Resumen de Prensa Semanal

Semana 38

16/09/2013 al 22/09/2013

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Los becarios se acercan a la categoría de trabajador

economiadigital.es, 15/09/2013

Tendrán la afiliación a la Seguridad Social, pero no podrán solicitar el paro

Las empresas con becarios apuran estos días la regularización de estudiantes con contrato de formación. Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a los empresarios a dar de alta en el Régimen de la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas y también a los “falsos becarios”, trabajadores que deben inscribirse en cursos online para obtener contratos “de formación”, tal como publicó este medio el domingo.


Las empresas, que tienen como plazo para regularizar la situación hasta el próximo 30 de septiembre, tendrán que pagar 30 euros mensuales por la cotización, mientras que al becario se le descontarán seis euros mensuales. Quienes trabajen como becarios tendrán derecho a las aportaciones para la jubilación, prestaciones por enfermedad e invalidez, pero no podrán optar al subsidio de desempleo.

“Nos han pedido la documentación. Nos han dicho que nos darán de alta, pero no sabemos qué beneficios tendremos ni desde cuando”, explica Pablo Antillano (nombre ficticio) un becario que acumula cuatro prácticas en diferentes empresas.


Hasta dos años

La sentencia del Tribunal Supremo da la razón al Sindicato Comisiones Obreras que había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una medida del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La presión empresarial hizo que el anterior gobierno diera marcha atrás al acuerdo previo que otorgó a los becarios los beneficios de los que ahora dispondrán.


La medida también tendrá efectos retroactivos, puesto que quienes fueron becarios antes de la reforma de la Seguridad Social (noviembre de 2011) podrán reclamar hasta dos años de cotizaciones sin importar el tiempo transcurrido desde las prácticas.


Extranjeros beneficiados

La sentencia abre un beneficio para los estudiantes extranjeros que pueden trabajar como becarios, pero no están autorizados a tener un contrato convencional. La cotización otorgaría, según los sindicatos, un reconocimiento laboral del que carecían hasta ahora y que podría facilitar su regularización.


Los becarios tendrán plazo hasta finales de año para exigir a las empresas en las que hicieron prácticas con anterioridad el reconocimiento de las cotizaciones.

 

Dos millones y medio de trabajadores están subempleados

eleconomista.es, 15/09/2013

Dos millones y medio de ocupados están subempleados, trabajan en puestos que requieren menos cualificación de la que poseen o lo hacen menos horas de las que desean, según UGT, que lamenta además que el número de parados con titulación superior ascienda ya a 1,3 millones, el 22 % del total.

 

Esta cifra, sostiene el sindicato en un comunicado, se ha multiplicado por 2,4 desde 2007, cuando el número de titulados desempleados se situaba en 382.000.

 

En este contexto, UGT considera que la reforma laboral del Gobierno abarata y facilita el despido, impulsa la precariedad y temporalidad de las condiciones laborales y es un instrumento útil para los que optan por competir únicamente en base al abaratamiento de los costes laborales.

 

El sindicato recuerda que los costes laborales cayeron un 2,3 % en el segundo trimestre del año, según los datos de la Contabilidad Nacional, una cifra que contrasta con los beneficios de las empresas, que crecieron un 3 %.

 

Desde UGT creen que el problema real del mercado de trabajo español responde a una "dejación" de los poderes públicos, a la aplicación de políticas económicas erróneas y contraproducentes y a la ausencia de una visión estratégica para propiciar un cambio del modelo productivo.

 

Por ello, afirman que la salida de la crisis pasa necesariamente por reforzar las políticas de empleo, tanto con iniciativas orientadas a la búsqueda de un trabajo, la orientación o la formación como con planes específicos de resinserción laboral.

 

Desde 2010, la dotación para las políticas activas de empleo se ha reducido en 4.000 millones de euros, indica UGT, que subraya que casi 4 de cada 10 parados registrados en las oficinas de empleo carecen de prestaciones, lo que eleva los niveles de pobreza y exclusión social.

 

Siete de cada diez pymes apuestan por un cierre de año con cifras positivas

eleconomista.es, 16/09/2013

Además de las políticas activas para el fomento de la pequeña y mediana empresa que Gobierno y Comunidades Autónomas están poniendo en marcha, parece que algo más se mueve en el seno del autoempleo y la pyme. Al menos, el estado de ánimo.

 

El pasado día 12 en el primer debate-coloquio celebrado en el marco del espacio radiofónico de Somos Pyme, Santiago Solana afirmaba que "el 72% de los pequeños y medianos empresarios consideran que -al cierre del ejercicio de 2013- su negocio habrá mejorado". Una actitud optimista que fue compartida por José Miguel García Aguilar, Director de Pymes de ONO quien, a tenor del incremento del 40% de la demanda de productos tecnológicos en agosto, afirmó rotundo que "la caída ha terminado".

 

Acumulando stock

Tal y como explicaba Jesús Terciado, presidente de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), "existen otros indicadores que avalan la teoría de un crecimiento sostenido en la economía real española". Terciado quiso corroborar este optimismo haciendo referencia a que "las empresas manufactureras están acumulando stock porque prevén un incremento importante de la demanda". Y completó su intervención con los datos relativos a evolución del PMI (Índice de Gestores de Compras) manufacturero y de servicios, cuyo comportamiento ha superado las previsiones de los analistas, y "están actualmente cerca de la barrera de los 50 puntos, la que marca la línea crecimiento".

 

Independientemente de datos macroeconómicos, el Presidente de Cepyme se mostró disconforme con la situación actual del crédito e insistió en "la necesidad de que las entidades financieras hagan fluir la financiación para acelerar y consolidar la recuperación". En este punto, Terciado hizo referencia a la misiva que hace apenas una semana remitió al Gobernador del Banco de España, Luis Linde, y en la que además de trasladar el malestar de las pymes , pide respuestas a las exigencias del propio Linde hacia las entidades financieras: "las pymes no sabemos qué pasa con las iniciativas que no se han materializado. Queremos conocer qué disposición hay por parte de las entidades".

 

Exportar es crecer

El argumento de la premier de Somos Pyme, organizada por el Grupo Gestiona, giró en torno al papel de las pymes en la salida de la crisis. Una tertulia desarrollada en clave positiva y que otorgó especial relevancia a los puntales del crecimiento de las empresas de la economía real de España: internacionalización y nuevas tecnologías.

 

El argumento que tomó más fuerza en el debate fue el de la exportación como clave para mejorar la competitividad de las pymes . Manuel Valle, Director General de la DGIPYME (Dirección General de Industria y de la Pyme) hizo especial hincapié en que el 8% de crecimiento experimentado por las exportaciones españolas demuestran la "mayor confianza de los mercados exteriores en la economía española, que premian el ajuste de cuentas".

 

En esta línea, Santiago Solana relacionó las estrategias de crecimiento de la pequeña y mediana empresa con la evolución del uso de las nuevas tecnologías como herramienta de venta: "desde el pasado año, el número de pymes que venden por internet se incrementó en un 44% y, en el caso de autónomos, se multiplicó por tres hasta colocarse en un 40".

 

Aunque la intencionalidad de las empresas sea, como afirmó Valle, "el crecimiento hacia mercados más lejanos", lo que sí es una realidad, según los datos de Cepyme es que el 72% de las pymes y autónomos no lo hacen con regularidad. Terciado achaca la falta de continuidad en las exportaciones españolas a "la escasez de recursos en el exterior -personas cualificadas y que conozcan el mercado- y los problemas derivados con el cobro". La solución pasaría por un sistema de cooperación internacional entre pymes de otros países aunque "se necesita el apoyo de las Instituciones Públicas para reforzar los canales de venta en el exterior".

Tecnología y competitividad

Las nuevas tecnologías se han convertido en pieza maestra en la mejora de la competitividad de nuestras pymes y en una notable ampliación del radio de acción de las pymes.

 

Luis AntonioIbáñez, Director de Operaciones de CESCE, refiriéndose a las TIC (tecnologías de la información) especificó que "generar modelos de gestión e innovación construye una cadena de valor distinta". Teoría que fue compartida por el Consejero Delegado de SAGE: "cuatro de cada siete empresas han incrementado el uso de las TIC para mejorar su competitividad".

 

No obstante, tal y como apuntó José Miguel García Aguilar, "¿están las Administraciones y Comunidades Autónomas preparadas para la tramitación electrónica y la digitalización?". Cuestión que quedó en el aire por parte de Manuel Valle quien, al hilo de la pregunta, ratificó que "la figura del notario no va a desaparecer porque mejora la seguridad de las operaciones".

 

El Gobierno ultima los Presupuestos con un alza de las pensiones del 0,25%

abc.es, 16/09/2013

Prevé congelar o subir ligeramente los sueldos de los empleados públicos. Los intereses de la deuda se comerán casi una tercera parte del presupuesto

 

El entorno económico mejora ligeramente, pero cuadrar los presupuestos sigue siendo un encaje de bolillos. Las cuentas públicas de 2014 no incluirán grandes recortes en los gastos de los ministerios, ni fuertes subidas de impuestos, como ocurrió en 2012 y 2013, pero tampoco se pueden permitir rebajas fiscales ni grandes alegrías en el gasto.

 

En el Ministerio de Hacienda se trabaja a contrarreloj para repartir el gasto total que aprobó el Parlamento el pasado mes de junio entre todos los ministerios y tener las cuentas cuadradas el próximo 27 de septiembre, fecha en la que los aprobará el Consejo de Ministros.

 

Aunque la decisión definitiva todavía no está tomada, en el departamento que dirige Cristóbal Montoro se trabaja con la previsión de una subida de las pensiones del 0,25% para el próximo año. Y es que la nueva ley que regulará el factor de sostenibilidad de las pensiones, y que el pasado viernes se remitió al CES, prevé la aplicación de un nuevo indicador de revalorización de las prestaciones ya a partir de 2014. Con la aplicación de la nueva fórmula de revalorización, que tiene en cuenta la evolución de la inflación, pero también la salud del sistema de la Seguridad Social durante un periodo de once años, las pensiones deberían reducirse en 2014. No obstante, la nueva ley incluye una cláusula que garantiza una subida mínima del 0,25% incluso en los peores años de la crisis. De ahí, que si la nueva ley de pensiones no se modifica en el trámite parlamentario, éstas subirán el próximo año un 0,25%, que son los cálculos que está utilizando el Ministerio de Hacienda.

 

Los empleados públicos podrían tener una subida similar a los pensionistas. Según fuentes gubernamentales, la intención del Ejecutivo es incluir en los Presupuestos una congelación o una subida mínima de los salarios de funcionarios y empleados públicos en general. Eso sí, el Gobierno descarta tajantemente volver a suprimir alguna de las pagas extraordinarias de estos trabajadores del sector público, como ya se hizo en el año 2012.

 

Con el resto de partidas, el Ejecutivo tiene poco margen. Al pago de los intereses de la deuda, y pese a la caída del coste de financiación en los mercados, el Estado prevé destinar en 2014 un 28% del Presupuesto total, unos 36.000 millones de euros, una cantidad idéntica a la que se repartirán el conjunto de los ministerios. Y es que aunque la prima de riesgo se ha reducido en más de un 60% en el último año, y por tanto el precio que el Tesoro paga por los títulos de deuda soberana es inferior al de ejercicios anteriores, la deuda total continúa creciendo.

 

Pese a la ligera mejoría de las cifras macroeconómicas, la crisis sigue haciendo mella en las cuentas públicas, como demuestra el hecho de que el Estado tendrá que destinar en 2014 más de 25.000 millones de euros a hacer frente a las prestaciones por desempleo, lo que supone un 20% del gasto total. Por tanto, sólo los intereses de la deuda y los subsidios de paro se llevarán más de la mitad del presupuesto del Estado.

 

En cuanto a los ingresos, el Ministerio de Hacienda prevé recaudar el próximo año 128.000 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la de este año. Para conseguirlo el Ejecutivo de Mariano Rajoy tendrá que mantener la subida del IRPF, del Impuesto de Sociedades y del IBI que aprobó nada más llegar al poder, en diciembre de 2011, y que, en teoría, se suprimiría ya el próximo año.

 

También tendrán impacto en los ingresos de 2014 algunas de las subidas de impuestos que aprobó el Gobierno el pasado mes de junio, como el nuevo tributo que gravará a los gases fluorados de efecto invernadero, con el que espera recaudar 340 millones de euros, o la supresión de la deducción por minusvalías de cartera, que se aplican grandes sociedades, con la que prevé ingresar 3.650 millones.

 

Los padres podrán disfrutar del permiso de lactancia aunque la madre no trabaje

elpais.com, 16/09/2013

Hacienda emite una resolución que reconoce este derecho no solo a los funcionarios, sino también a los empleados del sector privado

 

os padres podrán solicitar el permiso de lactancia, independientemente de que la madre trabaje por cuenta ajena o no. Así lo establece una resolución del Ministerio de Hacienda, que hace extensible este derecho no solo a los funcionarios, como ya fue reconocido el pasado febrero, sino también a los empleados del sector privado. Se da así un nuevo paso hacia la igualdad entre hombre y mujer. Uno de los dos, no necesariamente esta última, tendrá la opción de disfrutar de una reducción de la jornada laboral de una hora diaria hasta que el bebé cumpla los 12 meses —en caso de que se trate de un parto múltiple, este periodo se multiplicará por el número de hijos—, o de este tiempo acumulado, lo cual equivale a unas cuatro semanas.

 

A.M.R.S., un funcionario de prisiones al que el Estado denegó el permiso de lactancia por considerar que la titular de este derecho era la madre, que estaba en paro, probablemente no imaginó que su caso sentaría tal precedente. A raíz del recurso presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) —mayoritaria en el sector—, A.M.R.S. no solo pudo disfrutar de una baja, sino que este derecho se hizo extensivo a todos los empleados públicos. Después de los trabajadores de la Administración llegó la Guardia Civil. Ahora, el acuerdo del Ministerio de Hacienda —firmado el pasado 19 de julio pero difundido este lunes por CSI-F—, sienta las bases para que hombre y mujer sean iguales a este respecto.

 

"Entre 2011 y 2012, el permiso de lactancia ha sido solicitado por 618 funcionarios y 2.282 funcionarias. A partir de este momento, a medida que los trabajadores vayan conociendo que esta opción existe, probablemente lo pidan cada vez más", afirma Carolina Rodríguez, secretaria de Igualdad de CSI-F. "Creemos que el acuerdo supone un gran avance en la conciliación de la vida laboral y familiar", continúa.

 

La resolución pretende despejar futuras dudas, y en ella la baja de lactancia es desvinculada del hecho biológico de dar el pecho. Este periodo pasa a ser definido como "un tiempo destinado a la alimentación y cuidado del menor que se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por parto [de cuatro meses de duración], o una vez que, desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprende el permiso por parto". El ministerio establece, además, que la baja "será disfrutada indistintamente por el funcionario o la funcionaria y solo en el caso de que ambos trabajen será disfrutado solo por uno de ellos". El acuerdo añade que esta misma interpretación del Estatuto Básico del Empleado Público "sería predicable, en su caso", al permiso regulado en el Estatuto de los Trabajadores. De ahí que se haga extensivo al sector privado.

 

El ministerio se hace eco de dos sentencias para justificar sus indicaciones. Por un lado, cita un dictamen del Tribunal Constitucional de 2011, que ampara "el derecho del padre, trabajador por cuenta ajena, al disfrute del permiso de lactancia, siempre que su esposa desempeñe una actividad profesional". Por otro, la resolución de Hacienda alude a un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2010, que establece que el hecho de denegar el disfrute del permiso porque la madre no sea trabajadora por cuenta ajena, sino por cuenta propia, "supone una limitación de su actividad profesional", además de que implica que la mujer "ha de soportar sola la carga derivada del nacimiento de su hijo, sin poder recibir la ayuda del padre del niño".

 

El Gobierno espera ahorrar hasta 5.200 millones al año con la reforma de las pensiones

cincodias.com, 17/09/2013

Solo en 2014 Empleo estima un ahorro de 809,60 millones con el nuevo sistema de revalorización

El informe que acompaña al anteproyecto realiza un cálculo de los ahorros hasta 2022

 

El Gobierno tiene prisa por aprobar la próxima reforma de pensiones. Quiere tenerla lista a finales de mes y para eso era necesario cumplir con los trámites legales. Uno de ellos es la remisión al Consejo Económico y Social (CES) del anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Empleo. Y tal y como estaba previsto, este organismo consultivo recibió a última hora de la mañana de ayer este texto legal, junto al análisis del impacto económico que el Gobierno calcula que tendrá esta reforma.

 

Los cambios entrarán en vigor en dos fases. La primera arrancará el 1 de enero de 2014. Desde esa fecha, las pensiones dejarán de revalorizarse anualmente con el IPC de noviembre y se actualizarán con un nuevo índice de revalorización.

 

Según el anteproyecto de ley conocido ayer –que no incluye grandes novedades respecto a la propuesta presentada el viernes a los agentes sociales–, este nuevo sistema de revalorización se calculará cada ejercicio con una fórmula que tendrá en cuenta la media móvil de los cinco años anteriores y las previsiones de los cinco posteriores de las siguientes variables: el importe y variación de los ingresos y gastos contributivos (incluidos los complementos a mínimos) del sistema de Seguridad Social el número de pensiones contributivas; el efecto sustitución (variación anual de la pensión media sin revalorizar); y el número de años en los que cada Gobierno podrá diferir el esfuerzo presupuestario para ajustar el sistema, que ha quedado fijado entre tres y cuatro años. Además, la ley recoge el compromiso del Gobierno que blinda a las pensiones de futuras congelaciones y obliga a que estas suban al menos un 0,25% anual y fija también un techo máximo del IPC anual de diciembre más un 0,25%.

 

Solo con este cambio, Empleo calcula que en 2014 se ahorrará 809,60 millones de euros. Entre 2015 y 2018 este ahorro sumará otros 11.731 millones de ahorro. Posteriormente, el 1 de enero de 2019 entrará en vigor la segunda fase de la reforma: el factor de sostenibilidad. Se tratará de un coeficiente que vinculará todas las nuevas pensiones a la esperanza de vida del nuevo pensionista en el momento en el que cumpla 67 años. Ahora esa esperanza son 19 años y en 2032 se estima que será de 22 años.

 

Al incorporarse este nuevo factor, el ahorro se estabilizará en torno a los 5.000 millones de euros anuales. En total, el ahorro estimado por el Ejecutivo rondará los 33.000 millones en los próximos nueve años. Esto equivale a un ahorro medio anual de unos 3.659 millones; y, por ejemplo, representa una cuarta parte del déficit que registrará este año la Seguridad Social.

 

Ante la perspectiva de que estos dos factores empiecen a devaluar ya las pensiones o recorten su cuantía inicial desde 2019, Empleo ha incorporado una disposición adicional en la ley que establece “una aplicación transparente” del factor de sostenibilidad. Y retrasa seis años su aplicación “para que los ciudadanos tengan una imagen correcta de lo que el sistema de pensiones puede pagar por sí mismo y puedan tomar medidas correctamente informados, en caso de considerarlo necesario”. Así, Empleo sugiere tácitamente que los futuros recortes podrán compensarse con decisiones de ahorro privado.

El coste laboral por trabajador modera su caída

cincodias.com, 17/09/2013

El coste laboral de las empresas por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) se situó en 2.583,24 euros en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 0,3% respecto al mismo periodo de 2012.

 

Este descenso, con el que se encadenan cinco trimestres consecutivos de caídas interanuales, es más moderado que los registrados en los dos últimos trimestres (-3,2% y -1,4%), superior al del tercer trimestre de 2012 (-0,1%) e igual al experimentado en el segundo trimestre de 2012, cuando el coste laboral inició esta racha negativa.

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), de dicho gasto, el coste salarial (que incluye salario base, complementos, pagos por horas extraordinarias y atrasos, todo medido en términos brutos) se situó en 1.928,72 euros por trabajador y mes, lo que supone un 0,6% menos.

 

Los otros costes, no salariales, cuyo principal integrante son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, fue de 574 euros, el 0,5% menos.

 

La jornada de trabajo aumentó un 2,1% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2012. Como consecuencia del mayor número de horas trabajadas, el coste laboral por hora efectiva se redujo un 2,4% en el segundo trimestre.

 

Entre abril y junio, se perdieron 3,4 horas de media a la semana, un 19,5% menos que en el segundo trimestre del año pasado, debido a que la Semana Santa se celebró este año en el primer trimestre.

 

La crisis ha aumentado las demandas por despidos irregulares

abc.es, 17/09/2013

La crisis económica ha aumentado de forma considerable los procesos de despido en los que se invocan la vulneración de derechos fundamentales, hasta el punto de que el abrumador número de casos provoca que muchas de estas demandas sean desestimadas. En la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012, presentada ayer en la apertura del año judicial, se expone que las demandas de este tipo se han convertido en «algo ordinario» lo que se pretendía «restrictivo y excepcional», con la consiguiente sobrecarga «para la estructura organizativa y de medios del Ministerio Fiscal».

 

En el informe, se reconoce que esta estructura se encuentra «ciertamente poco preparada, hasta el extremo de no ser pocas las Fiscalías en las que la posibilidad material de atender al servicio en su integridad está seriamente comprometida». La Fiscalía denuncia además que tampoco existe «un filtro a través del cual los órganos judiciales puedan depurar el encauzar la demanda a través del procedimiento especial de derechos fundamentales, lo que lleva a que en un abrumador número de casos sea desestimada».

 

En su mayoría, los derechos fundamentales que se alegan están relacionados con la garantía de indemnidad y tutela judicial efectiva, y en menor medida con la baja por enfermedad. Ante la abundancia de casos con irregularidades en el despido, la Fiscalía afirma que «no es extraño que se vean obligados a acudir tan solo a aquellas vistas en que la propia demanda evidencia en cierta forma que la alegación de vulneración de derecho fundamental tiene un mínimo sostén».

 

La reforma de las pensiones choca con la oposición parlamentaria

cincodias.com, 18/09/2013

CiU y PNV no cierran la puerta a encontrar fórmulas alternativas en el seno del Pacto de Toledo

Los partidos critican la posible pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones

 

Lo dicen en público y en privado. Los responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social están convencidos de que la reforma de las pensiones debe aprobarse con consenso parlamentario. Y, a ser posible, también de patronal y sindicatos, aunque este apoyo de los interlocutores sociales les resulta menos crucial.

 

Sin embargo, conseguir un pacto en el Parlamento para refrendar el antreproyecto de ley conocido el lunes que introduce dos grandes cambios en el sistema de pensiones no va a ser fácil, por no decir que, de momento, se presenta imposible.

 

Es precisamente uno de estos dos cambios propuestos por el Gobierno, el nuevo índice anual de revalorización de las pensiones, el que llevó ayer a la mayoría de los portavoces de la oposición a anunciar que no respaldarán la reforma, si esta no cambia la fórmula para actualizar la cuantía de las prestaciones conforme a la evolución del coste de la vida.

 

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados y ex ministro de Trabajo y Seguridad Social en la anterior legislatura, Valeriano Gómez, fue el más rotundo de todos.

 

“Si se mantiene esa fórmula de revalorizar las pensiones, no estaremos en el juego, no estamos de acuerdo. La Seguridad Social no lo necesita ni lo deben sufrir los pensionistas, que cuando se jubilan tienen que tener una pensión garantizada en cuanto a su poder adquisitivo”, dijo. Y recordó que el propio Ejecutivo ha cifrado el ahorro hasta el año 2022 en casi 33.000 millones de euros “que pagarán todos los pensionistas a costa de ver reducida la cuantía de su pensión”.

 

Y es que el nuevo método que plantea el Gobierno garantiza que nunca se podrán congelar las pensiones ni tampoco bajar en términos nominales, pero al no utilizar la inflación como referencia no asegura que no se pierda capacidad adquisitiva. “La fórmula es una excusa para que el Gobierno no tenga que decir en cada momento cuánto quiere subir o bajar las pensiones”, acusó el diputado socialista.

 

Por su parte, el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticó en un comentario en su página de Facebook que el Ejecutivo lance el mensaje de que “lo peor de la crisis ha pasado” cuando, a su juicio, “si el Gobierno se sale con la suya, para los pensionistas lo peor de la crisis está por llegar”.

 

En la misma línea, el portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, anunció que su formación no estará en ningún pacto sobre pensiones que plantee las medidas propuestas por el Ministerio de Empleo.

 

Algo más conciliador se mostró el portavoz adjunto de CiU, Pere Macías, quien se limitó a recordar a los responsables del Ejecutivo que cualquier decisión que afecte a las pensiones debe acordarse en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso. Y avanzó que su grupo trabajará por encontrar una fórmula alternativa que garantice la sostenibilidad de las pensiones en este escenario.

 

De una opinión similar fue el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, quien admitió la necesidad de hacer “retoques” en el sistema de pensiones pero añadió: “una cosa es que haya que reformarlas, y otra que la propuesta del Gobierno tenga que ser la solución (...) puede haber otras”, añadió.

 

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que cree que la polémica sobre la reforma de las pensiones que ha planteado el Ejecutivo no es un tema de si las cuantías son mayores o menores, sino de que no se puedan volver a congelar en el futuro, por lo que recordó que la propuesta del Ministerio de Empleo “garantiza la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”.

 

Así lo explicó en declaraciones a la prensa tras reunirse durante algo más de una hora en el Congreso con los diputados y senadores populares de la Comisión de Economía y Competitividad. “Se va a establecer un sistema que garantiza la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo, y que garantiza que nunca se volverán a congelar. Es un modelo que apuntala el futuro del sistema de pensiones. Cuando se apruebe el factor de sostenibilidad los pensionistas actuales y futuros podrán estar más seguros que actualmente”, insistió.

 

“Eso, en última instancia, es un factor de confianza sobre el futuro del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Por tanto, creo que es una reforma que va en la dirección correcta, que garantiza la perdurabilidad y sostenibilidad del sistema y que, más allá de lo que puedan ser los datos de un año, vuelve a reforzar que en España no se congelen las pensiones”, concluyó.

 

Los sindicatos exigen la retirada del texto

Los líderes de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo, rechazaron ayer por “injusta” e “innecesaria” la propuesta de reforma de las pensiones que plantea el Gobierno y advirtieron de que se traducirá en un “empobrecimiento” de los pensionistas y pondrá en riesgo la recuperación. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados, sin ningún genero de dudas”, aseveró Méndez. No obstante, no concretó las medidas que adoptarán para intentar frenar esta reforma. “Nosotros lo que consideramos es que se debe retirar esta reforma”, agregó.

 

A juicio de ambas centrales, se trata de un recorte injusto, innecesario que va a agravar las posibilidades de recuperación de la economía.

 

Por su parte, CC OO defiende aumentar los ingresos del sistema y financiar una parte del gasto de la Seguridad Social con impuestos.

 

 

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