El Gobierno fija un mínimo del 0,25% para revalorizar las pensiones

Subirán al menos un 0,25% y como máximo el IPC más el 0,25%

La nueva fórmula tendrá en cuenta la evolución de gastos e ingresos del sistema en once años

 

Tres meses después de que el grupo de expertos elegido por el Ejecutivo culminase el informe sobre la reforma de las pensiones, el Ejecutivo convocó ayer por la tarde a sindicatos y patronal para presentarles el borrador de la reforma que quiere tramitar con carácter de urgencia para que se pueda empezar a aplicar el próximo ejercicio.

 

El informe elaborado por los expertos establecía que la reforma del sistema de pensiones encaminada a evitar desequilibrios futuros debía basarse en dos factores. El factor de sostenibilidad, cuyo objetivo era que las condiciones de acceso a las pensiones fueran iguales para todos los jubilados. Este coeficiente se debía aplicar a los futuros jubilados y los expertos pedían su aplicación inmediata para frenar el desfase entre ingresos y gastos.

 

El segundo eje era el índice de revalorización, en el que la actualización de las pensiones estaría exclusivamente ligado a la relación entre ingresos y gastos del sistema de pensiones. De aplicación generalizada para todos los pensionistas (actuales y futuros), supondría una rebaja de las prestaciones ya que el sistema actualmente está en déficit y el Ejecutivo prevé que se mantenga así al menos durante los próximos cuatro años. En este segundo caso apostaban por su inmediata aplicación, aunque podía ser de forma gradual.

 

La propuesta que Empleo presentó a los agentes sociales toma en cuenta algunos de esos postulados, que sin embargo, sufren muchas matizaciones. El texto establece que el factor de sostenibilidad, que trata de vincular la mayor esperanza de vida con una menor prestación, no se aplicará hasta 2019, desatendiendo los consejos de los expertos. La argumentación del Ejecutivo para demorar su entrada en vigor es el hecho de que augura que el ciclo económico cambie a partir del próximo año y que la merma que han sufrido y están sufriendo los ingresos del sistema por la fuerte caída de cotizantes se vaya frenando. Empleo, además, cuenta con el Fondo de Reserva, dotado en la actualidad con 59.307 millones, para cubrir futuros desfases de tesorería. Así sucedió, por ejemplo en julio, en el que retiró 4.500 millones para hacer frente al pago de la nómina extraordinaria de las pensiones y la liquidación trimestral del IRPF. Frente a los expertos que alertaban que los recursos pueden agotarse en 2019, el departamento dirigido por Báñez también cuenta con los rendimientos del propio fondo. Más del 98% está invertido en activos financieros y solo en 2012, según las estimaciones oficiales, los rendimientos se elevaron a 2.687 millones.

 

Quizá en el punto en el que ha sufrido más cambios ha sido en el índice de revalorización. Los expertos pedían que la actualización de las pensiones se desligará del IPC y que estuviera vinculada a la propia evolución del sistema, en números rojos. A la espera de concretar la fórmula, que aún están definiendo los técnicos de Empleo, la propuesta de Báñez desliga definitivamente la variación de las pensiones del IPC (algo que se hará oficial con la Ley de Desindexación prevista para el último trimestre) y las vinculará a una fórmula con tres partes: el IPC, el ciclo económico y el déficit estructural de la Seguridad Social. La principal variación frente al informe de los expertos se produce en el segundo aspecto. Estos abogaban por ligar subidas o bajadas al cierre de cada ejercicio, algo que abocaba directamente una bajada de las prestaciones ante el profundo deterioro del sistema. El Ejecutivo, consciente de lo perjudicial que podía resultar para sus intereses (2015 es año de elecciones autonómicas y nacionales), ha abogado por tomar en cuenta once años (seis antes y cinco después) para suavizar el impacto.

 

En cualquier caso ha fijado que las prestaciones, como mínimo, subirán un 0,25% y como máximo el IPC + 0,25 puntos. “Ni se van a congelar, ni se van a bajar las pensiones”, apuntó la titular de Empleo en la rueda de prensa posterior al encuentro con los agentes sociales. En su opinión, la aplicación de los dos factores “no conllevará aumento de la edad de jubilación, respetará los derechos adquiridos y evitará tomar medidas drásticas en momentos de recesión”, apuntó en su comparecencia.

 

A la reunión estaban convocados los líderes de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado. A la reunión sin embargo solo acudieron los técnicos de las organizaciones, tal y como pactaron previamente, con el objetivo de no ofrecer una imagen de respaldo. De hecho, fuentes de Empleo descontaban que la propuesta contaría con el rechazo sindical, especialmente el de UGT. Precisamente, el representante de este sindicato en el grupo de expertos, Santos Ruesga, fue el único que votó en contra del informe.

 

Un nuevo modo de actualizar las pensiones

El Ejecutivo prevé que el 1 de enero entrará en vigor la nueva fórmula para actualizar las pensiones, que finalmente se desligarán del IPC por el impacto que tienen en las cuentas públicas. Báñez subrayó que el 27% del gasto total en pensiones procede de la actualización con los precios de consumo, por lo que considera necesario introducir nuevas fórmulas, como los ingresos y los gastos del sistema, “para hacerlo sostenible y autofinanciable”. Báñez previó que el IPC se situará en noviembre, mes de referencia para actualizar las pensiones, en el 1%, por lo que volverán a subir para el 70% de los pensionistas.

Cómo se garantiza la sostenibilidad

La titular de Empleo justificó el retraso del factor de sostenibilidad hasta 2019 porque considera que la viabilidad financiera está garantizada. “La propuesta es que entré en vigor cuando supuestamente tocaría su primera revisión”, apuntó. El objetivo de este factor será que todos los contribuyentes cobren lo mismo si han cotizado lo mismo. La corrección se producirá al introducir la variable de la esperanza de vida, que sólo se aplicará a los nuevos jubilados a partir de 2019. Dicho de otra manera, que los futuros jubilados ganarán menos que los que ya cobran en la medida que vivirán más años.

 

Rechazo sindical a los cambios

Pese a que la propuesta presentada por Empleo es mucho más liviana que la presentada por los expertos a principios del verano, los representantes de CC OO y UGT mostraron su rechazo y pronosticaron una negociación dura. “No se puede aprovechar un déficit coyuntural para tomar medidas estructurales”, señaló Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO. Por su parte, la directora del departamento sociolaboral de CEPYME, Teresa Díaz de Terán, reclamó al Ejecutivo máximo consenso, “lo que le dará un valor añadido en estos tiempos de crisis”.

 

Apenas cuatro meses para negociar

La reforma de las pensiones es uno de los ejes sobre el que ha basculado la negociación entre Bruselas y Madrid para suavizar el objetivo de déficit para España. Esa es una de las razones que ha propiciado la celeridad en su tramitación. El objetivo es que el anteproyecto de ley se apruebe en Consejo de Ministros a finales de septiembre y que de allí pase a negociarse directamente en el seno del Pacto de Toledo, donde están representados grupos parlamentarios y agentes sociales. El acuerdo parece difícil, especialmente con el PSOE, la principal formación de la oposición, que se opone a esta reforma.

 

 


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