Empleo asegura que nueva Ley de Mutuas aporta eficiencia y protege al trabajador

Tomás Burgos aclara que la nueva ley de incapacidad temporal establece un mecanismo de «suspensión cautelar» de la prestación cuando el trabajador no comparece a una revisión

 

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha defendido este miércoles la reforma de la Ley de Mutuas porque tiene el objetivo de "proteger el sistema, preservarlo y hacerlo más eficiente", al "canalizar los recursos y proteger mejor a quien más lo necesita".

 

En su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados, Burgos ha explicado que el proyecto de Ley de Mutuas, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, hará el sistema "más solido, eficiente y justo".

 

Una vez comience su trámite parlamentario, Burgos ha tendido la mano al diálogo y se ha mostrado dispuesto a generar "acuerdos y consensos" que mejoren la Ley, sin "abandonarse en posturas inmovilistas negando las reformas".

 

Entre las principales novedades del proyecto, se resuelve la demora en la respuesta de los Servicios Públicos de Salud a las propuestas de alta de las mutuas, al fijar cinco días para responder y, en caso de desacuerdo, resolverá el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un plazo de cuatro días.

 

Es decir, "tanto el alta como la baja siguen estando en los servicios públicos de salud", ha dicho Burgos, para después añadir que cuando existan discrepancias serán los facultativos del INSS quienes darán altas.

 

La norma también establece el mecanismo de "suspensión cautelar" de la prestación cuando el trabajador no comparece a una revisión, pudiendo recuperarla si justifica su ausencia en un plazo de cuatro días, frente a la situación actual que se resolvía con un alta por incomparecencia.

 

Además, los partes de confirmación de bajas quedan reducidos a cuatro fórmulas, se eliminan los partes intermedios y se reforma la prestación por cese de actividad para los autónomos, porque ahora "pagaban por una prestación que no iban a poder cobrar nunca", ha dicho Burgos.

 

La portavoz socialista en la Comisión de Empleo, Isabel López i Chamosa, ha mostrado su postura en contra de esta reforma, porque modifica el nombre de la ley, no se ha consensuado y, sobre todo, porque supondrá "la privatización de la sanidad pública", porque los plazos establecidos para el control de las bajas médicas son imposibles de cumplir.

 

El diputado del grupo parlamentario vasco EAJ-PNV Emilio Olabarría ha resaltado las contradicciones entre la filosofía del PP en materia mutualista y este proyecto de ley, en tanto que el diputado del grupo mixto, Sabino Cuadra, ha añadido que "se dibuja al trabajador enfermo como defraudador en potencia".

 

El texto, ha dicho Burgos, aumenta la transparencia de la gestión de las mutuas al establecer reglas adecuadas para la constitución de las reservas y el uso de los excedentes, al mismo tiempo que las obliga a desprenderse de sus sociedades de prevención de riesgos laborales antes del 31 de marzo de 2015, lo que impedirá la competencia desleal y evitará que se genere una deuda con el sistema (actualmente supera los 40 millones de euros).

 


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