La economía sumergida tiene un millón de empleos

El problema se concentra en autónomos y pequeñas empresas | El fraude laboral representa un 8% del PIB, según un estudio de La Caixa | Los expertos atribuyen el fraude laboral a la complejidad de las normas y a la burocracia | Regularizar la situación aumentará la recaudación fiscal en 60.000 millones | El fraude no está tan mal visto como en otros países, no hay condena social.

 

Seis millones de parados y la sociedad no ha estallado, es evidente que hay economía sumergida", dice Antoni Garrell, de la Fundació Gremi de Fabricants. Aunque difícil de cuantificar por su propio carácter oculto, empiezan a conocerse ya algunas estimaciones fidedignas y, según los datos recogidos por el servicio de estudios de La Caixa, se calcula que en España esta economía, también llamada negra o B, equivaldría a un 18,6% del PIB. Lo que más llama la atención es el elevado peso del fraude en materia laboral. un 8% del PIB o lo que es lo mismo un millón de empleos a tiempo completo.

Su impacto en las cuentas públicas no es deleznable. Según el mismo estudio, se calcula que la erradicación de la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación fiscal entre 60.000 y 80.000 millones de euros (en el 2012 el total de recaudación fue de 347.000 millones). Incluso conformándonos con rebajar el porcentaje sumergido a los niveles de Alemania (13% del PIB) el impacto recaudatorio sería considerable: entre 18.000 y 20.000 millones de euros.

Los cálculos se basan en el informe que anualmente realiza el profesor austriaco Friedrich Schneider sobre la economía sumergida en Europa. Son cifras tan abultadas que inevitablemente deberán ser tenidas en cuenta en la nueva reforma tributaria que el Gobierno español ha planteado para el 2014.

Hay causas muy diversas que explicarían el fraude tanto fiscal y laboral, aunque los expertos destacan sobre todo dos. La primera, la complejidad que rodea a la normativa laboral y a los trámites requeridos para regularizar una situación. La segunda, que las cotizaciones resultan aún muy caras para los autónomos, que es el colectivo donde más se esconde el empleo irregular.

Avelino Hernández, director de mercados financieros del área de estudios de la Caixa, admite que también influye el grado de aceptación social, el hecho de que el fraude no cuente en general con una condena contundente por parte de la opinión pública. "Es muy importante la ausencia de castigo social, el hecho de que el defraudador no se sienta observado o condenado", dice Hernández. No obstante, a su juicio, el principal problema es "la complejidad de la regulación y de los trámites". "A veces, empleados y empleadores optan por maniobrar fuera de los circuitos formales para ahorrarse papeleo, impuestos y trámites", señala. Por eso, a su juicio, hay que actuar en dos direcciones: la disuasión, con sanciones ejemplares, y la incentivación del tránsito de la economía sumergida hacia la regularización. Ello implica necesariamente una simplificación administrativa, sin descartar además algún tipo de amnistía fiscal.

Oriol Amat, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, no lo ve claro. "Con todos sus matices, una amnistía fiscal puede tener un resultado positivo. Pero cuando se trata de un fraude laboral hay que ser más cauteloso, pues tiene implicaciones sobre el sistema de pensiones", señala.

Amat considera que el cálculo de un millón de empleos ocultos se queda corto y recuerda un estudio de Funcas que señala que hasta cuatro millones de personas podrían haber trabajado en la economía sumergida entre el 2006 y el 2008. "Hay más indicios de que la cifra podría ser superior. Por ejemplo, algunas campañas de inspección del Ministerio de Empleo han detectado irregularidades en un 40% de los perceptores del seguro de paro", señala Amat, que reconoce no obstante que "en muchos casos los ingresos no declarados son de mera subsistencia".

Respecto a las causas, ve un problema de "ética", pues "aquí el fraude no está tan mal visto como en otros países, como tampoco lo está copiar en los exámenes". Para Amat, deberían reforzarse las sanciones y la inspección, y sobre todo eliminar burocracia para hacer la contratación más fácil. "En Alemania, es facilísimo dar de alta un minijob, aquí legalizar a una cuidadora familiar resulta farragoso", destaca.

Para Antoni Garrell, el fraude está muy relacionado con la situación de los autónomos. "Tienen que pagar mucho en comparación con la contraprestación que reciben", sostiene. Y como ejemplo de esa problemática señala que desde el inicio de la crisis el número de autónomos se ha reducido en casi un millón. "Todo indica que muchos han dejado de cotizar, porque no pueden permitírselo, pero han seguido haciendo algún trabajo", afirma. E incluso hace alguna estimación: "Hay sondeos que indicarían que uno de cada tres sigue activo".

Algo parecido ocurre con los nuevos emprendedores. "Cuando empiezan y aún no saben si su idea va a funcionar muy pocos se dan de alta. Se calcula que solo uno de cada diez", destaca. A veces, añade Garrell, las irregularidades proceden de las mismas instituciones públicas. "Por ejemplo, los becarios en las universidades que trabajan mientras están cobrando el paro". Otro colectivo donde, a su juicio, más se concentra el fraude laboral es en las pequeñas empresas, las que apenas tienen cuatro trabajadores, que son las que sufren esta crisis pues no tienen capacidad para buscar mercados alternativos.

Para el vicepresidente del Gremi de Fabricants, "la economía sumergida es un problema de precio y regulación". Y apunta una propuesta atrevida: "¿Por qué no se permite a los autónomos capitalizar el IVA que recauden para su futura jubilación? Las entidades financieras cobran por la gestión de impuestos. ¿Por qué no los autónomos?".


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