Resumen de Prensa Semanal

Semana 44

29/10/2012 al 04/11/2012

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Las prejubilaciones cuestan 10.000 millones al Estado

cincodias.com, 29/10/2012

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado hoy en el Consejo de Ministros tres informes que instan al endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación parcial y a la anticipada, así como al establecimiento de incentivos para compatibilizar salario y pensión tras cumplir la edad de jubilación. Según sus cifras estas modalidades de retiro cuestan 10.000 millones al Estado.

 

En España hay 382.900 jubilados anticipados, con una pensión media de 1.356 euros al mes, lo que supone un coste total 7.288 millones para la Seguridad Social. Además, hay otros 120.950 jubilados parciales, con una prestación media aún mayor, de 1.588 euros mensuales, con un coste total para las arcas públicas de 2.690 millones. La delicada situación financiera de la Seguridad Social -con un déficit previsto para este año de 10.500 millones- ha llevado al Gobierno a elaborar una propuesta para limitar el acceso a estas costosas modalidades de jubilación.

 

Estas propuestas están detalladas en tres informes que ha llevado hoy al Consejo de Ministros la titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y que el Gobierno enviará la semana que viene a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para intentar consensuar allí entre todos los grupos políticos las novedades legales en materia de prejubilaciones.

 

Báñez, que no precisó cuáles son las iniciativas de su Departamento en estas materias, sí criticó por ejemplo que el acceso a la jubilación parcial esté fijada en 61 años frente a los 63 de las jubilaciones anticipadas voluntarias, y que el periodo de cotización exigido sea de 30 años frente a los 33 de las anticipadas. De esto se deduce su intención de, por lo menos, proponer que los requisitos de acceso al retiro parcial sean los de la parcial, más duros. Si bien, fuentes gubernamentales han informado a Cinco Días que Empleo llega a proponer en estos informes incluso la desaparición de la jubilación parcial.

 

Además de este endurecimiento de las prejubilaciones, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, presentará al Pacto de Toledo, nuevos incentivos para que los trabajadores sigan en activo más allá de la edad legal de jubilación (ahora 65 años) compatibilizando el salario de un empleo y la pensión. Para ello, Báñez sugirió la posibilidad de establecer para estos casos los actuales incentivos para aquellos que siguen trabajando sin jubilarse (y, por lo tanto sin cobrar la pensión) que suponen mejoras de la pensión entre un 2% y un 3%.

El Gobierno penaliza el despido colectivo de trabajadores de más de 50 años

elperiodico.com, 29/10/2012

Las empresas de más de 100 trabajadores que hayan obtenido beneficios en los dos últimos años y que acomentan un procedimiento de despido colectivo sufrirán una penalización por cada uno de los trabajadores de más de 50 años incluido en el expediente de regulación de empleo (ERE). Según el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, estas empresas deberán abonar al Estado en un plazo máximo de 45 días el importe correspondiente a las pestaciones por desempleo, cotizaciones sociales y posteriores subsidios que pudiera llegar a percibir ese trabajador despedido de más de 50 años.

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el objetivo de esta medida es evitar que las grandes empresas trasladen al Estado parte de los costes de reestructurar sus plantillas así como "no desperdiciar esa fuerza de trabajo y esa experiencia" de los trabajadores con edad superior a los 50 años.

EDAD REAL DE JUBILACIÓN

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha añadido que otro de los objetivos de esta medida es la de "intentar acercar la edad real de jubilación a la edad legal". Según los datos aportados por Báñez, la edad real de jubilación es de 63,6 años por efecto de las jubilaciones anticipadas voluntarias o forzosas, frente a la edad legal de 65 años, que se ampliará a 67 años de forma paulatina en el 2027.

 

La ministra ha criticado la práctica por la que, durante los años de bonanza económica, las grandes empresas acometieron ERES preventivos en los que se redujeron plantillas a base deprejubilaciones a cargo de las prestaciones por desempleo y de convenios con la Seguridad Social. "No estamos impidiento que las empresas tomen decisiones de reducir plantilla, pero lo que no puede ser es que eso cause un coste al Estado cuando esas empresas tienen más de 100 trabajadores y generan beneficios". 

 

Las nuevas restricciones a las prejubilaciones de empresas con beneficios serán aplicables a procedimientos iniciados a partir del 27 de abril del 2011, fecha de la primera reforma en esta dirección acometida por el anterior Gobierno socialista que afectaba a empresas de más de 500 trabajadores que incluyeran en sus despidos colectivos a más de 100 trabajadores de más de 50 años.

DESPIDOS COLECTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO 

El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy el reglamento que desarrolla el procedimiento de despido colectivo previsto en la reforma laboral adoptada por el Gobierno del PP. En el sector público, los expedientes de despido colectivo solo podrán aplicarse en empresas y entes cuya financiación pública no llegue al 50% de sus ingresos.

 

Además, la ministra Báñez ha anunciado que el Gobierno llevará la semana que viene a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo un informe sobre la jubilación anticipada y la jubilación parcial en España y sobre la compatibilidad entre salario y pensión.

ENDURECER LA PREJUBILACIÓN

El objetivo, según la ministra es, de nuevo, acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Para ello, el informe del Gobierno apuntará en la dirección de elevar la edad actual a partir del cuál es posible acogerse a la prejubilación forzosa (61 años) o voluntaria (63 años). La ministra también ha apuntado la cnveniencia de elevar el actual periodo mínimo de cotización para acogerse a la prejubilación (33 años) y de endurecer los coeficientes reductores de la prestación aplicables a quienes se acojen a la prejubilación.

 

Según los datos apuntados por Báñez, en la actualidad una de cada dos altas de jublación es anticipada. Este colectivo ha aumentado el 31% desde el inicio de la crisis y su pensión inicial media ha pasado de 591 euros en el 2002 a 923 euros en el 2011. Según los datos del Ministerio de Empleo, en la actualidad hay 338.900 prejubilados en España, con una prestación media de 1.356 euros, que generan un coste al Estado de 7.288 millones de euros.

El Gobierno pondrá límite a las indemnizaciones de los directivos

lavanguardia.com, 29/10/2012

La cuantía que exceda de 6 meses de salario se gravará con un tipo del 75% | Cada uno de los salarios de directivos será aprobado por la junta general | El paro y los abusos han ahondado la brecha social en España desde el 2007.

 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha propuesto a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos limitar drásticamente las indemnizaciones por despido o cese de actividad que cobran los ejecutivos de las empresas privadas, cotizadas o no. Estas retribuciones se verán limitadas a 6 meses de salario y lo que exceda de esta cantidad tendrán que pagar un 75% a Hacienda. Es decir, se les aplicará el tipo máximo del Impuesto de Patrimonio.

 

Esta medida, que ya está muy avanzada, será aprobada en un próximo Consejo de Ministros y trata de equilibrar las diferencias con la drástica reducción por despido del resto de trabajadores tras la reforma laboral. No sólo se quiere evitar el agravio comparativo, ya que estas indemnizaciones han llegado a los 24 millones, sino evitar desigualdades ante nuevos sacrificios de austeridad.

 

No se trata de una medida aislada, sino de una pieza más en una serie de decisiones dirigidas a limitar los fuertes abusos que se venían registrando en determinadas empresas. La reforma laboral prohibió los contratos blindados de alta dirección, después se limitaron los salarios y las indemnizaciones a directivos de empresas públicas y entidades financieras que habían recibido dinero público. Ahora se trata de reequilibrar el abanico salarial que se ha ampliado desde el inicio de la crisis.

 

El objetivo último es frenar la fuerte desigualdad que está produciendo la recesión. Las diferencias sociales provocadas por el paro y la dispersión salarial han hecho perder a España los avances logrados para reducir la diferencia entre ricos y pobres y que motivó una mención especial de la OCDE en su informe Growing Unequal. La Comisión Europea ha denunciado el ahondamiento de la brecha social con un índice de pobreza infantil entre los más altos de la UE a causa del desempleo de los padres jóvenes. Sin embargo, el dato más inquietante es el aumento en casi tres puntos registrado desde el inicio de la crisis en el coeficiente Gini –indicador reconocido por Eurostat que mide la desigualdad a partir de la renta disponible de los hogares–, que ha superado al aumento en los países intervenidos.

 

Las remuneraciones de la alta dirección han creado una fuerte polémica entre quienes defienden que deben estar “topadas” y quienes creen que deben establecerlas libremente los propietarios de las empresas. Esta es la razón por la que nueva normativa fijará la obligatoriedad de que los salarios de la alta dirección de las empresas cotizadas sean aprobados obligatoriamente por la junta general de accionistas de forma nominal e individualizada.

 

Hasta ahora los grandes ejecutivos han evitado dar a conocer sus retribuciones amparándose en el derecho a la intimidad. Por eso bastaba dar a conocer la retribución del consejo o la alta dirección en su conjunto. Ni los códigos éticos, ni la Ley de Economía Sostenible (LES) aprobada por el gobierno socialista han logrado avanzar en la transparencia para frenar los excesos. Precisamente han sido los abusos cometidos por los directivos de las cajas los que han provocado una nueva reacción del Gobierno.

 

Esta normativa, según los primeros borradores, supone extender al sector privado las restricciones que se aprobaron en febrero para el sector público. “Una indemnización no superior a siete días de salario fijo en metálico por año de servicio, con un máximo de seis mensualidades”, según la disposición adicional séptima del Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero, de Reforma Laboral. En marzo se extendieron esta limitaciones a los directivos de bancos intervenidos, pero en agosto se decidió dejar fuera a los bancos absorbidos.

 

Pero el salario de los grandes ejecutivos privados sigue siendo un misterio para los accionistas y mucho más aún lo son los acuerdos pactados en el golden handshake (despido dorado) de los grandes ejecutivos. Se trata de controlar fiscalmente las desorbitadas aportaciones a los fondos de pensiones, que en 2011 superaron los 16 millones en las empresas del Ibex, que ni siquiera cotizaron a Hacienda.

 

El sistema de pensiones cerrará el año con un agujero de 7.000 millones

abc.es, 29/10/2012

La crisis está haciendo mella en las cuentas públicas. La destrucción de empleo continúa trimestre tras trimestre provocando una caída de las cotizaciones a la Seguridad Social y un aumento de las prestaciones por paro que hará imposible cumplir los objetivos de déficit de la Seguridad Social.

 

El Ministerio de Hacienda envió el pasado lunes a la Oficina de Estadísticas Europea, Eurostat, una previsión de cierre del año de las cuentas públicas en la que calcula que el conjunto de administraciones de la Seguridad Social -que incluye el sistema de pensiones, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial- tendrá este año unos números rojos de 10.500 millones de euros, en torno al 1% del PIB; frente al equilibrio que preveían los Presupuestos para 2012, y que el Gobierno mantenía hace apenas un mes, cuando presentó las cuentas del año 2013.

 

Según ha podido saber ABC, este desfase se debe fundamentalmente a los números rojos que arrojará el sistema de pensiones de la Seguridad Social, y que se situará en el entorno de los 7.000 millones de euros, siete décimas del PIB. Pero también se desviarán las cuentas del servicio público de empleo estatal, que tendrán un déficit de unos 3.000 millones de euros, tres décimas del PIB.

 

Caída del 73%

La ejecución del presupuesto de la Seguridad Social en lo que va de año ya apunta a esa desviación. Hasta agosto, el sistema público de pensiones tuvo un superávit de 2.721,08 millones de euros, un 43,52% menos que en el mismo periodo de 2011, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pero en términos homogéneos, sin tener en cuenta las transferencias del Estado, los ingresos no financieros reflejarían un descenso del 1,58% y el superávit sería de 1.280,59 millones de euros, un 73,42% menos que el registrado en el mismo periodo de 2011. Si tenemos en cuenta que el año pasado la Seguridad Social cerró con un mínimo déficit de menos de una décima, se entiende que en este ejercicio el cierre será mucho peor.

 

No obstante, en estos números rojos ya estaría prevista la posible revalorización de las pensiones para compensar la desviación de los precios, según fuentes consultadas. En todo caso, la decisión definitiva todavía no está tomada. Si se aplica la ley actual, el Gobierno tendría que actualizar las pensiones en casi 2,5 puntos, ya que las pensiones subieron en enero un 1% y el IPC podría situarse en noviembre en el entorno del 3,5%. El coste para las arcas públicas de esta desviación sería del entorno a los 5.000 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad, 2.500 millones, serían con cargo a los Presupuestos de este año 2012. Es la cantidad que correspondería a la paga que recibirían los pensionistas en enero para compensar por lo que no han cobrado en 2012.

 

Además, esta subida se consolidaría para 2013, con lo que los Presupuestos de ese año tendrían que hacer frente a un gasto de otros 2.500 millones de euros. Las exigencias europeas de cumplir el objetivo de déficit, el 6,3% del PIB para el conjunto de administraciones públicas este año, ha pospuesto la decisión final del Gobierno hasta el último momento, cuando sepa si realmente hay margen para hacer ese fuerte desembolso.

 

Algunas fuentes apuntan también que podría llevarse a cabo solo la revalorización de las pensiones más bajas, lo que reduciría considerablemente el coste de la actualización, o utilizar otro referente para subir las prestaciones, como podría ser el IPC sin impuestos.

 

Europa se opone de manera tajante a que se ligue la evolución de las pensiones al IPC, y quiere que España siga la línea de otros países de la Unión y use otros indicadores para actualizar las prestaciones como podría ser la evolución de la economía, de manera que se ajustara el gasto en momentos de crisis y se aumentara en época de bonanza. Además, el Gobierno ya se ha comprometido con la CE a diseñar el factor de sostenibilidad, que se convertiría en un mecanismo de ajuste automático tanto de la edad de jubilación como de la cuantía de las pensiones.

 

El fuerte aumento del desempleo es otra de las causas de la desviación de las cuentas de la Seguridad Social. En los Presupuestos de 2012, que el Gobierno aprobó el pasado mes de abril, se preveía una caída del gasto en prestaciones de paro del 5,5%, hasta los 28.805 millones de euros. Sin embargo, los hechos son tozudos y han desbordado las previsiones. En los ocho primeros meses del año el gasto en prestaciones por desempleo ha crecido en un 5,7%, hasta los 21.107,3 millones de euros. Si sigue creciendo a este ritmo el gasto superaría los 31.000 millones de euros, 3.000 millones más de lo previsto, y es precisamente esta cantidad la que el Ministerio de Hacienda ha tenido en cuenta a la hora de calcular el cierre del ejercicio que dio a Eurostat.

El sector público podrá despedir con sólo 20 días si ajusta el gasto un 5%

elconfidencial.com, 30/10/2012

El próximo Reglamento de Despido Colectivo va a marcar un antes y un después en el ajuste del sector público en España. Esta es la intención con la que los Ministerios de Hacienda y de Empleo trabajan actualmente para sacar adelante una normativa que facilitará los expedientes de extinción de contratos en todos los organismos del Estado con un máximo de 20 días de indemnización por año trabajado.Para ello, será condición objetiva que las entidades oficiales que deseen ajustar su personal laboral acrediten un esfuerzo fiscal equivalente a una reducción del 5% en sus presupuestos de gastos anuales.

 

Mientras Fátima Báñez anunciaba el pasado viernes el desarrollo de la Ley de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, su colega Cristóbal Montoro perfilaba los últimos retoques de un Real Decreto clave para entender las nuevas relaciones laborales de la Administración del Estado y que aparece hoy publicado en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno ha informado a los sindicatos de funcionarios del alcance de lo que se considera como una reforma estructural de segundo grado que equipara las condiciones del mercado de trabajo dentro del sector público con las que ya rigen en el sector privado. En definitiva, se trata de eliminar trabas y liberalizar las llamadas causas objetivas del despido para todo el personal laboral que los sindicatos calculan en torno a 700.000 trabajadores en toda España. Los funcionarios de carrera quedarán a salvo de la nueva regulación dado su singular régimen jurídico.

 

El decreto desarrolla la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral facilitando la aplicación de nuevos EREs en todos los organismos públicos, entidades o sociedades mercantiles bajo control mayoritario del Estado, así como en los ayuntamientos y autonomías. El reglamento incluirá una serie de garantías reforzadas en relación al sector privado, empezando por la exigencia de un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública. Asimismo, será necesaria la intervención de la Inspección de Trabajo cuando el programa de ajuste afecte a la Administración General del Estado o a las Comunidades Autónomas. También se amplían los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento deberá iniciarse por escrito y acompañarse de documentación exhaustiva sobre las causas que lo motivan.

 

En lo que respecta a las condiciones económicas exigidas en el sector público, el Gobierno ha previsto como referencia básica la certificación de los presupuestos del organismo o entidad interesada. Hacienda quiere promover estímulos que favorezcan el recorte de gastos en la Administración y para ello se plantea la necesidad de fijar un mínimo ajuste presupuestario como premisa esencial para llevar a cabo un recorte de plantilla en las mismas condiciones que tiene el sector privado cuando justifica la existencia de pérdidas económicas.

 

En el sector público, donde los ingresos vienen dados en gran parte por las subvenciones oficiales, la idea del Gobierno es que sólo se puedan abordar EREs con extinción de contratos a partir de una reducción de gastos presupuestarios del 5% en un año o del 7% en dos años consecutivos. Bajo estas condiciones objetivas económicas, la reforma laboral aprobada el pasado mes de julio se traslada con todas sus consecuencias al ámbito de la Administración del Estado en una medida inducida también por el objetivo esencial de la política económica de Rajoyque no es otro que reducir como sea el déficit público en España.

Tres de cada cuatro empresas han usado la reforma para despedir o bajar salarios

cincodias.com, 30/10/2012

El 73% de las empresas ha utilizado la reforma laboral para despedir, bajar el sueldo a sus trabajadores, o cambiarles de puesto, según una encuesta del bufete Sagardoy y el Grupo Adecco, que se centra sobre todo en las decisiones tomadas por las grandes empresas. En este sentido, este sondeo indica que uno de cada cuatro despidos siguen pagándose a más de 45 días.

 

Tres de cada cuatro empresas ha utilizado la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para despedir o modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de sus empleados (fundamentalmente para rebajarles el salario). Sólo el 27 de las compañías consultadas no han adoptado ninguna clase de medida de ajuste, ni piensa efectuarla en los próximos tres meses. Esta es una de las conclusiones extraidas de la primera encuesta hecha pública sobre el grado de utilización de la nueva normativa laboral, elaborada por el Sagardoy Abogados y el grupo de empleo temporal Adecco.

 

Desglosando las distintas medidas de ajuste facilitadas en la reforma laboral, la más utilizada fue la modificación de las condiciones laborales, empleada por el 43,4% de las compañías que respondieron a esta encuesta; siendo la bajada salarial la modificación a la que más recurrieron, según los autores del informe. Seguidamente, se situaron las medidas de ajustes a través de la movilidad funcional (reorganización de los puestos de trabajo), usada por el 40%. Y, en tercer lugar, el 37,1% despidió a trabajadores.

 

No obstante, este termómetro de la utilización de la reforma laboral se corresponde más con el uso que están haciendo de la nueva ley las grandes empresas que las pequeñas, ya que de las 2.500 compañías a las que consultaron, contestaron 273; y de estas, 234 fueron grandes empresas y las 38 restantes pymes, según ha precisado hoy uno de los responsables del estudio, Íñigo Sagardoy, durante su presentación.

 

Hecha esta precisión, los autores de este estudio resaltaron que la mayoría de las empresas no opta por una sola medida de ajuste sino por una combinación de varias de ellas. Así, del 37% de las compañías que declaran que han efectuado o piensan despedir trabajadores en los próximos tres meses, la mayoría de ellas (80%) acuden también a otras medidas de ajuste incluidas en la ley como las citadas bajadas salariales (ya sea por la vía de la modificación del artículo 41 o por el descuelgue del convenio de referencia); la movilidad funcional (cambio de puesto); la reducción de la jornada o la movilidad geográfica. Sólo el 20% restante no tomará más medidas que los despidos.

Economía anuncia un plan público-privado de apoyo a las pymes por 235 millones de euros

expansion.com, 30/10/2012

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha presentado hoy el programa de colaboración público-privada Innvierte, que cuenta con 234,5 millones de euros en compromisos de inversión para apoyar a pymes innovadoras.

 

 Economía ha explicado en un comunicado que parte de las inversiones comprometidas para la primera fase -83,5 millones de euros- corresponden a fondos públicos del programa, mientras que el resto son facilitadas por las siete grandes empresas colaboradoras.

 

En concreto, Telefónica aportará 26 millones de euros; Iberdrola y Agbar, 15 millones cada una; Caixabank, Repsol, FCC y Arteche, 12 millones cada una, y los 47 millones restantes los asumirán otros inversores públicos y privados.

 

El programa va dirigido ayudar a empresas de base tecnológica e innovadoras que presenten un "alto potencial de retorno", pero cuyo perfil de negocio implica asumir "cierto riesgo".

 

Así, las empresas colaboradores actuarán como "co-inversores privados" para ayudar a las pymes a conseguir un mejor acceso a los mercados, nuevos clientes y apoyo en su internacionalización.

 

Durante la presentación del programa, De Guindos ha destacado que el objetivo de la política del Gobierno es "situar a la economía española en los más altos estándares de competitividad" y que la colaboración público-privada es "la vía para el desarrollo de la sociedad".

El Gobierno aclara los supuestos en los que los parados podrán salir al extranjero

lavanguardia.com, 30/10/2012

La salida a la Unión Europea y Suiza durante menos de 90 días para buscar trabajo o formarse no impide el cobro

 

Madrid (Efe).- El Gobierno ha modificado el real decreto que regula el cobro de la renta activa de inserción para incluir los supuestos en los que los parados podrán viajar al extranjero sin que se interrumpa su inscripción como demandantes de empleo durante 12 meses, requisito previo para el cobro de esta ayuda.

 

El Gobierno ha aceptado así una recomendación del Defensor del Pueblo que recomendaba que estos supuestos se recogieran en el reglamento y en las guías informativas de acceso al programa de renta activa de inserción, según ha informado la institución que dirige Soledad Becerril en un comunicado.

 

La salida a la Unión Europea y Suiza durante menos de 90 días para buscar trabajo, formarse o hacer labores de cooperación no impide el cobro de esta renta, que incluye una ayuda de 426 euros al mes para parados mayores de 45 años sin otras prestaciones o rentas.

 

Además, estos parados también pueden viajar al extranjero por causas familiares o por el cumplimiento "de un deber inexcusable de carácter público y personal" por un tiempo igual o inferior a 15 días.

El 70% de las empresas extranjeras en España mantendrá o elevará el empleo en 2013

abc.es, 31/10/2012

En nuestro país están presentes 13.000 firmas extranjeras que generan cerca de 1,3 millones de puestos de trabajo

 

Las empresas extranjeras instaladas en nuestro país también ven un futuro económico algo más despejado. El aumento de la competitividad y de la flexibilidad del mercado laboral ha comenzado a dar frutos como la reciente apuesta de Ford por su factoría valenciana, y la tendencia a conservar el empleo se refleja también ahora con datos estadísticos. El 70% de las firmas foráneas presentes en España mantendrá o elevará el empleo el año que viene, mientras que el 90% espera hacer lo mismo con sus volúmenes de exportación, según el «Barómetro de clima de negocio en España 2012» elaborado por Invest in Spain y el International Center for de Competitiveness (ICC) del IESE.

 

Según el estudio, hay 13.000 empresas extranjeras presentes en España que generan cerca de 1,3 millones de empleos. El 70% de las compañías encuestadas también prevé mantener o ampliar las inversiones el próximo año y el 63% cree que podrá sostener o elevar el nivel de ingresos. Además, tal y como concreta el director de Desarrollo y Reinversión de Invest in Spain, Jesús Rubiera, el 93% de las empresas que espera reducir su plantilla lo hará en menos de un 25%, mientras que el 15% de estas empresas espera elevar sus exportaciones en más de un 25%.

 

Del estudio se concluye que la valoración general del clima de negocios en España es «positiva», con una puntuación de 2,7 puntos sobre 5, ligeramente menor que la que obtuvo en el año 2011 (2,9 puntos sobre 5). Entre las principales fortalezas de España destaca el área de las infraestructuras, concretamente el tren de alta velocidad y los aeropuertos, aunque también se valora muy positivamente la disponibilidad de mano de obra.

 

En cambio, España debe mejorar en algunos aspectos del mercado laboral, la financiación y la innovación. En concreto, los inversores creen que se podría mejorar la flexibilidad del mercado laboral con más ayudas a la contratación, más flexibilización en los horarios y una adecuación mayor de la legislación laboral a las necesidades de las empresas.

Mercado laboral más flexible

Sin embargo, la investigadora asociada del ICC del IESE, Maria Luisa Blázquez, asegura que los extranjeros valoran este año mejor los costes del despido gracias a las últimas reformas laborales. En concreto, el 70% de los inversores extranjeros cree que las reformas laborales han mejorado la flexibilidad del mercado y el 79% ve con buenos ojos la reforma de la negociación colectiva.

 

En materia de fiscalidad, los inversores extranjeros consideran que se podría mejorar el impuesto de Sociedades y las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social, entre otras cosas, aunque no ven problemas en la fiscalidad de no residentes ni en los convenios de colaboración entre España y otros países.

 

Sobre el entorno regulatorio, una vez más los inversores extranjeros consideran que se puede mejorar la carga burocrática en España, aunque ya no ven problemas en la rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles, a diferencia del año pasado.

Potentes infraestructuras

Las infraestructuras es sin duda el área mejor valorada, aunque España aún puede mejorar en algunos aspectos, como la penetración de la banda ancha. Los costes, en cambio, es una de las áreas que más ha descendido en valoración, ya que los inversores extranjeros no se muestran satisfechos con el coste de la banda ancha, la electricidad, el teléfono y el precio de la gasolina diesel, entre otros aspectos.

 

La financiación es uno de los asuntos peor valorados por los inversores, sobre todo ante la falta de incentivos a la inversión y la poca disponibilidad y los costes de la financiación de la banca comercial. Sin embargo, este tipo de inversores no dan mucha importancia a este aspecto porque puede acudir a otros mercados para solicitarla.

 

Sobre la innovación, los inversores extranjeros ven problemas en el volumen de gasto público y el volumen empresarial. Respecto al capital humano, consideran que España tiene que mejorar mucho en idiomas, en aceptación de responsabilidades, en capacidad de aprendizaje y en disponibilidad de mano de obra cualificada.

Las empresas deben pagar ya el paro de los prejubilados

economia.elpais.com, 31/10/2012

Desde 2011, las empresas de más de 100 trabajadores que han hecho un despido colectivo saben que tienen pendiente pagar el seguro de paro y las cotizaciones de los mayores de 50 años afectados, los llamados prejubilados. Es la conocida como enmienda Telefónica, que se coló en la última reforma de pensiones. Pero hasta este martes faltaba el reglamento que detallara a las compañías cómo y dónde tenían que pagar. Ahora ya lo saben.

 

Según el reglamento publicado este martes, a partir de hoy las empresas que hayan hecho prejubilaciones recibirán todos los años un requerimiento de los Servicios Públicos de Empleo con el dinero que tendrán que abonar por los despidos efectuados. A partir de entonces se abrirá un plazo de alegaciones de 15 días. Finalizado el proceso, la compañía tendrá que abonar la cantidad correspondiente en la ventanilla de Hacienda.

 

En la memoria financiera que acompañaba al reglamento, el Ministerio de Empleo calculaba que esta norma le permitiría ingresar al año unos 350 millones. No obstante, durante este año la recaudación será superior ya que las empresas no han pagado todavía nada por las prejubilaciones hechas desde que se aprobó la medida en julio de 2011.

Los planes de recolocación

La reforma laboral allanó mucho el camino de los despidos colectivos. Para atenuar sus previsibles efectos, la misma norma contempla que cuando una empresa haga un ERE que afecte a más de 50 trabajadores tendrá que contratar con una compañía especializada un plan de recolocación de los despedidos.

 

El reglamento de las regulaciones de empleo publicado detalla cómo tienen que ser estos planes y qué contenido que deben tener. Entre las obligaciones del programa, que deberá tener una duración mínima de seis meses, está la de prestar una especial atención a los trabajadores de “mayor edad”.

 

Además de la duración del plan, el reglamento también determina que la empresa especialista debe procurar poner en contacto al nuevo parado con ofertas de empleo. Otras obligaciones del plan son la de asesorar al afectado para reciclarse, poner algún negocio por su cuenta o preparar las entrevistas de empleo.Con esta medida, España se homologa con muchos países europeos. En ellos, los planes de recolocación desarrollados por compañías especializadas son una obligación para las empresas que llevan adelante los despidos colectivos.

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