El Gobierno recorta a la mitad el salario de los funcionarios que estén de baja

El pasado 14 de julio se publicó en el BOE el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. En el artículo 9 se establecían cambios sustanciales en el régimen de bajas por enfermedades comunes, con el fin de controlar el elevado absentismo laboral en la función pública, que ayer entraron en vigor.

 

El texto limita al 50% el sueldo a percibir en los tres primeros días de baja, al 75% entre el cuarto y el vigésimo y al 100% a partir del vigésimo hasta el nonagésimo.

 

"Se trata de una medida injusta y arbitraria, porque parte del prejuicio erróneo de que los empleados públicos tienen mayor absentismo que los trabajadores del sector privado y les penaliza por el hecho de caer enfermos. Además, tendrá un efecto mínimo en las cuentas públicas porque las personas que lo necesiten seguirán yendo al médico y cogiéndose la baja, como no puede ser de otra manera, en un país moderno y desarrollado", destacó ayer el sindicato en una nota.

 

La central sindical recordó ayer que gracias a las presiones y a las conversaciones mantenidas con posterioridad a la tramitación del decreto con los distintos grupos parlamentarios se ha conseguido limitar esos recortes.

 

"Se ha logrado que a los pacientes en tratamientos crónicos no se les aplique esta disposición, dado que el tratamiento y las revisiones periódicas supondrían una penalización económica al enfermo por el mero hecho de serlo", recuerda. Fuera de los recortes también han quedado aquellos trabajadores en los que la incapacidad temporal implique intervención quirúrgica u hospitalización, tratamiento de radioterapia y quimioterapia o en el caso de que la empleada pública se encuentre en estado de gestación.

 

2.741 millones de ahorro en dos años

Otra de las medidas incluidas en ese decreto fue la reducción de los moscosos (días de libre disposición) de seis a tres al año y la supresión definitiva de los canosos (días de libranza por antigüedad). En concreto, durante el próximo ejercicio está previsto un ahorro de 534 millones de euros por la supresión de los moscosos y de otros 856 millones por la supresión de los canosos. En total, 1.390 millones de euros. Por su parte, el ahorro estimado para 2014 se eleva a 1.351 millones de euros entre los moscosos (519 millones de euros) y canosos (832 millones), según constaba en una respuesta escrita del Gobierno a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, hecha pública la semana pasada. En total, el ahorro logrado se elevaría a 2.741 millones de euros en dos ejercicios.

 

Los sindicatos consideran que la reducción de moscosos apenas supondrá un ahorro mientras que recuerdan que los canosos (días de libre disposición por trienio acumulado) no era un privilegio recogido en sus estatutos, sino una compensación por la prolongada congelación de los salarios públicos.

 

 


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