España destinará 6.148 millones de euros del Fondo de Reserva al pago de las pensiones

España utilizará 6.148 millones de euros del Fondo de Reserva para financiar el pago de las pensiones, ha anunciado hoy la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. La ministra insiste en que las pensiones pueden subir más que el mínimo estipulado el año que viene (un 0,25%) "si se acuerda en el Parlamento".

 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que regula el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones para desligarlas del IPC.

 

La ministra ha comparecido a petición propia en la Comisión no permanente de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para explicar este texto legislativo, que fue aprobado el viernes por el Consejo de Ministros e inicia ahora su trámite parlamentario.

 

Los recursos del Fondo de Reserva ascienden ahora a 59.385 millones de euros, un 5,77% del PIB. En 2016 habrá acumulado un déficit de unos 36.500 millones de euros, a pesar de que cuando concluya este ejercicio se dispondrá de 6.148 millones de euros adicionales.

 

En los tres próximos meses "y antes de que concluya 2013", la Seguridad Social dispondrá de este montante para hacer frente al pago "puntual" de las pensiones, aunque a lo largo de este mismo martes se dispondrá el uso de 720 millones de la 'hucha de las pensiones' para "atender necesidades de Tesorería".

 

El Gobierno reclama "un debate amplio, plural y leal sobre la situación presente y futura del Sistema de Seguridad Social". Entre 2012 y 2013 se habrán consumido cerca de 24.000 millones de euros de las reservas, advierte.

 

"Las cifras ilustran claramente las amenazas de carácter económico a las que se enfrenta en el medio plazo el sistema público de pensiones en España, en un momento en que el sistema acumula una pérdida de 3.165.363 afiliados ocupados desde el máximo de afiliación ocupada en julio de 2007, con 19.493.050 personas", subraya el Gobierno.

 

El Sistema ha perdido más de un 16% de los cotizantes que llegó a tener hace seis años. En este mismo periodo se han incorporado más de 500.000 nuevos pensionistas.

 

No obstante, Báñez ha insistido hoy en que las pensiones pueden subir más del 0,25% en 2014 si así se decide en el Parlamento durante la tramitación del proyecto de ley, según adelantó ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

 

En el caso de que el proyecto de ley de pensiones sea "modificado" en el trámite parlamentario, "como es lógico" los Presupuestos se adaptarán a ello. "Es la hora de las propuestas y estamos abiertos al debate y al diálogo", ha destacado Báñez. "El Gobierno está abierto a debatir sobre este asunto y espera las propuestas de los grupos parlamentarios".

 

La esperanza de vida fijará las cuantías

La ministra ha recordado que entre 2012 y 2013 se habrá usado un total de 23.631 millones de euros -4.980 millones del fondo de las mutuas y 18.651 millones del fondo de reserva-, una cantidad que ha dejado la hucha de las pensiones en 59.350 millones de euros.

 

Como forma de disminuir esta merma de recursos, el Gobierno ha diseñado el llamado factor de sostenibilidad, por el que se fijarán las pensiones a partir de 2019.

 

La fórmula se basa en la evolución demográfica, a la que se condiciona el importe de las nóminas de los pensionistas. Es decir, que si ahora los españoles viven más años de media -se ganan 16 meses de esperanza de vida cada 10 años-, la cuantía de la pensión debe modularse en función del tiempo en que se vaya a recibir.

 

Para ello, se aplicará un factor que empezará a funcionar en 2019 y se revisará de forma automática cada cinco años. Dicho factor se aplicará una sola vez a las nuevas pensiones. Es decir, actúa sólo sobre la primera pensión a partir de 2019. Báñez ha destacado que será suficiente con que la base media de cotización crezca por encima del efecto de esa diferencia de vida sobre la cuantía de la pensión para que la pensión media real aumente.

 

Además, recuerda, no afectará a las pensiones mínimas, que seguirán siendo complementada "de acuerdo con lo que año a año establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

 

Según los cálculos del Gobierno se prevé que en 2022 haya seis personas potencialmente inactivas por cada diez personas en edad de trabajar. En 2040, por cada persona en edad de trabajar habrá otra en edad de no hacerlo, mientras que en 2050 los mayores de 65 años representarán el 37% del conjunto de la población, 20 puntos porcentuales sobre el 17% actual.

 

En paralelo a la definición del factor de sostenibilidad, el anteproyecto de ley de reforma introduce el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones, que tendrá en cuenta la ‘salud’ del sistema de pensiones para revalorizarlas y no otras variables "arbitrarias".

 

Este nuevo índice, que entra en vigor el año que viene, permite la actualización de las pensiones teniendo en cuenta el estado de las cargas públicas. Establece un incremento mínimo del 0,25%, incluso en momentos de recesión económica -el cual se aplicará a partir del 1 de enero de 2014, tal como se confirmó ayer-, y uno máximo, igual a la variación anual del IPC más 0,25%.

 

"La política económica del Gobierno tiene entre sus objetivos facilitar la contención del alza de precios para a eliminar este diferencial de inflación, e incluso a reducirlo, de forma que se compense la competitividad perdida", señala el departamento que dirige Báñez en un comunicado.

 

Los sindicatos y el CES critican el proyecto de Báñez

Mientras Báñez ha comparecido en el Hemiciclo, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han entregado un manifiesto para denunciar estos "recortes". Le exigen que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a través de su revalorización anual, tal como estaba hasta ahora, ligada a la evolución anual de los precios al consumo.

 

Ambas organizaciones sindicales creen que la reforma favorecerá el empobrecimiento progresivo de los pensionistas. "El número de hogares con todos sus miembros en paro que sobreviven gracias a la pensión de un jubilado se ha triplicado desde 2008 y asciende ya a más de 300.000", recuerdan en un comunicad.

 

La nueva fórmula de revalorización de las jubilaciones también suscitado las críticas del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en el que participan los agentes sociales.

 

En su dictamen, aprobado el jueves pasado, concluye que podría dar lugar a una pérdida de poder adquisitivo en tiempos de crisis que "en principio" no llegará a recuperarse cuando el sistema vuelva a superávit y llama al Gobierno a "reconsiderar" la reforma, aunque la ministra ha recordado hoy al organismo que sus conclusiones no son vinculantes para el Gobierno.

 


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