El Gobierno penaliza el despido colectivo de trabajadores de más de 50 años

Las empresas de más de 100 trabajadores que hayan obtenido beneficios en los dos últimos años y que acomentan un procedimiento de despido colectivo sufrirán una penalización por cada uno de los trabajadores de más de 50 años incluido en el expediente de regulación de empleo (ERE). Según el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, estas empresas deberán abonar al Estado en un plazo máximo de 45 días el importe correspondiente a las pestaciones por desempleo, cotizaciones sociales y posteriores subsidios que pudiera llegar a percibir ese trabajador despedido de más de 50 años.

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el objetivo de esta medida es evitar que las grandes empresas trasladen al Estado parte de los costes de reestructurar sus plantillas así como "no desperdiciar esa fuerza de trabajo y esa experiencia" de los trabajadores con edad superior a los 50 años.

EDAD REAL DE JUBILACIÓN

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha añadido que otro de los objetivos de esta medida es la de "intentar acercar la edad real de jubilación a la edad legal". Según los datos aportados por Báñez, la edad real de jubilación es de 63,6 años por efecto de las jubilaciones anticipadas voluntarias o forzosas, frente a la edad legal de 65 años, que se ampliará a 67 años de forma paulatina en el 2027.

 

La ministra ha criticado la práctica por la que, durante los años de bonanza económica, las grandes empresas acometieron ERES preventivos en los que se redujeron plantillas a base deprejubilaciones a cargo de las prestaciones por desempleo y de convenios con la Seguridad Social. "No estamos impidiento que las empresas tomen decisiones de reducir plantilla, pero lo que no puede ser es que eso cause un coste al Estado cuando esas empresas tienen más de 100 trabajadores y generan beneficios". 

 

Las nuevas restricciones a las prejubilaciones de empresas con beneficios serán aplicables a procedimientos iniciados a partir del 27 de abril del 2011, fecha de la primera reforma en esta dirección acometida por el anterior Gobierno socialista que afectaba a empresas de más de 500 trabajadores que incluyeran en sus despidos colectivos a más de 100 trabajadores de más de 50 años.

DESPIDOS COLECTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO 

El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy el reglamento que desarrolla el procedimiento de despido colectivo previsto en la reforma laboral adoptada por el Gobierno del PP. En el sector público, los expedientes de despido colectivo solo podrán aplicarse en empresas y entes cuya financiación pública no llegue al 50% de sus ingresos.

 

Además, la ministra Báñez ha anunciado que el Gobierno llevará la semana que viene a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo un informe sobre la jubilación anticipada y la jubilación parcial en España y sobre la compatibilidad entre salario y pensión.

ENDURECER LA PREJUBILACIÓN

El objetivo, según la ministra es, de nuevo, acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Para ello, el informe del Gobierno apuntará en la dirección de elevar la edad actual a partir del cuál es posible acogerse a la prejubilación forzosa (61 años) o voluntaria (63 años). La ministra también ha apuntado la cnveniencia de elevar el actual periodo mínimo de cotización para acogerse a la prejubilación (33 años) y de endurecer los coeficientes reductores de la prestación aplicables a quienes se acojen a la prejubilación.

 

Según los datos apuntados por Báñez, en la actualidad una de cada dos altas de jublación es anticipada. Este colectivo ha aumentado el 31% desde el inicio de la crisis y su pensión inicial media ha pasado de 591 euros en el 2002 a 923 euros en el 2011. Según los datos del Ministerio de Empleo, en la actualidad hay 338.900 prejubilados en España, con una prestación media de 1.356 euros, que generan un coste al Estado de 7.288 millones de euros.


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