Resumen de Prensa Semanal

Semana 37

09/09/2013 al 15/09/2013

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Ligar las pensiones a la esperanza de vida las hará bajar un 6% cada década

eleconomista.es, 08/09/2013

Los técnicos de Hacienda han echado sus propias cuentas sobre lo que supondrá para los pensionistas la entrada en vigor de un factor de sostenibilidad como el que el Ministerio de Empleo anunció la semana pasada. Aquéllos que empiecen a cobrar ese subsidio en los 10 primeros años en que rija ese corrector, es decir, entre 2019 y 2029, tendrán derecho durante ese periodo a una pensión un 5,8% menor que aquélla que les hubiera correspondido en 2012.

 

Los técnicos de Hacienda han echado sus propias cuentas sobre lo que supondrá para los pensionistas la entrada en vigor de un factor de sostenibilidad como el que el Ministerio de Empleo anunció la semana pasada. Aquéllos que empiecen a cobrar ese subsidio en los 10 primeros años en que rija ese corrector, es decir, entre 2019 y 2029, tendrán derecho durante ese periodo a una pensión un 5,8% menor que aquélla que les hubiera correspondido en 2012.

 

Disminuciones de idéntica cuantía se irán acumulando en las décadas posteriores en las que seguirá rigiendo el factor de sostenibilidad, de acuerdo con las estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales. Dicho de otro modo: pasada la barrera de 2050 los nuevos jubilados cobrarán, en esos 10 años, un 22% menos de lo que les habría correspondido antes de que se pusieran en marcha los nuevos cambios en el sistema de pensiones.

 

Tales cambios buscan ajustar, por un lado, el ritmo al que se cobra, en concepto de pensión, lo que un trabajador ha cotizado durante su trayectoria laboral con, por otro lado, el hecho de que esa persona va a tener una esperanza de vida larga. Empleo se ha afanado en explicar que, gracias a que viviremos más, hay que espaciar en mayor medida el pago de lo que a los trabajadores cada vez más longevos les corresponderá. En caso contrario el sistema quebrará. Gráfico sobre la esperanza de vida: ¿cuánto más viviremos en los próximos años?

 

En Hacienda tienen claro que con la entrada en escena de un coeficiente corrector que se acompase con la evolución de la esperanza de vida "va a quedar solventado el problema de la sostenibilidad" de la Seguridad Social. Ahora bien, sus expertos alertan de que, al tiempo que se socava un obstáculo, es posible estar cimentando otro también grave.

Riesgo reconocido

Ese riesgo es real; hasta el punto de que el Ministerio de Empleo ha optado por no seguir a rajatabla las recomendaciones del grupo de expertos que lo asesoró antes de acometer la reforma del sistema de pensiones. Entre ellas, se encontraba aquélla que conminaba a introducir el factor de sostenibilidad cuanto antes.

 

Finalmente, su entrada en vigor se ha retrasado a 2019 con el objetivo, tal y como reconoció la ministra Fátima Báñez, de que quienes se vayan a jubilar en los cinco años posteriores (pues la revisión del factor de sostenibilidad se hará oficialmente cada lustro) "se anticipen" al cobro de una pensión que será en su arranque más baja de lo que esperaban. Ese hecho hará que sean recomendables "soluciones como compatibilizar durante un tiempo pensión y empleo", incidió la ministra.

 

Con todo, el problema tiene visos de que puede ser más profundo, de acuerdo con los técnicos de Hacienda, hasta el punto de que sería conveniente suavizar el factor de sostenibilidad tal y como ahora está concebido.

 

Así, "parece claro" que este componente corrector "no debería estar ligado solamente a la esperanza de vida, sino que debería ser sensible también a otras variables, tales como el ratio número de cotizantes sobre jubilados, o las tasas de ocupuación y fertilidad, el saldo migratorio o la productividad". Todos ellos son factores que "influyen muy directamente sobre el equilibrio financiero del sistema", explica el Instituto de Estudios Fiscales.

Peligro de la unilateralidad

La institución, incluso, demuestra en qué medida puede resultar drástica la reducción de las pensiones, aunque sea en aras de garantizar su sostenibilidad, cuando se aplica de forma unilateral uno solamente de esos factores. En concreto, un factor de sostenibilidad que radicara en exclusiva sobre la proporción de cotizantes sobre jubilados supondría, en el entorno de 2050, una reducción acumulada para los nuevos pensionistas de hasta el 45% con respecto a las cuantías percibidas por los pensionistas en 2012.

 

Un porcentaje tan elevado se reduciría de forma notable, hasta el 25%, únicamente haciendo entrar en el cálculo una variable más: la esperanza de vida.

 

Sea como fuere, los expertos de Empleo y de Hacienda coinciden en señalar que, por doloroso que sea el juego de los factores de sostenibilidad, es necesario recurrir a ellos.

 

El deterioro del sistema de pensiones es ya de tal envergadura que no cabe conformarse con meros cambios de los denominados "paramétricos", es decir, aquéllos que no van más allá de modificar los límites numéricos o de variables como la edad de jubilación.

 

Los expertos abogan por una renta mínima asegurada más un plan privado de jubilación

eleconomista.es, 09/09/2013

El sistema de pensiones español no da más de sí. Desde 2010, y por primera vez en los últimos cuarenta años, las cotizaciones de los ocupados han sido insuficientes para financiar las pensiones contributivas. En 2010 el desajuste fue de 1.027 millones de euros, en 2011 ha sido de 4.355 millones y, según los datos de la ejecución presupuestaria de 2012, acumulada hasta el mes de julio, el desajuste era de 5.350 millones de euros. Ante este panorama, al que muchos ya consideran un modelo actualmente en quiebra, ¿qué nuevos modelos o recomendaciones proponen los expertos? Gráfico: El sistema español de pensiones se hace insostenible

 

Unos abogan por mantener el sistema actual de reparto, aplicando algunas reformas, mientras otro grupo, cada vez más mayoritario, propone un cambio radical y sustituir el sistema de reparto por el de capitalización que incluya un factor de sostenibilidad como el que ya ha recibido el visto bueno de Empleo.

 

Entre este grupo está el equipo de profesores de Iese Business School que ha elaborado el informe 'El reparto y la capitalización de las pensiones españoles': Antonio Argandoña, Javier Díaz-Giménez, Julián Díaz-Saavedra y Beltrán Álvarez. Estos profesores concluyen que el sistema de reparto español es "insostenible" y que retoques en sus parámetros, como la reforma llevada a cabo por Gobierno socialista en 2011 "van a ser insuficientes para que recupere la viabilidad financiera a menos que se produzca una reducción cuantiosa, y posiblemente inasumible, de las pensiones". Entre todos los sistemas de pensiones estudiados por este grupo, el llamado modelo sueco vigente en el país escandinavo es el elegido. "Es el que más diversifica las fuentes de las pensiones y el que saca mejor partido de las ventajas de los sistemas de reparto y de los sistemas capitalizados", asegura el informe.

 

Por tanto, estos expertos proponen una reforma estructural del actual sistema de reparto español que lo sustituya "por un sistema mixto de reparto y capitalización a partes iguales, similar al que se ha adoptado en Suecia".

Aportación definida

Este nuevo sistema de pensiones se basa en un modelo de aportación definida, completamente contributivo y con cuentas nocionales, es decir, "una cuenta virtual donde se recogen las aportaciones individuales de cada cotizante y los rendimientos ficticios que dichas aportaciones generan a lo largo de la vida laboral", explican los autores del estudio. Además, el modelo recoge un tipo de cotización reducido y destopado, con ajustes actuariales automáticos en las pensiones según la edad de jubilación y la esperanza de vida. También apuestan por una edad de jubilación flexible "y un factor de sostenibilidad que se tenga en cuenta para actualizar las cotizaciones y revalorizar las pensiones y que garantice la viabilidad financiera permanente del sistema".

 

Para los profesores de Iese, este nuevo sistema de reparto se debería complementar con planes capitalizados "obligatorios o casi-obligatorios", que podrían ser ocupacionales o personales, y que deberían aportar, aproximadamente, la mitad de las rentas para la jubilación.

 

El sistema propuesto también recoge contar con unas pensiones mínimas enfocadas que dependan de la renta y del patrimonio de sus perceptores. Con esto, se garantizaría una renta mínima para los mayores que sería independiente de sus historiales de cotización, sostiene el estudio.

 

¿Cómo hacer el cambio?

Pero, ¿es posible un cambio tranquilo hacia el nuevo modelo? Los expertos creen que esta transición hacia el nuevo sistema se debería hacer "minimizando sus costes para los pensionistas y respetando los derechos adquiridos de los pensionistas y de los trabajadores, en la medida de lo posible". De todas formas, el grupo de expertos no propone adaptar la capitalización completa del sistema de reparto. "La hemos descartado por los elevados costes que impone sobre las personas que financian los costes de la transición al nuevo sistema", afirman en el informe.

 

En la reforma planteada, el factor de sostenibilidad automático "serviría para actualizar los derechos pensionables y las pensiones y garantizaría la sostenibilidad indefinida del sistema".

 

El modelo tendría un régimen único y universal sin sistemas especiales ni excepciones, según los autores. Sobre los derechos pensionables, estos tendrían en cuenta las aportaciones realizadas "durante toda la vida laboral de los trabajadores", apuntan.

Edad mínima de jubilación

Por su parte, sobre la edad de jubilación el grupo de profesores de Iese Business School proponen liberalizarla a partir de una edad mínima. "Se permitiría la jubilación parcial y la decisión de jubilación sería reversible", aseguran. De esto modo, consideran que las pensiones del sistema de reparto reformado serían "actuarialmente justas y se calcularían en función de la edad y del tipo de jubilación y de la esperanza de vida de sus perceptores".

 

¿Y cómo informar de todos estos cambios a los trabajadores actuales? Según este grupo de expertos, los trabajadores serían informados anualmente de la evolución de sus derechos pensionables, de las cuantías probables de sus pensiones y de la situación contable del sistema.

¿Y las pensiones mínimas?

¿Cómo calcular las pensiones mínimas? Según el informe, las pensiones mínimas dependerían de la renta y del patrimonio de sus perceptores. "La estabilidad de este nuevo sistema de pensiones estaría indefinidamente garantizada, los riesgos para los pensionistas podrían contrarrestarse con una anticipación razonable, y su multiplicidad de fuentes aumentaría la robustez del sistema frente a los riesgos económicos y demográficos locales". Por tanto, para este grupo de expertos, este nuevo sistema de reparto, similar a los que funcionan en varios países del norte de Europa, debería complementarse con planes capitalizados obligatorios o casi obligatorios, que podrían ser ocupacionales o personales y que deberían aportar aproximadamente la mitad de las rentas para la jubilación. La pensión resultante podría, en cualquier caso, complementarse con una pensión privada voluntaria.

 

Asimismo, el sistema contaría con unas pensiones mínimas enfocadas que dependieran de la renta y del patrimonio de sus perceptores y que garantizarían una renta mínima para los mayores independiente de sus historiales de cotización.

 

Para los expertos del Iese, el modelo de pensiones sueco sería en definitiva el más adecuado para España y el único que permitiría garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sin incurrir en unos costes de transición inasumibles.

 

Este informe ha contado con el apoyo de la Fundación Edad&Vida y la compañía aseguradora Zurich. Para los miembros de esta fundación, la reforma debería orientarse hacia la sustitución del actual sistema de reparto por un sistema mixto, de reparto y capitalización, siendo esta capitalización obligatoria o casi-obligatoria. De este modo, aseguran, se aprovecharían las ventajas de ambos sistemas, principalmente el menor coste del sistema de reparto ante el aumento de la longevidad y la posibilidad que ofrecen los sistemas de capitalización para diversificar las fuentes de renta.

 

La economía sumergida tiene un millón de empleos

lavanguardia.com, 09/09/2013

El problema se concentra en autónomos y pequeñas empresas | El fraude laboral representa un 8% del PIB, según un estudio de La Caixa | Los expertos atribuyen el fraude laboral a la complejidad de las normas y a la burocracia | Regularizar la situación aumentará la recaudación fiscal en 60.000 millones | El fraude no está tan mal visto como en otros países, no hay condena social.

 

Seis millones de parados y la sociedad no ha estallado, es evidente que hay economía sumergida", dice Antoni Garrell, de la Fundació Gremi de Fabricants. Aunque difícil de cuantificar por su propio carácter oculto, empiezan a conocerse ya algunas estimaciones fidedignas y, según los datos recogidos por el servicio de estudios de La Caixa, se calcula que en España esta economía, también llamada negra o B, equivaldría a un 18,6% del PIB. Lo que más llama la atención es el elevado peso del fraude en materia laboral. un 8% del PIB o lo que es lo mismo un millón de empleos a tiempo completo.

Su impacto en las cuentas públicas no es deleznable. Según el mismo estudio, se calcula que la erradicación de la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación fiscal entre 60.000 y 80.000 millones de euros (en el 2012 el total de recaudación fue de 347.000 millones). Incluso conformándonos con rebajar el porcentaje sumergido a los niveles de Alemania (13% del PIB) el impacto recaudatorio sería considerable: entre 18.000 y 20.000 millones de euros.

Los cálculos se basan en el informe que anualmente realiza el profesor austriaco Friedrich Schneider sobre la economía sumergida en Europa. Son cifras tan abultadas que inevitablemente deberán ser tenidas en cuenta en la nueva reforma tributaria que el Gobierno español ha planteado para el 2014.

Hay causas muy diversas que explicarían el fraude tanto fiscal y laboral, aunque los expertos destacan sobre todo dos. La primera, la complejidad que rodea a la normativa laboral y a los trámites requeridos para regularizar una situación. La segunda, que las cotizaciones resultan aún muy caras para los autónomos, que es el colectivo donde más se esconde el empleo irregular.

Avelino Hernández, director de mercados financieros del área de estudios de la Caixa, admite que también influye el grado de aceptación social, el hecho de que el fraude no cuente en general con una condena contundente por parte de la opinión pública. "Es muy importante la ausencia de castigo social, el hecho de que el defraudador no se sienta observado o condenado", dice Hernández. No obstante, a su juicio, el principal problema es "la complejidad de la regulación y de los trámites". "A veces, empleados y empleadores optan por maniobrar fuera de los circuitos formales para ahorrarse papeleo, impuestos y trámites", señala. Por eso, a su juicio, hay que actuar en dos direcciones: la disuasión, con sanciones ejemplares, y la incentivación del tránsito de la economía sumergida hacia la regularización. Ello implica necesariamente una simplificación administrativa, sin descartar además algún tipo de amnistía fiscal.

Oriol Amat, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, no lo ve claro. "Con todos sus matices, una amnistía fiscal puede tener un resultado positivo. Pero cuando se trata de un fraude laboral hay que ser más cauteloso, pues tiene implicaciones sobre el sistema de pensiones", señala.

Amat considera que el cálculo de un millón de empleos ocultos se queda corto y recuerda un estudio de Funcas que señala que hasta cuatro millones de personas podrían haber trabajado en la economía sumergida entre el 2006 y el 2008. "Hay más indicios de que la cifra podría ser superior. Por ejemplo, algunas campañas de inspección del Ministerio de Empleo han detectado irregularidades en un 40% de los perceptores del seguro de paro", señala Amat, que reconoce no obstante que "en muchos casos los ingresos no declarados son de mera subsistencia".

Respecto a las causas, ve un problema de "ética", pues "aquí el fraude no está tan mal visto como en otros países, como tampoco lo está copiar en los exámenes". Para Amat, deberían reforzarse las sanciones y la inspección, y sobre todo eliminar burocracia para hacer la contratación más fácil. "En Alemania, es facilísimo dar de alta un minijob, aquí legalizar a una cuidadora familiar resulta farragoso", destaca.

Para Antoni Garrell, el fraude está muy relacionado con la situación de los autónomos. "Tienen que pagar mucho en comparación con la contraprestación que reciben", sostiene. Y como ejemplo de esa problemática señala que desde el inicio de la crisis el número de autónomos se ha reducido en casi un millón. "Todo indica que muchos han dejado de cotizar, porque no pueden permitírselo, pero han seguido haciendo algún trabajo", afirma. E incluso hace alguna estimación: "Hay sondeos que indicarían que uno de cada tres sigue activo".

Algo parecido ocurre con los nuevos emprendedores. "Cuando empiezan y aún no saben si su idea va a funcionar muy pocos se dan de alta. Se calcula que solo uno de cada diez", destaca. A veces, añade Garrell, las irregularidades proceden de las mismas instituciones públicas. "Por ejemplo, los becarios en las universidades que trabajan mientras están cobrando el paro". Otro colectivo donde, a su juicio, más se concentra el fraude laboral es en las pequeñas empresas, las que apenas tienen cuatro trabajadores, que son las que sufren esta crisis pues no tienen capacidad para buscar mercados alternativos.

Para el vicepresidente del Gremi de Fabricants, "la economía sumergida es un problema de precio y regulación". Y apunta una propuesta atrevida: "¿Por qué no se permite a los autónomos capitalizar el IVA que recauden para su futura jubilación? Las entidades financieras cobran por la gestión de impuestos. ¿Por qué no los autónomos?".

El número de mujeres autónomas, al contrario que el de hombres, crece con la crisis

abc.es, 11/09/2013

En el último año, el repunte de las afiliadas contrarrestó la caída de los varones autónomos que entre julio de 2012 y julio de 2013 se han registrado 18.000 profesionales menos

 

La Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) ha realizado un estudio a raíz de los datos de la Seguridad Social, del que se desprende que mientras el total de mujeres autónomas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentó un 0,22% durante el último año, -que representa un incremento de 2.237 profesionales-, los hombres disminuyeron un 1% (18.067 autónomos menos), en una comparativa realizada de julio de 2012 a julio de 2013.

 

Andalucía es la Comunidad Autónoma española en la que más ha aumentado el número de mujeres autónomas durante los últimos 365 días, al sumar 2.312 nuevas altas; seguida por la Comunidad de Madrid, que gana 948 mujeres autónomas; Baleares, que tiene 821 nuevas altas; y Castilla-La Mancha, que incrementa las afiliaciones de mujeres en 559 profesionales.

 

Por su parte Cataluña ha sido la Comunidad que ha experimentado un mayor descenso de mujeres autónomas afiliadas al RETA en el último año con 1.508 profesionales menos, seguida por Galicia, que ha perdido 983 mujeres autónomas.

 

Para el presidente nacional de OPA, Camilo Abiétar, «es una enorme satisfacción conocer que las mujeres autónomas estén consiguiendo, a duras penas, capear la asfixiante situación de crisis económica en la que nos encontramos».

 

Abiétar, a su vez, destacó que en el sector de las mujeres, fueron aquellas de la franja de edad en torno a los 30-40 años quienes, en especial, se han decidido a constituir su propio negocio con el objetivo de beneficiar y ayudar a la economía familiar. «Hay altas muy importantes como empresarias y propietarias de negocios», concluye.

 

 

Seguridad Social: se admite el pago con tarjeta

cincodias.com, 11/09/2013

Esta gestión no requerirá certificado digital

El pago no incluirá costes extras porque no genera comisión

 

La Seguridad Social acaba de poner en marcha un servicio electrónico que permitirá el pago de las deudas que ya estén en vía ejecutiva con tarjeta bancaria de crédito o de débito. Esta nueva modalidad de pago está dirigida tanto a ciudadanos como a empresas o profesionales que tengan cotizaciones impagadas y que ya les hayan sido reclamadas por la Seguridad Social.

 

En concreto, podrán abonarse con tarjeta las deudas derivadas de expedientes y providencias de apremio y de expedientes de aplazamiento. Esta gestión -explican en el Ministerio de Empleo- no precisa de certificado digital ni tiene coste alguno para el usuario, ya que no generan ningún tipo de comisión.

 

Estos pagos con tarjeta de crédito o débito serán efectivos entre las 24 y las 48 horas siguientes a la realización de la operación. Así, las deudas con la Seguridad Social se podrán saldar sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social ni a la sucursal de la entidad bancaria, añaden desde Empleo.

 

Desde agosto, el personal de la Seguridad Social está haciendo las simulaciones necesarias para garantizar el funcionamiento correcto y, sobre todo, seguro del nuevo sistema. Tras estas pruebas, el sistema ya está operativo en la siguiente dirección electrónica: sede.seg-social.gob.es

 

 

Priorizar la permanencia del personal fijo es discriminatorio

eleconomista.es, 12/09/2013

Es nula por discriminatoria la cláusula de un acuerdo empresarial de movilidad geográfica que establece la prioridad de permanencia de los trabajadores fijos frente a los temporales, según esta sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 de julio de 2013.

 

La ponente, la magistrada San Martín Mazzucconi, resuelve un supuesto en que se pretende la nulidad de un acuerdo de movilidad geográfica -un Plan de Eficiencia Aeroportuaria del Ministerio de Fomento que afecta al Grupo de Empresas Aena- que establece la prioridad de permanencia de los trabajadores fijos, por considerarlo discriminatorio para los temporales.

 

La Confederación General del Trabajo (CGT) interpuso demanda al considerar infringido el artículo 14 de la Constitución -derecho a la igualdad- así como la Directiva comunitaria 1999/70/CEE sobre el trabajo de duración determinada.

 

La Audiencia Nacional estima parcialmente la demanda declarando nula la concreta cláusula por discriminatoria, "al no concurrir una justificación objetiva y razonable para el distinto trato". Recuerda el fallo que el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores (ET) señala que "los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la Ley".

 

Asimismo, se hace eco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que "ha introducido la temporalidad del contrato de trabajo en el ámbito del artículo 14 de la CE como una circunstancia que no autoriza a tratar peor a unos trabajadores frente a otros". Según esta jurisprudencia, toda diferencia de tratamiento "debe estar justificada por razones objetivas, sin que resulte compatible un tratamiento (...) que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida".

 

Sin respaldo legal

Tras estas consideraciones, San Martín no comparte que las dos circunstancias aducidas por la empresa para fundamentar las diferencias de trato -la menor puntuación obtenida en el acceso a las plazas por los trabajadores temporales y su derecho preferente al regreso cuando haya vacantes en la empresa- justifiquen objetivamente que, "en la tesitura de elegir, entre dos trabajadores, quien ha de verse afectado por la movilidad geográfica, deba serlo siempre, inexorablemente, el que posee un vínculo temporal con la empresa".

 

Tampoco acepta, como mantuvo la empresa, que la prioridad de permanencia esté respaldada por la Disposición Adicional 20ª del ET que, en relación a la aplicación del despido "por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público" reconoce tal prioridad al personal laboral fijo. Lo niega "porque en este caso no estamos ante un despido sino ante un concreto acuerdo de movilidad geográfica, por mucho que derive de un Plan que contempla desvinculaciones contractuales".

 

Empleo cede a tramitar como proyecto de ley el tiempo parcial

cincodias.com, 12/09/2013

El texto regula asuntos como las ayudas a las víctimas del accidente de Santiago, los despidos colectivos o la reinserción de parados

Bañez cifra en 2,5 millones de trabajadores el colectivo de empleados a tiempo parcial que se verá beneficiado

 

Los partidos de la oposición en el Congreso han criticado hoy al Gobierno por “fulminar” el acuerdo que había alcanzado con los agentes sociales y los partidos políticos en torno a la reforma del sistema de acceso a la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial al presentar un decreto “cajón de sastre” que incluye normativas muy variadas, lo que impedirá la unanimidad que se podía haber logrado en la votación.

 

Así, todas las formaciones de la oposición que han intervenido en el Pleno de la Cámara Baja reconocieron que la solución acordada para eliminar la discriminación en el acceso a la pensión por parte de los empleados a tiempo parcial es “razonable”. También, han respaldado lo referente a las ayudas para las víctimas del accidente de Santiago. Sin embargo, otros asuntos como la inclusión de modificaciones sobre el acceso al paro, la tutela judicial en despidos colectivos o la autorización de un crédito extraordinario a Adif han despertado importantes críticas.

 

Por eso, los diferentes portavoces han lamentado uno tras otro que el Gobierno no haya aprovechado la ocasión para escenificar un acuerdo importante con la votación de un decreto específico para los trabajadores a tiempo parcial y haya optado por presentar una normativa “cajón de sastre”. Por todo ello, han reclamado de forma generalizada que se tramite el decreto como proyecto de ley para poder presentar enmiendas.

 

Finalmente, la representante del PP Carolina España ha recriminado a la oposición carecer de “argumentos sólidos” para votar contra la convalidación de un decreto que, si incluye muchas materias, es porque “todas son urgentes, necesarias y positivas para los ciudadanos”. Fue en ese momento cuando ha avanzado que se tramitará como proyecto de ley para que se puedan “presentar mejoras”.

 

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha destacado que el texto supone un “acuerdo histórico”, sobre todo para las mujeres. Báñez explicó que las modificaciones se producen tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Constitucional (TC) declarando nulo el método de cálculo de las pensiones para los empleados a tiempo parcial. A renglón seguido, ha subrayado que este acuerdo beneficiará a 2,5 millones de ciudadanos, tanto futuros pensionistas como los que están tramitando actualmente sus solicitudes.

 

En su opinión, este decreto “pone fin a un sistema que reclamaba a los trabajadores a tiempo parcial, sobre todo mujeres, un periodo de vida laboral proporcionalmente mayor que el de los trabajadores a tiempo completo para acceder a una pensión contributiva”, lo que conlleva un “avance cualitativo”.

 

Para ello, se “flexibiliza” el periodo de carencia necesario para acceder a la jubilación contributiva adaptando ese tiempo a la parcialidad de cada trabajador, de forma que no se les exija más tiempo que a los empleados a tiempo completo. Se aplicará un coeficiente global de parcialidad sobre toda la vida laboral, con lo que “entre el 30% y el 40% de las solicitudes denegadas en 2012 accederán a una pensión pública”.

 

Su cuantía se calculará aplicando un factor del 1,5, mientras que el porcentaje aplicable sobre la base reguladora se regirá por la escala general. Se mantienen los complementos a mínimos y las pensiones mínimas con “la misma extensión y condiciones” que para los trabajadores a jornada completa.

 

La titular de Empleo ha elogiado los cambios introducidos en el sistema de acceso a una pensión de los trabajadores a tiempo parcial. “Se da una cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral y profesional, y se mantienen los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad que garantizan el sistema de la Seguridad Social, asegurando también la equidad con los trabajadores a tiempo completo”, ha añadido, recordando que al cabo de un año se presentará un informe de evaluación de este sistema.

 

 Al margen de la regulación del acceso a prestaciones para trabajadores a tiempo parcial, el decreto ley incluye otro “conjunto de mejoras técnicas” de la normativa laboral para, por una parte, “reforzar la vinculación entre la protección por desempleo y la inserción laboral de los parados” y, por otra, para “otorgar más seguridad jurídica y certidumbre a los trabajadores, los empresarios y sus representantes”, según la ministra. “Se mejora la aplicación práctica de algunas instituciones laborales como el periodo de consultas. Estoy convencida de que estas modificaciones facilitarán que las medidas sigan siendo acordadas, como ya sucede en más del 90% de los casos”, insistió Báñez.

 

Finalmente, ha resumido que el resto de medidas (relativas a tasas aeroportuarias o al sector ferroviario, entre otras) buscan “mejorar la eficiencia y competitividad de la economía” a través de la “profundización en las reformas que harán al país más competitivo, poniendo más énfasis en la seguridad jurídica y sentando las bases de la recuperación y la creación de empleo”. “Ésta y ninguna otra es la senda del Gobierno para seguir trabajando y resolver los problemas sin dilación y sacar al país de la crisis. Y en esta senda me gustaría encontrarles a todos”, concluyó.

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