Déficit récord en la Seguridad Social

El Gobierno contó este lunes a Bruselas —no tenía más remedio— lo que ha escamoteado al Congreso en los últimos tres meses. El déficit cero que había presupuestado para la Administración de la Seguridad Social este año es ya otra cosa, mucho más fea: a dos meses del cierre del ejercicio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy admite que el agujero por pensiones y prestaciones por desempleo se irá a los 10.500 millones, un desfase sin precedentes. Y esta vez no podrá aducir que el repunte del déficit le pilló por sorpresa: nada más presentar las cuentas de 2012, a finales de marzo, numerosos expertos le advirtieron de que, en la Seguridad Social, nada cuadraba.

 

Los indicios de que las cotizaciones no bastaban para cubrir el gasto en pensiones, de que el presupuesto para pagar prestaciones por desempleo no iba a ser suficiente, se agolpan. El impacto de la recesión en las cuentas de la Administración de la Seguridad Social fue uno de los argumentos que llevó a la Comisión Europea a relajar el objetivo de déficit español para 2012, del 5,3% al 6,3% del PIB. Pero el Gobierno se resistió panza arriba a asumir que la Seguridad Social incurría en un abultado déficit, material inflamable ante la opinión pública.

 

A finales de julio, cuando propuso el techo de gasto de 2013, Hacienda eludió variar los objetivos de déficit de este año. Luego, cuando envió a Bruselas el plan presupuestario bienal o cuando aprobó el proyecto de Presupuestos de 2013 (hace menos de un mes), soslayó la cuestión al presentar los saldos previstos de la Administración central y la Seguridad Social de forma conjunta.

 

En paralelo, el Gobierno tiraba del dinero sobrante de la gestión de las mutuas y del Fondo de Reserva para financiar las pensiones (más de 7.000 millones). O admitía que deberá ampliar el presupuesto para prestaciones por desempleo en 2.800 millones.

 

Las exigencias informativas de Eurostat, la oficina estadística de Bruselas, acaban con la ceremonia de la confusión. El Gobierno español asume que será la Seguridad Social la que se quede con el margen de déficit (un 1% del PIB más) que le concedió la Comisión para 2012. El mensaje para comunidades y Ayuntamientos es otro: para ellos, los estrictos objetivos de déficit (-1,5% y -0,3% respectivamente) no cambian.

 

Eurostat confirma lo ya anticipado por el Gobierno a finales de septiembre: las pérdidas contabilizadas por ayudas públicas a la banca elevan en 16.660 millones el déficit de 2011 y 2012. Y aportan, como no, alguna sorpresa adicional: el déficit de 2010 se revisa del 9,3% al 9,7% por gastos de las comunidades autónomas que han aflorado ahora al acogerse al fondo para pagar facturas pendientes a proveedores.

 

Con la última revisión de Eurostat, el déficit público en 2011 queda en el 9,44% del PIB. El camino recorrido hasta aquí es tortuoso pero siempre cuesta abajo. El Gobierno socialista aseguraba que el objetivo inicial pactado con Bruselas para 2011 (un desfase del 6%) era alcanzable. A finales de diciembre, el nuevo Ejecutivo de Rajoy (PP) acusó a los socialistas de engaño —aunque el desvío se debió a las comunidades— y elevó el saldo negativo al 8%. En marzo, el déficit se estiró al 8,5% por las facturas que varias comunidades sacaron del cajón para acogerse al fondo de proveedores. Y, por la misma razón, llegó al 8,9% a finales de mayo. Un cambio en la valoración del PIB y, sobre todo, las ayudas a la banca explican el sprint final al 9,44%.

 

Solo Irlanda (13,4%) y Grecia (9,4%) presentan números rojos más abultados o similares en sus saldos presupuestarios de 2011 dentro de la UE. En el nivel de deuda pública, España cerró por debajo del 70% del PIB el año pasado, pero se aupará al 85% en 2012.

 

Con las pérdidas por las ayudas a la banca, el déficit previsto por el Gobierno para este año pasa del 6,3% comprometido al 7,3%. El Ejecutivo del PP mantiene que este último desfase no se tendrá en cuenta en el plan de ajuste pactado con Bruselas por ser un gasto que no se repetirá en 2013. “Reconocemos la naturaleza inevitable y única de estos gastos”, concedió un portavoz de la Comisión, que revelará en noviembre si se cree las cuentas de Rajoy. Lo que sigue siendo una incógnita es si, para entonces, Bruselas (y los jubilados españoles) sabrán ya si el Gobierno actualiza las pensiones por el alza de la inflación.

 


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