La falta de prevención agrava las sanciones a las empresas

A pesar de que el Código Penal (tras la última reforma), la Ley de Riesgos Laborales y la Ley Orgánica de Protección de Datos contemplan unas multas muy elevadas por las conductas delictivas a través del uso de las nuevas tecnologías en la empresa, la crisis económica ha llevado a que las empresas relajen sus controles y disminuyan sus seguros de responsabilidad civil.

 

"La ausencia de controles y la atmósfera de anonimato, a priori más acentuada en la pequeña y mediana empresa (pyme), son elementos criminógenos relevantes que están relacionados directamente con el entorno inmediato del trabajador", según se afirma en el Estudio sobre la gestión de personas y recursos tecnológicos para prevenir conductas abusivas y delictivas en la empresa, publicado por Ribas y Asociados.

 

Un 74% de las empresas encuestadas considera que detecta, como mínimo, los casos más graves de incumplimiento y que los daños en ningún caso superan los 3.000 euros por incidente.

 

Sin embargo, los riesgos más graves asociados al mal uso de los recursos tecnológicos entrañan la fuga de datos confidenciales, tanto de la empresa como de posibles clientes. Entre los delitos fundamentales se encuentran las actuaciones de competencia desleal; los daños informáticos; el mal uso o revelación de información confidencial; las amenazas, injurias o calumnias; la infracción de la propiedad (por ejemplo, las descargas ilegales); el acceso a contenidos de pornografía infantil; acoso moral o sexual a otros trabajadores; el uso para fines particulares de medios profesionales (con absentismo o daños a la reputación de la empresa; la suplantación de personalidad; o la denegación de servicios por acceso a servidores ajenos a la empresa).

 

Muchas empresas se han dotado de un protocolo de actuación, pero éste "no les exime de responsabilidad por las actuaciones delictivas de sus trabajadores, si no pueden demostrar que previenen y combaten activamente este tipo de delincuencia tecnológica", explica Javier Ribas, socio director del bufete Ribas y Asociados.

 

La situación jurídica es muy similar a la del blanqueo de capitales, en la que la actitud de la empresa influye en la gravedad del delito y, por tanto, en su sanción.

 


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