En España es más difícil hacer negocios que en Ruanda, Túnez o Chile, según el Banco Mundial

España ha bajado ocho puestos, del 44 al 52, en el ránking Doing Business 2014 del Banco Mundial, que analiza los países con regulaciones más favorables para realizar negocios, lo que sitúa a nuestro país por detrás de economías como las de Ruanda, Túnez o Chile.

 

Por contra, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Dinamarca se mantienen como los países con regulaciones más favorables para realizar negocios, según un informe divulgado hoy por el Banco Mundial (BM) en el que se destacan los progresos realizados en este área por Rusia, Filipinas o Guatemala.

 

La lista de los diez primeros, que apenas registra cambios respecto al pasado año, la completan Malasia, Corea del Sur, Georgia, Noruega y el Reino Unido, mientras que España ha pasado del puesto 44 al 52 del ránking.

 

El estudio, "Doing Business 2013: Entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas empresas", valora positivamente la "convergencia" hacia una progresiva eliminación de los requisitos burocráticos que se ha extendido en el mundo en los últimos años.

 

"Las economías con los procesos regulatorios más costosos y complejos, y las instituciones legales más débiles están adoptando gradualmente algunas de las mejores prácticas observadas en los países con mejor desempeño", afirmó Augusto López-Claros, Director del Departamento de Análisis e Indicadores Globales del BM en rueda de prensa, al destacar la mejora en el aérea del África subsahariana.

 

Tan solo en el último año se implementaron 238 reformas de regulaciones empresariales en 114 economías; lo que significa un 18 por ciento más que el año anterior.

 

En el listado de 188 países, las economías que registraron mayores avances en el último año fueron: Ucrania (112), Ruanda (32), Rusia (92), Filipinas (108), Kosovo (86), Djibouti (160), Costa de Marfil (167), Burundi (140), Macedonia (25) y Guatemala (79).

 

El informe, que elabora anualmente el organismo internacional con sede en Washington desde hace 11 años, señala que la media global para abrir un negocio es de 7 procedimientos y 25 días. Cuando se inició el estudio el tiempo medio era de 50 días. No obstante, López-Claros agregó que pese a la convergencia todavía hay "una gran diversidad de experiencias entre los emprendedores".

 

Mientras en Nueva Zelanda se necesita medio día para abrir un negocio, en el caso de Venezuela, que ocupa uno de los últimos lugares, se requieren 144 días.

 

Por su parte, España pasó del puesto 44 al 52 en el ránking, en línea con la tendencia descendente de varias economías europeas frente al avance de países emergentes. Con esta posición en la clasificación, España se sitúa por detrás de países como Ruanda, Túnez o Chile.

 

En lo que se refiere a otros países europeos, Portugal ocupa el puesto 31, Francia el 38 e Italia el 65.

 

Pese al retroceso, el informe valora positivamente que ahora "abrir un negocio en España es más fácil con la eliminación de los requisitos para obtener una licencia municipal" y por la mayor eficiencia del registro comercial.

 

Clima empresarial en América Latina

En América Latina, Chile (34), Perú (42) y Colombia (43) siguen a la cabeza de los indicadores de buen clima empresarial.

 

Asimismo, se encuentran por encima de la media regional México (53), Panamá (55), Guatemala (79) y Uruguay (88); y cierran la lista latinoamericana Honduras (127), Ecuador (135), Bolivia (162) y Venezuela (181).

 

Asimismo, el Banco Mundial reconoce que "el estado juega un papel primordial en el desarrollo del sector privado" y afirma que no se trata de reducir el tamaño del gobierno, sino de fortalecer las instituciones públicas y clarificar y garantizar el marco regulatorio.

 

Como parte negativa, el organismo internacional apunta que los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África son los continúan enfrentándose a "complejos retos para mejorar su entorno regulatorio empresarial en medio de un clima de inestabilidad política y social".

 

Los datos del informe se basan en las regulaciones aplicables a las pequeñas y medianas empresas locales en una decena de áreas de su ciclo de vida, entre las que se encuentran la apertura de un negocio, la obtención de electricidad, el registro de propiedades, obtención de crédito, y la protección de inversores.

 

 


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