La cotización de los pagos en especie se ceba en los sueldos medios y bajos

La existencia de un tope máximo de cotización hace que la nueva medida que grava los pagos en especie incida más en los trabajadores de sueldos medios y bajos que en los de salarios más altos. Ello se debe a que a partir del tope de 43.164 euros brutos de sueldo al año, cualquier retribución adicional no deriva en incrementos de la cuota

Así, ante una retribución en especie del mismo importe -por ejemplo, unos cheques restaurante- un trabajador con un suelo inferior a 43.164 euros brutos cotizará en su integridad por la percepción, mientras que un trabajador cuyo salario rebase esa cantidad no devengará pagos adicionales en su cotización, porque ya contribuye con el tope máximo.

 

El Congreso votará y, previsiblemente, aprobará esta tarde el Real Decreto de medidas "para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores", que incluye la obligatoriedad de que empleados y empresas coticen a la Seguridad Social por los pagos en especie (cheques guardería, ticket restaurante, ayudas al transporte, seguros médicos o planes de pensiones, entre otros).

Ahora que la economía española trata de salir del túnel y que el mercado de trabajo empieza a dar leves síntomas de mejora, los expertos consultados por elEconomista inciden en que la nueva medida afectará principalmente a los sueldos medios y y bajos, es decir, a aquellos empleados que por su salario se encuentran por debajo de la base máxima de cotización, con un sueldo bruto anual inferior a 43.164 euros brutos.

Esto es así porque todo el salario que quede por encima de esa base máxima, incluidos los pagos en especie, estará exento de cotización y, por tanto, no se verá tan afectado como un sueldo medio, que deberá tributar por todo lo percibido, al estar por debajo del tope máximo cotizable. Por segundo año consecutivo, el Gobierno elevó en 2014 la base máxima del Régimen General un 5%, situándola en 3.597 euros al mes.

Los mismos expertos recuerdan, a la vez, que no es tan habitual que un directivo cobre vales de comida o de transporte, que suponen un tipo de beneficio que las empresas pactan con sus trabajadores a través de los convenios para, de alguna forma, mejorar sus condiciones al margen del sueldo. Son derechos adquiridos.

Ana Godino, socio de Sargardoy Abogados, recuerda que los directivos cuentan, en la mayoría de los casos, con un sistema de retribución flexible que incluye esos pagos en especie (que estaban mejor considerados desde el punto de vista de la Seguridad Social). Esto implica que la medida también les afecta, estén o no incluidos en el convenio de su empresa, simplemente por encontrarse dentro del Régimen General. Sin embargo, en tanto que sus sueldos son más elevados y operan con topes, el impacto sobre este colectivo es menor.

Godino pone el foco de atención en otro punto clave, que está siendo muy cuestionado por empresarios y trabajadores.

Planes de pensiones

Se refiere a los planes de pensiones de empresa, "en tanto que no dejan de ser una mejora del sistema de previsión social que el trabajador no se lleva consigo cuando termina su relación con la compañía".

Así, y de acuerdo con la nueva ley, puede darse el caso de que la empresa esté haciendo aportaciones a ese sistema por un trabajador, que el empleado en cuestión cotice por ellas y que cuando, pasado un tiempo, finalice su relación con la empresa y no pueda llevarse ese plan de pensiones, pese a haber estado tributando por él.

Otros analistas inciden en que la nueva ley puede dinamitar algunos convenios colectivos firmados. Sin contar con el impacto económico que la cotización de los pagos en especie supone para el bolsillo del trabajador y para las empresas.

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Terciado, elevó ayer a 2.500 millones el coste global para los empresarios de las últimas medidas que Empleo ha adoptado en materia de cotización. Terciado lamentó que el Gobierno adopte medidas sin dar margen de reacción a las empresas, que ya tienen planificada su estrategia anual, y lo consideró un ejemplo evidente de "inseguridad jurídica". Además, reclamó que leyes como ésta se discutan antes con sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social y se mostró esperanzado en que otro Real Decreto Ley enmiende esta situación.

Mientras, la organización de autónomos UPTA solicitó por escrito a los grupos parlamentarios que propongan la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto, lo que permitiría abordar modificaciones parciales del texto, "que lo mejoren y lo hagan más equilibrado", según su secretario general, Sebastián Reyna.


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