euros, de los que casi 36.750 millones procedían del Régimen General (+1,5%), 5.482 millones del Régimen de Autónomos (+4,4%) y 4.095 millones de la cotización de desempleados (-12,8%).

 

En conjunto, la Seguridad Social tiene previsto ingresar este ejercicio un total de 102.839,9 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma, los ingresos por cotizaciones logrados hasta junio representan el 48,2% de lo previsto para 2014.

 

En términos de caja (cobros y pagos efectivamente realizados), los ingresos sumaron 59.120,9 millones de euros hasta junio, con un descenso del 1,1%, mientras que los pagos totalizaron 56.645,9 millones de euros, un 3,7% más.

 

Las transferencias corrientes totalizaron 10.102,2 millones de euros, un 24% menos que las acumuladas en el mismo periodo de 2013, mientras que los ingresos patrimoniales ascendieron a 1.042,2 millones de euros (-10,8%) y las tasas y otros ingresos alcanzaron los 753,4 millones de euros, con un descenso de casi el 4%.

 

Estos son los días que te corresponden de baja laboral en función de la enfermedad

abc.es, 31/07/2014

Los médicos de familia necesitarán justificar ante un inspector los casos en que el periodo de incapacidad supere al tiempo estándar establecido

 

Los procedimientos para otorgar una baja laboral en España han cambiado desde hace unas dos semanas con la entrada en vigor del nuevo real decreto de incapacidad temporal aprobado por el Ministerio de Empleo. Los partes de confirmación ya no se entregan semanalmente, sino que el alta y la baja se dan a la vez en los procesos de menos de cinco días y en plazos más amplios en función de la duración estimada de la baja médica.

 

Otra de las novedades que introduce la ley reside en que los médicos de familia han de consultar ahora a un inspector de la UVMI (Unidad de Valoración Médica de Incapacidades) cuando firmen un parte de baja cuyos tiempos superen a los establecidos. En su mensaje de consulta, el facultativo debe esgrimir sus razones para otorgar una baja superior a la recomendada y solicitar así el permiso del inspector.

 

Los plazos vienen fijados por unas tablas con tiempos medios en base a enfermedades «incrustadas» en los sistemas informáticos de los centros de salud. Estos periodos vienen determinados por un documento del INSS publicado en 2013. El nuevo mecanismo consistente en marcar una duración media se implanta con el objetivo de reducir el absentismo en las empresas. En base a este informe, estos son los días que te corresponden de baja laboral en función de algunas de las enfermedades registradas:

 

ENFERMEDAD TIEMPO ESTÁNDAR EN DÍAS
Gastroenteritis por salmonella 7
Diarrea infecciosa 4
Conjuntivitis por virus 7
Melanoma maligno de piel 60
Neoplasia maligna en la mama (mujeres) 240
Carcinoma de recto 180
Ovarios poliquísticos 30
Gota 14
Obesidad 14
Anemia por carencia de hierro 20
Síndrome de ansiedad 15
Trastorno depresivo mayor (episodio único) 60
Dolor de cabeza por tensión 4
Migrañas 4
Síndrome del túnel carpiano 60
Glaucoma 14
Pérdida de visión sin calificar de un ojo 30
Catarata 30
Miopía 4
Conjuntivitis aguda 7
Infarto agudo de miocardio 90
Angina de pecho 30
Venas varicosas de extremidades inferiores 20
Sinusitis aguda 7
Faringitis aguda 4
Rinitis alérgica 4
Gripe 7
Bronquitis 7
Caries dental 4
Gingivitis aguda 4
Aftas bucales 4
Vómitos persistentes 7
Cirrosis 60
Síndrome nefrítico 60
Estados menopáusicos 4
Amenaza de aborto 30
Vómitos excesivos en el embarazo 14
Mastitis 14
Quemadura solar 4
Dermatitis atópica 14
Uña encarnada 14
Artritis reumatoide 45
Contractura articular 14
Lumbago 14
Ciática 30
Ruptura del tendón de Aquiles 45
Vértigo y mareos 7
Afonía 4
Tos 4
Fractura de radio y cúbito 80
Luxación de dedo 15
Esguince de pie 20
Luxación de rodilla 60

 

Consulta aquí las tablas completas con todas las enfermedades

 

 

Los autónomos que pierdan su licencia por una infracción penal no tendrán derecho a la prestación por cese de actividad

elderecho.com, 31/07/2014

El INSS gestionará la base de datos de todos los partes de altas y bajas del país para mejorar su control, las mutuas no podrán acceder a la historia clínica de los pacientes sino únicamente al expediente de baja que esté tramitando en cada momento.

 

Los autónomos que pierdan su licencia administrativa por una infracción penal no tendrán derecho a acceder a la prestación por cese de actividad, aunque sí mantendrán este derecho si la anulación de su autorización se debe a otros motivos.

 

Así lo ha señalado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso para explicar el proyecto de ley de Mutuas y el decreto ley de Incapacidad Temporal que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de julio.

 

La norma modifica algunos aspectos de la prestación por cese de actividad, a la que ahora es "casi imposible acceder" lo que la convierte en un instrumento "recaudatorio" del que se quejan los autónomos.

 

Por ello, se mantendrá su carácter voluntario con aportaciones de entre el 2,2% y el 4%, un tipo que fluctuará en función de las necesidades del sistema. Si se llega a una "situación extrema", se ampliarán los periodos de carencia.

 

Sin embargo, se reducirán las exigencias para poder acceder a esta prestación de modo que sólo haya que justificar un nivel de pérdidas del 10% en un año en lugar de un 30% anual o 20% en dos ejercicios.

 

Los autónomos dependientes que puedan demostrar que la empresa se ha negado a formalizar un contrato o quienes no puedan demostrarlo pero un 90% de sus rendimientos provengan de un único cliente también podrán acceder a esta prestación.

 

Incapacidad temporal

En relación con la regulación de la incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes, se "potenciará" la colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la gestión de las bajas de menos de dos semanas, de modo que las mutuas puedan participar en el control desde el primer día y que se reduzcan los plazos de alta excesivamente largos derivados de los retrasos en la contestación por parte de los servicios públicos de salud.

 

Para ello, el médico tendrá cinco días para contestar a las propuestas de alta "justificadas" que hagan las mutuas que, de no cumplirse ese plazo, podrán recurrir a la Inspección médica e incluso al INSS.

 

"En cualquier caso, las bajas y altas siguen estando en manos del Servicio Público de Salud y, en caso de no contestación o discrepancia, la decisión última la tiene una entidad pública como el INSS. No hay alteración de la función de los médicos, a quienes sólo se pide que contesten en plazo. Además, las pruebas que realicen las mutuas no tendrán coste para el servicio público", ha añadido el secretario de Estado.

 

Así, ha rechazado los temores de la oposición de que los plazos fijados sean "incumplibles", argumentando que los tiempos exigidos son "perfectamente asumibles". "De hecho, la mayoría de propuestas de alta (de las mutuas) se contestan positivamente, el problema es que no se hace con la suficiente diligencia. Pero tenemos que tener muy claro que los profesionales deben disponer de los medios adecuados y que somos nosotros quienes debemos otorgárselos", ha apostillado.

 

Además, ha explicado que si el servicio médico de salud cita al trabajador para una revisión y éste no se presenta, la mutua ya no podrá emitir un alta por incomparecencia, que supone la retirada de la prestación y la obligación de reclamarla ante los tribunales para poder recuperarla.

 

En lugar de eso, la mutua suspenderá la prestación para comprobar si hay una justificación para la falta a la revisión y, en caso de que así sea, levantará la suspensión desde el mismo día en que se dictó.

 

Burgos ha afirmado en este punto que aunque incapacidad temporal y absentismo no son lo mismo, "sí hay una parte de las IT que tienen mucho que ver con el absentismo injustificado", y que son precisamente esos casos los que se quieren atajar con la reforma.

 

Cuadros de bajas comunes

Burgos también ha mencionado los nuevos cuadros sobre duraciones medias de las bajas, que serán comunes a todas las comunidades autónomas y que "por primera vez" incorporan criterios como la edad o el puesto de trabajo, y no sólo la patología.

 

Estos cuadros serán "orientativos" y conllevarán también que los partes de confirmación de la baja se exijan en función del tiempo estimado de duración de la IT, lo que reducirá las visitas al médico y los partes semanales "inútiles". También se informará obligatoriamente de si la baja se debe a una recaída o a un proceso nuevo.

 

De este cambio también se derivará una mejora de la información a los empresarios sobre la duración y las deducciones que podrán aplicarse, si bien será la Tesorería de la Seguridad Social la que dé los datos en función de los datos que aporte el INSS, que se encargará también de dirimir los desacuerdos sobre si se trata de una contingencia común o profesional.

 

"Esto es muy importante para que las mutuas atiendan las contingencias profesionales y no las derive a los servicios públicos de salud, para que no siga asumiendo costes que no le corresponden", ha dicho Burgos.

 

El INSS gestionará asimismo la base de datos de todos los partes de altas y bajas del país para mejorar su control, si bien el secretario de Estado ha asegurado que las mutuas no podrán acceder a la historia clínica de los pacientes sino únicamente al expediente de baja que esté tramitando en cada momento.

 

"A la historia clínica que esté en poder del Servicio Público de Salud sólo podrán acceder los funcionarios de la escala de médicos inspectores de la Seguridad Social. Y todos los datos reservados se cifrarán mediante claves codificadas y quedarán protegidos conforme a la normativa de protección de datos vigente", ha enfatizado.

 

Mejor gobernanza y más transparencia

Para mejorar la gobernanza de las mutuas, se les obligará a publicar una memoria anual y las estadísticas de reclamaciones, a incluir a los autónomos en sus órganos de gestión, a reconocer el interés general de la Seguridad Social como criterio de impugnación de los acuerdos de la Junta General o a limitar los salarios de los directivos al mismo nivel que los presidentes de las entidades públicas empresariales estatales y a regular sus responsabilidades en caso de dolo o culpa grave, entre otras materias.

Por otra parte, se limitan las aportaciones de excedentes a los fondos de reserva de las mutuas, de modo que tengan "reservas suficientes" pero no "ilimitadas" como hasta ahora, porque eso perjudica a la Seguridad Social, sobre todo en el actual momento de falta de ingresos.

 

No obstante, parte de sus excedentes podrán ahora ser utilizados para "gastos cotidianos" en casos de falta de liquidez, pero nunca a "gastos ilegales, indebidos o irregulares" como incrementos salariales superiores a cierto límite.

 

Además, parte de la reserva de asistencia social podrá financiar acciones como rehabilitación, recuperación o reorientación profesional de trabajadores y también medidas de adaptación de los puestos de trabajo para adaptarlos a trabajadores que hayan sufrido un accidente o que hayan quedado discapacitados, así como para ayudar a sus familiares. La Seguridad Social también podrá destinar dinero a financiar a las empresas o los autónomos en este sentido. Burgos ha dejado para un futuro reglamento la modificación del bonus por reducción de la siniestralidad laboral.

 

Finalmente, se obliga a las mutuas a vender, antes del 31 de marzo, su participación en las sociedades de prevención, que "presentan importantes problemas de gestión y acumulan pérdidas año tras año". De este modo, se impedirá la "competencia desleal" que hacían a otras entidades y se evitará la deuda que tienen con la Seguridad Social, que ya alcanza los 40 millones. Según Empleo, ya se han vendido cuatro de estas sociedades y hay una quinta pendiente de resolución.

 

Los permisos por maternidad caen un 5,39% en el primer semestre

expansion.com, 31/07/2014

El Instituto Nacional de La Seguridad Social (INSS) ha gestionado 139.934 prestaciones económicas por maternidad en el primer semestre del año, el 5,39 % menos que en el mismo periodo de 2013.

 

Según un comunicado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la mayor parte de estos permisos (137.488) fueron disfrutados por la madre y, el resto (2.446), por el padre.

 

En total, la Seguridad Social ha destinado más de 861,5 millones de euros al pago de las prestaciones por maternidad (762,7 millones) y paternidad (98,8 millones) en los seis primeros meses del año.

 

Por comunidades autónomas, el mayor número de procesos entre enero y junio se han registrado en Andalucía (24.822), seguida de Cataluña (24.263), Madrid (23.665) y la Comunidad Valenciana (14.016).

 

Si se observa la tasa interanual, los permisos por maternidad únicamente aumentan en Extremadura (3,79 %), en tanto que disminuyen en el resto de regiones.

 

Las mayores caídas se registraron en Asturias (10,73 %), La Rioja (9,12 %), Baleares (9,05 %), Galicia (8,69 %) y Castilla-La Mancha (8,56 %).

 

En cuanto a los procesos por paternidad disfrutados entre enero y junio de 2014, ascendieron a 116.558, lo que supone un descenso del 3,76 % respecto al mismo periodo del año pasado, y un coste de alrededor de 98,8 millones de euros. Empleo recuerda que el permiso por paternidad es independiente del de la madre y compatible con el disfrute compartido del permiso por maternidad, cuando es cedido por la madre.

 

El mayor número de procesos por permisos por paternidad ha correspondido a Cataluña (21.731), Madrid (19.302) y Andalucía (18.431).

 

Además, entre enero y junio de 2014 se han registrado 16.467 excedencias por cuidado familiar (el 9,4 % más que hace un año), de las que 15.186 han correspondido a solicitudes presentadas por mujeres y, 1.281, por hombres. Por comunidades, el mayor número de excedencias se ha producido en Madrid (3.522), Cataluña (2.570) y Comunidad Valenciana (1.774).

 

 

Siete de cada diez empresas creen que el trabajo flexible aumenta la competitividad

abc.es, 01/08/2014

Desde la CEOE reclaman medidas que conlleven además la creación de empleo y lo sindicatos reclaman que sea negociada

 

Siete de cada diez empresas consideran el trabajo flexible como una forma de aumentar la competitividad, según un estudio global realizado por Regus entre más de 19.000 empresarios en 95 países.

 

Las conclusiones del informe coinciden con las peticiones por parte de la CEOE de una mayor flexibilidad laboral, tras la última Encuesta de Población Activa, que aunque confirma el cambio de tendencia en el mercado laboral, instan a poner en práctica más medidas que favorezcan la creación de empleo. Por su parte, los sindicatos reclaman «flexibilidad negociada frente a la impuesta».

 

Beneficios de la flexibilidad laboral

Según el informe elaborado por Regus, a nivel interno, además de reducir costes, el trabajo flexible también concede grandes beneficios a las empresas que lo ponen en marcha. Esto se ve claramente reflejado en que nueve de cada diez encuestados (89%) por Regus reconocen que esta opción conduce a una mejora de confianza en sus puestos de trabajo, lo que es realmente clave para lograr la motivación de los empleados.

 

Prácticamente dos terceras partes (64%) de los encuestados consideran que el trabajo flexible da a las grandes compañías que lo practican una ventaja significativa sobre aquellas que no lo incorporan. Esta ventaja significa un aumento de la conectividad. Trabajar de manera flexible, en diferentes equipos ubicados en zonas geográficas dispares, permite superar rápidamente los obstáculos que tradicionalmente frenan a las grandes empresas, actuando de manera ágil y cercana.

 

En su respuesta a la reforma laboral y a los últimos resultados de la EPA publicados por el INE, los sindicatos mayoritarios españoles han destacado que la movilidad funcional y geográfica, así como las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, han experimentado cambios trascendentales en su regulación, «siempre en la línea de dotar al empresario de un poder casi absoluto que es preciso contrarrestar desde la negociación colectiva y la acción sindical diaria, en la que el ejercicio y desarrollo de los derechos de información y consulta son elementos claves».

 

Asimismo puntualizan, las medidas de flexibilización laboral han equipararse con la redefinición de la acción sindical en las empresas para «defender las condiciones laborales de los trabajadores».

 

 

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