Las prejubilaciones cuestan 10.000 millones al Estado

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado hoy en el Consejo de Ministros tres informes que instan al endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación parcial y a la anticipada, así como al establecimiento de incentivos para compatibilizar salario y pensión tras cumplir la edad de jubilación. Según sus cifras estas modalidades de retiro cuestan 10.000 millones al Estado.

 

En España hay 382.900 jubilados anticipados, con una pensión media de 1.356 euros al mes, lo que supone un coste total 7.288 millones para la Seguridad Social. Además, hay otros 120.950 jubilados parciales, con una prestación media aún mayor, de 1.588 euros mensuales, con un coste total para las arcas públicas de 2.690 millones. La delicada situación financiera de la Seguridad Social -con un déficit previsto para este año de 10.500 millones- ha llevado al Gobierno a elaborar una propuesta para limitar el acceso a estas costosas modalidades de jubilación.

 

Estas propuestas están detalladas en tres informes que ha llevado hoy al Consejo de Ministros la titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y que el Gobierno enviará la semana que viene a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para intentar consensuar allí entre todos los grupos políticos las novedades legales en materia de prejubilaciones.

 

Báñez, que no precisó cuáles son las iniciativas de su Departamento en estas materias, sí criticó por ejemplo que el acceso a la jubilación parcial esté fijada en 61 años frente a los 63 de las jubilaciones anticipadas voluntarias, y que el periodo de cotización exigido sea de 30 años frente a los 33 de las anticipadas. De esto se deduce su intención de, por lo menos, proponer que los requisitos de acceso al retiro parcial sean los de la parcial, más duros. Si bien, fuentes gubernamentales han informado a Cinco Días que Empleo llega a proponer en estos informes incluso la desaparición de la jubilación parcial.

 

Además de este endurecimiento de las prejubilaciones, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, presentará al Pacto de Toledo, nuevos incentivos para que los trabajadores sigan en activo más allá de la edad legal de jubilación (ahora 65 años) compatibilizando el salario de un empleo y la pensión. Para ello, Báñez sugirió la posibilidad de establecer para estos casos los actuales incentivos para aquellos que siguen trabajando sin jubilarse (y, por lo tanto sin cobrar la pensión) que suponen mejoras de la pensión entre un 2% y un 3%.


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