Resumen de Prensa Semanal

Semana 39

24/09/2012 al 30/09/2012

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El número de trabajadores afectados por ERE sube un 55,3% hasta julio

cincodias.com, 24/09/2012

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas aumentó un 55,3% en los siete primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2011.

 

Un total de 271.835 trabajadores se vieron afectados por un ERE hasta julio, en contraste con los 174.964 trabajadores que estuvieron implicados en una regulación de empleo durante los siete primeros meses de 2011, según los datos que constan en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo recogidos por Europa Press.

 

Hasta julio, los expedientes de regulación de empleo autorizados/comunicados aumentaron un 72,4% en comparación con el mismo periodo de 2011, hasta sumar 19.879, frente a los 11.529 de los siete primeros meses del año pasado.

 

Los ERE en los que se alegaron causas económicas (problemas de tesorería o financiación, restricción de contratos, quiebra, deudas o suspensión de pagos, baja productividad o aplicación de medidas económicas) se dispararon un 111% en los siete primeros meses en relación al mismo periodo de 2011, hasta sumar 14.220 expedientes, el 71% del total de expedientes registrados en el periodo.

 

Por causas técnicas se autorizaron 175 expedientes hasta julio, un 27,9% menos que en el mismo periodo de 2011, mientras que por causas organizativas o de producción se registraron 5.221 expedientes, con un crecimiento interanual del 22,2%. Por fuerza mayor hubo 226 ERE, un 18,4% menos que en los siete primeros meses de 2011.

 

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativaanteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

 

No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.

 

La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.

 

Los ERE no pactados se incrementan un 92%

Del total de expedientes autorizados/comunicados hasta julio, 17.915 fueron pactados con los representantes de los trabajadores, un 70,5% más, mientras que los no pactados se incrementaron un 92,1%, hasta sumar 1.964 expedientes. Los ERE pactados afectaron a 238.543 trabajadores, un 50,3% más, en tanto que los no pactados englobaron a 69.510 trabajadores, cifra que duplica la registrada en igual periodo de 2011.

 

Los ERE de extinción (despidos colectivos) se incrementaron un 30,6% entre enero y julio, hasta sumar 3.075 expedientes, mientras que los de suspensión temporal de empleo aumentaron un 73,8%, hasta los 9.313, y los ERE de reducción de jornada crecieron un 96,1%, situándose en 7.491 expedientes.

 

Los trabajadores afectados por despidos colectivos aumentaron un 18% en los siete primeros meses del año y sumaron 43.337, en tanto que los trabajadores suspendidos de empleo se dispararon un 75%, hasta totalizar 173.709. Por último, los trabajadores afectados por ERE de reducción de jornada sumaron 54.789, con un crecimiento del 40,5% respecto al mismo periodo de 2011.

 

La mayor parte de los trabajadores que se vieron inmersos en un ERE durante los siete primeros meses desempeñaba su actividad en la industria (146.222, casi un 50% que en igual periodo de 2011) y los servicios (93.825, +70,5%). En la construcción, los afectados ascendían a 29.636 (+45,1%) y en la agricultura, a 2.152 (+15,9%).

 

 

El pinchazo de la burbuja laboral se ceba en los trabajadores extranjeros

lavanguardia.com, 24/09/2012

Una tasa de paro del 35,7% y la merma de derechos sociales cambian los flujos | El número de afiliados extranjeros cayó hasta agosto en 230.000 | Posibles causas: La eliminación de la sanidad gratuita y las restricciones a la subvención de 420 euros

 

España ha vivido varias burbujas durante los últimos quince años de crecimiento. La crisis que se inició en el verano del 2007 ha ido estallándolas una a una. Primero la inmobiliaria, luego la financiera y después la del empleo. Desde que se inició esta crisis hace cinco años hasta este verano se han destruido más de 3,9 millones de empleos y ha disminuido el número de ocupados en casi tres millones. Los más significativo es que, desde entonces, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social se ha reducido en 230.000 hasta agosto.

 

Estas cifras indican que los inmigrantes se están yendo. El efecto llamada que supuso la entrada de más de cinco millones de trabajadores procedentes básicamente de Latinoamérica, el Magreb y los países del Este se ha dado la vuelta. Con una tasa de desempleo del 35,7% y una cifra de parados que supera ya 1,233 millones en la última Encuesta de Población Activa (EPA) es evidente que han sido uno de los colectivos más castigados por la crisis. Una de las razones es que tenían en su mayor parte contratos precarios y buena parte del ajuste del empleo se ha hecho a costa de los contratos temporales.

 

Sin embargo, las prestaciones sociales eran un aliciente tan fuerte que hicieron fracasar todos los programas impulsados desde el Ministerio de Trabajo para facilitarles el retorno a su país de origen.

 

Esta situación ha comenzado a cambiar con los recortes a los derechos sociales. La eliminación de la sanidad gratuita, el cobro del almuerzo en la enseñanza pública, las restricciones al cobro de la subvención de los 420 euros y el acoso a la economía sumergida han mermado las subvenciones y han ido cambiando la situación.

 

Un indicador que muestra este cambio de tendencia son los vuelos aéreos. Si en el 2007 los vuelos iban vacíos a Latinoamérica y regresaban llenos, desde hace unos meses van llenos y vuelven vacíos, como explican en Iberia.

 

Todo esto explica que en agosto la Seguridad Social haya registrado 16.517 inmigrantes menos, lo que ha reducido la cifra hasta 1,748 millones. Con este descenso que ha roto la racha de alza de afiliados en los últimos cinco meses se contabilizaban 1,524 millones de inmigrantes en el régimen general y 216.878 autónomos.

 

En el último año, el número de extranjeros que se han dado de baja en la Seguridad Social ha ascendido a un 4,46% (-81.631 afiliados), frente al -3,43% del conjunto del sistema. Según el Ministerio de Empleo, ambos datos constatan que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores de que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.

 

El director de empleo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), John P. Martin, sostiene que el ajuste se ha realizado a través de los trabajadores temporales, un colectivo formado por inmigrantes y jóvenes. Esto explica que uno de cada tres desempleados menores de 25 años esté actualmente en paro. Esto explica el fuerte aumento del desempleo entre los inmigrantes y los jóvenes, que ya están la mitad en paro y una gran parte sin formación.

 

La radiografía que proporcionan las cifras oficiales indica que los inmigrantes legalizados básicamente trabajan en la hostelería. Dentro del Régimen General, un total de 290.189, el 19%, trabaja en la hostelería, mientras que el 12,4% lo hace en el comercio (189.631 afiliados), y casi el 8% en las actividades administrativas y servicios auxiliares (121.503 cotizantes). Asimismo, y dentro de este régimen, 226.610 extranjeros estaban en el sistema especial agrario y 209.321, en el del hogar.

 

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre del mes pasado, seis de cada diez procedían de países no comunitarios (1.089.621) y el resto (658.794) provenían de países miembros de la UE. Dentro de los países no comunitarios, 195.597 eran de nacionalidad marroquí y 119.294 de nacionalidad ecuatoriana. Colombia, con 89.099 trabajadores, se sitúa como tercer país de procedencia de afiliados, por delante de China, que cuenta ya con 87.248 cotizantes. De los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y búlgaros son los más numerosos, con 283.141, 65.037 y 55.781 cotizantes, respectivamente.

 

Por comunidades autónomas, Catalunya y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social en agosto, al sumar entre ambas el 43,6% del total. Catalunya contaba con 399.541 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 362.802. A continuación se situaron Andalucía, con 203.522 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 179.218 ocupados y Baleares, con 86.954.

 

El número de exportadores crece un 12%

La crisis ha empujado a nuevas empresas españolas a salir al exterior, como muestra el incremento en más de un 12% del número total de compañías exportadoras en el 2011, que sumaron cerca de 123.000. Sin embargo, la otra cara de la moneda de la crisis es la de la destrucción de empresas que ya estaban implantadas fuera y han cerrado. Los datos del el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) confirman que en el 2011 había 37.250 compañías que exportaban regularmente, un 3,9% menos que en 2010. La internacionalización en los BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica) se ha doblado al pasar de una cuota de mercado del 2,2% al 4,5%.

 

España: el gasto en pensiones sube un 4,4% en septiembre, hasta los 7.444 millones de euros

eleconomista.es, 25/09/2012

La Seguridad Social destinó en septiembre más de 7.444 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,4% más que en el mismo mes de 2011, según datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

De esta cantidad, más de 5.079 millones correspondieron al pago de la nómina mensual de las pensiones de jubilación (+5% en relación con septiembre de 2011); 1.401 millones a pensiones de viudedad (+3,1%); 838,6 millones a incapacidad permanente (+2,4%); 106,1 millones a orfandad (+7,6%); y 18,7 millones a favor de familiares (+3,9%).

 

La pensión media de jubilación alcanzó a principios del presente mes los 950,16 euros mensuales, lo que supone un 3,4% más respecto al mismo mes de 2011.

 

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse septiembre en 832,46 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,1%.

 

En concreto, la pensión media de viudedad se situó en septiembre en 602,67 euros mensuales, un 2,6% más, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 889,03 euros mensuales, con un incremento del 2,1%.

 

Asimismo, la pensión media de orfandad ascendió a 366,21 euros mensuales, un 1,8% más que en septiembre de 2011, mientras que la de favor de familiares se situó en 486,97 euros al mes, con un repunte del 2,9%.

 

En el noveno mes del año, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.942.282, lo que representa un crecimiento del 1,3% respecto al mismo mes del año anterior.

 

De esta cantidad, 5.346.074 pensiones fueron de jubilación, con un repunte del 1,5% respecto a septiembre de 2011, mientras que 2.324.748 pensiones de viudedad (+0,5%), 943.297 de incapacidad permanente (+0,3%), 289.753 de orfandad (+5,7%) y 38.410 de favor de familiares (+1%).

 

País Vasco tiene la pensión media más alta

Por comunidades autónomas, siete de ellas más Ceuta superaron en septiembre la pensión media nacional, establecida en 832,46 euros al mes. País Vasco, Asturias y Madrid registraron las pensiones medias más elevadas, con 1.028,53 euros, 987,75 euros y 985,16 euros mensuales, respectivamente.

 

Les siguieron Navarra (945,25 euros mensuales), Ceuta (873,08 euros), Aragón (867,26 euros), Cantabria (866,62 euros), Cataluña (860,22 euros), Castilla y León (811,28 euros), Melilla (802,87 euros), La Rioja (797,60 euros), Canarias (780,01 euros), Castilla-La Mancha (777,28 euros), Comunidad Valenciana (764,92 euros), Baleares (760,97 euros) y Andalucía (759,05 euros).

 

Cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, con una pensión media de 733,07 euros mensuales; Extremadura, con 705,72 euros, y Galicia, con 698,63 euros al mes.

 

La empresa no deberá acreditar que los despidos de un ERE son ajustados

cincodias.com, 25/09/2012

El Gobierno está ultimando el nuevo reglamento de los despidos colectivos, que prevé inicialmente aprobar en octubre. El nuevo texto, aún sujeto a modificaciones, exime al empresario de justificar que el número de despedidos es proporcional a las causas económicas alegadas y a la finalidad de mantener su posición en el mercado. Además, la norma detalla el nuevo papel de la autoridad laboral y los planes sociales para los afectados.

 

El Consejo de Estado está estudiando actualmente el borrador de proyecto de real decreto del nuevo reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Esto es, la letra pequeña de cómo deberán desarrollar las empresas los expedientes de regulación de empleo (ERE).

 

En términos generales, la documentación que debe acreditar el empresario cuando argumente causas económicas es muy parecida a lo que se venía exigiendo antes de la reforma laboral, en el real decreto del 14 de junio de 2011.

 

Si bien en el último borrador elaborado por el Ministerio de Empleo -que ha sido enviado a los sindicatos y al Consejo de Estado, y que por lo tanto aún podría incorporar modificaciones a instancias de ambos- incluye dos novedades en materia de documentación.

 

En la documentación común a todos los ERE, el borrador elimina la actual exigencia al empresario para que justifique "la razonabilidad del número de extinciones en relación con la concurrencia de la causa económica y la finalidad de preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa en el mercado". Eliminando este requerimiento, la empresa no estará ya obligada a acreditar documentalmente que el volumen de los despedidos es proporcional a su situación económica y a su intención de mantenerse en el mercado.

 

En el caso de que la situación económica alegada por la empresa consista en la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, el reglamento exige al empresario que aporte, además de la documentación general, "la documentación fiscal o contable" acreditativa de la nueva definición legal de esta situación, según la reforma laboral. Según fuentes del sector, esta poca concreción en la documentación a exigir en esta materia aumentará la discrecionalidad de los jueces en las impugnaciones de los ERE.

 

Respecto a otras novedades, desde el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Alfredo Aspra llama la atención sobre un cambio. En su opinión, el borrador de este reglamento también da más facilidades al empresario para que planifique en el tiempo la salida de la empresa de los afectados por un ERE de extinción. Así, este texto indica que tras la comunicación de la decisión empresarial del despido colectivo, el empresario "podrá comenzar a notificar los despidos", sin que esté obligado a hacerlo inmediatamente y en su totalidad, facilitando así las salidas progresivas y en función de las necesidades de la empresa. Esto, en la práctica ya se venía haciendo en muchos casos, pero ahora con esta redacción legal lo amparará la norma.

 

Finalmente, para el socio responsable del área laboral del bufete Olswang, Daniel Cifuentes, el nuevo reglamento detalla con mucha más precisión el nuevo papel de la autoridad laboral como asesora de cualquiera de las partes que lo requiera; así como su facultad para emitir "advertencias y recomendaciones", tanto que "puede llegar a convertirse en una autorización administrativa de facto" en contra del espíritu de la reforma laboral que elimina dicho trámite.

 

Planes sociales y de recolocación más detallados

El futuro reglamento que regulará los procedimientos de los ERE también recoge muchos más detalles que la norma actual sobre las medidas sociales de acompañamiento y los planes de recolocación externa que se exigen ahora a los despidos colectivos que afecten a más de 50 trabajadores.

 

Para empezar, el nuevo texto que baraja Empleo redacta con más precisión los temas sobre los que deberán versar las negociaciones entre la empresa y los sindicatos en el periodo de consultas. Así, este futuro reglamento indica que, "como mínimo" hablarán de "las posibilidades de evitar o reducir los despidos y atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como planes de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad".

 

En concreto, el artículo 8 de esta norma cita siete medidas a considerar para "evitar o reducir los despidos", entre las que están la movilidad geográfica o funcional; la modificación de las condiciones sustanciales de trabajo; los descuelgues del convenio; o acciones formativas o de reciclaje que contribuyan a la continuidad de la empresa.

 

Asimismo, los autores del texto proponen otras seis medidas para "atenuar las consecuencias de los afectados". Entre estas, el derecho de reingreso preferente en las vacantes del mismo grupo profesional en el plazo que se estipule o la promoción del empleo por cuenta propia, siempre que no sigan trabajando con la empresa que les despide.

 

En cuanto al plan de recolocación externa, este "deberá garantizar a los afectados, con especial extensión e intensidad a los de mayor edad, una atención continuada por un periodo mínimo de seis meses".

 

Las reuniones

Periodo de consultas. Este borrador precisa cuántas reuniones se tendrán. En empresas de menos de 50 trabajadores, la negociación durará 15 días y, salvo pacto en contrario, se celebrarán al menos dos reuniones separadas por un intervalo no superior a seis días naturales ni inferior a tres. En las de más de 50 empleados, en el mes de negociación habrá al menos tres reuniones, separadas por un plazo no superior a nueve días naturales ni inferior a cuatro.

 

 

Solo uno de cada cinco autónomos cotiza por accidente laboral y cese de actividad

abc.es, 26/09/2012

A partir del 1 de enero de 2013 la cotización por estas prestaciones pasará a ser obligatoria para las nuevas altas

 

Desde que se estableció la posibilidad de que los trabajadores autónomos puedan pagar voluntariamente para cubrir las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) así como por la cobertura en caso de cese de actividad, fórmula equivalente al desempleo entre los asalariados, 651.369 autónomos lo hacen en toda España, lo que supone únicamente el 21,31% del colectivo que cotiza regularmente a la Seguridad Social, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

 

El mayor número se concentra en Andalucía, 129.270, pero en términos proporcionales la comunidad con más cobertura es Canarias, el 28,91%. Las causas se deben al bajo nivel de información que los autónomos tienen sobre esta posibilidad «y también por las dificultades para acceder a las coberturas en caso de necesidad, ya que la prueba de la existencia del accidente de trabajo o cese de actividad en los autónomos es mucho más compleja que para los asalariados», afirma el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna.

 

Esta organización recuerda que, a partir del 1 de enero de 2013, la cotización por estas prestaciones pasará a ser obligatoria para las nuevas altas, por lo que el número de cotizantes podrá superar el millón a finales de ese año.

 

España, entre los países donde la edad de jubilación es mayor y la pensión media más baja

abc.es, 27/09/2012

Nuestros jubilados cobran, de media 950,16 euros mensuales, y un 77% no llega ni a ser mileurista

 

El anuncio el pasado martes, por parte de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, de que las pensiones subirán el año que viene, «ajustándose a la subida de la vida», ha vuelto a poner en la picota uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos de cualquier país.

 

El gasto en pensiones supone una de las partidas más importantes en el balance de un Estado. De este modo, el año pasado se pagaron unos 100.000 millones de euros en este concepto, es decir, aproximadamente un 10% del Producto Interior Bruto.

 

El alza de las pensiones se calcula en función del IPC en noviembre. Cada punto de incremento son 2.000 millones de subida Para este año, se calcula para noviembre una subida del 3%, con lo que aplicarlo a las pensiones costaría 4.000 millones de euros extra, ya que en enero estas ya se revalorizaron teniendo en cuenta un incremento de los precios del 1%.

 

Por otro lado, según los datos facilitados por el ministerio de Empleo, la pensión media de jubilación alcanzó en España a principios del presente mes los 950,16 euros mensuales, lo que supone un 3,4% más respecto al mismo mes de 2011. País Vasco, Asturias y Madrid registraron las pensiones medias más elevadas, con 1.028,53 euros, 987,75 euros y 985,16 euros mensuales, respectivamente, al tiempo que cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, con una pensión media de 733,07 euros mensuales; Extremadura, con 705,72 euros, y Galicia, con 698,63 euros al mes.

 

A la cola de Europa

Según un informe publicado el año pasado por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, la pensión media de jubilación española se situaba en el 63% del promedio europeo, la más baja después de la irlandesa (55%). Por tanto, según estos datos un jubilado español cobra un 40% menos que un jubilado menos de la UE, al tiempo que el 77% no llegan siquiera a la condición de mileuristas.

 

En el otro lado, por encima de la media destacan las pensiones de Luxemburgo (la más alta del continente, del 132% siendo 100 el promedio), las de Austria (128%), Suecia (126%), Italia (124%), Dinamarca (119%), Holanda y Noruega (114%) y Francia (111%)

Junto a España, en la parte baja de la tabla, se sitúan las pensiones de los jubilados eslovenos , muy similares a las nuestras (66%), las de los portugueses (72%) y las de los griegos (89%). Este último dato, sin embargo, ha variado a buen seguro desde la realización del estudio, puesto que en los últimos años se han aprobado varias modificaciones en el sistema de pensiones heleno con el objetivo de reducirlas a la baja. Además, en agosto de este año el periódico heleno Kathimerini filtró que el Gobierno planea reducir las pensiones por debajo de los 600 euros y rebajar la edad de jubilación desde los 67 años -algo que aún no había entrado en vigor- hasta los 65.

Jubilación tardía

Respecto a la edad media de jubilación, ésta es en España (67 años), según la agencia dependiente de la Unión Europea Eurofound, tras la reforma aprobada por el anterior Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en enero del año pasado, de las más altas del continente, únicamente superada por la irlandesa -un país intervenido por la troika comunitaria-, dónde se sitúa en los 68 años, al igual que en Reino Unido y en Finlandia. En este último, no obstante, la jubilación anticipada se puede solicitar a los 63 años.

 

Por otro lado, a la misma edad que nosotros se jubilan -o se jubilarán cuando entren en vigor las reformas recientemente aplicadas- los holandeses, los daneses, los finlandeses, los alemanes, los italianos y los suecos. Más afortunados son los trabajadores del resto de países de la Unión, en especial, los rumanos, que se jubilan a los 58, los eslovacos, a los 59, y los franceses, a los 60.

 

 

Los beneficiarios del nuevo Plan Prepara comenzarán a cobrar el 5 de octubre

abc.es, 27/09/2012

Empleo afirma que el 67% de los beneficiarios del programa no trabajó ni un solo día y solo el 18% lo hizo más de dos meses

 

Ya hay fecha para que los beneficiarios del nuevo Programa Prepara cobre sus ayudas. Los parados de larga duración que hayan agotado sus prestaciones comenzarán a cobrar sus asignaciones a partir del 5 de octubre, según anunció ayer la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, durante su comparecencia en la comisión del ramo en el Congreso.

 

Así, ha indicado que la primera nómina tras la prórroga del programa autorizada por el Consejo de Ministros en agosto se recibirá el 5 de octubre, y ha explicado que este «retraso en el pago» se debe a que la ayuda está configurada como una subvención, no como una prestación, por lo que el procedimiento lleva «mucho más tiempo».

 

«No se paga de forma automática con vencimiento mensual, sino que tiene un trámite de fiscalización previa, hay que contabilizar y tramitar dos actos distintos y el abono es por habilitación. Además, antes de pagar hay que verificar que se han dado todos los supuestos para otorgar la subvención», ha explicado Hidalgo, recordando que fue el PSOE el que configuró la ayuda de esta manera y defendiendo que el «decalaje» en el pago es «el mismo en todas las nóminas desde marzo de 2011».

Por otra parte, la secretaria de Estado explicó cómo se hará compatible el cobro inmediato de la ayuda con el nuevo requisito de demostrar que ha habido una búsqueda de empleo activa durante al menos un mes. Así, una Instrucción dictada por el Ministerio de Empleo indica que «las comunidades tendrán un mes para hacer los itinerarios personalizados de atención», tiempo durante el cual se deberá demostrar la búsqueda activa de empleo. «La ayuda siempre se reconocerá con la fecha en que se presente la solicitud», añadió.

 

Resultados pobres

No se puede decir que el objetivo último del Plan Prepara, lograr que los desempleados encuentren un empleo, se haya saldado con éxito. Según explicó la secretaria de Estado de Emploe, el 67% de los beneficiarios del Plan Prepara durante su anterior edición -hasta mediados de agosto- no trabajó ni un solo día durante los seis meses que dura la ayuda, y sólo el 18% accedió a un puesto de trabajo durante más de dos meses.Asimismo, aseguró que «el 67% de los beneficiarios del Prepara no estuvieron ocupados durante la duración del programa ni un solo día, el 8% estuvieron ocupados menos de un mes y sólo el 18% accedió a un puesto de trabajo más de dos meses». «La gran mayoría no consiguió ocupación y, quienes lo lograron, accedieron sólo a trabajos de corta duración», resumió.

 

El Gobierno utilizará el fondo de reserva para pagar las pensiones

cincodias.com, 27/09/2012

El Consejo de Ministros ha aprobado los presupuestos para 2013. Como parte del plan del Gobierno se aprobarán hasta 43 leyes para dinamizar la economía y se tocará por primera vez el fondo de reserva de la seguridad social para "cumplir con las necesidades de tesorería".

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno aprobará un total de 43 leyes en los próximos meses para dinamizar la economía Española.

 

El Gobierno ha aprobado disponer, por primera vez, de 3.063 millones de euros del fondo de reserva de la Seguridad Social, la denominada hucha de las pensiones, para cumplir "una serie de necesidades de tesorería", ha anunciado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno ha decidido disponer de "un porcentaje pequeño de excedentes" afectos al sistema de Seguridad Social a través del fondo de reserva.

 

En materia de empleo, el Consejo de Ministros también ha aprobado un real decreto que regula la Comisión Consultiva Nacional de convenios colectivos, que desarrolla la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo, el "último recurso" para acabar con el bloqueo que pueda producirse entre empresa y trabajadores cuando no haya acuerdo en la aplicación de los convenios.

 

El Gobierno ha reiterado una vez más su compromiso con el cumplimiento del objetivo de déficit público. La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que se trata de unos presupuestos "hechos en tiempos de crisis para salir de la crisis". Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que pretenden evitar "las dudas sobre la sostenibilidad de España".

 

Más dinero para pensiones, becas e intereses

Las pensiones, las becas y los intereses de la deuda son las únicas partidas de los presupuestos generales del Estado para 2013 que se incrementan, según ha anunciado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta ha explicado que el 63,6% del gasto se destinará a partidas sociales.

 

Asimismo, ha explicado que el 58% del ajuste previsto en las cuentas se hará por el lado del gasto, en tanto que el 48% vendrá por los ingresos.

 

En materia de pensiones, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el Gobierno presentará en la comisión del Pacto de Toledo, antes de fin de año, reformas en la jubilación parcial y la anticipada para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal. El Ejecutivo pretende también analizar el factor de sostenibilidad para adecuar las pensiones a la esperanza de vida.

 

Guindos también ha dicho que el Ejecutivo aprobará antes de diciembre una estrategia de empleo juvenil y un contrato para la formación y el aprendizaje, el denominado sistema dual, para "acercar la formación al puesto de trabajo".

 

El ministro de Hacienda ha anunciado que las pensiones se actualizarán con el IPC y que subirán un 1% en el año 2013.

Asimismo, se aprobará un plan que incentivará la cooperación público-privada de los servicios de empleo.

 

 

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