El Gobierno pondrá límite a las indemnizaciones de los directivos

La cuantía que exceda de 6 meses de salario se gravará con un tipo del 75% | Cada uno de los salarios de directivos será aprobado por la junta general | El paro y los abusos han ahondado la brecha social en España desde el 2007.

 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha propuesto a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos limitar drásticamente las indemnizaciones por despido o cese de actividad que cobran los ejecutivos de las empresas privadas, cotizadas o no. Estas retribuciones se verán limitadas a 6 meses de salario y lo que exceda de esta cantidad tendrán que pagar un 75% a Hacienda. Es decir, se les aplicará el tipo máximo del Impuesto de Patrimonio.

 

Esta medida, que ya está muy avanzada, será aprobada en un próximo Consejo de Ministros y trata de equilibrar las diferencias con la drástica reducción por despido del resto de trabajadores tras la reforma laboral. No sólo se quiere evitar el agravio comparativo, ya que estas indemnizaciones han llegado a los 24 millones, sino evitar desigualdades ante nuevos sacrificios de austeridad.

 

No se trata de una medida aislada, sino de una pieza más en una serie de decisiones dirigidas a limitar los fuertes abusos que se venían registrando en determinadas empresas. La reforma laboral prohibió los contratos blindados de alta dirección, después se limitaron los salarios y las indemnizaciones a directivos de empresas públicas y entidades financieras que habían recibido dinero público. Ahora se trata de reequilibrar el abanico salarial que se ha ampliado desde el inicio de la crisis.

 

El objetivo último es frenar la fuerte desigualdad que está produciendo la recesión. Las diferencias sociales provocadas por el paro y la dispersión salarial han hecho perder a España los avances logrados para reducir la diferencia entre ricos y pobres y que motivó una mención especial de la OCDE en su informe Growing Unequal. La Comisión Europea ha denunciado el ahondamiento de la brecha social con un índice de pobreza infantil entre los más altos de la UE a causa del desempleo de los padres jóvenes. Sin embargo, el dato más inquietante es el aumento en casi tres puntos registrado desde el inicio de la crisis en el coeficiente Gini –indicador reconocido por Eurostat que mide la desigualdad a partir de la renta disponible de los hogares–, que ha superado al aumento en los países intervenidos.

 

Las remuneraciones de la alta dirección han creado una fuerte polémica entre quienes defienden que deben estar “topadas” y quienes creen que deben establecerlas libremente los propietarios de las empresas. Esta es la razón por la que nueva normativa fijará la obligatoriedad de que los salarios de la alta dirección de las empresas cotizadas sean aprobados obligatoriamente por la junta general de accionistas de forma nominal e individualizada.

 

Hasta ahora los grandes ejecutivos han evitado dar a conocer sus retribuciones amparándose en el derecho a la intimidad. Por eso bastaba dar a conocer la retribución del consejo o la alta dirección en su conjunto. Ni los códigos éticos, ni la Ley de Economía Sostenible (LES) aprobada por el gobierno socialista han logrado avanzar en la transparencia para frenar los excesos. Precisamente han sido los abusos cometidos por los directivos de las cajas los que han provocado una nueva reacción del Gobierno.

 

Esta normativa, según los primeros borradores, supone extender al sector privado las restricciones que se aprobaron en febrero para el sector público. “Una indemnización no superior a siete días de salario fijo en metálico por año de servicio, con un máximo de seis mensualidades”, según la disposición adicional séptima del Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero, de Reforma Laboral. En marzo se extendieron esta limitaciones a los directivos de bancos intervenidos, pero en agosto se decidió dejar fuera a los bancos absorbidos.

 

Pero el salario de los grandes ejecutivos privados sigue siendo un misterio para los accionistas y mucho más aún lo son los acuerdos pactados en el golden handshake (despido dorado) de los grandes ejecutivos. Se trata de controlar fiscalmente las desorbitadas aportaciones a los fondos de pensiones, que en 2011 superaron los 16 millones en las empresas del Ibex, que ni siquiera cotizaron a Hacienda.

 


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