La Justicia de la UE limita la aplicación del salario mínimo

El Tribunal Europeo considera, en una sentencia de 18 de septiembre de 2014, que el salario mínimo establecido en el marco de la adjudicación de contratos públicos no puede extenderse a los trabajadores de un subcontratista establecido en otro Estado miembro, cuando dichos trabajadores ejecutan el contrato en ese Estado.

 

La ponente, la magistrada Alexandra Prechal, precisa que el Derecho comunitario se opone a la aplicación de una normativa del Estado miembro de una entidad adjudicadora que obliga a ese subcontratista a pagar a los citados trabajadores un salario mínimo fijado por dicha normativa.

 

Carga económica adicional

Razona la magistrada que imponer una remuneración mínima a los subcontratistas de un licitador, establecidos en otro Estado miembro en el que los salarios mínimos son inferiores, constituye una carga económica adicional que puede impedir, obstaculizar o hacer menos interesante la ejecución de prestaciones en ese otro Estado miembro.

 

Aunque, en principio, el Tribunal de Justicia de la UE estima en este caso que una normativa que pretende garantizar que se pague a los trabajadores un salario adecuado, a fin de evitar el dumping social y la penalización de las empresas competidoras que conceden un salario suficiente a sus empleados, no es adecuada para alcanzar ese objetivo si no hay indicios que permitan suponer que los trabajadores empleados en el sector privado no necesitan la misma protección salarial que los empleados en el marco de contratación pública.

 

Resuelve la magistrada que, en cualquier caso, la normativa nacional controvertida resulta desproporcionada, dado que su ámbito de aplicación se extiende a una situación en la que los trabajadores ejecutan un contrato público en un Estado distinto del de la entidad adjudicadora y en el que la cuantía del salario mínimo es inferior.

 

En el caso en litigio, una Ley del Land de Renania del Norte-Westfalia (Alemania) establece que determinados contratos públicos de servicios sólo pueden adjudicarse a empresas que, en el momento de presentar la oferta, se hayan comprometido a pagar a su personal un salario mínimo por hora de 8,62 euros en contrapartida por la ejecución de la prestación.

 

Al imponer un salario mínimo fijo que corresponde al necesario para garantizar en Alemania una remuneración adecuada a los trabajadores en relación con el coste de la vida en ese país, pero que no guarda relación con el coste de la vida en el Estado miembro en el que se llevarán a cabo las prestaciones relativas al contrato público de que se trata (en este caso, Polonia).

 

Por ello, concluye la magistrada en su sentencia, en este caso se privaría a los subcontratistas establecidos en ese Estado miembro de la UE de obtener una ventaja competitiva de las diferencias existentes entre las cuantías de los salarios respectivos, una normativa de este tipo va más allá de lo necesario para garantizar que se consiga el objetivo de la protección de los trabajadores.

 

La medida de protección salarial controvertida en el litigio tampoco puede justificarse a la luz del objetivo de estabilidad de los regímenes de la seguridad social.

 

En efecto, considera la magistrada Prechal que no resulta tampoco sostenible que la aplicación de esta medida a los trabajadores polacos afectados sea necesaria para evitar un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social alemán.

 

 


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